Sin andarse por las ramas y mostrando reverencia a la mano que le da de comer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la modificación del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que aclara que sólo proporcionará información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando “no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”.
Dicho de otra manera, deja en manos de los policías la decisión de facilitar información que no convenga a los intereses oscuros que guardan.
A esta determinación tomada el 9 de marzo de 2010, habrá que sumarle otra, resuelta hace una semana, donde los ministros conculcaron las facultades de las comisiones de derechos humanos para acudir a los tribunales internacionales cuando sus defendidos así lo necesiten o merezcan.
En corto, la Suprema Corte de Justicia bloqueó que se la pasen por alto, atrayendo la atención del mundo, y que el gallinero local no se ponga loco por cuestiones tan, diremos, nimias como los Derechos Humanos.
Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar, los ministros apenas nombrados en diciembre de 2010, supuestos defensores a ultranza de los Derechos Humanos, fueron los primeros en alinearse al frente conservador de la Suprema Corte y sin titubeos o escrúpulos votaron lo que “había que votar”, ganándose la rechifla de quienes los apoyaron en el cabildeo del puesto por serviles y chaqueteros.
En una votación dividida, en la que pesó el cambio de camiseta de los aludidos, siete de los once ministros se lavaron las manos y liberaron de la cadena a la PGR para que no se entorpezca el ”brillante” trabajo que hace en contra del crimen organizado y la implicación de inocentes.
Si de por sí la CNDH es un tigre de papel para los capos del poder institucional, con este respaldo legal, los Derechos Humanos sufren un retroceso a la dimensión desconocida.
Para la mayoría de los ministros, la secrecía y discrecionalidad con que se dotó a la PGR, no vulnera ninguna disposición establecida en la Constitución, es decir, ni siquiera revisaron el apartado de las garantías individuales y nomás escucharon las voces de sus compadres y perpetraron esta afrenta abierta, descarada, premeditada, alevosa y ventajosa en contra del pueblo de México.
Sin salirnos de los derechos humanos, Juan Molinar Horcasitas, Secretario de Comunicaciones y Transportes, señalado como corresponsable de la muerte de 49 infantes de la guardería ABC, en Hermosillo Sonora, cuando era Director del IMSS, fue increpado por diputados de las comisiones de la Función Pública, Comunicaciones y Transportes, y Hacienda, junto a ciudadanos que con veladoras, pancartas, cruces de cartulina y flores exigieron su renuncia a la SCT para que se pusiera a disposición de las autoridades.
Sabiéndose protegido por el manto de Felipe Calderón, el mequetefre ni sufrió ni se acongojó, aclarando que es el Ministerio Público, y no la Suprema Corte, el encargado de llevar la investigación en la que lo involucran,
La postal del momento fue una fotografía que lo toma haciendo un saludo hitleriano durante la comparecencia de dos horas de duración y terminada con la habitual desfachatez de los malditos “Muchachos, ya tienen todo el material de la comparecencia de hoy, por lo que les agradezco... ¡les agradezco su interés...!”.
Por supuesto, los Dodos enchilados se preparan para dar guerra a estas desafortunadas interpretaciones de la ley a favor de un status quo, que se creía aniquilado, y que la casta canalla resucita a modo de seguir destruyendo el bienestar público y el progreso cívico.
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