POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
La causa de Florence Cassez en donde se ponga apesta.
Independiente del resultado de la propuesta que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hizo ordenar la inmediata y absoluta libertad de la ciudadana francesa, sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, al considerar que tras su detención se violaron sus derechos fundamentales, en sí el proceso judicial no tendrá un final serio.
La discusión y veredicto que ocurrirán el próximo 21 de marzo, las conclusiones del proyecto de sentencia que elaboró Zaldívar al amparo directo en revisión 517/2011, sólo calentaron el de por sí deteriorado ambiente político y no supone, en especial a las víctimas directas que propiciaron el encarcelamiento de la mujer, un ápice de justicia real.
El proyecto valida los argumentos sobre violaciones al debido proceso y el montaje televisivo de su captura, en los que Cassez y sus abogados centraron su defensa desde que fue detenida el 8 de diciembre de 2005, en un caso que generó una de las crisis diplomáticas más severas entre México y Francia.
Zaldívar sostiene que se violaron dos derechos fundamentales de Cassez: el de recibir —como extranjera detenida— asistencia consular efectiva y sin dilación, y ser puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público, debido a la policía la llevó a un rancho para realizar un montaje de su captura para las televisoras.
“No encuentra justificación constitucional alguna el tiempo en el que Cassez fue retenida en esa propiedad (Rancho Las Chinitas) y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de tres secuestros”.
La violación de estos derechos, sostiene Zaldívar, dejó a Cassez en un estado de indefensión total, “una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada”, viciaron toda la evidencia incriminatoria
en su contra.
Como consecuencia del montaje, agrega, las pruebas contra Florence Cassez “carecen de fiabilidad, ya que los testimonios de las víctimas, así como las declaraciones de los policías, son producto de una deformación de la realidad provocada por parte de la Agencia Federal de Investigación”, que en ese momento estaba a cargo del hoy titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El proyecto “censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad para crear un filtro a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y frente a las futuras partes del proceso como los culpables del hecho delictivo”, aclara Zaldívar.
Aunque no era materia de discusión, un hecho es inobjetable: detrás del drama de Cassez sobreviven víctimas que ya por las autoridades o ya por los criminales, no tendrán la posibilidad de una compensación legal.
Evidentemente, quien esto escribe no pone sus manos al fuego por ninguna de las partes involucradas en la causa de Cassez.
No compro la ignorancia oportuna de la señora para desconocer las actividades ilícitas de su pareja y sí beneficiarse del dinero mal habido.
Deploro que, con los años que lleva el jaloneo jurídico, justo ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación salga con una rectificación a modo.
Reniego que, para variar, la Procuraduría General de la República estúpidamente caiga en la directriz gubernamental y sea incapaz de construir un caso sólido contra la delincuencia.
No me sorprende que otra vez se demuestre públicamente que los gobiernos federales panistas continúen actuando al margen de la ley, engañando con una rectitud inexistente.
Me duelen las víctimas precisamente por los caprichos de la justicia que dice protegerles.
En breve, me avergüenza el circo mediático internacional en que nos han metido nuestros improbables poderes de la Federación.
El mal ya está hecho, lo único que se puede remediar es que no crezca.
Sin embargo, para que la Corte conceda el amparo a Cassez se requiere el voto de por lo menos tres de los cinco ministros de la Primera Sala, detalle que conociendo su manejo, se tomará con la banalidad que hace de su función social.
Parece que en México, la ley es nuestra primera verdugo.
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