POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Como lo publicaron los Dodos la semana pasada, la bancada del Partido Revolucionario Institucional aseguró en el estudio realizado “Diez años de panismo. Resultados” que la lucha contra el crimen organizado emprendida por el presidente Felipe Calderón había costado al país 467 mil millones de pesos.
La cifra en sí apabullante, aun desinfectada de la mala leche que pudo tener de nacimiento, no dista de una realidad oculta e impensable en las estrategias electorales del momento. Se ha gastado mucho y el país permanece sumergido en la violencia y la inseguridad.
En esa dirección, pero de manera discreta, el martes 10 de abril de 2012, el presidente Felipe Calderón reveló que en 2011 su gobierno invirtió 106 mil millones de pesos en la estrategia de seguridad y justicia y 77 mil millones más en el tema de seguridad nacional.
Detalló que los recursos destinados a pagos de recompensas crecieron de manera considerable. Mientras en 2010 la Procuraduría General de la República pagó 4.3 millones de pesos, el año pasado destinó 46.5 millones de pesos.
En el quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 remitido al Senado, el Ejecutivo se refirió también a la llamada Operación Limpieza, cuyo objetivo era evitar la infiltración de la delincuencia en las instituciones de seguridad.
Dijo que en estas acciones han derivado en 12 procesos penales radicados en juzgados federales, de los cuales 11 se encuentran en instrucción.
Asimismo, Calderón informó que las deserciones en las fuerzas federales bajaron 53.5 por ciento, al pasar de 90 mil 576 casos entre 2001 y 2005 a 42 mil 92 el año pasado. De esas cifras, 4 mil 527 corresponden al Ejército mexicano y 582 a la Marina.
En el documento se señaló también que, a diferencia de 2010, cuando la PGR inició nueve procedimientos de remoción contra 18 servidores públicos, el Ejecutivo abrió el año pasado 203 contra 240 funcionarios en esa dependencia. Precisa que se trata de “responsabilidades graves”, como detenciones ilegales.
En materia de corrupción, el gobierno federal sancionó (hasta diciembre del año pasado) a 7 mil 700 servidores públicos, de los cuales mil 631 pertenecen a la Policía Federal.
En palabras del presidente: “Estos recursos significaron, respectivamente, incrementos de 16.5 y 16.3 por ciento en términos reales en relación con el registrado en 2010”, refirió.
Agregó que dichos aumentos son resultado de mayores recursos erogados en los programas de impartición de justicia; implementación de operativos para prevención y disuasión del delito; defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional, y acciones de vigilancia del territorio.
Dijo que con esos recursos aumentó a 36 mil el número de elementos de la Policía Federal, al que se sumaron este año más de 4 mil integrantes.
Precisó que al 31 de diciembre pasado sumaban 12 los procesos penales derivados de la Operación Limpieza, de los cuales 11 están en instrucción, mientras otros ya se cerraron y las partes presentaron sus conclusiones respectivas.
Destacó que en 2009 la PGR publicó una lista con los nombres de los 35 criminales más peligrosos y aseguró que hasta el 31 de diciembre del año pasado se había inhabilitado a 60 por ciento, pues 22 fueron detenidos “o fallecieron durante el arresto”.
El jefe del Ejecutivo detalló que, derivado de las acciones ministeriales contra el lavado de dinero, se logró el abandono a favor del gobierno federal de 19 millones 320 mil dólares, 3 millones 861 mil pesos, 11 inmuebles con valor de 53 millones 638 mil pesos, un menaje de 382 mil pesos y 20 vehículos valuados en 4 millones 286 mil pesos.
También dijo que la cifra de aseguramientos se elevó. En el caso de vehículos, éste creció 99.2 por ciento, pues fueron incautados 37 mil 222 unidades hasta diciembre pasado, mientras que la incautación de aeronaves (63 unidades) aumentó 125 por ciento.
Número a número las cifras mostraron un gasto mayor, no obstante, al carecer de referencias a comparar, poco aclaran. Mas la violencia no cesa y el fluir de los delitos tampoco.
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jueves, 19 de abril de 2012
martes, 10 de abril de 2012
EL COCOTAZO: DE LA MADRID Y DE LA VERGÜENZA
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Si en México sólo hace falta morirse para convertirse en santo. O al menos esa es lección que nos deja el azote cursi de la grilla nacional en cuanto celebrar los ¿méritos? del ex presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado.
Y es que la mera verdad, don Miguelito no fue precisamente un mandatario de altura, a lo mucho, una especie de gerente bancario común y corriente.
La dizque ceremonia republicana que, por cierto, no tenía precedente, pues al morir, ningún ex mandatario había recibido un homenaje de Estado en Palacio Nacional, y mucho menos de parte de un mandatario perteneciente a un partido distinto, transcurrió ante las miradas atentas del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (a quien Calderón le dio un par de apretón de manos), del dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, de otros priistas viejos y nuevos; del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia; del presidente del IFE, Leonardo Valdés, y de los representantes del Poder Legislativo (el perredista Guadalupe Acosta Naranjo por la Cámara de Diputados y la panista Adriana González Carrillo por el Senado).
Y ahí estaba Felipe Calderón, quien le ganó todas al muertito con respecto a ser el Ejecutivo más funesto del siglo XX y lo que va de este, diciendo que el moralista renovado “fue un hombre sereno y ecuánime, un hombre de familia que amaba profundamente a México”, tan así, decimos, que cuando pudo hacer algo por la Patria no levantó otra cosa que el ridículo y la trompetilla popular.
Pero los priistas aplaudían, como Emilio Gamboa Patrón, quien fue secretario particular de De la Madrid; como Jorge de la Vega Domínguez, ex presidente nacional del PRI en el sexenio de De la Madrid; como Bernardo Sepúlveda Amor, canciller con el ex mandatario fallecido; o los actuales gobernadores de Chihuahua y el Estado de México, César Duarte y Eruviel Ávila.
Y los funcionarios del gobierno federal también aplaudían: como el secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván; el de Marina, Francisco Saynez; el de Gobernación, Alejandro Poiré, y el de Educación, José Ángel Córdova.
El acto, bastante deplorable, unía a los grillos mayores en aleluyas por el caído.
Sin que viniera el caso, Calderón destacó la profunda admiración del finado por José María Morelos, quien delineó al país de leyes e instituciones cuando la independencia, e hizo un repaso por su administración destacando las tragedias a las que tuvo que hacer frente especialmente el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el huracán Gilberto, la erupción del volcán Chichonal y la explosión de varias gaseras en San Juanico; todas desgracias que pusieron en entre dicho la habilidad burocrática para disminuir los estragos, dejando a la gente que se rascara como pudiera.
Ahí están las fuentes históricas a disposición de la consulta pública que constatan que De la Madrid gobernaba desde otro planeta.
El presidente también remarcó sus ¿aciertos políticos?. “Tuvo la visión de abandonar el modelo de sustitución de importaciones y convirtió a México a una economía abierta a los flujos globales”. Imaginamos que el ingreso emplumado al GATT, la puesta en órbita de los satélites Morelos 1 y 2, y la Copa del Mundo México 1986, fueron estampas trascendentes en seis años de nebulosidad permanente.
No importó que Miguel de la Madrid y la panda de siniestros del gabinete reinante amañaran una elección presidencial o que la sociedad civil retomara las calles ante la inutilidad de las instituciones, clamando que Dios se apiadara del país.
No pudo ser más cínico el apunte calderonista de “México le reconoce su entrega, su esfuerzo y dedicación en los momentos aciagos en los que le tocó dirigir a la República. Descanse en paz Miguel de la Madrid”.
Los que descansamos de él, fuimos los mexicanos al descubrirlo guardado en la dirección del Fondo de Cultura Económica, cumpliendo el voto de silencio implícito en la jubilación presidencial.
Al final de la ceremonia, Salinas de Gortari decía, ahí mismo, en el Patio de Honor: “Este homenaje honra al ex presidente De la Madrid, pero también al presidente Calderón.”
Y el bochorno fue mayúsculo, cuando después Calderón presidió una guardia de honor junto al ataúd del expresidente y le entregó una bandera a su viuda Paloma Cordero de la Madrid. Valiente ¿héroe de la Nación?.
La ceremonia, además de las palabras del Presidente y de Enrique de la Madrid, hijo del ex mandatario fallecido, quien habló elogiosamente de su padre como político y como hombre de familia, había sido breve, austera, pero emotiva: se cantó el Himno Nacional, las bandas del Colegio Militar y de la Marina hicieron sonar notas fúnebres, se guardó un minuto de silencio, y hubo una guardia de honor junto al féretro y al retrato del ex presidente. Una guardia realizada por sus hijos, el Presidente, y los representantes de los poderes Legislativo, Judicial y el IFE.
Confesamos que no nos alcanza la imaginación al suponer la manera en los grillos despedirán, si se muere alguna vez, al innombrable, ex presidente Carlos Salinas de Gortari, que sí fue un ultra probado bastardo, o Ernesto Zedillo, el destructor del PRI de entonces, pareciera que faltarían espacios y desfiguros para quedar bien con los maestros de la tenebrosidad que nos devora.
Esta bien que adoren a sus ídolos, pero que no nos los enjareten. Uno que culpa.
Si en México sólo hace falta morirse para convertirse en santo. O al menos esa es lección que nos deja el azote cursi de la grilla nacional en cuanto celebrar los ¿méritos? del ex presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado.
Y es que la mera verdad, don Miguelito no fue precisamente un mandatario de altura, a lo mucho, una especie de gerente bancario común y corriente.
La dizque ceremonia republicana que, por cierto, no tenía precedente, pues al morir, ningún ex mandatario había recibido un homenaje de Estado en Palacio Nacional, y mucho menos de parte de un mandatario perteneciente a un partido distinto, transcurrió ante las miradas atentas del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (a quien Calderón le dio un par de apretón de manos), del dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, de otros priistas viejos y nuevos; del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia; del presidente del IFE, Leonardo Valdés, y de los representantes del Poder Legislativo (el perredista Guadalupe Acosta Naranjo por la Cámara de Diputados y la panista Adriana González Carrillo por el Senado).
Y ahí estaba Felipe Calderón, quien le ganó todas al muertito con respecto a ser el Ejecutivo más funesto del siglo XX y lo que va de este, diciendo que el moralista renovado “fue un hombre sereno y ecuánime, un hombre de familia que amaba profundamente a México”, tan así, decimos, que cuando pudo hacer algo por la Patria no levantó otra cosa que el ridículo y la trompetilla popular.
Pero los priistas aplaudían, como Emilio Gamboa Patrón, quien fue secretario particular de De la Madrid; como Jorge de la Vega Domínguez, ex presidente nacional del PRI en el sexenio de De la Madrid; como Bernardo Sepúlveda Amor, canciller con el ex mandatario fallecido; o los actuales gobernadores de Chihuahua y el Estado de México, César Duarte y Eruviel Ávila.
Y los funcionarios del gobierno federal también aplaudían: como el secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván; el de Marina, Francisco Saynez; el de Gobernación, Alejandro Poiré, y el de Educación, José Ángel Córdova.
El acto, bastante deplorable, unía a los grillos mayores en aleluyas por el caído.
Sin que viniera el caso, Calderón destacó la profunda admiración del finado por José María Morelos, quien delineó al país de leyes e instituciones cuando la independencia, e hizo un repaso por su administración destacando las tragedias a las que tuvo que hacer frente especialmente el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el huracán Gilberto, la erupción del volcán Chichonal y la explosión de varias gaseras en San Juanico; todas desgracias que pusieron en entre dicho la habilidad burocrática para disminuir los estragos, dejando a la gente que se rascara como pudiera.
Ahí están las fuentes históricas a disposición de la consulta pública que constatan que De la Madrid gobernaba desde otro planeta.
El presidente también remarcó sus ¿aciertos políticos?. “Tuvo la visión de abandonar el modelo de sustitución de importaciones y convirtió a México a una economía abierta a los flujos globales”. Imaginamos que el ingreso emplumado al GATT, la puesta en órbita de los satélites Morelos 1 y 2, y la Copa del Mundo México 1986, fueron estampas trascendentes en seis años de nebulosidad permanente.
No importó que Miguel de la Madrid y la panda de siniestros del gabinete reinante amañaran una elección presidencial o que la sociedad civil retomara las calles ante la inutilidad de las instituciones, clamando que Dios se apiadara del país.
No pudo ser más cínico el apunte calderonista de “México le reconoce su entrega, su esfuerzo y dedicación en los momentos aciagos en los que le tocó dirigir a la República. Descanse en paz Miguel de la Madrid”.
Los que descansamos de él, fuimos los mexicanos al descubrirlo guardado en la dirección del Fondo de Cultura Económica, cumpliendo el voto de silencio implícito en la jubilación presidencial.
Al final de la ceremonia, Salinas de Gortari decía, ahí mismo, en el Patio de Honor: “Este homenaje honra al ex presidente De la Madrid, pero también al presidente Calderón.”
Y el bochorno fue mayúsculo, cuando después Calderón presidió una guardia de honor junto al ataúd del expresidente y le entregó una bandera a su viuda Paloma Cordero de la Madrid. Valiente ¿héroe de la Nación?.
La ceremonia, además de las palabras del Presidente y de Enrique de la Madrid, hijo del ex mandatario fallecido, quien habló elogiosamente de su padre como político y como hombre de familia, había sido breve, austera, pero emotiva: se cantó el Himno Nacional, las bandas del Colegio Militar y de la Marina hicieron sonar notas fúnebres, se guardó un minuto de silencio, y hubo una guardia de honor junto al féretro y al retrato del ex presidente. Una guardia realizada por sus hijos, el Presidente, y los representantes de los poderes Legislativo, Judicial y el IFE.
Confesamos que no nos alcanza la imaginación al suponer la manera en los grillos despedirán, si se muere alguna vez, al innombrable, ex presidente Carlos Salinas de Gortari, que sí fue un ultra probado bastardo, o Ernesto Zedillo, el destructor del PRI de entonces, pareciera que faltarían espacios y desfiguros para quedar bien con los maestros de la tenebrosidad que nos devora.
Esta bien que adoren a sus ídolos, pero que no nos los enjareten. Uno que culpa.
viernes, 6 de abril de 2012
EL COCOTAZO: OMITIENDO LAS AGRESIONES SEXUALES DEL CLERO
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Hasta los ateos esperaban el milagro. Sin embargo, la Iglesia se mantuvo en sus trece y se perdió una oportunidad de oro para reducir la pésima percepción que de ella tiene un sector importante de la población de México.
En el segundo día de su reciente visita al país, el 24 de marzo de 2012, el papa Benedicto XVI dirigió un mensaje a la niñez mexicana, pero eludió tratar el tema de la pederastia y exhortó a “todos” a proteger y cuidar a los niños, particularmente los que sufren de violencia, hambre y abandono “para que nunca se apague su sonrisa y puedan vivir en paz y mirar al futuro con confianza”.
El mensaje sobre la pederastia era esperado por algunas de las víctimas de abuso sexual de sacerdotes, quienes en los últimos días han realizado protestas pidiendo una reunión con el Papa para tratar el tema, pero no ocurrió así.
Recuérdese que mexicanos son también decenas de víctimas de abusos sexuales cometidos por importantes figuras del culto católico.
Ante cerca de dos mil 600 niños, reunidos en la Plaza de la Paz, el obispo de Roma les dijo que “no están solos” y que “ocupan un lugar muy importante en su corazón”.
“Y en estos momentos quisiera que lo supieran todos los niños de México, particularmente los que soportan el peso del sufrimiento, el abandono, la violencia o el hambre causada por la sequía que se ha dejado sentir fuertemente durante los últimos meses.”
Algunos niños eran hijos de fallecidos por violencia; otros más con discapacidades; 150 del DIF y un grupo más que se prepara para recibir su primera comunión.
Desde el balcón de la Casa del Conde Rul, señaló: “He venido para que sientan mi afecto. Cada uno de ustedes es un regalo de Dios para México y para el mundo. Su familia, la Iglesia, la escuela y quienes tienen responsabilidad en la sociedad han de trabajar unidos para que ustedes puedan recibir como herencia un mundo mejor, sin envidias ni divisiones. Por ello quiero elevar mi voz invitando a todos a proteger y cuidar a los niños”.
El entusiasmo de los niños y jóvenes reunidos provocó que al menos en dos ocasiones el Papa interrumpiera su mensaje, y les recordó que no se responde al mal con el mal, por lo que los invitó a ser siempre “instrumento del bien, heraldo de perdón, portador de la alegría, servidor de la unidad”
Y agregó: “Estoy contento de poderlos encontrar y ver sus rostros alegres llenando bella plaza, que tiene un nombre que expresa el anhelo presente en el corazón de todos los pueblos: La Paz, que es un don que proviene de lo alto”.
Resaltó que esa palabra se escucha en cada misa y “hoy resuena aquí, con la esperanza de que cada uno se transforme en sembrador y mensajero de esa paz”, por ello, invitó a los menores a participar en la misa de los domingos, en la catequesis, en algún grupo de apostolado, a que busquen lugares de oración, fraternidad y caridad.
Fue como si nada de los espantosos incidentes pederastas hubiera ocurrido. Como si la memoria estuviera limpia y el Papa creyera que sus palabras huecas reconstruirían el puente reventado por los hábitos carnales de los sacerdotes.
A pesar de contarse con múltiples evidencias privadas y pública, en su momento Federico Lombardi, vocero del Vaticano, aseguró que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI no fueron “encubridores del padre Maciel y es injusto considerar que el actual está contra la verdad y la transparencia”.
El escándalo sobre la perversidad del fundador y líder de Los Legionarios de Cristo, en México, ha traído de cabeza a las autoridades eclesiásticas sin que exista un pronunciamiento franco de censura a los delitos perpetrados en el cuerpo y el alma de niños y jóvenes.
El Papa no se reunió con las víctimas de abuso sexual, porque se trataba de un tema que no estaba en la agenda de la Conferencia del Episcopado Mexicano, como sí lo estuvo en otros países que ha visitado, como Francia e Irlanda.
