Por.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Son la mayoría demográfica y la minoría política. Son, en mucho, la columna vertebral del país y literalmente sus derechos han sido más concesiones, gestos demagógicos y chantajes electoreros que un reconocimiento pleno de su importancia ciudadana. De hecho, buscando con meticulosidad en el aparato legal mexicano, aunque se habla de su presencia, en contados casos prácticos no llevan las de perder. Son las mujeres de México.
Durante décadas, para no decir siglos, las mujeres de esta nación han luchado por la igualdad, la justicia y el reconocimiento de su sexo en actividades que, tramposamente, se consideraban (y se consideran de dientes para adentro) de “hombres”.
La lucha política, económica, social y cultural de la mujer se ha hecho pegada a las cuerdas del sexismo, la burla y la ignorancia del machismo que sólo admite las figuras ideales y desleales de “madre”, “hermana”, “esposa” y “golfa”.
Esta percepción casi cavernícola del género tiene momentos actuales emblemáticos. A tres días de abierta la 61 Legislatura del Congreso, ocho diputadas pidieron licencia indefinida para que los suplentes varones ocuparan los puestos, dentro de la estrategia usurera de los partidos.
En la primera sesión de este año de Bicentenario y Centenario, el Congreso mostró el cobre al socorrer a 14 mujeres más que declinaron a favor de suplentes hombres.
Antes de 2007, la ley establecía que por lo menos 30% de las candidaturas de un partido fueran de sexo femenino. Actualmente, se estipula que sea el 40%, sin embargo, eso no obliga a que al ganar, las damas se queden con el puesto, las tristes famosas “juanitas” son ejemplo vivo del dominio sexual que tienen las instituciones democráticas mexicanas.
Por si fuera poco, casi buscando con lupa, los partidos no han tenido a bien, incluir en sus plataformas electorales verdaderas reivindicaciones sexuales que pongan a las mujeres en una mayoría de edad ciudadana; insisten en “darles por su lado” y manejarlas como ciudadanas torpes y moldeables.
Aunque existen damas cuyo poder político eclipsa el de muchos hombres, en el sentido democrático de todos los días, son pocas las victorias de género, incluyendo, el derecho a determinar sobre su propio cuerpo.
Sin embargo, las pocas mujeres que se mantienen en la grilla nacional no dudan en dar chaquetazos ideológicos y apuntar y dispararse a sí mismas en materia de matrimonio, concepción y activismo ciudadano.
El caso inmediato lo vemos en la asambleísta del Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, puesta en la “chamba” por sus vínculos incuestionables (e intocables) con el presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, su esposa, y que ha hecho del asunto del matrimonio y la adopción por personas de un mismo sexo, una cruzada casi enfermiza a la que algunos panistas, concientes del costo político que trae esa postura, le han empezado a dar la vuelta con la justificación de la existencia de mayores prioridades legislativas en la Ciudad de México.
Siguiendo el estilo golpeador de la innombrable Marta Sahagún, Mariana Gómez del Campo, quien debería tener una óptica menos inquisitorial que sus homólogos ultras, usa el respaldo presidencial (ese que jura no marcar línea en este asunto) para cobrarse desobediencias y empezar a meter en cintura a los panistas conciliadores.
Este tipo de mujer que emerge en todos los partidos es una entidad servicial que con tal de estar en el juego es capaz de traicionar las más elementales causas e, incluso, olvidar que en este país podría hacer una diferencia si asumiera cabalmente la visión particular que la feminidad tiene de las cosas. Desdichadamente, como el poder es “cosa de hombres”, se va convirtiendo en un triste remedo de ellos.
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