POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
A la par de las declaraciones estruendosas de los suspirantes a la Presidencia de la República y el titular del Poder Ejecutivo Federal, surgen por aquí y por allá comentarios adversos a la descripción pública de un México inexistente.
El “descubrimiento chic” de la pobreza extrema de las comunidades indígenas tarahumaras en la sierra de Chihuahua y los reclamos virulentos de productos agrícolas del interior del país señalan que estamos muy lejos del cuerno de la abundancia publicitado.
Por ejemplo, en días pasados el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que por efectos de la sequía, se agrava la situación alimenticia de 2.5 millones de mexicanos.
Desgraciadamente la negligencia de las autoridades locales y del centro político impide medidas serias para contrarrestar la pérdida de productos agrícolas y de ganadería, facilitando eventualmente el padecimiento de hambruna en esta población vulnerable que, para variar, se ubica en el estrato base de la pirámide social.
El efecto real del cambio climático (y no aquel que repiten los enterados de moda) es el factor decisivo en el déficit de la producción nacional de granos básicos. Por ello, es urgente monitorear la gravedad del problema y atenderlo en directo, no sólo con las sobradas mañas propagandísticas.
En cifras del Instituto, el 50 por ciento de los municipios están afectados y se calcula que 1.4 millones de hectáreas padecieron los daños provocados por las condiciones climáticas adversas. En 2011, se perdieron 3.2 millones de toneladas de maíz, 600 mil de fríjol y 60 mil cabezas de ganado.
En Chihuahua, de 150 mil toneladas de maíz que se cosechaban, en promedio, el año pasado sólo se lograron 500; en Tamaulipas se perdió el 70 por ciento de las cosechas de granos básicos; en Durango se reportaron 40 mil reses muertas y, de no resolverse el problema de acceso a forrajes y agua, existe la posibilidad de que otras 500 mil sucumban.
La afectación directa, como siempre, no cae en los mexicanos con posibilidades, sino en los asentamientos marginados que están conectados directamente a la sequía.
Vergüenza debería de darle a los burócratas pregonar que la Nación está forrada en sus reservas internacionales, pero que sean incapaces de soltar esos millones de dólares para encarar la emergencia, o bien se destinen a gastos superfluos orientados a fines exclusivos y de escaso impacto popular.
En realidad, los efectos de la sequía podrían reducirse sustancialmente con una inversión no mayor a mil millones de dólares. No obstante, en la mentalidad cerrada de los administradores ese dinero está mejor guardado que salvando vidas.
La crisis del campo no es nueva, comenzó desde la década de los setenta del siglo pasado y aunque en todos los sexenios, se promete resolverla, México ha dejado de ser autosuficiente y competitivo en el sector, a pesar de sus impresionante números poblacionales.
En 2011, México registró ventas por más de 10 mil millones de dólares por la exportación de productos agrícolas; sin embargo, esto no detuvo el incremento de la importación de alimentos, rubro al que se destinaron 21 mil millones de dólares en el mismo año .
En la lógica empresarial que priva al seno del gobierno, los alimentos son de quienes los pueden pagar; el altruismo no es viable ni fiable.
La inversión propuesta en el agro no abastecería a las zonas urbanas e industriales, pero facilitaría el acceso a maíz, fríjol y pequeña ganadería de traspatio, amén de los recursos indispensables para afrontar la desnutrición entre la población marginal, esa que cómo luce en el discurso y tanto afea en las postales del gabinete.
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