Lombardi manifestó estar informado sobre un libro de víctimas de abuso sexual, “él cual no he tenido tiempo de leerlo”, pero sí su punto fundamental es que “si los Papas fueron encubridores”, en “mi conocimiento de estos papas es que no los fueron”.
Sobre si Juan Pablo II conocía los casos de abuso sexual, puntualizó: “Absolutamente no tenía la conciencia de la doble vida, de la faceta obscura de Maciel”, en este sentido fue declarado beato porque al investigarlo se documentó que no tenía esa información.
Por una serie de motivos que escapan al protocolo diplomático, el Episcopado Mexicano y el Vaticano establecieron proteger a los protagonistas de la ignominia argumentado una ignorancia absoluta de delitos imposibles de ocultar para el inquisidor mayor, que fuera el actual pontífice, y de Juan Pablo II, quien apoyara el poderío de diferentes congregaciones católicas fincadas en el extremismo del dogma.
El cinismo, la doble moral y la hipocresía fueron finalmente los valores repetitivos de un guía espiritual que no capta aun la diferencia sustancial entre decir y hacer.
Sólo se necesitaba aceptar la culpa y pedir el perdón. Lástima, así se pierde a los creyentes.
Hasta los ateos esperaban el milagro. Sin embargo, la Iglesia se mantuvo en sus trece y se perdió una oportunidad de oro para reducir la pésima percepción que de ella tiene un sector importante de la población de México.
En el segundo día de su reciente visita al país, el 24 de marzo de 2012, el papa Benedicto XVI dirigió un mensaje a la niñez mexicana, pero eludió tratar el tema de la pederastia y exhortó a “todos” a proteger y cuidar a los niños, particularmente los que sufren de violencia, hambre y abandono “para que nunca se apague su sonrisa y puedan vivir en paz y mirar al futuro con confianza”.
El mensaje sobre la pederastia era esperado por algunas de las víctimas de abuso sexual de sacerdotes, quienes en los últimos días han realizado protestas pidiendo una reunión con el Papa para tratar el tema, pero no ocurrió así.
Recuérdese que mexicanos son también decenas de víctimas de abusos sexuales cometidos por importantes figuras del culto católico.
Ante cerca de dos mil 600 niños, reunidos en la Plaza de la Paz, el obispo de Roma les dijo que “no están solos” y que “ocupan un lugar muy importante en su corazón”.
“Y en estos momentos quisiera que lo supieran todos los niños de México, particularmente los que soportan el peso del sufrimiento, el abandono, la violencia o el hambre causada por la sequía que se ha dejado sentir fuertemente durante los últimos meses.”
Algunos niños eran hijos de fallecidos por violencia; otros más con discapacidades; 150 del DIF y un grupo más que se prepara para recibir su primera comunión.
Desde el balcón de la Casa del Conde Rul, señaló: “He venido para que sientan mi afecto. Cada uno de ustedes es un regalo de Dios para México y para el mundo. Su familia, la Iglesia, la escuela y quienes tienen responsabilidad en la sociedad han de trabajar unidos para que ustedes puedan recibir como herencia un mundo mejor, sin envidias ni divisiones. Por ello quiero elevar mi voz invitando a todos a proteger y cuidar a los niños”.
El entusiasmo de los niños y jóvenes reunidos provocó que al menos en dos ocasiones el Papa interrumpiera su mensaje, y les recordó que no se responde al mal con el mal, por lo que los invitó a ser siempre “instrumento del bien, heraldo de perdón, portador de la alegría, servidor de la unidad”
Y agregó: “Estoy contento de poderlos encontrar y ver sus rostros alegres llenando bella plaza, que tiene un nombre que expresa el anhelo presente en el corazón de todos los pueblos: La Paz, que es un don que proviene de lo alto”.
Resaltó que esa palabra se escucha en cada misa y “hoy resuena aquí, con la esperanza de que cada uno se transforme en sembrador y mensajero de esa paz”, por ello, invitó a los menores a participar en la misa de los domingos, en la catequesis, en algún grupo de apostolado, a que busquen lugares de oración, fraternidad y caridad.
Fue como si nada de los espantosos incidentes pederastas hubiera ocurrido. Como si la memoria estuviera limpia y el Papa creyera que sus palabras huecas reconstruirían el puente reventado por los hábitos carnales de los sacerdotes.
A pesar de contarse con múltiples evidencias privadas y pública, en su momento Federico Lombardi, vocero del Vaticano, aseguró que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI no fueron “encubridores del padre Maciel y es injusto considerar que el actual está contra la verdad y la transparencia”.
El escándalo sobre la perversidad del fundador y líder de Los Legionarios de Cristo, en México, ha traído de cabeza a las autoridades eclesiásticas sin que exista un pronunciamiento franco de censura a los delitos perpetrados en el cuerpo y el alma de niños y jóvenes.
El Papa no se reunió con las víctimas de abuso sexual, porque se trataba de un tema que no estaba en la agenda de la Conferencia del Episcopado Mexicano, como sí lo estuvo en otros países que ha visitado, como Francia e Irlanda.
Lombardi manifestó estar informado sobre un libro de víctimas de abuso sexual, “él cual no he tenido tiempo de leerlo”, pero sí su punto fundamental es que “si los Papas fueron encubridores”, en “mi conocimiento de estos papas es que no los fueron”.
Sobre si Juan Pablo II conocía los casos de abuso sexual, puntualizó: “Absolutamente no tenía la conciencia de la doble vida, de la faceta obscura de Maciel”, en este sentido fue declarado beato porque al investigarlo se documentó que no tenía esa información.
Por una serie de motivos que escapan al protocolo diplomático, el Episcopado Mexicano y el Vaticano establecieron proteger a los protagonistas de la ignominia argumentado una ignorancia absoluta de delitos imposibles de ocultar para el inquisidor mayor, que fuera el actual pontífice, y de Juan Pablo II, quien apoyara el poderío de diferentes congregaciones católicas fincadas en el extremismo del dogma.
El cinismo, la doble moral y la hipocresía fueron finalmente los valores repetitivos de un guía espiritual que no capta aun la diferencia sustancial entre decir y hacer.
Sólo se necesitaba aceptar la culpa y pedir el perdón. Lástima, así se pierde a los creyentes.
viernes, 16 de marzo de 2012
EL COCOTAZO: DISCRIMINANDO A GAYS Y DISCAPACITADOS
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Los trogloditas no entienden de sutilezas y buenas intenciones. Los diferentes les producen urticaria y sin miramientos los atacan. La ley puede regular en un contexto de tercer milenio, pero en el México real, la diferencia es un estigma que se paga caro.
En 2011 y en lo que va de este año, además de las mujeres, las personas homosexuales y con alguna discapacidad notoria son discriminadas, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Ante la ausencia evidente de una respuesta fuerte de la autoridad a la discriminación es posible que a fines de 2012, los 1093 expedientes existentes pasen a 2 mil.
El 28% de las quejas y reclamaciones son presentadas por personas homosexuales y con discapacidad por actos cotidianos que se cometen en contra de su dignidad y de sus derechos en el ámbito laboral, educativo y de salud.
Paradójicamente, mientras se legisla sobre sus derechos, ambos grupos minoritarios resienten el recrudecimiento de la persecución y la ofensa social.
En el caso de los homosexuales, la discriminación ocurre más en el estrato socioeconómico bajo y con menor nivel de escolaridad, donde, además de ser rechazados y estigmatizados, se les niega su derecho a oportunidades. No sucede así en el estrato medio alto o alto, donde son señalados y no son aceptados, pero no sufren falta de oportunidades.
De hecho, a menor nivel socioeconómico y educativo, más se justifica la discriminación. Sucede igual que con la violencia: quienes más la padecen, tienden más a reproducirla.
También ocurre que las personas homosexuales, y en general de la comunidad LGTB (lésbico, gay, transexual y bisexual) suelen sufrir una discriminación generacional, pues la exclusión la ejercen, en mayor parte, los mayores de 60 años.
Las estadísticas de quejas y reclamaciones indican que entre 2004 —cuando se creó el CONAPRED— y 2009 el número de expedientes no tuvo variaciones, pero a partir de 2010 comenzó un aumento.
En 2010 se presentaron 992 quejas y reclamaciones; en 2011, mil 093, y hasta el 29 de febrero pasado había 254 expedientes.
Las preferencias sexuales (152) ocupan el primer motivo de queja ante el Consejo, seguidas de la discapacidad (151), las condiciones de salud (142), el género (95), la apariencia física (84), el embarazo (77), la condición social (29), el ser extranjero (19), el ser indígena (18) y por emitir opiniones distintas (8).
Las denuncias por condiciones de salud se refieren a actos que niegan el acceso, ascenso y permanencia al empleo por tener Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) u otra enfermedad, o porque se les limita la atención médica.
Hace 10 años se incorporó el derecho a la no discriminación en el artículo 1 Constitucional, que establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Desgraciadamente en tanto no exista un seguimiento serio de las violaciones a la ley y la aplicación severa de las sanciones correspondientes, la discriminación seguirá ocurriendo por que en los sectores menos favorecidos de la población ese acto no se piensa como un delito, si no como una suerte de la existencia y de la mala suerte.
Pensemos en la discriminación de los indígenas que, desde la óptica de los “otros”, casi es natural.
No basta con colgar un letrero políticamente correcto que informe que “no discriminamos”, si a la vuelta de los afectados, murmuramos por lo bajo lo que realmente pensamos de ellos.
Los trogloditas no entienden de sutilezas y buenas intenciones. Los diferentes les producen urticaria y sin miramientos los atacan. La ley puede regular en un contexto de tercer milenio, pero en el México real, la diferencia es un estigma que se paga caro.
En 2011 y en lo que va de este año, además de las mujeres, las personas homosexuales y con alguna discapacidad notoria son discriminadas, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Ante la ausencia evidente de una respuesta fuerte de la autoridad a la discriminación es posible que a fines de 2012, los 1093 expedientes existentes pasen a 2 mil.
El 28% de las quejas y reclamaciones son presentadas por personas homosexuales y con discapacidad por actos cotidianos que se cometen en contra de su dignidad y de sus derechos en el ámbito laboral, educativo y de salud.
Paradójicamente, mientras se legisla sobre sus derechos, ambos grupos minoritarios resienten el recrudecimiento de la persecución y la ofensa social.
En el caso de los homosexuales, la discriminación ocurre más en el estrato socioeconómico bajo y con menor nivel de escolaridad, donde, además de ser rechazados y estigmatizados, se les niega su derecho a oportunidades. No sucede así en el estrato medio alto o alto, donde son señalados y no son aceptados, pero no sufren falta de oportunidades.
De hecho, a menor nivel socioeconómico y educativo, más se justifica la discriminación. Sucede igual que con la violencia: quienes más la padecen, tienden más a reproducirla.
También ocurre que las personas homosexuales, y en general de la comunidad LGTB (lésbico, gay, transexual y bisexual) suelen sufrir una discriminación generacional, pues la exclusión la ejercen, en mayor parte, los mayores de 60 años.
Las estadísticas de quejas y reclamaciones indican que entre 2004 —cuando se creó el CONAPRED— y 2009 el número de expedientes no tuvo variaciones, pero a partir de 2010 comenzó un aumento.
En 2010 se presentaron 992 quejas y reclamaciones; en 2011, mil 093, y hasta el 29 de febrero pasado había 254 expedientes.
Las preferencias sexuales (152) ocupan el primer motivo de queja ante el Consejo, seguidas de la discapacidad (151), las condiciones de salud (142), el género (95), la apariencia física (84), el embarazo (77), la condición social (29), el ser extranjero (19), el ser indígena (18) y por emitir opiniones distintas (8).
Las denuncias por condiciones de salud se refieren a actos que niegan el acceso, ascenso y permanencia al empleo por tener Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) u otra enfermedad, o porque se les limita la atención médica.
Hace 10 años se incorporó el derecho a la no discriminación en el artículo 1 Constitucional, que establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Desgraciadamente en tanto no exista un seguimiento serio de las violaciones a la ley y la aplicación severa de las sanciones correspondientes, la discriminación seguirá ocurriendo por que en los sectores menos favorecidos de la población ese acto no se piensa como un delito, si no como una suerte de la existencia y de la mala suerte.
Pensemos en la discriminación de los indígenas que, desde la óptica de los “otros”, casi es natural.
No basta con colgar un letrero políticamente correcto que informe que “no discriminamos”, si a la vuelta de los afectados, murmuramos por lo bajo lo que realmente pensamos de ellos.
miércoles, 7 de marzo de 2012
EL COCOTAZO: ¿QUÉ TE ESTÁS FUMANDO?
POR: EL DODO DE LA MALA LECHE
El razonamiento fue simple: encarecer el cigarro disminuiría el consumo.
Y efectivamente, la decisión de elevar los impuestos al cigarro en México dejó como resultado que el consumo de este producto en el mercado formal cayera más de 21 por ciento, pero al mismo tiempo incrementó el contrabando y generó una caída sustancial en la estimación de recaudación fiscal en 2011.
El fumador o le bajó al vicio o buscó otras formas de hacerse del producto. De ahí que aflorara una oferta bastante peculiar de cigarrillos de dudosa calidad a precios menores de diez pesos por cajetilla.
En 2011, el consumo nacional de cigarrillos cayó 21 por ciento; el punto histórico de pique.
Sin embargo, el antecedente de ese descenso fueron las primeras regulaciones aprobadas en 2008 cuando se aplicó la Ley General para el Control del Tabaco, que impuso la prohibición de fumar en lugares públicos y cerrados, vender cigarrillos por unidad además de obligar a poner pictogramas en las cajetillas para advertir las enfermedades que provoca su consumo.
Tras experimentar un crecimiento de 6 por ciento en 2008, el volumen de venta de cigarros en 2009 y 2010 reportó descensos de 1.8 y 2.1 por ciento respectivamente, hasta que el año pasado se desplomara 21.1 por ciento la venta.
Desgraciadamente, México concluyó 2011 con un consumo de más de 200 millones de cajetillas de cigarros ilegales, lo que representa entre 10 y 15 por ciento del mercado total, un incremento “desmedido” del contrabando, si se considera que un año antes sólo significaba 2 por ciento.
El problema no sólo es financiero, puesto que los cigarros de contrabando carecen de una normatividad de regulación sanitaria y, por ende, el riesgo de salud en los fumadores de estos productos es bastante elevado.
La proliferación del contrabando de cigarros es interesante, ya que aparece en las mismas redes de distribución que las mercancías habituales producidas por las firmas establecidas. De hecho, el vendedor minorista reconoce que es el distribuidor de su confianza que le ofrece las cajetillas derechas y las “chafas”.
No obstante, la Procuraduría General de la República afirma que los aseguramientos por delitos de contrabando y falsificación de marcas cayeron “significativamente” el año pasado, al pasar de 23 millones de cigarros en 2008 a 34 mil unidades en 2011.
Omite explicar, por supuesto, por qué a pesar de los decomisos el mercado está inundado por el cigarro de contrabando.
Para la gente versada en el tema, las propias tabacaleras facilitan la entrada del producto ilegal entre los distribuidores, para argumentar que hay un incremento indiscriminado del contrabando y de esta forma presionar al gobierno para bajar impuestos.
En corto: los productores usan de pulmones de cañón a los fumadores que deciden entrarle al aro de la ilegalidad.
En cuanto al interés tributario del Estado, en 2011 la recaudación por concepto del impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) captado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue 12.7 por ciento mayor a lo generado en 2010; sin embargo, esta cifra quedó por debajo de las expectativas programadas para este periodo fiscal.
El cálculo inicial estimado era que derivado del aumento de 7 pesos al precio de las cajetillas de cigarro, vía IEPS, la recaudación en 2011 sería de 42 mil millones de pesos, pero el monto captado fue de sólo 30 mil 342 millones.
El hecho de la caída de ventas de cigarros en el sector legal resultó contra producente. El fumador, aunque le piense a la hora de soltar el dinero, sigue fumando. Los cigarros legales están siendo barridos por los de contrabando. El problema de salud, de no eliminarse el consumo ilegal, será mayor. La compensación fiscal es dudosa y las tabacaleras por un lado ponen cara de sufrimiento y, por otra, traición la integridad de sus clientes habituales.
Algo salió mal, pero nadie reclama esa “fumada” fue mía.
El razonamiento fue simple: encarecer el cigarro disminuiría el consumo.
Y efectivamente, la decisión de elevar los impuestos al cigarro en México dejó como resultado que el consumo de este producto en el mercado formal cayera más de 21 por ciento, pero al mismo tiempo incrementó el contrabando y generó una caída sustancial en la estimación de recaudación fiscal en 2011.
El fumador o le bajó al vicio o buscó otras formas de hacerse del producto. De ahí que aflorara una oferta bastante peculiar de cigarrillos de dudosa calidad a precios menores de diez pesos por cajetilla.
En 2011, el consumo nacional de cigarrillos cayó 21 por ciento; el punto histórico de pique.
Sin embargo, el antecedente de ese descenso fueron las primeras regulaciones aprobadas en 2008 cuando se aplicó la Ley General para el Control del Tabaco, que impuso la prohibición de fumar en lugares públicos y cerrados, vender cigarrillos por unidad además de obligar a poner pictogramas en las cajetillas para advertir las enfermedades que provoca su consumo.
Tras experimentar un crecimiento de 6 por ciento en 2008, el volumen de venta de cigarros en 2009 y 2010 reportó descensos de 1.8 y 2.1 por ciento respectivamente, hasta que el año pasado se desplomara 21.1 por ciento la venta.
Desgraciadamente, México concluyó 2011 con un consumo de más de 200 millones de cajetillas de cigarros ilegales, lo que representa entre 10 y 15 por ciento del mercado total, un incremento “desmedido” del contrabando, si se considera que un año antes sólo significaba 2 por ciento.
El problema no sólo es financiero, puesto que los cigarros de contrabando carecen de una normatividad de regulación sanitaria y, por ende, el riesgo de salud en los fumadores de estos productos es bastante elevado.
La proliferación del contrabando de cigarros es interesante, ya que aparece en las mismas redes de distribución que las mercancías habituales producidas por las firmas establecidas. De hecho, el vendedor minorista reconoce que es el distribuidor de su confianza que le ofrece las cajetillas derechas y las “chafas”.
