Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, ambos alumnos de posgrado, nunca pensaron que el viernes 19 de marzo de 2010 era el último día de sus vidas, cuando en un enfrentamiento entre efectivos del Ejército Mexicano y un grupo armado los asesinaron en un fuego cruzado en las cercanías del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Nuevo León.
Como es habitual en estos casos, las autoridades negaron, sin investigar primero, que hubiera alguna víctima en este suceso, menos dos.
Las familias de los jóvenes recobraron los cadáveres de sus hijos en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la localidad.
En un comunicado el rector de la institución, Rafael Rangel Sostmann, exigió una disculpa pública del manejo irresponsable de la información oficial y expresó su más sentido pésame y el apoyo total de la institución a las familias de los caídos en esta tragedia que, para variar, nunca tuvo que ocurrir.
Son estas pérdidas estúpidas las que acabarán por distanciar totalmente a la ciudadanía de las instituciones, justo en el momento que demandan un respaldo absoluto de los mexicanos para justificar sus decisiones.
Quizás las drogas no llegan a la familia porque sus miembros mueren en esta guerra que no se explica con argumentos simples.
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