POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Históricamente, los gobiernos de México han velado por el interés de quienes los patrocinan en el poder, alcanzando, en la actualidad, la fusión definitiva entre el grillo y el rico, por ende que el Informe sobre Desarrollo Humano México 2011: Equidad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados. del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD-México), diga que el gasto público nacional tiene un “pobre desempeño” y continúa generando una falta de equidad, debido a que muchas de las asignaciones se hacen por grupos de presión, principalmente en estados y municipios, es repetir lo de sobra sabido.
Los programas sociales, ideados para tapar apariencias y nunca resolver cuestiones de fondo, persiguen beneficiar a los que siempre ganan, es decir, a los verdaderos responsables del status quo, no a las bases pétreas del sacrificio social.
Por ejemplo, los subsidios al campo se concentran en los productores con mayor tierra. Es decir, no hacia los que más los necesitan, sino en aquellos que ya cuentan con mayores recursos, por lo menos en la extensión de terreno.
El alto grado de discrecionalidad gubernamental, sobre todo en los estados, hace que las asignaciones del gasto no se guían necesariamente por los intereses ciudadanos sino por grupos de presión, por intereses políticos, por gasto mal planeado y por la ocurrencia de algún gobernante.
En suma, por caprichos a subasta y no a un espíritu fiel de la igualdad ciudadana, asentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
México está lejos de alcanzar la progresividad del gasto social lograda en otros países. En 28 naciones de la OCDE, donde se puede medir la regresividad en la distribución del gasto público en pensiones, México ocupa la última posición, con la distribución más sesgada, en detrimento de los más pobres.
En América Latina, de 11 países analizados, México ocupa el quinto lugar en regresividad del gasto social, al asignar a 20% de la población con mayor ingreso un gasto social más de tres veces superior al correspondiente a Chile, que ejerce su gasto social con la mayor progresividad de la región. Al hacer una comparación similar con el gasto en salud, México ocupa el último lugar.
Mientras que el gasto federal en educación se dirige en mayor medida a los más pobres por ingreso, el gasto en salud y las transferencias al ingreso se concentran en los más ricos.
Al examinar el gasto federal descentralizado: los Ramos 28 (Participaciones) y 33 (Aportaciones), se encuentra que en 2005 el Ramo 28 favoreció a las entidades federativas con mayores ingresos, mientras que el Ramo 33 se concentró en las de menores recursos.
El informe asegura que México no cuenta con un sistema universal de atención a la salud, por lo que el gasto público por beneficiario es “50% mayor para la población asegurada que para la no asegurada”.
Teóricamente, el sistema educativo ha logrado una cobertura casi universal de la educación primaria; sin embargo, resulta notoria la cobertura restringida hacia el final de la educación básica, y sigue vigente el reto histórico de ampliarla en educación media superior que, a diferencia de otros países, es relativamente baja.
Más de 75% del financiamiento de la educación en México proviene de recursos públicos y 90% del costo de los servicios de educación básica se origina en el pago de salarios a maestros, por lo que la proporción de recursos que se destina a otros insumos para el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta limitado, lo que ”se refleja en el equipamiento de las escuelas a las que acuden los niños y niñas más pobres, que frecuentemente no cuentan con electricidad, baño, pisos limpios, libros ni computadoras”.
Esta situación genera mayores desigualdades, ya que, además, las escuelas a las que asisten los estudiantes de mayor ingreso tienen directores y profesores que perciben un mayor salario, acumulan mayor educación y experiencia.
De acuerdo con el PNUD, “el marco institucional para el diseño, el seguimiento y la revisión del gasto público es deficiente para evitar su asignación con un importante componente de discrecionalidad. Esto ayuda a entender por qué el gasto total per cápita ejercido en las entidades federativas se concentra en los municipios, o sus equivalentes, con menores carencias, y no en donde criterios de equidad lo recomendarían”.
El informe plantea que la falta de equidad que sistemáticamente se observa en la asignación del presupuesto público hace necesaria una revisión de los incentivos políticos para que los diputados respondan a los intereses de sus electores y rindan cuentas de su actuación.
Entre las acciones que se sugieren se cuenta el reformar integralmente los sistemas de seguridad y de protección social con base en un paquete básico no contributivo universal, eliminar subsidios generalizados al consumo y sustituirlos con subsidios focalizados.
Otras propuestas como la reelección inmediata de legisladores o fortalecer en entidades federativas, la capacidad del poder legislativo, suenan bastante ingenuas, considerando la vocación antidemocrática de los funcionarios y la ambición ilimitada de los partidos.
El Informe sobre Desarrollo Humano México 2011: Equidad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados. del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD-México), es un título adicional a la inmensa literatura existente en cuando al desequilibrio social que desemboca en lo trillado, sabido y, a pesar, imposible de resolver, hasta que los ciudadanos caigamos en cuenta que hemos sobrevivido aun con la burocracia y que podemos seguir haciéndolo usando los recursos que se pierden miserablemente en ella.
No hay comentarios:
Publicar un comentario