No obstante, la Procuraduría General de la República afirma que los aseguramientos por delitos de contrabando y falsificación de marcas cayeron “significativamente” el año pasado, al pasar de 23 millones de cigarros en 2008 a 34 mil unidades en 2011.
Omite explicar, por supuesto, por qué a pesar de los decomisos el mercado está inundado por el cigarro de contrabando.
Para la gente versada en el tema, las propias tabacaleras facilitan la entrada del producto ilegal entre los distribuidores, para argumentar que hay un incremento indiscriminado del contrabando y de esta forma presionar al gobierno para bajar impuestos.
En corto: los productores usan de pulmones de cañón a los fumadores que deciden entrarle al aro de la ilegalidad.
En cuanto al interés tributario del Estado, en 2011 la recaudación por concepto del impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) captado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue 12.7 por ciento mayor a lo generado en 2010; sin embargo, esta cifra quedó por debajo de las expectativas programadas para este periodo fiscal.
El cálculo inicial estimado era que derivado del aumento de 7 pesos al precio de las cajetillas de cigarro, vía IEPS, la recaudación en 2011 sería de 42 mil millones de pesos, pero el monto captado fue de sólo 30 mil 342 millones.
El hecho de la caída de ventas de cigarros en el sector legal resultó contra producente. El fumador, aunque le piense a la hora de soltar el dinero, sigue fumando. Los cigarros legales están siendo barridos por los de contrabando. El problema de salud, de no eliminarse el consumo ilegal, será mayor. La compensación fiscal es dudosa y las tabacaleras por un lado ponen cara de sufrimiento y, por otra, traición la integridad de sus clientes habituales.
Algo salió mal, pero nadie reclama esa “fumada” fue mía.
jueves, 16 de febrero de 2012
EL COCOTAZO: ¿MAESTROS?...¡MACUARROS DE QUINTA!
POR: RAÚL GÓMEZ MIGUEL
En purísimo mexicano, los habitantes del Distrito Federal ya estamos hasta la madre que las marchas decidan cómo será nuestro día laboral.
Para cualquier entidad medianamente pensante es un hecho que nuestro país “tomar la calle” en el sentido atávico de la manifestación sirve para un carajo. Las autoridades no se dan por aludidas, los “protestantes” se ganan la animadversión del pueblo y los ciudadanos (de a pie o motorizados) simplemente ruegan a los cielos que los rijos desaparezcan de la bóveda urbana.
Otra vez, en una conducta casi tradicional, el viernes 3 de febrero de 2012 alrededor de 35 mil “maestros”, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon a Los Pinos para demandar que se cancele la Alianza por la Calidad de la Educación.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, la avenida Paseo de la Reforma permaneció parcialmente bloqueada durante nueve horas.
Los maestros, procedentes de 25 entidades de la República, concretaron un paro de labores de 48 horas en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala, entre otras entidades; en el Distrito Federal 40 mil escuelas interrumpieron clases, aseguró Francisco Bravo, secretario general de la Sección 9 de la CNTE.
La concentración de los docentes inició a las 8 de la mañana en las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle República de Brasil, donde se llevó a cabo la toma simbólica de las instalaciones.
La SSP-DF desplegó mil 50 policías, los cuales estuvieron apoyados con 110 vehículos y dos helicópteros, encabezados por el subsecretario de Control de Tránsito, Luis Rosales, quien coordinó las acciones desde el Centro de Control Operativo.
Cómo siempre y corresponde a un funcionario de “izquierda”, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, exhortó a las autoridades a resolver de manera pronta las peticiones de los maestros.
Ebrard sostuvo que a pesar de las suposiciones de algunos, de que él puede prohibir marchas, está coadyuvando en este tema de acuerdo con lo establecido en la Ley.
Aseguró que él no puede prohibir marchas porque “no está en la ley”. Lo único que puede hacer, dijo, es “tratar de reducir el impacto vial hasta donde más podamos”.
Sin embargo, recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantía individual de la libertad de tránsito, por ende, el referente jurídico existe, pero no así, por afanes demagógicos, la ley y el reglamento correspondiente para el Distrito Federal.
Las demandas de los “maestros”, esos mismos que dejaron sin clases durante varios días a sus alumnos, son patéticas, para no calificarlas como imbecilidad suprema.
Desean que se cancele la Alianza por la Calidad de la Educación, pues consideran que es un mecanismo para terminar con la estabilidad laboral de los maestros, al querer reducir su desempeño a una evaluación que no refleja el proceso educativo, en corto, no les apetece ningún tipo de control que les impida vivir de un salario que jamás se ganan y que desmerita las posibilidades efectivas de sus educandos en el mercado laboral competitivo.
Como opositores férreos de las prebendas de doña doña Elba exigieron al gobierno federal dejar de sostenerla dirigencia porque ha demostrado que sus intereses son más políticos que educativos. Nada que ver, por supuesto, con la exhibición de prepotencia y mitote sindicalista de los “indignados”.
Y metidos en el cuento de la democracia y la justicia social, la CNTE clamó por abrogar la nueva Ley del ISSSTE, ya que explicaron que en los hechos ha resultado un fracaso, porque ninguno de sus objetivos se ha cumplido ni en el ámbito de la seguridad social ni de la atención médica. Exactamente lo mismo que podemos afirmar de la Coordinadora en el sector educativo y la atención responsable de sus obligaciones con la gente.
Vea si no:
Trabajadores de la educación en Guerrero se sumaron al paro laboral de 48 horas convocado por la CNTE y bloquearon durante más de dos horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
En Oaxaca, profesores de la sección 22 del SNTE efectuaron bloqueos por segundo día consecutivo en plazas públicas, además realizaron la toma de la caseta de cobro de la Autopista Oaxaca-México.
La Secretaría de Educación Pública en Chiapas informó que cerca de 10 mil maestros podrían hacerse acreedores a descuentos vía nómina por ausentarse de las aulas durante las marchas que se realizaron en la entidad, lo cual naturalmente propiciaría otro numerito contestatario de bajísimo nivel.
Al final de la protesta el saldo fue el común. Furia, enfado y hartazgo de la ciudadanía. Una alegría tarada de los “simpatizantes” a la causa. Una ciudad enloquecida. Niños y jóvenes sin clases y sin posibilidad de recuperar el tiempo perdido en la “lucha”. Y las autoridades metidas en lo único que les importa: seguir mamando del presupuesto y el fuero para joder a todos.
Para esto sirve la “educación” nacional.
En purísimo mexicano, los habitantes del Distrito Federal ya estamos hasta la madre que las marchas decidan cómo será nuestro día laboral.
Para cualquier entidad medianamente pensante es un hecho que nuestro país “tomar la calle” en el sentido atávico de la manifestación sirve para un carajo. Las autoridades no se dan por aludidas, los “protestantes” se ganan la animadversión del pueblo y los ciudadanos (de a pie o motorizados) simplemente ruegan a los cielos que los rijos desaparezcan de la bóveda urbana.
Otra vez, en una conducta casi tradicional, el viernes 3 de febrero de 2012 alrededor de 35 mil “maestros”, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon a Los Pinos para demandar que se cancele la Alianza por la Calidad de la Educación.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, la avenida Paseo de la Reforma permaneció parcialmente bloqueada durante nueve horas.
Los maestros, procedentes de 25 entidades de la República, concretaron un paro de labores de 48 horas en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala, entre otras entidades; en el Distrito Federal 40 mil escuelas interrumpieron clases, aseguró Francisco Bravo, secretario general de la Sección 9 de la CNTE.
La concentración de los docentes inició a las 8 de la mañana en las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle República de Brasil, donde se llevó a cabo la toma simbólica de las instalaciones.
La SSP-DF desplegó mil 50 policías, los cuales estuvieron apoyados con 110 vehículos y dos helicópteros, encabezados por el subsecretario de Control de Tránsito, Luis Rosales, quien coordinó las acciones desde el Centro de Control Operativo.
Cómo siempre y corresponde a un funcionario de “izquierda”, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, exhortó a las autoridades a resolver de manera pronta las peticiones de los maestros.
Ebrard sostuvo que a pesar de las suposiciones de algunos, de que él puede prohibir marchas, está coadyuvando en este tema de acuerdo con lo establecido en la Ley.
Aseguró que él no puede prohibir marchas porque “no está en la ley”. Lo único que puede hacer, dijo, es “tratar de reducir el impacto vial hasta donde más podamos”.
Sin embargo, recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantía individual de la libertad de tránsito, por ende, el referente jurídico existe, pero no así, por afanes demagógicos, la ley y el reglamento correspondiente para el Distrito Federal.
Las demandas de los “maestros”, esos mismos que dejaron sin clases durante varios días a sus alumnos, son patéticas, para no calificarlas como imbecilidad suprema.
Desean que se cancele la Alianza por la Calidad de la Educación, pues consideran que es un mecanismo para terminar con la estabilidad laboral de los maestros, al querer reducir su desempeño a una evaluación que no refleja el proceso educativo, en corto, no les apetece ningún tipo de control que les impida vivir de un salario que jamás se ganan y que desmerita las posibilidades efectivas de sus educandos en el mercado laboral competitivo.
Como opositores férreos de las prebendas de doña doña Elba exigieron al gobierno federal dejar de sostenerla dirigencia porque ha demostrado que sus intereses son más políticos que educativos. Nada que ver, por supuesto, con la exhibición de prepotencia y mitote sindicalista de los “indignados”.
Y metidos en el cuento de la democracia y la justicia social, la CNTE clamó por abrogar la nueva Ley del ISSSTE, ya que explicaron que en los hechos ha resultado un fracaso, porque ninguno de sus objetivos se ha cumplido ni en el ámbito de la seguridad social ni de la atención médica. Exactamente lo mismo que podemos afirmar de la Coordinadora en el sector educativo y la atención responsable de sus obligaciones con la gente.
Vea si no:
Trabajadores de la educación en Guerrero se sumaron al paro laboral de 48 horas convocado por la CNTE y bloquearon durante más de dos horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
En Oaxaca, profesores de la sección 22 del SNTE efectuaron bloqueos por segundo día consecutivo en plazas públicas, además realizaron la toma de la caseta de cobro de la Autopista Oaxaca-México.
La Secretaría de Educación Pública en Chiapas informó que cerca de 10 mil maestros podrían hacerse acreedores a descuentos vía nómina por ausentarse de las aulas durante las marchas que se realizaron en la entidad, lo cual naturalmente propiciaría otro numerito contestatario de bajísimo nivel.
Al final de la protesta el saldo fue el común. Furia, enfado y hartazgo de la ciudadanía. Una alegría tarada de los “simpatizantes” a la causa. Una ciudad enloquecida. Niños y jóvenes sin clases y sin posibilidad de recuperar el tiempo perdido en la “lucha”. Y las autoridades metidas en lo único que les importa: seguir mamando del presupuesto y el fuero para joder a todos.
Para esto sirve la “educación” nacional.
viernes, 10 de febrero de 2012
EL COCOTAZO: MUCHOS PRESOS, POCAS VENTAJAS
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El refranero mexicano establece sabiamente que a la cárcel sólo van los pobres y los pendejos; los verdaderos delincuentes de todo tipo de cuellos gozan de la libertad permanente, ya sea por inteligentes o por pagar ese privilegio generosamente.
Usando una simple aritmética, el deterioro integral de México en los últimos dieciocho años se refleja en el incremento brutal de la población carcelaria nacional, amen de la corrupción inherente a la manera de operar de la (in) justicia local.
Es terrible que en nuestra seudo democracia, el ciudadano parta de la culpabilidad y no de la inocencia para encarar a los tribunales que, desde una óptica cómoda, condenan a priori a quien no les unte las manos.
Como advirtieron diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la población carcelaria en México se triplicó prácticamente en los últimos tres sexenios, al pasar de 86 mil internos en 1994 a 231 mil 510 en 2011, sin que la inseguridad ni la delincuencia hayan disminuido.
De acuerdo con el estadístico de índices de criminalidad disponible en el portal electrónico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número total de delitos denunciados en 1997 fue de un millón 564 mil en cifras redondas y se redujo paulatinamente hasta un millón 448 mil en 2000, pero al año siguiente se registró un repunte, para llegar a un millón 512 mil.
Entre 2002 y 2005, la cifra osciló entre un millón 513 mil y un millón 505 mil, pero en 2006 alcanzó un millón 580 mil, y en 2007 se disparó hasta un millón 724 mil delitos.
Para 2008 fueron un millón 763 mil; en 2009, un millón 797 mil; en 2010, un millón 838 mil; y entre enero y noviembre de 2011, un millón 681 mil.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública precisó que alrededor de 93 por ciento de los delitos corresponden al fuero común y por orden decreciente de incidencia destacan los actos de robo, lesiones, daño en propiedad ajena, fraude y homicidio, abuso de confianza, violación y secuestro.
Los delitos del fuero federal representan a su vez cerca de 7 por ciento del volumen total y por su incidencia sobresalen los delitos contra la salud (narcotráfico), portación de armas de fuego, conductas ilícitas en materia patrimonial y fiscal, así como violaciones a la Ley General de Población y ataques a las vías generales de comunicación.
La mayoría de los penales registra una saturación de reos no sentenciados, muchos de ellos por delitos federales, cuya manutención promedio es de 100 pesos por día.
En México están presas 82 mil personas no sentenciadas y con la garantía de presunción de inocencia, pero que sufren la privación de su libertad.
El hacinamiento y las condiciones límite de la vida dentro de las cárceles mexicanas, sumadas a las prerrogativas de dominio y control de cada penal facilita las recurrentes riñas y muertes como en Ciudad Juárez, Chihuahua; Baja California y Altamira, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre otros.
El problema carece de una solución importante en tanto no se reforma el sistema judicial mexicano. El papel de las fuerzas de seguridad pública, los ministerios públicos, los jueces y los magistrados tiene que depurarse en virtud de no acarrear la desgracia a tantos hombres y mujeres que, por la improvisación de la autoridad, no deberían estar confinados.
Prueba de esta ineficiencia “sistémica” es que a pesar de la saturación de las cárceles, la criminalidad no disminuye y el gasto federal en seguridad tampoco arroja datos duros para el ciudadano de a pie.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un promedio de 5 mil 33 delitos denunciados cada día entre enero y noviembre de 2011, lo que según sus cifras representan una reducción de 0.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2010.
Habría que rastrear cuál fue el costo real de esa patética contracción.
Entre los delitos del fuero común, la base de datos del referido sistema registra para 2011 una caída hasta de 8 por ciento en la incidencia de delitos como lesiones y daño en propiedad ajena, pero también un incremento de 2 por ciento en la comisión de robos y de 5.9 por ciento en homicidios.
Abreviando, las cárceles en la actualidad no sirven de mucho para la readaptación social, en cambio, son estancias que facilitan ganancias a quienes explotan el sufrimiento ajeno y reducen la humanidad a carne de presidio.
El refranero mexicano establece sabiamente que a la cárcel sólo van los pobres y los pendejos; los verdaderos delincuentes de todo tipo de cuellos gozan de la libertad permanente, ya sea por inteligentes o por pagar ese privilegio generosamente.
Usando una simple aritmética, el deterioro integral de México en los últimos dieciocho años se refleja en el incremento brutal de la población carcelaria nacional, amen de la corrupción inherente a la manera de operar de la (in) justicia local.
Es terrible que en nuestra seudo democracia, el ciudadano parta de la culpabilidad y no de la inocencia para encarar a los tribunales que, desde una óptica cómoda, condenan a priori a quien no les unte las manos.
Como advirtieron diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la población carcelaria en México se triplicó prácticamente en los últimos tres sexenios, al pasar de 86 mil internos en 1994 a 231 mil 510 en 2011, sin que la inseguridad ni la delincuencia hayan disminuido.
De acuerdo con el estadístico de índices de criminalidad disponible en el portal electrónico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número total de delitos denunciados en 1997 fue de un millón 564 mil en cifras redondas y se redujo paulatinamente hasta un millón 448 mil en 2000, pero al año siguiente se registró un repunte, para llegar a un millón 512 mil.
Entre 2002 y 2005, la cifra osciló entre un millón 513 mil y un millón 505 mil, pero en 2006 alcanzó un millón 580 mil, y en 2007 se disparó hasta un millón 724 mil delitos.
Para 2008 fueron un millón 763 mil; en 2009, un millón 797 mil; en 2010, un millón 838 mil; y entre enero y noviembre de 2011, un millón 681 mil.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública precisó que alrededor de 93 por ciento de los delitos corresponden al fuero común y por orden decreciente de incidencia destacan los actos de robo, lesiones, daño en propiedad ajena, fraude y homicidio, abuso de confianza, violación y secuestro.
Los delitos del fuero federal representan a su vez cerca de 7 por ciento del volumen total y por su incidencia sobresalen los delitos contra la salud (narcotráfico), portación de armas de fuego, conductas ilícitas en materia patrimonial y fiscal, así como violaciones a la Ley General de Población y ataques a las vías generales de comunicación.
La mayoría de los penales registra una saturación de reos no sentenciados, muchos de ellos por delitos federales, cuya manutención promedio es de 100 pesos por día.
En México están presas 82 mil personas no sentenciadas y con la garantía de presunción de inocencia, pero que sufren la privación de su libertad.
El hacinamiento y las condiciones límite de la vida dentro de las cárceles mexicanas, sumadas a las prerrogativas de dominio y control de cada penal facilita las recurrentes riñas y muertes como en Ciudad Juárez, Chihuahua; Baja California y Altamira, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre otros.
El problema carece de una solución importante en tanto no se reforma el sistema judicial mexicano. El papel de las fuerzas de seguridad pública, los ministerios públicos, los jueces y los magistrados tiene que depurarse en virtud de no acarrear la desgracia a tantos hombres y mujeres que, por la improvisación de la autoridad, no deberían estar confinados.
Prueba de esta ineficiencia “sistémica” es que a pesar de la saturación de las cárceles, la criminalidad no disminuye y el gasto federal en seguridad tampoco arroja datos duros para el ciudadano de a pie.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un promedio de 5 mil 33 delitos denunciados cada día entre enero y noviembre de 2011, lo que según sus cifras representan una reducción de 0.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2010.
