APUNTES: PIDATAS POBES

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

En el habitual estilo de en caliente y a lo bruto, la Cámara de Diputados decretó ayer que la piratería en todas sus formas concebibles se combatirá sin existir denuncia alguna y se castigará con penas de dos a seis años de cárcel.
Las sanciones distinguen multas de 100 a 10 mil días de salario mínimo general del Distrito Federal “a quien venda en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley”.

Será responsabilidad de la Procuraduría General de la República dar seguimiento a este delito, que requería de una querella y un juicio, dando a los responsables la impunidad y la rentabilidad necesaria para atraer al crimen organizado, según los diputados que aprobaron esta nueva disposición.

La votación del dictamen marcó los tiempos y los efectos políticos que verdaderamente persiguen los partidos.

El Partido Revolucionario Institucional, que ha perdido injerencia en el comercio ambulante de la capital y otras entidades del país, se unió con el Partido Acción Nacional, defensor a ultranza de los intereses empresariales, para sacudir a la oposición y ganarle el rechazo de los vendedores callejeros que son la fuerza de venta de la piratería organizada bajo el manto de ser grupo de choque y presión de la improbable izquierda unida.

El Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, aunque defendieron con argumentos lacrimógenos la “crimininalización de la pobreza”, poco pudieron hacer para que sus agremiados no resientan esta maniobra electoral que los pone en desventaja frente a la “reacción”, ya que sin protección alguna, los comerciantes piratas no tendrían por qué pedirle las frías a los paladines de los que menos tienen.

El PRI expuso que al perderse 750 millones de dólares en la industria de la recreación, el Estado pierde un millón de dólares anuales por evasión fiscal. En el mismo tono denunció que de cada diez consumidores, ocho compran mercancía pirata y que el cincuenta y cuatro por ciento de las existencias en el comercio general son falsificaciones.

En conjunto, PRI y PAN, que fueron los generadores de la reforma, establecieron que castigar con cárcel en persecuciones de oficio a la venta de falsificaciones de productos, defiende los derechos de creadores de obras y productos intelectuales, como artistas, músicos, editores de música, distribuidores y vendedores legítimamente establecidos. Dicho en otras palabras, a la economía formal que contribuye obligatoriamente al dispendio de la Patria y que ya no sienten lo duro, sino lo tupido.

El documento fue enviado al Presidente de la República para que ordene la publicación en el Diario Oficial y entre en vigor.

Sin embargo, puntualicemos la realidad. El mexicano compra piratería no porque le guste o le fascine, sino porque el grueso de la población subsiste en la pobreza y NO PUEDE PAGAR el costo de un producto original.

Las empresas, lejos de asimilar esa verdad, encarecen el producto de moda y abaratan las piezas que pocos desean.

En cuanto a la protección intelectual, dudamos ya que la estructura de explotación del trabajo creativo en este país es aterradora, menos del 10% de regalías comprobadas llegan al bolsillo del creador, el resto se va esfumando en los departamentos de las corporaciones.

Se insiste en que los estudiantes de nivel licenciatura y recién egresados tengan conocimiento de programas de computación de primer nivel, cuyos costos y licencias están simplemente fuera del alcance de los bolsillos de miles, si no hubiera piratería ¿en dónde podrían practicar lo que el mercado les exige?

Por otra parte, es en la oferta pirata en la que se hallan películas, grabaciones, material rarísimo que NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNA PARTE, que mueve al aficionado, coleccionista y hasta al estudioso a hacerse de esas piezas, no por no poderlas pagar, simplemente porque no están a la venta, incluso en los países de origen.

Honestamente, la reacción legislativa fue un golpe seco para ablandar a la oposición y complicarle el camino de la recuperación política que habremos de pagar TODOS, pues, con las restricciones legislativas hasta la piratería, que encontrará la forma de evitarlas, se verá beneficiada directamente a argumentar un incremento sustancial de sus precios (siempre bajos a los de la competencia) para seguirle untando las manos a quien se debe.

¿Y esta reforma aplica para todos grillos piratas que se esconden en las instituciones?