POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
¿Es un delito exigir transparencia y eficiencia en la aplicación de justicia mexicana? ¿Qué terrible ofensa se desprende al cuestionar el exceso de autoridades? ¿Cómo pretender la democracia al constatar la desgracia de una familia, generada a partir de encarar la defensa de los Derechos Constitucionales y Humanos que se dice crecen aquí?
Doña Sara Salazar es viuda. Tiene 73 años y demanda con una dureza férrea, castigo ejemplar para los verdugos de su familia. Cinco de sus descendientes, cuatro hijos y un nieto, quienes han perdido la vida en ejecuciones, incluso, una nuera fue víctima de esta violencia contra la familia Reyes Salazar.
El inicio del calvario se ubicó en 2009 con el asesinato de Julio César Reyes, la madre Josefina Reyes Salazar, acusó en su momento a militares del crimen.
La mujer denunció el crimen ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República y en la Fiscalía del Norte en Ciudad Juárez, pero en ninguna de las dos instancias investigaron el caso.
El 21 de agosto de 2009, a las 17:00 horas, su otro hijo Miguel Ángel, de 26 años, fue detenido acusado de delincuencia organizada, junto a José Rodolfo Escajeda, "El Rikín".
Josefina mantuvo una huelga de hambre, Miguel Ángel fue liberado, sin embrago, en noviembre de 2009 se le aprehendió nuevamente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Josefina denunció amenazas en su contra, por lo que dejó temporalmente el municipio de Guadalupe, Distrito Bravos, al sureste de Ciudad Juárez. Poco después regresó y fundó el Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez.
El 3 de enero de 2010 Josefina fue asesinada dentro de su negocio de venta de barbacoa. ¿El móvil? ir demasiado lejos en la oposición de militarizar el Valle de Juárez .
En agosto de 2010, su hermano Rubén, panadero de oficio, fue ejecutado sin motivos aparentes. .
Marisela y Claudia Reyes Salazar, hermanas de Josefina e hijas de doña Sara, asumieron la exigencia para que las autoridades estatales detuvieran a los asesinos de sus familiares.
El 9 de febrero de 2011, Marisela y Claudia iniciaron la huelga de hambre frente a la Fiscalía del Norte en Ciudad Juárez, donde denunciaron el "levantón" de Malena y Elías Reyes Salazar, así como de la esposa de éste, Luisa Ornelas Soto.
Tras algunos días, Marisela fue hospitalizada por el ayuno, y tres casas fueron quemadas, la suya, la de su madre y la de Malú García, otra activista que las acompañaba en la lucha. Los responsables para variar eran fantasmas.
Posteriormente, trasladaron su protesta al Senado de la República, en la ciudad de México. Marisela relató en entrevistas a la prensa nacional que la senadora petista Rosario Ibarra, el legislador Alejandro Encinas y el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se acercaron a la familia para ayudarlas.
El 25 de febrero de 2011, los cadáveres fueron encontrados a 18 días de su desaparición cerca de una gasolinera en el Municipio de Guadalupe Distrito Bravos. Los cuerpos mostraron huellas de tortura.
La triste celebridad de la familia Salazar Reyes le mereció protestas de organizaciones políticas y no gubernamental, tanto locales como internacionales.
Por supuesto, los gobiernos de Chihuahua y el Federal no han dicho esta boca es mía.
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