Habría que rastrear cuál fue el costo real de esa patética contracción.
Entre los delitos del fuero común, la base de datos del referido sistema registra para 2011 una caída hasta de 8 por ciento en la incidencia de delitos como lesiones y daño en propiedad ajena, pero también un incremento de 2 por ciento en la comisión de robos y de 5.9 por ciento en homicidios.
Abreviando, las cárceles en la actualidad no sirven de mucho para la readaptación social, en cambio, son estancias que facilitan ganancias a quienes explotan el sufrimiento ajeno y reducen la humanidad a carne de presidio.
jueves, 19 de enero de 2012
EL COCOTAZO: ZEDILLO, ACTEAL Y LAS MANOS NEGRAS
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Parece que el fuego amigo y los golpes colaterales de la sucesión presidencial empezaron a cobrar fuerza tanto dentro y fuera de México.
En días pasados, el último ex presidente, de extracción priísta y para muchos el responsable directo de la aniquilación del alguna vez partido de Estado, Ernesto Zedillo reclamó inmunidad legal a una corte estadounidense, en respuesta a una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza en la comunidad indígena de Acteal en 1997.
En la moción, Zedillo argumentó inmunidad por su posición de ex presidente de México y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en dicha comunidad de Chiapas.
Zedillo interpuso a través de sus abogados la moción solicitando se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre.
El ex mandatario mexicano fue acusado por una decena de sobrevivientes de la denominada matanza de Acteal, en la que murieron 45 tzotziles, incluyendo mujeres y niños.
Según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno mexicano de “El Plan de Campaña Chiapas 94”, una presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió públicamente el 1 de enero de 1994.
La demanda fue interpuesta por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami (Florida), a nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo que la argumentación de Zedillo es “inapropiada” al solicitar a la corte que lo exima de toda responsabilidad.
“No es apropiado solicitar inmunidad”, insistió el abogado al sostener que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas.
Kobert rechazó hacer más comentarios por no haber leído aún las 122 páginas en las que los abogados del ex presidente responden a la demanda.
El recurso fue radicado ante la corte en Connecticut por ser la entidad de residencia del ex gobernante mexicano, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.
En la demanda se acusa al ex presidente Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general mexicano Jorge Madrazo Cuéllar para ocultar el papel desplegado por el Ejecutivo Federal antes y después de la masacre.
De acuerdo con la acusación, como parte del encubrimiento unas 128 personas de la zona cercana a la aldea de Acteal fueron detenidas y arrestadas.
En octubre de 2007, unos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron sentenciados a penas de hasta 26 años de cárcel.
Sin embargo, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de México revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.
Según la demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de que Zedillo dejó la Presidencia en 2000.
La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México permitió a sobrevivientes y familiares de las víctimas conocer tales hechos, al hacerse pública la verdad sobre el encubrimiento.
Las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros buscar justicia en Estados Unidos contra ex funcionarios como Zedillo, porque éste reside y trabaja en el país, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido en otra nación.
La ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros permite a ciudadanos de otros países el derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos.
La peculiaridad de la acusación es precisamente la coyuntura donde ocurrió. Después de ¡quince años! y en los ¡Estados Unidos! se remueve el pasado para exhibir públicamente la conducta de un funcionario que facilitó en mucho la transición seudo democrática hacia la docena trágica del panismo actual.
En términos jurídicos la defensa de Zedillo es bastante estúpida, considerando la figura de “inmunidad” bastante discutible en el marco del Derecho Internacional. A pesar que el actual gobierno federal hizo llegar a una nota diplomática pidiendo la consideración del fuero que goza el ex presidente. Quizás no se concreten los cincuenta millones de dólares que, se rumora, exigen los afectados, pero el trancazo mediático y el resurgimiento en la opinión pública del recuerdo de Acteal forzosamente moverá a las conciencias.
Detrás del hecho emerge una atmósfera negativa en contra a la posibilidad que el Partido Revolucionario Institucional pueda rozar el poder.
Sin pensar mal, esta querella legal no sólo busca justicia y dinero, sino un argumento más a fin de evitar que el pasado vuelva a encumbrarse.
Parece que el fuego amigo y los golpes colaterales de la sucesión presidencial empezaron a cobrar fuerza tanto dentro y fuera de México.
En días pasados, el último ex presidente, de extracción priísta y para muchos el responsable directo de la aniquilación del alguna vez partido de Estado, Ernesto Zedillo reclamó inmunidad legal a una corte estadounidense, en respuesta a una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza en la comunidad indígena de Acteal en 1997.
En la moción, Zedillo argumentó inmunidad por su posición de ex presidente de México y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en dicha comunidad de Chiapas.
Zedillo interpuso a través de sus abogados la moción solicitando se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre.
El ex mandatario mexicano fue acusado por una decena de sobrevivientes de la denominada matanza de Acteal, en la que murieron 45 tzotziles, incluyendo mujeres y niños.
Según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno mexicano de “El Plan de Campaña Chiapas 94”, una presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió públicamente el 1 de enero de 1994.
La demanda fue interpuesta por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami (Florida), a nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo que la argumentación de Zedillo es “inapropiada” al solicitar a la corte que lo exima de toda responsabilidad.
“No es apropiado solicitar inmunidad”, insistió el abogado al sostener que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas.
Kobert rechazó hacer más comentarios por no haber leído aún las 122 páginas en las que los abogados del ex presidente responden a la demanda.
El recurso fue radicado ante la corte en Connecticut por ser la entidad de residencia del ex gobernante mexicano, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.
En la demanda se acusa al ex presidente Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general mexicano Jorge Madrazo Cuéllar para ocultar el papel desplegado por el Ejecutivo Federal antes y después de la masacre.
De acuerdo con la acusación, como parte del encubrimiento unas 128 personas de la zona cercana a la aldea de Acteal fueron detenidas y arrestadas.
En octubre de 2007, unos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron sentenciados a penas de hasta 26 años de cárcel.
Sin embargo, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de México revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.
Según la demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de que Zedillo dejó la Presidencia en 2000.
La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México permitió a sobrevivientes y familiares de las víctimas conocer tales hechos, al hacerse pública la verdad sobre el encubrimiento.
Las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros buscar justicia en Estados Unidos contra ex funcionarios como Zedillo, porque éste reside y trabaja en el país, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido en otra nación.
La ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros permite a ciudadanos de otros países el derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos.
La peculiaridad de la acusación es precisamente la coyuntura donde ocurrió. Después de ¡quince años! y en los ¡Estados Unidos! se remueve el pasado para exhibir públicamente la conducta de un funcionario que facilitó en mucho la transición seudo democrática hacia la docena trágica del panismo actual.
En términos jurídicos la defensa de Zedillo es bastante estúpida, considerando la figura de “inmunidad” bastante discutible en el marco del Derecho Internacional. A pesar que el actual gobierno federal hizo llegar a una nota diplomática pidiendo la consideración del fuero que goza el ex presidente. Quizás no se concreten los cincuenta millones de dólares que, se rumora, exigen los afectados, pero el trancazo mediático y el resurgimiento en la opinión pública del recuerdo de Acteal forzosamente moverá a las conciencias.
Detrás del hecho emerge una atmósfera negativa en contra a la posibilidad que el Partido Revolucionario Institucional pueda rozar el poder.
Sin pensar mal, esta querella legal no sólo busca justicia y dinero, sino un argumento más a fin de evitar que el pasado vuelva a encumbrarse.
jueves, 12 de enero de 2012
EL COCOTAZO: PAPA SUPERSTAR EN GUANAJUATO
POR.- EL DODO DE HUMOR NEGRO
Para el alcalde de León, Guanajuato, Ricardo Sheffield la próxima visita de Benedicto XVI, no es una cuestión de fe o acercamiento de la comunidad católica a su máxima autoridad, sino un asunto de billetes, de negocio, pues.
El funcionario haciendo gala de conocimientos financieros y matemáticos aseguró que el paseo papal dejará una derrama económica de más de 250 millones de pesos.
La cifra sólo es alcanzable con la llegada de por lo menos 26 mil personas a las 6 mil 500 habitaciones que tiene León, incluyendo todas las denominaciones (de 1 a 5 estrellas). Esto sin contar la avalancha de creyentes que inundará la ciudad.
“Estamos hablando de más de 6 mil 500 habitaciones de hotel que estarían siendo ocupadas… también puede haber una cantidad importante de personas que se queden con familiares y amigos quizá otras 25 o 30 mil personas, obviamente se llenarán los hoteles de Silao, Irapuato, Guanajuato que más o menos juntos equivalen a un poquito menos de los que tenemos en León”.
Y para tener la capacidad de albergar a los miles de visitantes que llegarán de diferentes lugares del estado y el país, el municipio habilitará también zonas de acampado, cerca de la ruta que realizará Benedicto XVI.
Sin embargo, el alcalde descartó que sea en las calles de la ciudad, sino en terrenos baldíos donde se pueda garantizar higiene y seguridad para los visitantes.
“En calles no se podría acampar, estamos en espera de que nos comenten la logística del evento para establecer zonas de acampado en terrenos donde podamos nosotros poner como cuando visitan los sanjuaneros León”, precisó.
De la misma forma, la gran cantidad de visitantes y la transmisión internacional televisada del papa tour colocará a la ciudad en un escaparate que beneficiará en un futuro la atracción de turistas.
En este sentido, consideró la visita papal como una buena oportunidad para fortalecer el ¿turismo religioso? en la ciudad.
“Si nosotros seguimos las pocas, porque no han sido muchas las visitas de Benedicto XVI a otros países, al verlo por los medios se va dando seguimiento también al lugar al que va y lo conoces de manera indirecta más de alguno a lo mejor tendría la inquietud de venir a visitar, es un posicionamiento importante para León”.
En cuanto a la seguridad, Sheffield Padilla explicó que el municipio estará trabajando en conjunto con la Federación y el Estado Mayor Presidencial.
En este sentido, dijo que se pulirá la estrategia de seguridad en cuanto sepan la agenda oficial, mientras tanto, lo que es un hecho es que la zona centro tendrá un fuerte cerco de seguridad cuando Benedicto XVI oficie una misa en Catedral y de la misma manera en el Colegio Miraflores, lugar donde dormirá.
Frente a esa mentalidad mercantil poco se agrega. Otra vez, aunque es válido el oportunismo institucional, a los ojos del sentido común, la llegada de Benedicto XVI es un recurso popular, típico del show bizz, y no un pronunciamiento ejemplar de la intención de la Iglesia Católica a verse más como una senda espiritual, en vez, de un pavimento glamoroso conducente al reino de la riqueza mundana y el engaño creyente.
Para el alcalde de León, Guanajuato, Ricardo Sheffield la próxima visita de Benedicto XVI, no es una cuestión de fe o acercamiento de la comunidad católica a su máxima autoridad, sino un asunto de billetes, de negocio, pues.
El funcionario haciendo gala de conocimientos financieros y matemáticos aseguró que el paseo papal dejará una derrama económica de más de 250 millones de pesos.
La cifra sólo es alcanzable con la llegada de por lo menos 26 mil personas a las 6 mil 500 habitaciones que tiene León, incluyendo todas las denominaciones (de 1 a 5 estrellas). Esto sin contar la avalancha de creyentes que inundará la ciudad.
“Estamos hablando de más de 6 mil 500 habitaciones de hotel que estarían siendo ocupadas… también puede haber una cantidad importante de personas que se queden con familiares y amigos quizá otras 25 o 30 mil personas, obviamente se llenarán los hoteles de Silao, Irapuato, Guanajuato que más o menos juntos equivalen a un poquito menos de los que tenemos en León”.
Y para tener la capacidad de albergar a los miles de visitantes que llegarán de diferentes lugares del estado y el país, el municipio habilitará también zonas de acampado, cerca de la ruta que realizará Benedicto XVI.
Sin embargo, el alcalde descartó que sea en las calles de la ciudad, sino en terrenos baldíos donde se pueda garantizar higiene y seguridad para los visitantes.
“En calles no se podría acampar, estamos en espera de que nos comenten la logística del evento para establecer zonas de acampado en terrenos donde podamos nosotros poner como cuando visitan los sanjuaneros León”, precisó.
De la misma forma, la gran cantidad de visitantes y la transmisión internacional televisada del papa tour colocará a la ciudad en un escaparate que beneficiará en un futuro la atracción de turistas.
En este sentido, consideró la visita papal como una buena oportunidad para fortalecer el ¿turismo religioso? en la ciudad.
“Si nosotros seguimos las pocas, porque no han sido muchas las visitas de Benedicto XVI a otros países, al verlo por los medios se va dando seguimiento también al lugar al que va y lo conoces de manera indirecta más de alguno a lo mejor tendría la inquietud de venir a visitar, es un posicionamiento importante para León”.
En cuanto a la seguridad, Sheffield Padilla explicó que el municipio estará trabajando en conjunto con la Federación y el Estado Mayor Presidencial.
En este sentido, dijo que se pulirá la estrategia de seguridad en cuanto sepan la agenda oficial, mientras tanto, lo que es un hecho es que la zona centro tendrá un fuerte cerco de seguridad cuando Benedicto XVI oficie una misa en Catedral y de la misma manera en el Colegio Miraflores, lugar donde dormirá.
Frente a esa mentalidad mercantil poco se agrega. Otra vez, aunque es válido el oportunismo institucional, a los ojos del sentido común, la llegada de Benedicto XVI es un recurso popular, típico del show bizz, y no un pronunciamiento ejemplar de la intención de la Iglesia Católica a verse más como una senda espiritual, en vez, de un pavimento glamoroso conducente al reino de la riqueza mundana y el engaño creyente.
lunes, 2 de enero de 2012
EL COCOTAZO: MUERTOS, MUERTOS, MUERTOS
POR.- LA REDACCIÓN DODO
Acumulando notas insólitas, el país terminó 2011 en un marco de irrealidad sobresaliente.
El 26 de diciembre pasado, el consumo de alimentos contaminados, al parecer con cianuro, durante la cena en un centro de rehabilitación para adictos de Guadalajara, Jalisco dejó de entrada cinco muertos y 37 hospitalizados por síntomas de intoxicación.
En el albergue GARAM, de la calle Federación, casi al cruce con Mariano Jiménez, en la colonia La Perla, en la zona centro de la ciudad, unas 50 personas cenaban chorizo de soya, verduras y arroz cuando empezaron con síntomas de intoxicación.
A las 22:00 horas llegó a las instalaciones de la Cruz Roja, a un costado del parque Morelos un primer intoxicado proveniente del albergue.
La intoxicación fue inmediata. La institución confirmó la muerte de cinco personas, entre ellas un adolescente de quine años, pero personal del Servicio Médico Forense de Guadalajara aclaró que uno de los que perdieron la vida en el hospital fue por heridas de arma punzocortante, ajeno a los hechos del centro de rehabilitación.
Veintiséis intoxicados fueron atendidos en la Cruz Roja; ocho, en la Cruz Verde; dos en el hospital de Zoquipan en Zapopan; y uno más en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara.
Las declaraciones de los afectados establecieron que la comida consumida en el centro era una donación.
"Casi todo lo que comemos en el lugar es donado, muy poco se compra y casi todo es por donaciones, así pasa en la mayoría de los centros de adicciones. Primero comieron los anexados y luego los servidores. Pasó una media hora en lo que nos dimos cuenta y ya nadie comió pero el efecto fue muy rápido en muchos".
Por la sintomatología, la Cruz Roja determinó que el agente de la intoxicación fue el cianuro, salvo que otra sustancia identifique las pruebas de laboratorio.
"Tenemos confirmado que fue cianuro, aunque no sabemos en qué lo ingirieron. Presumimos que fue el chorizo de soya, pero los peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinarán si realmente fue eso".
Por la contingencia, el resto de los pacientes, heridos y enfermos que eran atendidos en la Cruz Roja fueron trasladados a otros puestos y hospitales, mientras bomberos tapatíos y elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) acordonaron el exterior y restringieron el acceso a las instalaciones.
"Dejamos exclusivamente a los pacientes de este hecho, a los demás los enviamos a otros centros. Todo el personal utiliza trajes especiales para evitar más personas con daños, ya que incluso en un inicio tuvimos tres compañeros, dos paramédicos y un médico, con síntomas de intoxicación".
Entre tanto, cocineros y directivos del centro de rehabilitación declaran esta mañana ante un Agente del Ministerio Público sobre la procedencia y preparación de los alimentos.
Eventualmente se espera la identificación y la captura de los culpables.
Por si fuera poco, en la zona limítrofe entre los estados de Tamaulipas y Veracruz, fue descubierto, ese mismo día, en el libramiento El Moralillo-Tampico, un camión de 3.5 toneladas con placas del estado de Veracruz, en cuyo interior se encontraban los cuerpos de 13 personas.
A pesar de la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad pública federales en Veracruz, este fue el tercer hecho violento ocurrido en menos de una semana en la región, donde han muerto 39 personas. La zona en conflicto es parte del territorio que disputan Los Zetas y sus enemigos del cártel del Golfo, éste último apoyado por los grupos criminales de Sinaloa y de Michoacán.
Como fuera reportado por los DODOS, el 23 de diciembre de 2011, en el municipio de Tampico Alto, Veracruz, en los límites con el estado de Tamaulipas, se encontraron 10 cadáveres que fueron tirados por un grupo de la delincuencia organizada.
Un día antes, delincuentes dispararon contra tres autobuses de pasajeros matando a 11 personas.
Los 13 cadáveres del día 25 fueron encontrados en un camión “doble rodada” con dos narcomantas sobre el libramiento El Moralillo-Tampico, que colocaron ahí los asesinos y en las que se daba cuenta de que las muertes eran producto de la disputa que sostienen en la zona grupos criminales rivales.
Acumulando notas insólitas, el país terminó 2011 en un marco de irrealidad sobresaliente.
El 26 de diciembre pasado, el consumo de alimentos contaminados, al parecer con cianuro, durante la cena en un centro de rehabilitación para adictos de Guadalajara, Jalisco dejó de entrada cinco muertos y 37 hospitalizados por síntomas de intoxicación.
