POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
La enésima prueba de la incapacidad gubernamental en este sexenio la constituye otra perla de información productiva.
Al cierre de 2011, los trabajadores ocupados en el sector de la informalidad alcanzaron una cifra sin precedentes: 14 millones, la más alta en la historia de México, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El instituto detalló que las personas ocupadas en ese sector representaron a 29.2 por ciento de la población ocupada, es decir, una tercer parte se dedica a actividades fuera de la formalidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2011, tan sólo en un año 1.6 millones de personas se incorporaron a la también conocida como economía subterránea.
En palabras claras, los mexicanos sobreviven efectuando actividades que les reportan entradas pero ningún tipo de protección legal, laboral o financiera. Viven al día sin la posibilidad que su esfuerzo alcance para una pensión futura.
Considerando que los nutrientes de la economía informal son los saldos, el contrabando, la piratería y el robo, tampoco existen beneficios para el Estado, ya que la masa tributaria se contrae y el ánimo adverso de la ciudadanía deteriora la legitimidad de la administración pública.
Según los datos del INEGI, de las 14 millones de personas que se dedican a actividades informales, 8.3 millones son hombres, mientras que las restantes 5.7 millones son mujeres.
Lo anterior significa que de la población ocupado masculina, 28.04 por ciento se emplean en la informalidad y en el caso de la femenina correspondió una proporción de 31.05 por ciento.
La diferencia porcentual de género es un reflejo de lo que ocurre en la economía formal. Las mujeres por mayoría demográfica y tendencia de contrato son la primera opción en la elección de mano de obra.
Al cuarto trimestre de 2011, el INEGI contabilizó a 2.4 millones de personas desocupadas, el equivalente a 4.8 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Un dato ignorado es el monto total de la Población Económicamente Activa Empleada que, por supuesto, es menor al PEA.
No obstante, la cifra de desempleo representa 5.3 por ciento menos que el mismo periodo de 2010.
Desgraciadamente esa “incorporación laboral” ocurrió en la economía subterránea con las implicaciones ya expuestas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de desocupación fue más alta en localidades grandes, en donde está más organizado el mercado de trabajo.
Las entidades federativas con las mayores tasas de desempleo en el periodo en cuestión fueron Baja California, con 7 por ciento; Tamaulipas, 6.8 por ciento; Aguascalientes, 6.3 por ciento; Chihuahua, Distrito Federal, Sonora, Tabasco y Zacatecas, con 6.1 por ciento cada una.
Al contrario, Guerrero, Chiapas, Yucatán, Morelos, Campeche, Michoacán y Oaxaca tuvieron los niveles de desempleo más bajos, donde en ningún caso fue superior a 3 por ciento de su PEA.
Al vincular estos datos a los de la pobreza nacional, el cuadro es desolador. Lejos de mejorar las condiciones reales de la vida de los mexicanos, este sexenio violento, sangriento e ilegal sólo protegió a los bendecidos de siempre e insiste, a través de una suspirante cursi y plañidera a la Presidencia, perpetuar estrategias fallidas que dañan seriamente el entoprno íntimo de un pueblo que simplemente le dará la espalda.
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