Por: RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El Gobierno Federal ha optado por el poderío, en vez del poder. Cambió la facultad para hacerse obedecer voluntariamente por los ciudadanos, y se cobijó en el uso de la fuerza para salirse con la suya y concluir un sexenio en punto de quiebre.
Antes los pobres resultados, a ojos de los Estados Unidos de América, el Presidente está mentalizando la decisión de ubicar a militares en puestos de reacción inmediata a la seguridad pública. Confía en las armas como instrumentos de control frente a la impotencia de la ley y el mando de los civiles.
Astuta, la clase gobernante, puso a México en un sitio de violencia extrema y un foco rojo a la supervivencia democrática. Discretamente, derecha al fin, trae a juego a los soldados en pugnas sonadas y convencen con el petate del muerto a la población de un extraño concepto de integridad, basado en el incremento de muertos y fuerzas castrenses, asegurando la tranquilidad en la tierra de nadie.
El problema de una política centrada en el Ejército es la entrega del control social a un cuerpo cuya ideología no se distingue precisamente por su flexibilidad o apertura crítica. La cadena de mando es única y la obediencia es ciega. No cabe la duda o el titubeo. El buen soldado actúa maquinalmente y desarticula cualquier oposición.
Fortaleciendo al ejército también se fortalece el peso del armamento y las acciones emprendidas. Ninguna ley es superior a un balazo, y a los profesionales de la guerra no les acobarda la muerte o el decreto de un Primer Mandatario enclenque para regresarlos a los cuarteles.
Calderón sacó a los soldados a las calles. Veremos las reacciones cuando los repliegue o les pida el retorno a su mundo. Por experiencia histórica, México sabe la dificultad implícita en darle libertad de decisión al ejército, sobre todo en una coyuntura institucional gelatinosa como la de este mandato.
La lealtad de las fuerzas armadas se pondrá a prueba en los meses siguientes al evaluar la firmeza del Presidente ante el aumento de la presión de la opinión pública interna y externa en materia de derechos humanos y la aplicación de las sanciones procedentes.
Queremos creer en una maniobra de inteligencia conjunta entre los civiles y los uniformados para aquietar el océano picado de la delincuencia, y no otra rabieta típica del inquilino de Los Pinos para demostrar el peso de su cargo.
No apostamos por nada y no metemos las manos al fuego por algún interés cuestionado, sin embargo, la ofensiva militar tiene más fondo y toca puntos estratégicos y sensibles de la República. La realidad de un tráfico ilegal de armamento, personas y conflictos regionales es constante en la presencia y el paso de tropas. ¿Quiénes están manejando las operaciones desde las sombras? Es información clasificada y secreta. ¿Hasta dónde sabemos? Hasta donde lo permita la razón de Estado.
Y ese es un obstáculo sagrado para conocer la verdad de tanta destrucción. O ¿no es así el juego?
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