En el albergue GARAM, de la calle Federación, casi al cruce con Mariano Jiménez, en la colonia La Perla, en la zona centro de la ciudad, unas 50 personas cenaban chorizo de soya, verduras y arroz cuando empezaron con síntomas de intoxicación.
A las 22:00 horas llegó a las instalaciones de la Cruz Roja, a un costado del parque Morelos un primer intoxicado proveniente del albergue.
La intoxicación fue inmediata. La institución confirmó la muerte de cinco personas, entre ellas un adolescente de quine años, pero personal del Servicio Médico Forense de Guadalajara aclaró que uno de los que perdieron la vida en el hospital fue por heridas de arma punzocortante, ajeno a los hechos del centro de rehabilitación.
Veintiséis intoxicados fueron atendidos en la Cruz Roja; ocho, en la Cruz Verde; dos en el hospital de Zoquipan en Zapopan; y uno más en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara.
Las declaraciones de los afectados establecieron que la comida consumida en el centro era una donación.
"Casi todo lo que comemos en el lugar es donado, muy poco se compra y casi todo es por donaciones, así pasa en la mayoría de los centros de adicciones. Primero comieron los anexados y luego los servidores. Pasó una media hora en lo que nos dimos cuenta y ya nadie comió pero el efecto fue muy rápido en muchos".
Por la sintomatología, la Cruz Roja determinó que el agente de la intoxicación fue el cianuro, salvo que otra sustancia identifique las pruebas de laboratorio.
"Tenemos confirmado que fue cianuro, aunque no sabemos en qué lo ingirieron. Presumimos que fue el chorizo de soya, pero los peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinarán si realmente fue eso".
Por la contingencia, el resto de los pacientes, heridos y enfermos que eran atendidos en la Cruz Roja fueron trasladados a otros puestos y hospitales, mientras bomberos tapatíos y elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) acordonaron el exterior y restringieron el acceso a las instalaciones.
"Dejamos exclusivamente a los pacientes de este hecho, a los demás los enviamos a otros centros. Todo el personal utiliza trajes especiales para evitar más personas con daños, ya que incluso en un inicio tuvimos tres compañeros, dos paramédicos y un médico, con síntomas de intoxicación".
Entre tanto, cocineros y directivos del centro de rehabilitación declaran esta mañana ante un Agente del Ministerio Público sobre la procedencia y preparación de los alimentos.
Eventualmente se espera la identificación y la captura de los culpables.
Por si fuera poco, en la zona limítrofe entre los estados de Tamaulipas y Veracruz, fue descubierto, ese mismo día, en el libramiento El Moralillo-Tampico, un camión de 3.5 toneladas con placas del estado de Veracruz, en cuyo interior se encontraban los cuerpos de 13 personas.
A pesar de la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad pública federales en Veracruz, este fue el tercer hecho violento ocurrido en menos de una semana en la región, donde han muerto 39 personas. La zona en conflicto es parte del territorio que disputan Los Zetas y sus enemigos del cártel del Golfo, éste último apoyado por los grupos criminales de Sinaloa y de Michoacán.
Como fuera reportado por los DODOS, el 23 de diciembre de 2011, en el municipio de Tampico Alto, Veracruz, en los límites con el estado de Tamaulipas, se encontraron 10 cadáveres que fueron tirados por un grupo de la delincuencia organizada.
Un día antes, delincuentes dispararon contra tres autobuses de pasajeros matando a 11 personas.
Los 13 cadáveres del día 25 fueron encontrados en un camión “doble rodada” con dos narcomantas sobre el libramiento El Moralillo-Tampico, que colocaron ahí los asesinos y en las que se daba cuenta de que las muertes eran producto de la disputa que sostienen en la zona grupos criminales rivales.
lunes, 26 de diciembre de 2011
EL COCOTAZO: POSTALES PRENAVIDEÑAS
Por.- EL DODO DE GUARDIA
Al grito de vamos a embriagarnos y a matar pelados, según la información oficial, cinco sujetos armados asesinaron a 11 civiles en diversos puntos del municipio de Pánuco, Veracruz, y luego fueron abatidos al sostener un enfrentamiento con militares, el jueves 22 de diciembre de 2011.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) precisó que la Sexta Región Militar recibió un reporte ciudadano respecto a que en la carretera Pánuco-Tantoyuca varios sospechosos asaltaban autobuses de pasajeros y agredían a la población civil.
Al respecto, Gina Domínguez, vocera del gobierno estatal, indicó en entrevista radiofónica que los sujetos habían salido de un bar, ubicado en esa zona.
En su comunicado, la SEDENA abundó que militares se trasladaron al lugar y al efectuar reconocimientos localizaron a un grupo armado que comenzó a dispararles, por lo que repelieron la agresión y abatieron a cinco de ellos, además de que aseguraron cinco armas largas, 58 cargadores y un vehículo.
Indicó que los criminales asesinaron a tres personas que cargaban una camioneta de verduras en el poblado El Higo, municipio de Pánuco, y en otro punto arrojaron una granada que mató a otra persona.
Posteriormente, sobre la carretera a Tempoal, en el punto denominado la “Y” asaltaron un autobús y asesinaron a dos pasajeros.
Después continuaron sobre la misma carretera para detener a un segundo autobús sobre el que dispararon y provocaron la muerte de otras cuatro personas.
Para verificar lo sucedido, el conductor de un tercer autobús descendió del vehículo y también fue asesinado por los delincuentes.
La SEDENA condenó categóricamente estas acciones y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Por su parte, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ordenó reforzar la vigilancia de las carreteras al norte de la entidad y a través envió sus condolencias a los deudos.
Asimismo, anunció que se apoyará la instalación de un batallón militar en la zona del municipio de Tempoal, y reconoció la “pronta y efectiva respuesta de los elementos de la SEDENA”.
Mientras, la presidenta municipal de Tempoal, Sandra Malerva, exigió mayor seguridad, pues dijo que a pesar del patrullaje de las fuerzas armadas, se siguen presentando hechos de sangre como el ocurrido.
Por su parte, el diputado local del distrito de Tantoyuca, Guillebaldo Flores Lomán, lamentó que desde hace más de un año los ayuntamientos no tienen ninguna coordinación en materia de seguridad pública.
Luego del ataque a los autobuses, en la Central Camionera de Tampico, Tamaulipas, fueron suspendidas varias corridas de autobuses con destino a los municipios del norte de Veracruz.
Personal de esa base camionera indicó que la cancelación duró cuatro horas, fue de las 7:00 a las 11:00 de la mañana, y cientos de pasajeros fueron afectados.
Asimismo, el Consulado de Estados Unidos en Matamoros lanzó una nueva alerta de viaje a sus ciudadanos. A través de su página de internet, los exhorta a tener cuidado cuando viajen a Veracruz.
También pide a quienes residen, están de visita o planean atravesar zona que eviten los viajes nocturnos en zonas de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
La Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA) activó su protocolo para localizar a los afectados y familiares de las personas que perdieron la vida durante los ataques a tres autobuses en Veracruz.
Las preguntas que se nos ocurran no tendrán respuestas. Los atentados son muy ¿claros? Unos borrachos armados, gente inocente sacrificada, y luego los solados los despachan.
Así fueron las estampas prenavideñas de la violencia en México.
POSDATA:
El viernes 23 de diciembre, diez cuerpos decapitados y con huellas de tortura fueron abandonados en el norte de Veracruz, en los límites con Tamaulipas, pese a que la zona desde el pasado jueves es ampliamente vigilada por personal de la VI Región Militar, luego del ataque de un grupo armado contra civiles, que dejó un saldo de 11 muertos.
Y, conste que faltaban horas para la Navidad.
Al grito de vamos a embriagarnos y a matar pelados, según la información oficial, cinco sujetos armados asesinaron a 11 civiles en diversos puntos del municipio de Pánuco, Veracruz, y luego fueron abatidos al sostener un enfrentamiento con militares, el jueves 22 de diciembre de 2011.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) precisó que la Sexta Región Militar recibió un reporte ciudadano respecto a que en la carretera Pánuco-Tantoyuca varios sospechosos asaltaban autobuses de pasajeros y agredían a la población civil.
Al respecto, Gina Domínguez, vocera del gobierno estatal, indicó en entrevista radiofónica que los sujetos habían salido de un bar, ubicado en esa zona.
En su comunicado, la SEDENA abundó que militares se trasladaron al lugar y al efectuar reconocimientos localizaron a un grupo armado que comenzó a dispararles, por lo que repelieron la agresión y abatieron a cinco de ellos, además de que aseguraron cinco armas largas, 58 cargadores y un vehículo.
Indicó que los criminales asesinaron a tres personas que cargaban una camioneta de verduras en el poblado El Higo, municipio de Pánuco, y en otro punto arrojaron una granada que mató a otra persona.
Posteriormente, sobre la carretera a Tempoal, en el punto denominado la “Y” asaltaron un autobús y asesinaron a dos pasajeros.
Después continuaron sobre la misma carretera para detener a un segundo autobús sobre el que dispararon y provocaron la muerte de otras cuatro personas.
Para verificar lo sucedido, el conductor de un tercer autobús descendió del vehículo y también fue asesinado por los delincuentes.
La SEDENA condenó categóricamente estas acciones y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Por su parte, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ordenó reforzar la vigilancia de las carreteras al norte de la entidad y a través envió sus condolencias a los deudos.
Asimismo, anunció que se apoyará la instalación de un batallón militar en la zona del municipio de Tempoal, y reconoció la “pronta y efectiva respuesta de los elementos de la SEDENA”.
Mientras, la presidenta municipal de Tempoal, Sandra Malerva, exigió mayor seguridad, pues dijo que a pesar del patrullaje de las fuerzas armadas, se siguen presentando hechos de sangre como el ocurrido.
Por su parte, el diputado local del distrito de Tantoyuca, Guillebaldo Flores Lomán, lamentó que desde hace más de un año los ayuntamientos no tienen ninguna coordinación en materia de seguridad pública.
Luego del ataque a los autobuses, en la Central Camionera de Tampico, Tamaulipas, fueron suspendidas varias corridas de autobuses con destino a los municipios del norte de Veracruz.
Personal de esa base camionera indicó que la cancelación duró cuatro horas, fue de las 7:00 a las 11:00 de la mañana, y cientos de pasajeros fueron afectados.
Asimismo, el Consulado de Estados Unidos en Matamoros lanzó una nueva alerta de viaje a sus ciudadanos. A través de su página de internet, los exhorta a tener cuidado cuando viajen a Veracruz.
También pide a quienes residen, están de visita o planean atravesar zona que eviten los viajes nocturnos en zonas de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
La Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA) activó su protocolo para localizar a los afectados y familiares de las personas que perdieron la vida durante los ataques a tres autobuses en Veracruz.
Las preguntas que se nos ocurran no tendrán respuestas. Los atentados son muy ¿claros? Unos borrachos armados, gente inocente sacrificada, y luego los solados los despachan.
Así fueron las estampas prenavideñas de la violencia en México.
POSDATA:
El viernes 23 de diciembre, diez cuerpos decapitados y con huellas de tortura fueron abandonados en el norte de Veracruz, en los límites con Tamaulipas, pese a que la zona desde el pasado jueves es ampliamente vigilada por personal de la VI Región Militar, luego del ataque de un grupo armado contra civiles, que dejó un saldo de 11 muertos.
Y, conste que faltaban horas para la Navidad.
martes, 6 de diciembre de 2011
EL COCOTAZO: ¡HASTA LA HAYA!
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El viernes 26 de noviembre de 2011, un grupo de ciudadanos mexicanos, encabezados por el abogado Netzai Sandoval, presentó el pasado viernes una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el presidente de la República y su gabinete de seguridad, así como contra el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, por crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos durante la llamada guerra contra el crimen organizado.
En esta ocasión, al margen de posturas políticas, el hecho transpira el ánimo generalizado de la mayoría ciudadana nacional ante el terrible costo en vidas humanas que la cruzada calderonista ha traído.
No obstante, las primeras reacciones oficiales establecieron la negación absoluta de la realidad adversa que propició la irresponsabilidad operativa del titular del Poder Ejecutivo Federal.
Apegada al libro de plomería suicida para justificar al mandatario, la Presidencia de la República rechazó categóricamente “las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional”.
Reconoció que en la llamada guerra contra el crimen organizado se han registrado casos aislados de violaciones a los derechos humanos, pero “no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional”.
En un comunicado de prensa fechado el gobierno federal sostuvo que México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.
Por ello, “ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley”.
El gobierno de Felipe Calderón argumentó que, en dichas acciones, las fuerzas federales cumplen sus deberes constitucionales y legales, “señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la seguridad interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la seguridad pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos”.
Subrayó que tanto las instituciones militares como las corporaciones policíacas del orden federal se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.
“En los casos en que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes”, agregó.
“Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas”, puntualizó.
Ése no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo, remató.
Por su cuenta y riesgo, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que negó que en México exista un conflicto armado de carácter permanente, por lo que no se actualizan los supuestos establecidos en el Estatuto de Roma “para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre la situación en México”.
Planteó que “la política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y a proteger a todas y todos sus ciudadanos”.
La dependencia que encabeza Alejandro Poiré señaló que “para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional, se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el país.
“Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra, y por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido”.
La postura del gobierno señala que las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública de manera temporal sin sustituir a las autoridades locales y que “como nunca antes, se ha implementado, de manera sistemática y creciente, una política pública tendiente a fortalecer el Estado de derecho y a promover y respetar los derechos humanos”.
Al afirmar que existe una política de apertura al escrutinio internacional, la SEGOB sostuvo que las instancias de procuración de justicia realizan las acciones necesarias para sancionar a los responsables de cualquier delito o violación de los derechos humanos.
“La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las nacionales y por ende, actúa única y exclusivamente cuando un Estado no cuenta con la capacidad o con la disposición para actuar respecto de hechos que podrían llegar a constituir crímenes internacionales. En México no existe una falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole”.
¿Cómo explicarles, desde un contexto jurídico, tanto a la Presidencia como a la Secretaria de Gobernación que no se trata de un “ataque” de esos a los que poco faltó calificar de “traidores a la Patria”, sino de un ejercicio sano de mover las instancias al alcance de los mexicanos para frenar la guerra interna, de las que todos hablan y nadie reconoce?.
¿No les llama la atención que la postura internacional y la del electorado local sea el llamado a la paz y el regreso de las fuerzas de seguridad pública a un manejo menos idiota de la violencia?.
La preocupación no es ya la ceguera, sino la locura manifiesta de Felipe Calderón por respaldar los intereses nauseabundos que se benefician de esta masacre.
El viernes 26 de noviembre de 2011, un grupo de ciudadanos mexicanos, encabezados por el abogado Netzai Sandoval, presentó el pasado viernes una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el presidente de la República y su gabinete de seguridad, así como contra el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, por crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos durante la llamada guerra contra el crimen organizado.
En esta ocasión, al margen de posturas políticas, el hecho transpira el ánimo generalizado de la mayoría ciudadana nacional ante el terrible costo en vidas humanas que la cruzada calderonista ha traído.
No obstante, las primeras reacciones oficiales establecieron la negación absoluta de la realidad adversa que propició la irresponsabilidad operativa del titular del Poder Ejecutivo Federal.
Apegada al libro de plomería suicida para justificar al mandatario, la Presidencia de la República rechazó categóricamente “las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional”.
Reconoció que en la llamada guerra contra el crimen organizado se han registrado casos aislados de violaciones a los derechos humanos, pero “no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional”.
En un comunicado de prensa fechado el gobierno federal sostuvo que México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.
Por ello, “ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley”.
El gobierno de Felipe Calderón argumentó que, en dichas acciones, las fuerzas federales cumplen sus deberes constitucionales y legales, “señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la seguridad interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la seguridad pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos”.
Subrayó que tanto las instituciones militares como las corporaciones policíacas del orden federal se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.
“En los casos en que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes”, agregó.
“Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas”, puntualizó.
Ése no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo, remató.
Por su cuenta y riesgo, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que negó que en México exista un conflicto armado de carácter permanente, por lo que no se actualizan los supuestos establecidos en el Estatuto de Roma “para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre la situación en México”.
Planteó que “la política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y a proteger a todas y todos sus ciudadanos”.
La dependencia que encabeza Alejandro Poiré señaló que “para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional, se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el país.
“Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra, y por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido”.
La postura del gobierno señala que las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública de manera temporal sin sustituir a las autoridades locales y que “como nunca antes, se ha implementado, de manera sistemática y creciente, una política pública tendiente a fortalecer el Estado de derecho y a promover y respetar los derechos humanos”.
Al afirmar que existe una política de apertura al escrutinio internacional, la SEGOB sostuvo que las instancias de procuración de justicia realizan las acciones necesarias para sancionar a los responsables de cualquier delito o violación de los derechos humanos.
“La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las nacionales y por ende, actúa única y exclusivamente cuando un Estado no cuenta con la capacidad o con la disposición para actuar respecto de hechos que podrían llegar a constituir crímenes internacionales. En México no existe una falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole”.
¿Cómo explicarles, desde un contexto jurídico, tanto a la Presidencia como a la Secretaria de Gobernación que no se trata de un “ataque” de esos a los que poco faltó calificar de “traidores a la Patria”, sino de un ejercicio sano de mover las instancias al alcance de los mexicanos para frenar la guerra interna, de las que todos hablan y nadie reconoce?.
¿No les llama la atención que la postura internacional y la del electorado local sea el llamado a la paz y el regreso de las fuerzas de seguridad pública a un manejo menos idiota de la violencia?.
La preocupación no es ya la ceguera, sino la locura manifiesta de Felipe Calderón por respaldar los intereses nauseabundos que se benefician de esta masacre.
jueves, 3 de noviembre de 2011
EL COCOTAZO: LEGIONARIOS ARREGLISTAS
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
¿Será que no existe nada que el dinero no puede comprar? ¿Será que eventualmente todos tenemos un precio? ¿Será que también Dios es un hombre de negocios?.
