POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un nuevo presidente y, en teoría, una posibilidad de mantener prudente distancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la República.
Escribo en teoría, pues, es de sobra conocido que a la hora de las determinaciones fundamentales, la Suprema Corte ha fallado de acuerdo a estrategias políticas, y no en la imparcialidad jurídica a la que se debe.
El ministro Juan Silva Meza, cuya trayectoria de “independiente” lo anticipa, deberá de responder a las necesidades reales de un país maltratado, escéptico y renuente a continuar soportando a una casta de grillos buenos para nada, ensimismados en una idea de México bastante cuestionable y cuyo costo sangriento es intolerable.
Avalado por una votación mayoritaria, Silva Meza necesita negociar varias determinaciones esenciales en el avance de la justicia nacional que, de no atenderse adecuadamente, remitirá a los viejos patrones de la lucha institucional por el poder y no a la atención real del pueblo a quien realmente sirve.
En el río revuelto ocasionado por congresistas y el presidente, la Suprema Corte despliega facultades inverosímiles, en el siglo pasado, resolviendo una gama de asuntos que van desde la economía hasta la ideología dominante, asumiendo públicamente explicaciones y riesgos en su actuar.
Juan Silva es un profesional del derecho que ha cumplido al resolver, ley mediante, asuntos tan escabrosos como manipulados, al estilo de la matanza de Aguas Blancas, el conflicto en Atenco, las agresiones a la periodista Lydia Cacho, el caso de las indígenas Alberta y Teresa, las sentencias sobre aborto y matrimonios de homosexuales en el Distrito Federal, entre otros.
En estas resoluciones, el magistrado manifestó una responsabilidad seria, honesta y, en lo que cabe, adecuada para poner a los beligerantes en el lugar correspondiente y permitir a la norma jurídica regular lo que fuera menester.
La transparencia abierta por la presidencia saliente, en Silva Meza deberá de ahondar en temas difíciles como el manejo de los recursos, decisiones sobre el escalafón, nombramientos y criterios para otorgar prestaciones, que terminarían por redondear positivamente la presencia de la Suprema Corte ante la sociedad y agigantar la percepción positiva que han destruido en sí mismos el Congreso y la Presidencia.
Es obvio, por las características del máximo tribunal, que Juan Silva Meza no determinará aisladamente las consignas del poder Judicial, sin embargo, dado un conflicto de postura, podrá fungir como árbitro y, eventualmente, inclinar la balanza a favor de los principios constitucionales que nos rigen.
La designación de Silva Meza, juez de 66 años de edad con 30 años de carrera judicial, fue conseguida por una votación nueve votos contra uno, para el periodo que va del 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.
El voto que le faltó para generar la unanimidad lo negó el ministro conservador Sergio Aguirre Anguiano, quien en el pasado se opuso a su arribo a la presidencia y ahora apoyó a la ministra Margarita Luna Ramos.
La decisión de Aguirre, que evitó la unanimidad, generó que la ministra Margarita le agradeciera en público su voto —a pesar de que la votación había sido secreta— y que aclarara que ella nunca buscó competir por el cargo, no obstante, marcó las corrientes que actúan dentro de la Corte.
El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación urgió al presidente Felipe Calderón y al Senado para que nombren a la brevedad al ministro que hace falta en la plantilla, desde septiembre pasado cuando falleció el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, y que a la fecha sigue vacante por la intervención de las mafias tradicionales en esta esfera.
Demos el beneficio de la duda al funcionario entrante y esperemos que cumpla la meta de acercar a México a la paz y el progreso que merece la gente, y no se pierda en el laberinto de las prebendas y los apadrinamientos inherentes a la sordera de los poderosos.
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