POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Poco a poco, la violencia desatada por el Gobierno Federal y el crimen organizado obliga a influyentes actores sociales a tomar una responsabilidad directa a favor del verdadero interés general, y no el oportunismo suicida de una facción en el poder institucional.
Durante la presentación de Iniciativa México 2011, 715 medios de comunicación firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.
El acto fue atestiguado por artistas, académicos, organizaciones sociales y civiles, así como empresarios, quienes también signaron la resolución en el Museo Nacional de Antropología, y contó con una transmisión de carácter nacional a través de Radio, Televisión y Cinematografía.
Este acuerdo es el primero en América Latina que establece la creación de un órgano ciudadano de observación, lo cual, se explicó, no significa que los medios de comunicación renuncien a cuestionar la efectividad de la acción gubernamental contra el crimen organizado.
Los conductores del acto fueron los periodistas Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento, quienes hicieron un balance de los logros de la Iniciativa México 2010, para luego anunciar el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, a través del cual cada medio definirá sus propios procedimientos para verificar el cumplimiento de los puntos acordados.
Se destacó que también, por primera vez en la historia de México, 50 directivos de medios de comunicación se unen para firmar un protocolo que ampare la seguridad de los reporteros que cubren esta información, principalmente en los lugares o estados donde hay un alto índice de violencia.
Los testigos ciudadanos que avalaron el documento fueron: el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles; el presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles; el presidente de la Asociación Internacional de Universidades, Juan Ramón de la Fuente, y el poeta y escritor Homero Aridjis.
Así como Manuel Durán, rector de la zona metropolitana de la Ciudad de México del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); Héctor Aguilar Camín, director de la revista "Nexos"; Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Además de Rodrigo Villar Esquivel, de New Ventures Global, y Armando Laborde de la Peña, director de Ashoka México.
El documento también fue respaldado por más de 45 representantes de organizaciones sociales y civiles, así como más de 250 personas que signan como adherentes, entre las que se encuentran periodistas, académicos, intelectuales y empresarios.
Algunas organizaciones sociales y civiles que se unen a este acuerdo son: Asociación Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace; Causa en Común, de María Elena Morera; Artículo 19 para México y Centroamérica, A favor de lo mejor en los medios y el Consejo de la Comunicación, así como el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, entre otras.
Entre los puntos se destacan:
Alentar la participación y la denuncia ciudadana.
Los medios deben promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe, dentro de su ámbito, en la prevención del delito y reducción de la violencia. Esto, por supuesto, sin ponerse en riesgo frente a los criminales.
Proteger a los periodistas.
Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente de la delincuencia organizada, como lo son no firmar las notas sobre estos temas, hacer notas y coberturas conjuntas con otros medios y no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas.
Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.
En caso de que algún reportero o medio de comunicación sufra amenazas y acciones de la delincuencia organizada para influir en su línea editorial y contenido informativo, los demás medios debemos solidarizarnos en contra de estas presiones, pero en los términos que mejor le convengan al reportero o al medio afectado.
No interferir en el combate a la delincuencia.
Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada o que comprometan la vida de quienes la combaten o la de sus familias.
Lo anterior no implica que los medios dejen de dar seguimiento al tema. Tampoco que renuncien a la responsabilidad de cuestionar la efectividad de la acción gubernamental contra la delincuencia organizada. Los espacios seguirán abiertos a la crítica de las estrategias gubernamentales en ésta, o en otras áreas de gobierno.
Enfatizando el carácter pionero de esta determinación mediática, el avance respecto a la conciencia del papel que la información tiene en la construcción de una realidad menos opresiva, es plausible.
Deseamos que el acuerdo deje la fragilidad del papel y se levante en hechos
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