Esperemos que no y que la justicia, aunque sea mínima, no se ponga a cotización.
El 26 de octubre de 2011, la agencia de noticia NOTIMEX dio a conocer una nota que rezó así.
Los Legionarios de Cristo alcanzaron una serie de acuerdos económicos con “cuatro o cinco personas” que alegaron haber sido víctimas de abusos sexuales de parte de su fundador, Marcial Maciel Degollado.
El cardenal Velasio De Paolis, delegado del Papa Benedicto XVI para la reforma de ese instituto, reveló que tras las negociaciones se abonaron cifras de entre 21 mil y 28 mil dólares, aunque no dio nombres ni cantidades exactas.
Aún queda pendiente resolver el caso de una persona que ha demandado “millones de dólares” como reparación al supuesto abuso sufrido, dijo a la prensa.
El vocero de la Legión en Roma, Andreas Schoggl, confirmó que estos acuerdos fueron establecidos como parte del trabajo de la Comisión de Acercamiento con las Víctimas, responsable de recibir las citadas denuncias, señaló.
Aclaró que aún no se presenta el reporte de ese grupo porque, según acuerdos previos, el mismo será dado a conocer al final del trabajo, que todavía se mantiene abierto.
La comisión de acercamiento constituye una de las medidas impulsadas por el mismo De Paolis como parte del proceso de reforma que viven los legionarios, envueltos en una profunda crisis tras el reconocimiento público del Vaticano a los delitos del fundador.
En mayo de 2006 la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano sancionó con la suspensión “ad divinis” a Marcial Maciel tras investigar las denuncias de abuso contra menores presentadas en 1998 por ocho exmiembros de los Legionarios de Cristo.
En la frialdad de los números, considerando el acervo financiero de los Legionarios, los delitos le salieron barato, y aunque el perjuicio moral y psicológico permanezca, billetes más o billetes menos bastan para voltear la página y curarse en salud.
¿Cómo es posible confiar en una institución, afincada en la educación, por ejemplo, cuyo fundador resultó tan decadente y tan afín a la malignidad que teóricamente perseguía?.
No cuestionamos las razones de los acuerdos monetarios, pero aun así, queda una gigantesca deuda con la cristiandad que no se ve manera de saldarla.
Lejos de ufanarse, los Legionarios deberían de hacer un acto de constricción personal, privado y establecer que, después de Maciel, toda elevada espiritualidad está lejana a ellos. Quizás, sea estúpido, inocente o infantil, partiendo del pragmatismo del Papa Benedicto XVI, sin embargo, nos negamos a aceptar que con la billetera en mano, el sentido universal de la justicia se dé por satisfecho.
Los mal nacidos están reduciendo a Cristo en una tapadera para blanquear su perversidad.
¿Será que no existe nada que el dinero no puede comprar? ¿Será que eventualmente todos tenemos un precio? ¿Será que también Dios es un hombre de negocios?.
Esperemos que no y que la justicia, aunque sea mínima, no se ponga a cotización.
El 26 de octubre de 2011, la agencia de noticia NOTIMEX dio a conocer una nota que rezó así.
Los Legionarios de Cristo alcanzaron una serie de acuerdos económicos con “cuatro o cinco personas” que alegaron haber sido víctimas de abusos sexuales de parte de su fundador, Marcial Maciel Degollado.
El cardenal Velasio De Paolis, delegado del Papa Benedicto XVI para la reforma de ese instituto, reveló que tras las negociaciones se abonaron cifras de entre 21 mil y 28 mil dólares, aunque no dio nombres ni cantidades exactas.
Aún queda pendiente resolver el caso de una persona que ha demandado “millones de dólares” como reparación al supuesto abuso sufrido, dijo a la prensa.
El vocero de la Legión en Roma, Andreas Schoggl, confirmó que estos acuerdos fueron establecidos como parte del trabajo de la Comisión de Acercamiento con las Víctimas, responsable de recibir las citadas denuncias, señaló.
Aclaró que aún no se presenta el reporte de ese grupo porque, según acuerdos previos, el mismo será dado a conocer al final del trabajo, que todavía se mantiene abierto.
La comisión de acercamiento constituye una de las medidas impulsadas por el mismo De Paolis como parte del proceso de reforma que viven los legionarios, envueltos en una profunda crisis tras el reconocimiento público del Vaticano a los delitos del fundador.
En mayo de 2006 la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano sancionó con la suspensión “ad divinis” a Marcial Maciel tras investigar las denuncias de abuso contra menores presentadas en 1998 por ocho exmiembros de los Legionarios de Cristo.
En la frialdad de los números, considerando el acervo financiero de los Legionarios, los delitos le salieron barato, y aunque el perjuicio moral y psicológico permanezca, billetes más o billetes menos bastan para voltear la página y curarse en salud.
¿Cómo es posible confiar en una institución, afincada en la educación, por ejemplo, cuyo fundador resultó tan decadente y tan afín a la malignidad que teóricamente perseguía?.
No cuestionamos las razones de los acuerdos monetarios, pero aun así, queda una gigantesca deuda con la cristiandad que no se ve manera de saldarla.
Lejos de ufanarse, los Legionarios deberían de hacer un acto de constricción personal, privado y establecer que, después de Maciel, toda elevada espiritualidad está lejana a ellos. Quizás, sea estúpido, inocente o infantil, partiendo del pragmatismo del Papa Benedicto XVI, sin embargo, nos negamos a aceptar que con la billetera en mano, el sentido universal de la justicia se dé por satisfecho.
Los mal nacidos están reduciendo a Cristo en una tapadera para blanquear su perversidad.
lunes, 24 de octubre de 2011
EL COCOTAZO: PARA DECIR PENDEJADAS
POR.- EL DODO DE HUMOR NEGRO
A falta de recursos políticos, un poco de grilla sucia. En la ya citada hasta la saciedad entrevista que Felipe Calderón diera al diario estadounidense The New York Times, el quince de octubre de 2011, sostuvo que muchos priístas sostienen la viabilidad de un pacto con el crimen organizado para resolver el problema de la violencia.
La afirmación tuvo más tintes propagandísticos que una seria deducción gubernamental. Para el responsable de las 43 mil muertes, que acumula la cruzada fallida contra la delincuencia, la sangre carece de un valor sustancial.
“Es posible que algunos se acordarán de mí por eso, o quisieran que se me recordara por eso. Pero si triunfa México como estoy seguro de que lo hará, si México cuenta con instituciones nuevas en el futuro, si somete a los criminales, si reconstruye su tejido social, también habrá aquellos que me recuerden como el Presidente que se atrevió a atacar a los criminales e indicar el largo camino de reconstrucción institucional del país”.
En una incoherencia irreprochable, después de aventar la pedrada contra el Partido Revolucionario Institucional, aseguró “Depende de quién se trate. Hay muchos en el PRI que están de acuerdo con la política que tengo, al menos eso es lo que dicen en secreto, mientras que públicamente dicen otra cosa. Hay muchos que piensan que los pactos del pasado podrían funcionar ahora, no se cuáles, pero es la mentalidad que ellos tienen. Si esa opinión prevalece me preocuparía”.
Por supuesto que conociendo la habilidad trinquetera de los dinos tricolores podemos esperar cualquier chaquetazo. Sin embargo, si Felipe Calderón está seguro de la simpatía de los opositores por qué soltar el guamazo y guardar la mando.
Como pavimentando el gran golpe mediático del sexenio, el presidente comentó que las fuerzas armadas han estado cerca de capturar al líder del cártel del Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien se fugó del penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001. “El Ejército mexicano, probablemente un par de veces ha estado en el lugar donde horas antes ha estado El Chapo. Pero tarde o temprano caerá, así como otros líderes”.
No obstante, la eventual captura del capo no garantiza nada que no sea la continuación de la violencia por el encumbramiento del siguiente líder del cártel. Sin faltar, por supuesto, las hipótesis de que los arreglos del delincuente con el actual gobierno se deterioran hasta facilitar la aprehensión.
Un día después de los fraudulentos “Diálogos por la paz”, Calderón escondió el bulto amparándose en la ficción jurídica.
“La construcción de un nuevo contexto jurídico, de un andamiaje nuevo, es lo que permitirá a la estrategia de seguridad el convertirse en política de Estado, y no un problema para este u otro Presidente”.
Sin faltar el tinte melodramático, el entrevistado regresó al punto común de que no haber actuado contra el crimen organizado el país se hubiera deteriorado más, “lo que puedo decir es que México será más seguro… imagínate a mí, Presidente de México, esperando cinco o diez años (para actuar) mientras los criminales vienen a tu casa, se aprovechan de tu gente tomando el control de los gobiernos que quisieran, ¡es absurdo!”.
Cual fanático que es, Calderón sólo se arrepiente de una cosa; no haber sido más agresivo para reconstruir las policías locales desde el inicio, “lo hubiéramos hecho de una manera más agresiva, mucho más determinada al comenzar”.
Que su delfín o su hermana anden sueltos tratando de ganar votaciones sin electores o que los números reales de su gestión no sirvan para valiente madre, son asuntos que no le tocan, que no ve y que, finalmente, le tienen sin cuidado.
Ahí descansan las palabras, esperando la reconstrucción de la infamia, y las decenas de declaraciones inútiles de los implicados habituales que tampoco urgen el regreso de la paz al país.
A falta de recursos políticos, un poco de grilla sucia. En la ya citada hasta la saciedad entrevista que Felipe Calderón diera al diario estadounidense The New York Times, el quince de octubre de 2011, sostuvo que muchos priístas sostienen la viabilidad de un pacto con el crimen organizado para resolver el problema de la violencia.
La afirmación tuvo más tintes propagandísticos que una seria deducción gubernamental. Para el responsable de las 43 mil muertes, que acumula la cruzada fallida contra la delincuencia, la sangre carece de un valor sustancial.
“Es posible que algunos se acordarán de mí por eso, o quisieran que se me recordara por eso. Pero si triunfa México como estoy seguro de que lo hará, si México cuenta con instituciones nuevas en el futuro, si somete a los criminales, si reconstruye su tejido social, también habrá aquellos que me recuerden como el Presidente que se atrevió a atacar a los criminales e indicar el largo camino de reconstrucción institucional del país”.
En una incoherencia irreprochable, después de aventar la pedrada contra el Partido Revolucionario Institucional, aseguró “Depende de quién se trate. Hay muchos en el PRI que están de acuerdo con la política que tengo, al menos eso es lo que dicen en secreto, mientras que públicamente dicen otra cosa. Hay muchos que piensan que los pactos del pasado podrían funcionar ahora, no se cuáles, pero es la mentalidad que ellos tienen. Si esa opinión prevalece me preocuparía”.
Por supuesto que conociendo la habilidad trinquetera de los dinos tricolores podemos esperar cualquier chaquetazo. Sin embargo, si Felipe Calderón está seguro de la simpatía de los opositores por qué soltar el guamazo y guardar la mando.
Como pavimentando el gran golpe mediático del sexenio, el presidente comentó que las fuerzas armadas han estado cerca de capturar al líder del cártel del Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien se fugó del penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001. “El Ejército mexicano, probablemente un par de veces ha estado en el lugar donde horas antes ha estado El Chapo. Pero tarde o temprano caerá, así como otros líderes”.
No obstante, la eventual captura del capo no garantiza nada que no sea la continuación de la violencia por el encumbramiento del siguiente líder del cártel. Sin faltar, por supuesto, las hipótesis de que los arreglos del delincuente con el actual gobierno se deterioran hasta facilitar la aprehensión.
Un día después de los fraudulentos “Diálogos por la paz”, Calderón escondió el bulto amparándose en la ficción jurídica.
“La construcción de un nuevo contexto jurídico, de un andamiaje nuevo, es lo que permitirá a la estrategia de seguridad el convertirse en política de Estado, y no un problema para este u otro Presidente”.
Sin faltar el tinte melodramático, el entrevistado regresó al punto común de que no haber actuado contra el crimen organizado el país se hubiera deteriorado más, “lo que puedo decir es que México será más seguro… imagínate a mí, Presidente de México, esperando cinco o diez años (para actuar) mientras los criminales vienen a tu casa, se aprovechan de tu gente tomando el control de los gobiernos que quisieran, ¡es absurdo!”.
Cual fanático que es, Calderón sólo se arrepiente de una cosa; no haber sido más agresivo para reconstruir las policías locales desde el inicio, “lo hubiéramos hecho de una manera más agresiva, mucho más determinada al comenzar”.
Que su delfín o su hermana anden sueltos tratando de ganar votaciones sin electores o que los números reales de su gestión no sirvan para valiente madre, son asuntos que no le tocan, que no ve y que, finalmente, le tienen sin cuidado.
Ahí descansan las palabras, esperando la reconstrucción de la infamia, y las decenas de declaraciones inútiles de los implicados habituales que tampoco urgen el regreso de la paz al país.
martes, 4 de octubre de 2011
EL COCOTAZO: A RETRACTARSE...DE PALABRA
POR.- EL DODO DE HUMOR NEGRO
Después que sintieran, no lo duro, si no lo tupido, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron una serie de movimientos para capotear el temporal suscitado por votar a favor del conservadurismo retrograda de las leyes antiaborto en Baja California y San Luis Potosí.
La ministra Olga Sánchez Cordero, en una entrevista radiofónica, apuntó que la Suprema Corte no emitió ningún fallo sobre la constitucionalidad de esas leyes y que no triunfó ninguna postura, debido a que sólo se desestimó la acción, lo que permitirá a las mujeres que sientan vulnerados sus derechos recurrir al amparo.
“Para la validez de una norma, para su declaratoria de constitucionalidad, se requieren únicamente seis votos, es una mayoría simple en la cual se declara la validez de la norma, pero para la invalidez se requieren, como acaban ustedes de precisar, los ocho votos; sin embargo, cuando no se alcanzan estos ocho votos la votación queda como ha quedado en estos días.
En el tema la Corte no resolvió, no hay resolución, simplemente hay una desestimación de la acción, pero la SCJN no se pronunció sobre la validez o sobre la invalidez, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Creo que esto los medios no lo han manejado, porque no conocen este mecanismo tan jurídico y tan técnico...
El término desestimar significa que no hay pronunciamiento de la Corte sobre su validez, ni tampoco sobre su invalidez, es decir no hay triunfo, para decirlo en términos muy llanos, ninguna de las dos posiciones, simplemente la Corte archiva el asunto. Esto no cancela que algunas gobernadas en Baja California o en San Luis Potosí pudieran tener acceso a otros medios de control constitucional, como pudiera ser el amparo”
En el caso de Baja California, cuando una persona impugne, “dependiendo de cuál ha sido su derecho que ha sido vulnerado, por supuesto se lleva a la Corte y con los argumentos que llegue, obviamente impugnará la inconstitucionalidad de la norma, que eso sería por lo cual nosotros seríamos competentes para revisar nuevamente su constitucionalidad”.
La ministra resaltó que el caso puede revisarse de nueva cuenta, “podría la Corte volver a revisar la constitucionalidad de este precepto y pronunciarse en relación con el caso concreto, que ahí sí no se requiere de una mayoría calificada, sólo una mayoría simple para poder conceder el amparo. En este caso no quedan canceladas otras vías de control constitucional”.
La ministra recalcó que la Corte no decide por cuestiones morales o religiosas, sino por convicciones jurídicas, y que no sería válido interponer una decisión constitucional a un prejuicio moral ni una premisa religiosa.
Sin embargo, a partir de lo dicho por el obispo de Mexicali, Baja California, José Isidro Guerrero Macías, quien afirmó que una llamada telefónica del Papa cambió el voto en la SCJN, unas horas después de conocerse públicamente el veredicto, movió los engranajes del poder que rápidamente se pronunció en contra de la existencia de una línea.
La presión generada hizo necesario que el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, desmintiera la existencia de una llamada del Papa Benedicto XVI a México para incidir en el debate sobre el derecho a la vida, y asegurara que esa versión “carece de fundamento”.
“La versión no tiene fundamento, se debería preguntar al obispo de dónde obtuvo esa información. De todas maneras es muy raro que el Papa haya presionado por teléfono”.
En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó la postura dada a conocer por el Vaticano, en el sentido de que Benedicto XVI influyó en los debates de la Corte.
Señaló que el Papa, “siempre respetuoso de la vida interna de las naciones” no acostumbra interferir en la vida interna de las naciones, y no lo hizo en este caso.
Por consiguiente, en un comunicado, el obispado de Mexicali se retractó de la llamada que el Papa realizó a México para favorecer la ley antiaborto.
Por lo que asume las declaraciones de la Santa Sede y del Episcopado al negar la intervención de Benedicto XVI en las decisiones de la SCJN.
No obstante, queda una interrogante: si era una mentira porqué el obispo de Mexicali se aventó la “puntada” de enrarecer más el ambiente.
Aunque digan misa queda en el aire la posibilidad que desde la Presidencia de la República hubo mano negra en la votación de la SCJN, sin excluir la fijación de la Iglesia Católica por reducir las maniobras civiles en contra de sus intereses.
Después que sintieran, no lo duro, si no lo tupido, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron una serie de movimientos para capotear el temporal suscitado por votar a favor del conservadurismo retrograda de las leyes antiaborto en Baja California y San Luis Potosí.
La ministra Olga Sánchez Cordero, en una entrevista radiofónica, apuntó que la Suprema Corte no emitió ningún fallo sobre la constitucionalidad de esas leyes y que no triunfó ninguna postura, debido a que sólo se desestimó la acción, lo que permitirá a las mujeres que sientan vulnerados sus derechos recurrir al amparo.
“Para la validez de una norma, para su declaratoria de constitucionalidad, se requieren únicamente seis votos, es una mayoría simple en la cual se declara la validez de la norma, pero para la invalidez se requieren, como acaban ustedes de precisar, los ocho votos; sin embargo, cuando no se alcanzan estos ocho votos la votación queda como ha quedado en estos días.
En el tema la Corte no resolvió, no hay resolución, simplemente hay una desestimación de la acción, pero la SCJN no se pronunció sobre la validez o sobre la invalidez, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Creo que esto los medios no lo han manejado, porque no conocen este mecanismo tan jurídico y tan técnico...
