POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
La Secretaría de la Defensa Nacional tuvo a bien informar, de forma discreta y en una especia de acuerdo de cobertura mediática de bajo perfil, que de diciembre de 2006 a febrero de 2010, 59 militares fueron investigados o procesados por violación a los derechos humanos.
Cincuenta y nueve efectivos no son una cifra discreta, evidentemente, pero considerando el volumen de denuncias de la ciudadanía a las fuerzas armadas por propasarse en el cumplimiento del deber, el monto es ridículo. No pasa un día en que, a causa del celo profesional por cumplirle al presidente Felipe Calderón el capricho de acabar a la competencia delictiva, no haya denuncias de atropellos a civiles.
En el Caso Castaños, (Coahuila, 2006), donde 14 mujeres (camareras, bailarinas y prostitutas de centros de nocturnos) fueron golpeadas y violadas por militares, la SEDENA, en atención a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dictó sentencia en el fuero civil a cuatro soldados involucrados. Sí, 4.
En apego a la información emitida por la Defensa, de los 55 militares restantes, nueve (tres oficiales y seis de tropa) forman parte de una investigación previa en integración; 38, (un jefe, cinco oficiales y 32 de tropa) encaran un proceso militar; y ocho ( un jefe, dos oficiales y cinco de tropas) recibieron sentencia de un tribunal militar.
En el lapso de tiempo señalado, la CNDH recibió 3,430 quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos de civiles, y sólo cincuenta y una derivaron en recomendaciones (1.5% del total).
De las cincuenta y una recomendaciones, 27 apenas integran la averiguación, y seis tienen causas penales, es decir a juicio de la normatividad militar, la responsabilidad de los uniformados puede demostrarse.
En otras diez recomendaciones, no hay, en la óptica de la SEDENA, responsabilidad de su personal y pasaron al archivo de averiguaciones previas; y en cuatro de ellas no hubo indagación al empezarse procedimientos administrativos.
Tres recomendaciones fueron concluidas las averiguaciones previas sin acreditarse alguna conducta ilícita de militares, y una fue analizada sin que se descubriera algún indicio de presencia castrense.
En síntesis, la SEDENA "ratifica su compromiso ante la ciudadanía de no tolerar violación alguna al estado de derecho, ni actos que atenten contra las garantías fundamentales de las personas, reconociendo que los derechos humanos son indispensables para el desarrollo integral del individuo".
Apegándonos a la lógica de las matemáticas, resolver el 1,5% del total de denuncias civiles contra la violación de sus derechos humanos, transmite un dejo de burla, en especial, por la constante demanda en diferentes niveles de gobierno para sacar al ejército de las calles frente al, llamémosle, escaso éxito en el freno de las actividades ilícitas en el lugar donde está presente.
De hecho, y las cifras oficiales no nos dejan mentir, el crimen organizado se ha extendido y ha abierto espacios de ataque inéditos como una estrategia para vencer al adversario y poner en entre dicho las pretensiones irreales del calderonismo.
El respeto y la protección a los Derechos Humanos de la ciudadanía es obligación esencial del Estado y la administración que lo complementa, sin esa prioridad, la justicia siempre será parcial porque el buscar al culpable de un delito, se termina sacrificando al inocente y, a la larga, la presencia de las fuerzas de seguridad es percibida como una ocupación agravada y un pretexto desgraciado de los delincuentes para golpear sin misericordia.
1.5% jamás será equivalente a 100% de justicia.
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