POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”, el viernes pasado, la Cámara de Diputados aprobó por una mayoría de 363 votos su reforma al incluir el término “laica”, obligando al Estado a respetar la pluralidad de las religiones, el clima de paz y tolerancia, por encima de las creencias sacras que puedan tener los funcionarios.
De esta manera, se pone fin a una deuda histórica tan vieja como la Independencia del país con el pensamiento liberal que tiene que privar en cualquier nación que construya una democracia, al poner por encima de todo, la imparcialidad jurídica y política del grupo que se encuentre en el poder.
La respuesta de la Iglesia Católica no se hizo esperar y, a través de la Arquidiócesis de México, lamentó y rechazó la aprobación de la reforma al artículo 40, expresando que se avanza en la intolerancia, la restricción al libre credo, y las libertades de reunión y expresión.
Para variar la tendencia del clero es escandalosa, sensacionalista y tristemente retrógrada. El acuerdo de la Cámara de Diputados, al contrario, marca una clara frontera entre la cosa pública y los asuntos de Dios, sin menospreciar a ninguna de las partes.
La experiencia histórica con la Iglesia en México ha sido el constante derrame de sangre, la brutalidad intolerante, la descalificación de credos distintos, y el libre pensamiento, en especial, en materias que no le competen, digamos la manipulación electoral por partidos y candidatos a modo o los privilegios de facto que la rodean por ser, en teoría, una comunidad religiosa mayoritaria en la población.
Para el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro, ministro retirado de la Suprema Corte, diputado del Partido de la Revolución Democrática, definió la laicidad como “la armonización de los principios de respeto a la libertad de conciencia; la autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas; y la no discriminación directa o indirecta”.
En esas palabras no se objeta la religión, sino el respeto del espíritu y la diferencia del interés social.
El catorce de febrero de 2010, en declaraciones hechas por Hugo Valdemar, al terminar la misa dominical, declaró "Es lamentable que el PAN hoy se sume a los enemigos de la iglesia para aprobar esta ley, que será totalmente represiva para las iglesias, sobre todo en lo que toca a la libertad de expresión.
Los ministros de culto somos ciudadanos, y no estamos interesados en una política activa, pero cuando se aprueban leyes que afectan la moral tenemos que opinar".
Nadie discute el derecho a opinar individual, sin embargo, los sacerdotes lo hace como ministros de culto en espacios destinados a otro fin, y se les cuestiona como a los políticos cuando son incapaces de desprenderse del partido y su persona.
Basta con analizar la realidad de la Iglesia Católica en el mundo para percatarnos que en todos los países desarrollados, la distancia que guardan con el poder terreno ha demostrado que ambas entidades pueden coexistir en paz.
Dar un carácter constitucional laico al Estado Mexicano es asegurar a las generaciones futuras de ciudadanos un país que esté fuera del divisionismo generado por concepciones que históricamente tuvieron una finalidad y que hoy son obsoletas, y demandan una transformación radical para adecuarse a los tiempos.
Esperamos que el proceso para la puesta en vigencia de la reforma constitucional al artículo 40 siga y que pronto México dé un verdadero paso en materia de legislación y democracia.
Por lo pronto, en la Ciudad de México, 22 parejas del mismo sexo están listas para unirse legalmente el 4 de marzo, mientras que organizaciones civiles preparan una boda colectiva el próximo 21 de marzo con el objetivo de avalar la entrada en vigor de las reformas al Código Civil local.
Ese mes será una prueba de fuego para demostrar a la Iglesia en qué está equivocada.
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