El término desestimar significa que no hay pronunciamiento de la Corte sobre su validez, ni tampoco sobre su invalidez, es decir no hay triunfo, para decirlo en términos muy llanos, ninguna de las dos posiciones, simplemente la Corte archiva el asunto. Esto no cancela que algunas gobernadas en Baja California o en San Luis Potosí pudieran tener acceso a otros medios de control constitucional, como pudiera ser el amparo”
En el caso de Baja California, cuando una persona impugne, “dependiendo de cuál ha sido su derecho que ha sido vulnerado, por supuesto se lleva a la Corte y con los argumentos que llegue, obviamente impugnará la inconstitucionalidad de la norma, que eso sería por lo cual nosotros seríamos competentes para revisar nuevamente su constitucionalidad”.
La ministra resaltó que el caso puede revisarse de nueva cuenta, “podría la Corte volver a revisar la constitucionalidad de este precepto y pronunciarse en relación con el caso concreto, que ahí sí no se requiere de una mayoría calificada, sólo una mayoría simple para poder conceder el amparo. En este caso no quedan canceladas otras vías de control constitucional”.
La ministra recalcó que la Corte no decide por cuestiones morales o religiosas, sino por convicciones jurídicas, y que no sería válido interponer una decisión constitucional a un prejuicio moral ni una premisa religiosa.
Sin embargo, a partir de lo dicho por el obispo de Mexicali, Baja California, José Isidro Guerrero Macías, quien afirmó que una llamada telefónica del Papa cambió el voto en la SCJN, unas horas después de conocerse públicamente el veredicto, movió los engranajes del poder que rápidamente se pronunció en contra de la existencia de una línea.
La presión generada hizo necesario que el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, desmintiera la existencia de una llamada del Papa Benedicto XVI a México para incidir en el debate sobre el derecho a la vida, y asegurara que esa versión “carece de fundamento”.
“La versión no tiene fundamento, se debería preguntar al obispo de dónde obtuvo esa información. De todas maneras es muy raro que el Papa haya presionado por teléfono”.
En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó la postura dada a conocer por el Vaticano, en el sentido de que Benedicto XVI influyó en los debates de la Corte.
Señaló que el Papa, “siempre respetuoso de la vida interna de las naciones” no acostumbra interferir en la vida interna de las naciones, y no lo hizo en este caso.
Por consiguiente, en un comunicado, el obispado de Mexicali se retractó de la llamada que el Papa realizó a México para favorecer la ley antiaborto.
Por lo que asume las declaraciones de la Santa Sede y del Episcopado al negar la intervención de Benedicto XVI en las decisiones de la SCJN.
No obstante, queda una interrogante: si era una mentira porqué el obispo de Mexicali se aventó la “puntada” de enrarecer más el ambiente.
Aunque digan misa queda en el aire la posibilidad que desde la Presidencia de la República hubo mano negra en la votación de la SCJN, sin excluir la fijación de la Iglesia Católica por reducir las maniobras civiles en contra de sus intereses.
viernes, 30 de septiembre de 2011
EL COCOTAZO: EL EMPLEO ¿AUGUSTO?
POR.- EL DODO DE HUMOR NEGRO
Inmersos en el asunto de alinearse para la “grande”, los grillos ignoran la pésima realidad ciudadana que han construido y escuchan voces ultraterrenas, que les inspiran a seguir en la brega del interés “colectivo” y la trillada preocupación por “México”.
Para refrescarles la memoria, aunque sabemos que no tienen, traemos los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre empleo.
El desempleo en el país repuntó en agosto y se mantuvo por arriba de los niveles previos a la recesión iniciada en 2008.
En el país, la tasa de desocupación fue de 5.79% de la Población Económicamente Activa (PEA) en agosto de 2011, porcentaje superior al del mismo mes de 2010, cuando se situó en 5.44%.
Dos millones 885 mil personas estuvieron desempleadas en agosto, unas 225 mil personas más que en julio.
Los datos desestacionalizados muestran que en el octavo mes de 2011 la tasa de desempleo alcanzó 5.44% de la fuerza laboral o PEA, nivel superior al del mes previo, de 5.28% de la PEA.
Las mujeres son las más afectadas. La tasa en los hombres registró un aumento, al pasar de 5.10% en agosto de 2010 a 5.53% en igual mes de 2011, y la de las mujeres se incrementó de 5.99% a 6.22% en el mismo lapso.
Al considerar solamente el conjunto de 32 principales áreas urbanas del país, la desocupación en este ámbito significó 6.46% de la PEA en el mes en cuestión, tasa mayor en 0.30 puntos a la observada en el octavo mes de 2010.
La desocupación creció 0.06 puntos porcentuales respecto a julio pasado.
En el mes que se reporta, un 29.2% de los desocupados no completó los estudios de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 70.8 por ciento.
De cara a un periodo de nueva incertidumbre y desaceleración de la economía global, el subempleo, esto es, la que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, también creció en agosto.
A este respecto, la población subocupada, representó 9% de la población ocupada.
Esta proporción es superior a la del mismo mes de un año antes, cuando se ubicó en 8.7 por ciento.
El porcentaje de subocupación es más alto en los hombres que en las mujeres, correspondiendo a esta categoría el 10% de la población ocupada masculina frente al 7.3% de la femenina, en agosto de este año.
En su comparación mensual, este indicador reportó un aumento de 0.13 puntos porcentuales en agosto del presente año respecto al mes inmediato anterior.
Organismos internacionales sugirieron al Gobierno Federal destinar recursos a programas de apoyo al empleo o al ingreso a las personas más vulnerables ante la situación actual de desaceleración económica global.
En aclaraciones finales notamos que la vulnerabilidad laboral de las mujeres obedece a la tendencia empresarial de inclinarse a contratar a este género como primera opción, más por ventajas salariales que por reconocimiento civil.
El desempleo en la población de mayores estudios es una constante lógica en un país en que se honra de instrucción profesional, pero ni en calidad académica ni en la aceptación de los empleadores existe el requisito formal de pagar efectivamente por el talento y la preparación que demandan.
Y la grilla preocupada por el siguiente caudillo o caudilla.
Inmersos en el asunto de alinearse para la “grande”, los grillos ignoran la pésima realidad ciudadana que han construido y escuchan voces ultraterrenas, que les inspiran a seguir en la brega del interés “colectivo” y la trillada preocupación por “México”.
Para refrescarles la memoria, aunque sabemos que no tienen, traemos los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre empleo.
El desempleo en el país repuntó en agosto y se mantuvo por arriba de los niveles previos a la recesión iniciada en 2008.
En el país, la tasa de desocupación fue de 5.79% de la Población Económicamente Activa (PEA) en agosto de 2011, porcentaje superior al del mismo mes de 2010, cuando se situó en 5.44%.
Dos millones 885 mil personas estuvieron desempleadas en agosto, unas 225 mil personas más que en julio.
Los datos desestacionalizados muestran que en el octavo mes de 2011 la tasa de desempleo alcanzó 5.44% de la fuerza laboral o PEA, nivel superior al del mes previo, de 5.28% de la PEA.
Las mujeres son las más afectadas. La tasa en los hombres registró un aumento, al pasar de 5.10% en agosto de 2010 a 5.53% en igual mes de 2011, y la de las mujeres se incrementó de 5.99% a 6.22% en el mismo lapso.
Al considerar solamente el conjunto de 32 principales áreas urbanas del país, la desocupación en este ámbito significó 6.46% de la PEA en el mes en cuestión, tasa mayor en 0.30 puntos a la observada en el octavo mes de 2010.
La desocupación creció 0.06 puntos porcentuales respecto a julio pasado.
En el mes que se reporta, un 29.2% de los desocupados no completó los estudios de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 70.8 por ciento.
De cara a un periodo de nueva incertidumbre y desaceleración de la economía global, el subempleo, esto es, la que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, también creció en agosto.
A este respecto, la población subocupada, representó 9% de la población ocupada.
Esta proporción es superior a la del mismo mes de un año antes, cuando se ubicó en 8.7 por ciento.
El porcentaje de subocupación es más alto en los hombres que en las mujeres, correspondiendo a esta categoría el 10% de la población ocupada masculina frente al 7.3% de la femenina, en agosto de este año.
En su comparación mensual, este indicador reportó un aumento de 0.13 puntos porcentuales en agosto del presente año respecto al mes inmediato anterior.
Organismos internacionales sugirieron al Gobierno Federal destinar recursos a programas de apoyo al empleo o al ingreso a las personas más vulnerables ante la situación actual de desaceleración económica global.
En aclaraciones finales notamos que la vulnerabilidad laboral de las mujeres obedece a la tendencia empresarial de inclinarse a contratar a este género como primera opción, más por ventajas salariales que por reconocimiento civil.
El desempleo en la población de mayores estudios es una constante lógica en un país en que se honra de instrucción profesional, pero ni en calidad académica ni en la aceptación de los empleadores existe el requisito formal de pagar efectivamente por el talento y la preparación que demandan.
Y la grilla preocupada por el siguiente caudillo o caudilla.
lunes, 19 de septiembre de 2011
EL COCOTAZO: LA PROPUESTA FREGADA DEL PRESUPUESTO
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
¿Por qué debía de ser diferente? Es el tramo final de un sexenio fracasado y es obligado sacar las castañas del fuego a costa del contribuyente.
En el último año de gobierno del presidente Felipe Calderón, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2012 privilegia el gasto corriente por encima de la inversión.
El PEF para 2012 contempla una tasa anual de crecimiento de 10.04%, en promedio.
En 2011, se contabilizó un billón 976 mil 305 millones de pesos; para 2012, se proyectó 2 billones 174 mil 795 millones de pesos de gasto corriente.
Los sueldos para la burocracia federal representan una tercera parte del gasto corriente.
En México, el gasto corriente se compone de erogaciones en servicios personales (sueldos y salarios), pensiones, subsidios y otros conceptos.
En el presupuesto para 2012, los servicios personales pasarían de 562 mil 372 millones de pesos a 617 mil 382 millones de pesos, una tasa de crecimiento anual de 9.78%.
¿Y cómo no va a crecer el gasto burocrático, si para el presidente la solución de los problemas es la creación de nuevas dependencias que sólo sirven para darle la vuelta a la vuelta y apuntar a más cuates a la nómina?.
En esa mentalidad, en lo que cabe, hasta sale barato contratar a tanto inútil.
La actual administración afirma que tiene el mayor gasto de inversión en la historia, pero en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se registra una contracción de 3.22% en el gasto de inversión.
La Cámara de Diputados aprobó para 2011 un gasto de 646 mil 222 millones de pesos de erogaciones en infraestructura, pero el gasto de inversión de 2012 será de 625 mil 420 millones de pesos.
Esta conducta numérica es resultado de estrategias administrativas que consienten sectores de acuerdo a criterios esotéricos y medio fraudulentos. La cercanía personal con el Poder Ejecutivo de los responsables agranda o acorta el suministro de recursos.
Y metidos en esto de la mal llamada democracia autóctona, en año electoral, el Instituto Federal Electoral pretende gastar 6 mil 644 millones de pesos en servicios personales, cuando en 2011 destinó 4 mil 630 millones de pesos. Todo, eso sí, en honor a la legalidad y transparencia de un proceso amañado.
En esa cascada de aumentos propuesta por el PEF 2012 están: Seguridad Pública, 19.4%; Tribunales Agrarios, 19%; Trabajo y Previsión Social, 17.8% y Presidencia de 17.5%. Atrae el punto de los tribunales agrarios, en especial, por la nula preocupación ancestral manifiesta en los sexenios pasados.
El Poder Legislativo planea realizar un gasto para el pago de sueldos y salarios por 6 mil 382 millones de pesos, 17.5% superior a 5 mil 475 millones de pesos que se solicitaron en 2011.
El Poder Judicial contempló, para el siguiente año, 36 mil 65 millones de pesos para sueldos y salarios, nivel que es superior a los 32 mil 836 millones de pesos de 2011.
Y a pesar de que en propuesta, el presupuesto privilegia a los de siempre, es probable que estos dos últimos referentes que involucran a los compinches gobernantes, pase sin mayores raspones.
El gasto de inversión en Energía tiene una contracción de 100%; Agricultura de 72%; Salud está abajo en 40.8% y 37% Educación Pública.
La reducción del gasto en capital destinado a Comunicaciones y Transportes, Salud, Educación y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instala el manual operativo del calderonismo. “Harta administración, poca eficiencia”.
¿Por qué debía de ser diferente? Es el tramo final de un sexenio fracasado y es obligado sacar las castañas del fuego a costa del contribuyente.
En el último año de gobierno del presidente Felipe Calderón, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2012 privilegia el gasto corriente por encima de la inversión.
El PEF para 2012 contempla una tasa anual de crecimiento de 10.04%, en promedio.
En 2011, se contabilizó un billón 976 mil 305 millones de pesos; para 2012, se proyectó 2 billones 174 mil 795 millones de pesos de gasto corriente.
Los sueldos para la burocracia federal representan una tercera parte del gasto corriente.
En México, el gasto corriente se compone de erogaciones en servicios personales (sueldos y salarios), pensiones, subsidios y otros conceptos.
En el presupuesto para 2012, los servicios personales pasarían de 562 mil 372 millones de pesos a 617 mil 382 millones de pesos, una tasa de crecimiento anual de 9.78%.
¿Y cómo no va a crecer el gasto burocrático, si para el presidente la solución de los problemas es la creación de nuevas dependencias que sólo sirven para darle la vuelta a la vuelta y apuntar a más cuates a la nómina?.
En esa mentalidad, en lo que cabe, hasta sale barato contratar a tanto inútil.
La actual administración afirma que tiene el mayor gasto de inversión en la historia, pero en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se registra una contracción de 3.22% en el gasto de inversión.
La Cámara de Diputados aprobó para 2011 un gasto de 646 mil 222 millones de pesos de erogaciones en infraestructura, pero el gasto de inversión de 2012 será de 625 mil 420 millones de pesos.
Esta conducta numérica es resultado de estrategias administrativas que consienten sectores de acuerdo a criterios esotéricos y medio fraudulentos. La cercanía personal con el Poder Ejecutivo de los responsables agranda o acorta el suministro de recursos.
Y metidos en esto de la mal llamada democracia autóctona, en año electoral, el Instituto Federal Electoral pretende gastar 6 mil 644 millones de pesos en servicios personales, cuando en 2011 destinó 4 mil 630 millones de pesos. Todo, eso sí, en honor a la legalidad y transparencia de un proceso amañado.
En esa cascada de aumentos propuesta por el PEF 2012 están: Seguridad Pública, 19.4%; Tribunales Agrarios, 19%; Trabajo y Previsión Social, 17.8% y Presidencia de 17.5%. Atrae el punto de los tribunales agrarios, en especial, por la nula preocupación ancestral manifiesta en los sexenios pasados.
El Poder Legislativo planea realizar un gasto para el pago de sueldos y salarios por 6 mil 382 millones de pesos, 17.5% superior a 5 mil 475 millones de pesos que se solicitaron en 2011.
El Poder Judicial contempló, para el siguiente año, 36 mil 65 millones de pesos para sueldos y salarios, nivel que es superior a los 32 mil 836 millones de pesos de 2011.
Y a pesar de que en propuesta, el presupuesto privilegia a los de siempre, es probable que estos dos últimos referentes que involucran a los compinches gobernantes, pase sin mayores raspones.
El gasto de inversión en Energía tiene una contracción de 100%; Agricultura de 72%; Salud está abajo en 40.8% y 37% Educación Pública.
La reducción del gasto en capital destinado a Comunicaciones y Transportes, Salud, Educación y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instala el manual operativo del calderonismo. “Harta administración, poca eficiencia”.
miércoles, 14 de septiembre de 2011
EL COCOTAZO: LA PROCURADURIA SOCIAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El Diario Oficial de la Federación publicó el 6 de septiembre de 2011 el decreto de la Presidencia de la República por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado.
El organismo brindará atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas; coadyuvará al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en esta materia; y diseñará y ejecutará políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos.
Dicha procuraduría se ubicará en la Ciudad de México y podrá establecer las instalaciones y mecanismos de enlace en entidades federativas; proporcionará a las víctimas u ofendidos asistencia médica, psicológica especializada, orientación y asesoría jurídica, así como apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.
Además brindará subsidios o ayudas previstos en los programas, entre otros, gastos funerarios, becas, compensaciones, seguros médicos o, en su caso, podrá otorgarlos directamente a víctimas u ofendidos de delitos federales.
El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y será administrado y operado por una Junta de Gobierno, que incluye a los representantes de las secretarías de Gobernación, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Publico, Desarrollo Social, Salud y un procurador.
Asimismo, establece que la Junta de Gobierno del organismo deberá instalarse dentro de los 30 días naturales siguientes a su publicación.
Honestamente deprime la celeridad con la que Felipe Calderón atiende las formas y no los contenidos. ¡Qué triste! que en un país, hasta hace un sexenio no padecía tanta barbarie, se tenga que institucionalizar una dependencia para atender a las víctimas de una guerra decretada a espaldas del pueblo.
Están por supuestos los coros pro gubernamentales que aplaudirán la “sensibilidad del Ejecutivo” al proponer una ayuda pública a los afectados. Sin embargo, ¿es necesario sacrificar a miles de ciudadanos nada más por el fin político?. ¿Cuál es la utilidad de inventar una Procuraduría tentada a durar solo un año a causa de su circunstancial origen?.
Calderón se va perdido en la terquedad horrible y lo que haga tendrá un fin desgraciado, simplemente porque el siguiente presidente cortará cualquier herencia de este mandato. La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos será un triste monumento a la mala decisión de los mexicanos al dejar el mando en las manos peores calificadas.
La intromisión burocrática en el dolor de los necesitados es una manera estéril de devolverles el equilibrio que tenían. Desgraciadamente, la creencia presidencial en que los decretos resuelven por sí mismos las tragedias, ofrece un ridículo placebo de solución real.
El Diario Oficial de la Federación publicó el 6 de septiembre de 2011 el decreto de la Presidencia de la República por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado.
El organismo brindará atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas; coadyuvará al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en esta materia; y diseñará y ejecutará políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos.
