POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Después de rasgarse las vestiduras y mostrarse a plenitud como una propuesta política retardataria, oscurantista y maniquea, la derecha mexicana, respondiendo a las trampas de un proceso electoral que saben casi perdido, bronca al otro extremo ideológico y trata de venderse a los desmemoriados como una opción democrática interesada en el bienestar ciudadano.
Sólo así se explica la cara dura de los legisladores panistas María Joann Novoa y Óscar Castillo para promover la prohibición de los anuncios publicitarios de clínicas particulares irregulares dedicadas, sin autorización alguna, a practicar el aborto en el Distrito Federal.
¿Dónde guardaron la imposición y la intolerancia que ejercieron durante el proceso de aprobación jurídica de la ley que permite el aborto en el Distrito Federal?.
El capital electoral es importante. Las cifras oficiales del gobierno capitalino, del 24 de abril de 2007 al 15 de diciembre de 2011 marcan que se realizaron 69 mil 861 interrupciones legales de embarazo, además de existir hasta ese momento 107 mil 450 solicitudes pendientes.
Sin embargo, existe un número de mujeres que acuden a clínicas particulares no autorizadas por la Secretaría de Salud local, arriesgándose a una clandestinidad poco escrupulosa.
Colgándose de este hilo, Novoa y Castillo presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a prohibir la publicidad sobre la interrupción legal del embarazo en clínicas privadas.
“Que se establezca la prohibición de anuncios que promuevan la interrupción legal del embarazo en clínicas privadas irregulares, además de establecer que ningún medio de comunicación pueda contratar publicidad de éstas, sin que aparezca su registro correspondiente”, propusieron.
La propuesta turnada a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados prevé igualmente exhortar al titular de la Secretaría de Salud local a realizar inspecciones y aplicar la ley a las clínicas privadas que ofrecen la interrupción legal del embarazo de manera ilegal.
El punto de acuerdo señala que esa práctica se ha convertido en un negocio de particulares que se promueven en los medios de comunicación, aun sin contar con la autorización correspondiente.
Los referidos anuncios publicitarios están al margen de la ley, pues no señalan los riesgos ni tampoco establecen direcciones físicas de las clínicas u hospitales, sólo proporcionan teléfonos, sin mencionar si las instalaciones se encuentran bajo la supervisión de la Secretaria de Salud del Distrito Federal o disponen de algún otro tipo de certificaciones médicas.
Eso sí, los costos están bastante claros. Una intervención de este tipo puede costar 3 mil 400 pesos cuando el embarazo es menor a tres semanas y hasta 5 mil 500 pesos si es de 12 semanas. Incluso, algunos establecimientos ofertan el pago por semana.
Esa blandengue maniobra electorera contrasta con la continuidad de los proyectos hacia el bienestar de las mujeres de la izquierda capitalina.
El Gobierno del Distrito Federal dio a conocer que a partir del sábado 28 de enero de 2012 las mujeres que se encuentren recluidas en cualquier centro penitenciario podrán abortar dentro del plazo que marca la ley.
De acuerdo a las modificaciones a la Ley de Salud publicadas en la Gaceta Oficial el viernes pasado, destaca que las reclusas también tendrán acceso a métodos anticonceptivos ordinarios y de emergencia.
“(A las mujeres que se encuentren en cárceles) Contar con módulos para facilitar el acceso oportuno, bajo consentimiento informado, a métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, a la interrupción legal del embarazo y de información sobre atención materno-infantil”, puntualiza la publicación.
Las reformas de los artículos 98 y 99 que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aclaran las obligaciones y atribuciones de la Secretaría de Salud del DF en materia de salud reproductiva en centros de reclusión femenil.
La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social en la ALDF, Marisela Contreras, explicó que las reformas establecen programas desde una perspectiva de género, los cuales deberán realizarse dentro de los centros femeniles de reclusión y readaptación, que contemplarán estudios de detección de enfermedades y atención de cáncer de mama y cervicouterino, así como de VIH/SIDA para quienes lo soliciten.
Se trata de garantizar su derecho a la salud y no limitar los servicios por el hecho de estar cumpliendo una sentencia de prisión.
Obviamente no existe un punto de comparación entre el oportunismo conservador y los proyectos profundos de la libertad.
Los números del gobierno de la Ciudad de México son claros. De las pacientes atendidas, 74.2 por ciento son habitantes del Distrito Federal y 25.8 por ciento residen en otras entidades federativas, mayoritariamente en el Estado de México.
El 64.5 por ciento de los abortos legales se ha realizado en hospitales de la Secretaría de Salud del DF (64.5 por ciento) y en Centros de Salud (35.5 por ciento).
El 56 por ciento de las mujeres reportaron ser solteras y el resto casadas; 30 por ciento con nivel de secundaria; otro 30 por ciento con preparatoria, y el resto con nivel universitario.
Cifras aparte, es inobjetable que estas mujeres tuvieron una diferencia sustancial en sus vidas gracias a una normatividad que supo aglutinar intereses humanitarios progresistas, opuestos radicalmente a la miopía escandalosa del Partido Acción Nacional, cuyos representantes deberían de guardar distancia a una causa que en ellos es simple chaquetazo grillero.
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