POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
“Las universidades públicas en México enfrentan problemas “políticamente explosivos” que las tienen al “límite”, convertidas en “verdaderas bombas de tiempo”, debido a que en la última década se incrementó la presión financiera para enfrentar, entre otros, el pago de pensiones y jubilaciones o la renovación y reconocimiento de profesores en activo, y también porque prevalece el “grave rezago” de dar oportunidades educativas a los jóvenes —a pesar de la expansión—, y por las “tensas relaciones” que mantienen algunos rectores con los gobernadores.
A estos temas se le suma una “señal preocupante” de jóvenes “que tienden a movilizarse cuando hay focos de conflicto que no pueden ser resueltos en los marcos institucionales”, como lo es la agenda emergente de la inseguridad, de la violencia, del crimen organizado y de la guerra legítima o no que ha propiciado el propio Estado para enfrentar al narcotráfico, advierten rectores de universidades públicas e investigadores especialistas en el sistema universitario”.
La cita no es un extracto de algún documento catastrofista sobre el movimiento estudiantil de 1968, ni una de esas páginas de radicalismo intelectual anti todo. No. Es parte de la percepción colectiva de los rectores de Guadalajara, Guerrero, Oaxaca, Ciudad Juárez, Morelos y Zacatecas así como investigadores especializados.
En un estudio solicitado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conocer las condiciones financieras de las universidades respecto al tema de jubilaciones y pensiones reveló que 21 de 33 de ellas se encuentran en situación “insostenible”, “crítica y muy crítica”.
Pagar pensiones y prestaciones para los trabajadores de las 33 universidades en 2008 costaba 254.3 mil millones de pesos, equivalente a 1.3 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esos compromisos representaban dos veces el presupuesto que en ese año recibiría el sistema universitario.
Pero la situación es un asunto estructural y ha generado un pasivo, un déficit, de 449.5 millones de pesos, a pesar de las reformas realizadas para modificar los contratos colectivos de trabajo, y pese a que la SEP destinó más de 7 mil millones de pesos entre 2002 y 2009.
Dicho de otra manera, como en cientos de áreas de la administración pública federal, no hay presupuesto que alcance y tampoco es tan sencillo desmontar las mafias que paralelamente se han desarrollado a la sombra del “bien de la Patria”.
En la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la que encabeza la lista en esta crisis de “desfinanciamiento” —como señala el documento de evaluación solicitado por la SEP—, esta condición deficitaria llevó a la institución a pagar al ISSSTE con edificios.
Los rectores de la década negociaron la entrega de la Escuela de Medicina, del Centro de Idiomas, la Rectoría y la Secretaría Académica al ISSSTE por no contar con los recursos para cubrir el pago de pensiones, jubilaciones, de servicios médicos de los trabajadores en activo y apoyos de vivienda. Pero también acumuló pasivos de más de 318 millones de pesos ante su incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales con Hacienda.
A pesar de que se realizaron acciones para reducir los pasivos de jubilaciones, se buscaron condonaciones fiscales, se impuso un impuesto a los zacatecanos para rescatar a la institución y junto con el gobierno estatal y la SEP crearon un proyecto para sustituir las instalaciones (en 20 años) entregadas, así como enfrentar el crecimiento de la matrícula, el rector advierte que entre lo autorizado y lo ejercido “origina un déficit que cada año presiona a las finanzas de la institución y genera incertidumbre en el personal por el pago de prestaciones contractuales para el fin del año”.
Ascencio Villegas Arrizón, rector de la Universidad de Guerrero, afirma que mientras existen universidades que están solicitando recursos al Congreso de la Unión para seguir creciendo hay otras, como la que él encabeza, que “estamos pidiendo que nos den los recursos necesarios para subsanar el déficit financiero de muchos años, mientras unos ven al futuro, nosotros estamos buscando resolver el pasado”.
En la Universidad de Guerrero, que está también entre esa lista de instituciones en situación “insostenible”, “el presupuesto sólo alcanza para pagar 60% de sus obligaciones” actuales. El subsidio que recibe la institución es de 995 millones de pesos, pero no alcanza para cubrir el pago de nómina que asciende a mil 200 millones de pesos al año.
Los pasivos acumulados por pensiones y jubilaciones, así como el pago de impuesto que se dejó de reportar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una cantidad por arriba de los mil millones de pesos; además se tiene un faltante de 333 millones de pesos porque, ante el crecimiento de la matrícula de la última década la SEP y la SHCP no han reconocido las plazas generadas para profesores.
A más de un mes para el cierre del año, el rector dice tener otro déficit de 39 millones de pesos para pagar prestaciones y salarios de los trabajadores, por lo que iniciará las gestiones para obtener esos recursos. “Nos hace falta ese recurso, aún y cuando sé que he tenido que desviar recursos del pago de Hacienda para cubrir otras necesidades”, admite.
“En la Universidad de Guerrero ya llegamos al límite, hemos seguido las políticas federales para incrementar la calidad, la cobertura, ser eficientes y transparentes en el ejercicio de los recursos, pero no es suficiente para resarcir lo ocurrido en el pasado”, refiere.
El rector Villegas Arrizón asegura que son los estudiantes los que han empezado a pagar este costo. “Nos están obligando a privatizar la universidad, aunque no existe una norma que permite que las unidades académicas hagan cobros adicionales al pago de inscripción, la de Ciencias Políticas cobra hasta 6 mil pesos por alumno para que se siga dando el servicio. Estamos convirtiendo a las instituciones en élites y eso nos puede llevar a que estallen otros problemas”.
El problema de las universidades públicas de México no es un asunto menor. Es claro que todo el aparato educativo federal está reventado, malversado y obsoleto aun en las funciones mínimas de la “deformación” y la “ideologización” que tuvo en el siglo XX. No obstante, a nadie parece interesarle hasta que los estudiantes salgan a las calles y defiendan el derecho que tienen, si han cumplido con todos sus requisitos, para mejorar su futuro a través del conocimiento y la inteligencia; valores que aquí son letra muerta.
Ubique en un mapa de la República la localización de las universidades expuestas, evalúe el entorno y saque sus conclusiones.
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