DOSSIER: REFLEXIONES GENERALES 1

POR: MARCIA TREJO

El derecho de las mayorías no invalida el de las minorías.
Y ese es, precisamente, uno de los retos y límites de la democracia.


El 21 de diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, dicha ley fue promulgada el 29 del mismo mes en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Lo anterior significa que a partir del 4 de marzo de 2010 cualquier pareja homosexual estará en condiciones de contraer nupcias y adoptar hijos.

Las reacciones no se hicieron esperar y las opiniones, tanto a favor como en contra, van y vienen. Independientemente de la postura que se tenga, es necesario, reflexionar de una forma más objetiva y profunda al respecto, no es suficiente decir si se está en desacuerdo o no. Por ello, a continuación se presentan algunos aspectos en los que vale la pena pensar.

1.- La aprobación de la ley es un hecho, a partir de marzo en la Ciudad de México habrá matrimonios entre personas del mismo sexo y, más adelante, veremos a estas parejas con hijos adoptivos.

Somos la primera generación que vive esto en el país y, en consecuencia, nos tocará construir –a partir de nuestra heterosexualidad, bisexualidad, transexualidad u homosexualidad- el escenario presente y futuro en que se desarrollarán estos matrimonios y familias. Ser heterosexuales no nos excluye de la cuestión, porque no se está hablando de algo exclusivamente de orientación sexual, sino de construcción de la sociedad en la que vivimos y viviremos.

Seguramente cometeremos errores al respecto, al igual que cualquier pionero en el área, sin embargo, es fundamental que asumamos nuestra responsabilidad y tratemos de disminuir al máximo nuestras equivocaciones, porque ser los primeros no nos exculpa de los errores cometidos a sabiendas.

2.- Las leyes son normas de Derecho dictadas, promulgadas y sancionadas por la autoridad pública, independientemente de que los individuos estén de acuerdo con ellas o no, y su finalidad es encauzar las distintas actividades sociales hacia el bien común.

La ley es obligatoria y nos corresponde respetarla y cumplirla. Por tanto, actos destinados a evitar su concreción estarían obstruyendo su cumplimiento, con todas las consecuencias legales que ello implique. Es decir, así como ningún homosexual o tamaulipeco o vegetariano tiene el derecho a tratar de impedir un matrimonio heterosexual (salvo en los casos y modos que la propia legislación estipule), ningún heterosexual (independientemente de su religión, partido político, profesión o cualquier característica) goza del derecho a evitar que se lleve a cabo un matrimonio homosexual. En caso de que cualquiera de ellos lo hiciera, estaría atentando contra la libertad de los contrayentes y, dependiendo de la forma en que pretendiera llevarlo a cabo, se sumarían los delitos correspondientes.

Si la ley debe ver por el bien común, esta función no se está cumpliendo si se ignoran las necesidades de un número importante de los habitantes de ese país. No olvidemos que el bien común no es sólo lo que nos gusta, sino lo que beneficia a la sociedad.

3.- El Derecho tiene la necesidad y la obligación de responder a las condiciones de la sociedad a la que pertenece, en consecuencia, debe ser capaz de irse ajustando a los cambios de ésta y ponderar los escenarios posibles para que tal ajuste se lo más efectivo que se pueda.

La homosexualidad es una realidad, le guste a quien le guste. Aunque no existen -por razones obvias- cifras confiables sobre el número de homosexuales en el país, y ya no digamos por estado o ciudad, se ha estimado que esta población abarca entre 5% y 10% de la población nacional; aunque hay quien dice que estas cifras son conservadoras. Según las proyecciones, México tendrá 108.3 millones de personas en 2010, lo que implicaría que la población homosexual estaría entre 5,415,000 y 10,830,000 personas.

Un segmento social de estas dimensiones, no puede seguir viéndose como una minoría digna de ser ignorada. Estaríamos hablando de una población con un porcentaje parecido al de las personas que sufren alguna discapacidad -entre 7 y 10% de la población mundial total- de acuerdo a cifras de la OMS, la Organización de Rehabilitación Internacional y la Oficina Panamericana de la Salud. No puede ser que estemos de acuerdo en legislar sobre la condición de las personas con discapacidad, y se ignore a un grupo del mismo tamaño porque no se está de acuerdo con su orientación sexual.

No perdamos de vista que una de las funciones esenciales y definitorias del Estado –o, por lo menos, del Estado democrático- es velar por el bienestar de sus ciudadanos así como de aquellos que todavía no alcanzan la ciudadanía (por razones de edad). La voluntad de algunos sectores de la sociedad no es razón suficiente para que el Estado deba incumplir sus funciones por cuestiones de moral personal; la elección de pareja de los nacionales (mientras cumpla con lo estipulado en la ley) no es asunto del Estado, pero sí lo es el matrimonio -sea entre personas del mismo sexo o de distinto- porque es una voluntad que es reconocida por los organismos gubernamentales y concretada por el Registro Civil.

4.- De forma equívoca y engañosa, se afirma que el matrimonio entre personas del mismo sexo atenta contra el matrimonio tradicional, es decir, aquel que se forma por la unión de un hombre y una mujer.

Lo anterior es totalmente falso, ningún matrimonio heterosexual verá mermados sus derechos y obligaciones sólo porque parejas homosexuales se casen. Si una o muchas parejas homosexuales contraen nupcias, un casado heterosexual no se verá liberado de sus responsabilidades en cuanto a la alimentación y educación de sus hijos; así como tampoco adquirirá mayor número de obligaciones con su familia u otra cualquiera. En síntesis, su matrimonio seguirá igual.

Así como la población heterosexual -que cumpla con los requisitos exigidos por el Registro Civil- tendrá derecho a contraer nupcias por los motivos que consideren válidos, sea amor, interés, atracción sexual, acuerdos económicos, para salirse de su casa, porque quieren ejercer su sexualidad libremente, porque ya tienen muchos años de novios y lo que sigue es casarse, etc.; las parejas homosexuales gozarán del mismo derecho.