POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
La ley es política. O al menos eso lo debía de saber el Poder Judicial de la Federación, pues va de torpeza en torpeza. Sabiendo que la percepción de los mexicanos en cuanto a la objetividad en la impartición de justicia, dentro del sistema legal autóctono, es pésima, La juez 12 de Distrito en Materia Administrativa de la ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, tuvo la brillante idea de dar entrada a la petición de amparo que presentó el testigo de cargo, Víctor Daniel Reyes Bravo, a quien otorgó la suspensión dentro del expediente 171/2011 y cuyo efecto inmediato fue suspender la proyección pública del documental Presunto Culpable, ganándose la rechifla general de propios y extraños
Aunque no sea crea, resulta que el mentado Víctor, que no terminó la primaria, oportunamente decidió demandar la proyección del documental porque le causa daño moral ya que él nunca autorizó la filmación de la declaración y careo que sostuvo en un juzgado, lo cual llevaron a cabo los responsables del documental, Layda Negrete y Roberto Hernández.
El argumento jurídico obviamente destaca mano negra, sin embargo, con prontitud suicida, la juez dio entrada y abrió, en vivo y a todo color, “Presunto Culpable 2: la idiotez de los juzgados”, ya que tan pronto fue del conocimiento virtual la decisión, las fuerzas ciudadanas, institucionales y demás fauna posible se lanzaron al linchamiento de la medida, dejando al Poder Judicial en paños menores.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) salió al quite y replicó que la suspensión le fue otorgada al quejoso debido a que no autorizó que se difundiera su imagen en este largometraje, así como el careo que sostuvo con el protagonista de este filme.
Sin embargo, durante la filmación el susodicho, a pesar de la cámara, las luces y la parafernalia de la producción, jamás manifestó una negativa a continuar con su declaración.
El órgano del Poder Judicial de la Federación, sudando fuerte y no por el sol, indicó que la suspensión provisional tiene como objeto que se interrumpa la difusión de este documental, hasta que la juez resuelva en definitiva el juicio de garantías, que podría confirmar o revertir esta decisión.
Víctor Manuel Reyes es primo de la víctima y único testigo del asesinato del que se culpa a Antonio Zúñiga, que acude a declarar en contra de éste último y cuyos testimonios fueron filmados, a su decir actual, sin su consentimiento.
Si el objetivo era tapar el sol con un dedo, la táctica salió peor, ahora la opinión pública está segura que la película es la verdad encarnada, por algo, plantea el razonamiento, la autoridad la censura.
Si, efectivamente, obedece al interés de un supuesto afectado, ¿cuál es la razón de haber esperado hasta el estreno del filme para clamar daños?
Si, los supuestos anteriores carecen de viabilidad, estamos peor al reaccionar a lo “güey” sin haber escuchado a la razón y haber dejado pasar la temporalidad del producto. La memoria de la gente es corta.
El punto es que si el público se había interesado por el largometraje, antes del escándalo, censura por delante, nadie hoy se lo quiere perder.
La mejor publicidad fue la que le dio el atacante.
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