Por.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
A estas horas, el video donde se muestra la vejación física, sexual y psicológica de cinco adolescentes, que ingresaron a una casa particular con el propósito de robar, a manos del dueño del inmueble y supuestos policías de Tepic, Nayarit, confirma, como si no fuera vox populi, el grado de impunidad y degradación existente dentro de las fuerzas de seguridad pública de México.
Sin embargo, es justo evaluar también cómo hay coincidencia en la violencia extrema de la delincuencia hacia sus víctimas.
Policías y delincuentes tienen como premisa de ablandamiento el terrorismo mental y la inducción al dolor de formas inimaginables.
Para variar la Comisión de Derechos Humanos del Estado se ha lanzado a la defensa de las víctimas, omitiendo discretamente la intención delictiva de los jóvenes: entraron a cometer un ilícito con las agravantes de ley; no fueron levantados, secuestrados y maltratados por nada.
Y esta distracción dolosa de la Comisión pone a temblar a la ciudadanía de cualquier región por insistir en escudar al delincuente y no a la víctima.
Evidentemente la policía de Tepic tiene que rendir cuentas, pero la tentativa de robo alcanza una pena judicial. Los modos y los medios no fueron los correctos. Sin embargo, al diluir el contexto, los delincuentes en ciernes se reducen a un simple grupo de muchachos maltratados por representantes de la ley. Hecho insostenible de acuerdo a las declaraciones de los involucrados.
Lo que preocupa es el vendaval de posturas izadas por el video puesto en You Tube, para luego ser bajado, no sin antes, alguien lo copiara y lo mantuviera al escrutinio del público.
Es una norma que cuando ocurren atrocidades, lo primero que se borran son las pruebas. Nos preguntamos por qué se graba una sesión de tortura con pelos y señales, y se decide treparlo a Internet, sabiendo la reacción negativa que propiciarán las imágenes.
Honestamente creemos que aquí hay un gatote encerrado y que el propósito del video no es de alerta sino de distracción a otros conflictos o de un calambre a funcionaros seleccionados. Salvo los estúpidos, pondrían a cuadro y sonido directo los ingredientes propicios para su condena.
La respuesta oficial, cual debe de ser, niega la participación de policías activos en el caso. No obstante, promete una investigación profunda con los bla bla bla acostumbrados. Ya anda seleccionando los chivos expiatorios.
La parte acusadora, una vez minimizado la intención del delito, se cuelgan de que los cinco agredidos eran preparatorianos, es decir, estudiantes (y suponemos que finísimas personas) de provecho. Entonces qué andaban haciendo saltando bardas y allanando propiedad privada.
De este entuerto debería de surgir una verdadera preocupación por el ultraje de las víctimas en general y no de una muestra nada representativa de los hombres y las mujeres que han vivido en carne propia el salvajismo de las fuerzas de seguridad pública y de la delincuencia en todas sus vertientes.
Asimismo es urgente una definición concreta del papel de los Derechos Humanos de cara al agresor y al agredido y no inclinar la balanza en el campo equivocado.
Nadie hasta hoy ha podido contestar seriamente una pregunta: ¿Cuál es la razón de preservar los derechos humanos de quien pisoteó los ajenos?
Miles de personas afectadas esperan esa respuesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario