Siguiendo instrucciones del presidente de la República, Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República hizo suya la causa de oponerse legalmente a la propuesta, hecha por las autoridades de la Ciudad de México, del matrimonio y la adopción por personas del mismo sexo.
La orden estuvo asentada en las exigencias de la Iglesia Católica y otros credos que atrajo a su cruzada, y en los principios decimonónicos de la Derecha, representada por el Partido Acción Nacional; ambas entidades que no se han hecho una pregunta fundamental: ¿Cuántas personas no heterosexuales creen, trabajan y cumplen sus funciones para que se dé cumplimiento al papel religioso y político que estas Instituciones poseen?
Al negarse a aceptar ciertos cambios efectivamente democráticos, la Iglesia Católica y el PAN también le están pegando a sus correligionarios que, en las sombras, sufren el estrago de mantener oculta una preferencia sexual porque, de lo contrario, serán castigados.
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