Dicha procuraduría se ubicará en la Ciudad de México y podrá establecer las instalaciones y mecanismos de enlace en entidades federativas; proporcionará a las víctimas u ofendidos asistencia médica, psicológica especializada, orientación y asesoría jurídica, así como apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.
Además brindará subsidios o ayudas previstos en los programas, entre otros, gastos funerarios, becas, compensaciones, seguros médicos o, en su caso, podrá otorgarlos directamente a víctimas u ofendidos de delitos federales.
El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y será administrado y operado por una Junta de Gobierno, que incluye a los representantes de las secretarías de Gobernación, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Publico, Desarrollo Social, Salud y un procurador.
Asimismo, establece que la Junta de Gobierno del organismo deberá instalarse dentro de los 30 días naturales siguientes a su publicación.
Honestamente deprime la celeridad con la que Felipe Calderón atiende las formas y no los contenidos. ¡Qué triste! que en un país, hasta hace un sexenio no padecía tanta barbarie, se tenga que institucionalizar una dependencia para atender a las víctimas de una guerra decretada a espaldas del pueblo.
Están por supuestos los coros pro gubernamentales que aplaudirán la “sensibilidad del Ejecutivo” al proponer una ayuda pública a los afectados. Sin embargo, ¿es necesario sacrificar a miles de ciudadanos nada más por el fin político?. ¿Cuál es la utilidad de inventar una Procuraduría tentada a durar solo un año a causa de su circunstancial origen?.
Calderón se va perdido en la terquedad horrible y lo que haga tendrá un fin desgraciado, simplemente porque el siguiente presidente cortará cualquier herencia de este mandato. La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos será un triste monumento a la mala decisión de los mexicanos al dejar el mando en las manos peores calificadas.
La intromisión burocrática en el dolor de los necesitados es una manera estéril de devolverles el equilibrio que tenían. Desgraciadamente, la creencia presidencial en que los decretos resuelven por sí mismos las tragedias, ofrece un ridículo placebo de solución real.
viernes, 12 de agosto de 2011
EL COCOTAZO: LA BILATERALIDAD Y LAS DROGAS EN MÉXICO
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
En la edición dominical del 7 de agosto de 2011, The New York Times, uno de los rotativos insignia del periodismo profesional de los Estados Unidos, detalló que el gobierno federal ha expandido su papel en el combate al narcotráfico en México y que recibió autorización del gobierno mexicano para abrir un “centro de inteligencia” en una base de las fuerzas armadas mexicanas en el norte del país el centro de inteligencia, cuya ubicación se reservó por razones de seguridad, es dirigido por dos docenas de elementos de esa agencia, DEA y militares retirados del Comando Norte.
El centro fue modelado con base en los centros de inteligencia que Estados Unidos tiene en Irak y Afganistán para monitorear grupos insurgentes.
En la glosa de testimonios que soportan el artículo, los funcionarios estadounidenses —a los que no cita por su nombre— recalcaron que el centro fue abierto tras una petición de asistencia del presidente Felipe Calderón ante la crisis de seguridad en Monterrey. Sin embargo, aclararon que es dirigido en su totalidad por el gobierno mexicano, pues los norteamericanos sólo ofrecen “apoyo técnico”.
A través de este proyecto, los intercambios de inteligencia entre ambos países ayudaron a la captura o eliminación de unos 30 líderes narcotraficantes, siendo que en los últimos tres años México recibió más asistencia antinarcóticos que Afganistán y Colombia juntas.
The New York Times sostuvo que funcionarios estadounidenses y mexicanos admitieron que el centro fue diseñado para dar la vuelta a la prohibición de la Iniciativa Mérida que impide a policías y militares extranjeros operar en territorio mexicano, y para prevenir que tecnología avanzada norteamericana caiga en manos de agencias mexicanas de seguridad con largos antecedentes de corrupción.
México se convirtió en la zona cero de la lucha antinarcóticos de Estados Unidos desde que los cárteles se adueñaron del mercado de drogas, al que transportan hasta 80 por ciento de los narcóticos que ingresan a través del territorio mexicano.
Estos pasos vienen tres años después de que Estados Unidos comenzó a incrementar su asistencia de seguridad a México con la Iniciativa Mérida y sus 1.4 mil millones de dólares del Departamento de Defensa.
Simultáneo a la publicación del reportaje periodístico, el gobierno de México suspendió la entrega de la segunda partida del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUNSEMUN) a 156 ayuntamientos y las 16 delegaciones del Distrito Federal por incumplir las disposiciones legales de este esquema.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicó que se trata de 78 por ciento de los 220 beneficiarios registrados en el programa en 2011, que en esta etapa tiene disponibles mil 607 millones de pesos para labores anticrimen.
La reactivación de los recursos está condicionada al cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y las reglas de operación del propio subsidio, informó el secretariado.
En esta segunda partida presupuestal se otorgaron 376 millones 860 mil 236 pesos a 48 de 220 municipios y delegaciones del DF inscritos en el SUBSEMUN.
Autoridades del SESNSP dijeron que las fechas para que los ayuntamientos y delegaciones cumplan con las disposiciones legales dependen del día en que hayan sido notificados del riesgo de suspensión de los recursos.
Cuentan con un plazo de 10 días hábiles para ponerse al corriente y presentar la documentación que consideren pertinente, mientras que el secretariado tiene cinco días hábiles para determinar si se levanta la suspensión de la segunda ministración para seguridad pública a los municipios.
Entre los ayuntamientos cumplidos están Tijuana, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco, y Querétaro, que recibieron 28.5 millones de pesos cada uno.
Asimismo, San Luis Potosí, con 25.3 millones de pesos; Aguascalientes, con 18.9 millones de pesos; Cancún, 18.7 millones, y Matamoros, con 13.7 millones.
Es evidente que de confirmarse oficialmente la información de The New York Times, algunas decisiones federales, que parecieran absurdas, coincidirían con la lógica de eficiencia burocrática de los Estados Unidos.
Un conflicto de intereses es previsible: ¿qué pasara cuando el crecimiento de la lucha contra el narcotráfico involucre pegar las esferas altas del poder? ¿Cuál de los dos países se hará el distraído?.
El hilo apenas se desenreda.
En la edición dominical del 7 de agosto de 2011, The New York Times, uno de los rotativos insignia del periodismo profesional de los Estados Unidos, detalló que el gobierno federal ha expandido su papel en el combate al narcotráfico en México y que recibió autorización del gobierno mexicano para abrir un “centro de inteligencia” en una base de las fuerzas armadas mexicanas en el norte del país el centro de inteligencia, cuya ubicación se reservó por razones de seguridad, es dirigido por dos docenas de elementos de esa agencia, DEA y militares retirados del Comando Norte.
El centro fue modelado con base en los centros de inteligencia que Estados Unidos tiene en Irak y Afganistán para monitorear grupos insurgentes.
En la glosa de testimonios que soportan el artículo, los funcionarios estadounidenses —a los que no cita por su nombre— recalcaron que el centro fue abierto tras una petición de asistencia del presidente Felipe Calderón ante la crisis de seguridad en Monterrey. Sin embargo, aclararon que es dirigido en su totalidad por el gobierno mexicano, pues los norteamericanos sólo ofrecen “apoyo técnico”.
A través de este proyecto, los intercambios de inteligencia entre ambos países ayudaron a la captura o eliminación de unos 30 líderes narcotraficantes, siendo que en los últimos tres años México recibió más asistencia antinarcóticos que Afganistán y Colombia juntas.
The New York Times sostuvo que funcionarios estadounidenses y mexicanos admitieron que el centro fue diseñado para dar la vuelta a la prohibición de la Iniciativa Mérida que impide a policías y militares extranjeros operar en territorio mexicano, y para prevenir que tecnología avanzada norteamericana caiga en manos de agencias mexicanas de seguridad con largos antecedentes de corrupción.
México se convirtió en la zona cero de la lucha antinarcóticos de Estados Unidos desde que los cárteles se adueñaron del mercado de drogas, al que transportan hasta 80 por ciento de los narcóticos que ingresan a través del territorio mexicano.
Estos pasos vienen tres años después de que Estados Unidos comenzó a incrementar su asistencia de seguridad a México con la Iniciativa Mérida y sus 1.4 mil millones de dólares del Departamento de Defensa.
Simultáneo a la publicación del reportaje periodístico, el gobierno de México suspendió la entrega de la segunda partida del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUNSEMUN) a 156 ayuntamientos y las 16 delegaciones del Distrito Federal por incumplir las disposiciones legales de este esquema.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicó que se trata de 78 por ciento de los 220 beneficiarios registrados en el programa en 2011, que en esta etapa tiene disponibles mil 607 millones de pesos para labores anticrimen.
La reactivación de los recursos está condicionada al cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y las reglas de operación del propio subsidio, informó el secretariado.
En esta segunda partida presupuestal se otorgaron 376 millones 860 mil 236 pesos a 48 de 220 municipios y delegaciones del DF inscritos en el SUBSEMUN.
Autoridades del SESNSP dijeron que las fechas para que los ayuntamientos y delegaciones cumplan con las disposiciones legales dependen del día en que hayan sido notificados del riesgo de suspensión de los recursos.
Cuentan con un plazo de 10 días hábiles para ponerse al corriente y presentar la documentación que consideren pertinente, mientras que el secretariado tiene cinco días hábiles para determinar si se levanta la suspensión de la segunda ministración para seguridad pública a los municipios.
Entre los ayuntamientos cumplidos están Tijuana, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco, y Querétaro, que recibieron 28.5 millones de pesos cada uno.
Asimismo, San Luis Potosí, con 25.3 millones de pesos; Aguascalientes, con 18.9 millones de pesos; Cancún, 18.7 millones, y Matamoros, con 13.7 millones.
Es evidente que de confirmarse oficialmente la información de The New York Times, algunas decisiones federales, que parecieran absurdas, coincidirían con la lógica de eficiencia burocrática de los Estados Unidos.
Un conflicto de intereses es previsible: ¿qué pasara cuando el crecimiento de la lucha contra el narcotráfico involucre pegar las esferas altas del poder? ¿Cuál de los dos países se hará el distraído?.
El hilo apenas se desenreda.
martes, 2 de agosto de 2011
EL COCOTAZO: HOMICIDIOS EN MÉXICO, DATOS Y DECISIONES
POR.- RAúL GÓMEZ MIGUEL
Tomando los datos con pinzas y considerando que desde origen pueden estar viciados, en 2010 se registraron 24 mil 374 homicidios en México, es decir, 66.8 cada día, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Una cuenta fría y representativa del costo humano que significa la guerra calderonista contra el crimen organizado.
De acuerdo con el reporte del instituto, que contiene información de 4 mil 900 oficialías del registro civil y mil 150 agencias del Ministerio Público, estos crímenes crecieron 23.1 por ciento el año pasado respecto a 2009.
Un reflejo exacto de la escalada de destrucción y violencia que rebasó la disputa por la Nación, en un horizonte brumoso y cerrado al entendimiento real de la ciudadanía. El gobierno federal exige un sacrificio que, por supuesto, no es equitativo. Mientras los señores del poder y sus protegidos gozan de cuadros de seguridad, la gente de a pie sólo le apuesta a la suerte que “hoy no me toque”.
En cinco entidades federativas se reportó prácticamente la mitad de estos delitos ocurridos en el país, con 12 mil 516 homicidios; 51.3 por ciento del total.
Chihuahua tuvo 4 mil 747; Sinaloa, 2 mil 505; Estado de México, 2 mil 96; Guerrero, mil 629, y Baja California, mil 539.
Sin embargo, la situación se recrudeció en otras entidades, donde su tasa anual aumentó.
Tamaulipas registró el año pasado 970, cuando en 2009 la cifra era de 315, es decir, su número se triplicó.
Le secundó Nuevo León, que en 2009 tuvo 343 muertes y para 2010 el número ascendió a 994, es decir, un incremento de 189 por ciento.
Nayarit, Colima, Morelos, San Luis Potosí y Coahuila fueron otros estados donde se disparó de manera sustancial la tasa de homicidios.
Aquí están los números, o los casos sabidos.
Desgraciadamente, a pesar de la estela de muerte, el Gobierno Federal y los Estados persisten en convertir un asunto de interés nacional, en otra arena de estúpida grilla proselitista.
Las relaciones entre la Secretaría de Seguridad Pública Nacional y el alcalde de Ciudad Juárez, emblema trágico de la guerra calderonista, volvieron a tensarse luego de que el pasado lunes 25 de julio de 2011 agentes de la Policía Federal (PF) dispararon contra la camioneta del secretario de seguridad pública local, Julián Leyzaola. Los elementos de la PF aseguran que el funcionario local violó los protocolos de seguridad e intentó ingresar a una zona de máximo riesgo cuando se desarrollaba una presunta fuga de reos de un penal municipal, que culminó con la muerte de 17 internos. Leyzaola aseguró que los agentes intentaron asesinarlo.
En una agresiva respuesta, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) anunció que suspenderá la entrega de recursos públicos para ese municipio por incumplimiento en las reglas de operación del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN), debido a que las autoridades de esa ciudad fronteriza no han cumplido con los requisitos establecidos para 2010.
El incumplimiento, según la burocracia, es en el reporte de los avances respecto a los rubros de adopción del modelo policial, homologación salarial e implementación del servicio profesional de carrera policial.
Ciudad Juárez recibió este año la primera ministración de 38 millones de pesos como parte del SUBSEMUN, pero le fueron suspendidas las siguientes dos partidas, que harían un total de 95 millones de pesos, hasta que cumpla con los compromisos del año pasado.
Además de Ciudad Juárez otros 174 municipios podrían ser sujetos a esta suspensión de recursos, pues están por vencerse sus plazos para cumplir con las reglas de entrega de recursos destinados a la seguridad pública durante 2010.
El SUBSEMUN es una aportación financiera que el gobierno federal destina a municipios y delegaciones del Distrito Federal para fortalecer el desempeño de los cuerpos de seguridad pública, para su profesionalización, compra de equipamiento (chalecos, patrullas, entre otros), así como para mejoramiento de infraestructura.
Y en medio de la desolación, queda el imperturbable pueblo que, a pesar de los delirios de los poderosos sexenales, va jalando los restos de los caídos.
Tomando los datos con pinzas y considerando que desde origen pueden estar viciados, en 2010 se registraron 24 mil 374 homicidios en México, es decir, 66.8 cada día, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Una cuenta fría y representativa del costo humano que significa la guerra calderonista contra el crimen organizado.
De acuerdo con el reporte del instituto, que contiene información de 4 mil 900 oficialías del registro civil y mil 150 agencias del Ministerio Público, estos crímenes crecieron 23.1 por ciento el año pasado respecto a 2009.
Un reflejo exacto de la escalada de destrucción y violencia que rebasó la disputa por la Nación, en un horizonte brumoso y cerrado al entendimiento real de la ciudadanía. El gobierno federal exige un sacrificio que, por supuesto, no es equitativo. Mientras los señores del poder y sus protegidos gozan de cuadros de seguridad, la gente de a pie sólo le apuesta a la suerte que “hoy no me toque”.
En cinco entidades federativas se reportó prácticamente la mitad de estos delitos ocurridos en el país, con 12 mil 516 homicidios; 51.3 por ciento del total.
Chihuahua tuvo 4 mil 747; Sinaloa, 2 mil 505; Estado de México, 2 mil 96; Guerrero, mil 629, y Baja California, mil 539.
Sin embargo, la situación se recrudeció en otras entidades, donde su tasa anual aumentó.
Tamaulipas registró el año pasado 970, cuando en 2009 la cifra era de 315, es decir, su número se triplicó.
Le secundó Nuevo León, que en 2009 tuvo 343 muertes y para 2010 el número ascendió a 994, es decir, un incremento de 189 por ciento.
Nayarit, Colima, Morelos, San Luis Potosí y Coahuila fueron otros estados donde se disparó de manera sustancial la tasa de homicidios.
Aquí están los números, o los casos sabidos.
Desgraciadamente, a pesar de la estela de muerte, el Gobierno Federal y los Estados persisten en convertir un asunto de interés nacional, en otra arena de estúpida grilla proselitista.
Las relaciones entre la Secretaría de Seguridad Pública Nacional y el alcalde de Ciudad Juárez, emblema trágico de la guerra calderonista, volvieron a tensarse luego de que el pasado lunes 25 de julio de 2011 agentes de la Policía Federal (PF) dispararon contra la camioneta del secretario de seguridad pública local, Julián Leyzaola. Los elementos de la PF aseguran que el funcionario local violó los protocolos de seguridad e intentó ingresar a una zona de máximo riesgo cuando se desarrollaba una presunta fuga de reos de un penal municipal, que culminó con la muerte de 17 internos. Leyzaola aseguró que los agentes intentaron asesinarlo.
En una agresiva respuesta, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) anunció que suspenderá la entrega de recursos públicos para ese municipio por incumplimiento en las reglas de operación del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN), debido a que las autoridades de esa ciudad fronteriza no han cumplido con los requisitos establecidos para 2010.
El incumplimiento, según la burocracia, es en el reporte de los avances respecto a los rubros de adopción del modelo policial, homologación salarial e implementación del servicio profesional de carrera policial.
Ciudad Juárez recibió este año la primera ministración de 38 millones de pesos como parte del SUBSEMUN, pero le fueron suspendidas las siguientes dos partidas, que harían un total de 95 millones de pesos, hasta que cumpla con los compromisos del año pasado.
Además de Ciudad Juárez otros 174 municipios podrían ser sujetos a esta suspensión de recursos, pues están por vencerse sus plazos para cumplir con las reglas de entrega de recursos destinados a la seguridad pública durante 2010.
El SUBSEMUN es una aportación financiera que el gobierno federal destina a municipios y delegaciones del Distrito Federal para fortalecer el desempeño de los cuerpos de seguridad pública, para su profesionalización, compra de equipamiento (chalecos, patrullas, entre otros), así como para mejoramiento de infraestructura.
Y en medio de la desolación, queda el imperturbable pueblo que, a pesar de los delirios de los poderosos sexenales, va jalando los restos de los caídos.
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