POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Uno de los grandes perdedores de la guerra gubernamental contra el crimen organizado es el Ejército.
Dejado en la estocada, precisamente, por esos arreglos grillos habituales en las cúpulas dirigentes, los soldados mexicanos fueron puestos al filo de la navaja al lanzarlos a sofocar una violencia que los superó.
Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó ante el presidente Felipe Calderón que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del gobierno deben ser tratadas en tribunales civiles y que las medidas especiales aplicadas por el Estado en el combate a la criminalidad deben ser acotadas en el tiempo.
En otras palabras, el mundo, compartiendo el pesar de los ciudadanos locales, demandó al Presidente de la República a que se responsabilice de la tragedia inaugurada y que se preocupe por contener las consecuencias funestas.
No obstante, Calderón respondió que todos los hechos de violación a las garantías cometidas por autoridades se investigan y se castigan incluso con prisión, pero no hizo mención a la necesidad de que en cualquier caso sean tribunales civiles.
Evidentemente, dentro de la lógica de la locura, el presidente prometió a los militares prerrogativas de excepción, ya existentes, a cambio de pegar lo más fuerte posible a los delincuentes y a los enemigos que les señalara.
Felipe Calderón comentó que la lucha anticrimen se hace en México sin establecer un régimen excepcional o de cancelación de derechos, pese a que lo contempla la Constitución.
“Veo con preocupación los crecientes informes sobre violaciones a los derechos humanos atribuidos a agentes del Estado en esta lucha en contra del crimen organizado y los exhorto a asegurarse de que haya una investigación plena de todos estos sucesos, que deberían ser tratados y manejados en los tribunales civiles, independientemente de quien haya sido el perpetrador”, destacó en la residencia oficial de Los Pinos.
Desafortunadamente, a pesar de lo sabido, el funcionario persiste en usurpar un halo de santidad en acciones que es imposible justificar, a menos que sean los delirios de un enfermo o la frialdad de un asesino.
En el marco de la firma del Acuerdo para la Protección de Defensores en Derechos Humanos, Pillay anticipó que dará puntual seguimiento al trabajo legislativo en materia de fuero militar.
“Seguiré muy de cerca el debate legislativo sobre los cambios propuestos en el ámbito del fuero militar penal y espero que el Congreso considere modificaciones que ampliaran la protección en contra de las violaciones humanas. Asimismo, mantendré altas expectativas de que mi oficina en México va a desarrollar una cooperación fuerte con las fuerzas de seguridad pública mexicanas”, expresó.
La alta comisionada informó que en sus recorridos por México le ha quedado claro cómo el crimen violenta los derechos de personas, incluidos migrantes, y que por ello el Estado debe brindar seguridad.
“Bajo circunstancias especiales, medidas especiales deberán de tomarse, mientras que el Estado construya la capacidad necesaria para proteger a sus ciudadanos de acuerdo con los términos del derecho, pero dichas medidas excepcionales deben permanecer lo que son, excepcionales y acotadas en el tiempo, y deben quedarse dentro de los límites definidos por las normas y los principios de los derechos humanos”, dijo la representante de la ONU.
Felipe Calderón manifestó que se debe perseverar y triunfar con el afán de hacer de México un país de leyes.
“Si queremos que se protejan los derechos de todos, debe ser ejerciendo, precisamente, una actividad pública que proteja los derechos de las personas”, aseveró.
Pero, en la estadística el objetivo apunta que lo único derecho en estas condiciones es la muerte.
Mordiéndose la conciencia, si es que aun existe en él, Calderón afirmo que su gobierno enfrenta a los criminales “con firmeza, porque no hay otra manera de hacerlo eficazmente (...) pero siempre, siempre, con la plena conciencia de que nuestra primera obligación es observar la ley y proteger y respetar los derechos humanos”.
El jefe del Ejecutivo aseguró a Pillay que el objetivo de esta lucha es lograr que prevalezca el estado de derecho y hacer de México un país de leyes.
“Si queremos que se protejan los derechos de todos debe ser ejerciendo, precisamente, una actividad pública que proteja los derechos de las personas”, dijo el mandatario. Agregó que la instrucción a las fuerzas federales es proteger los derechos humanos de las personas, y cualquier violación debe ser investigada, perseguida y castigada.
“No se trata de una convicción profunda de respeto al marco legal que tenemos, el cual no hemos alterado, es un marco legal que ha continuado vigente y donde no se ha hecho ni declaratorias extraordinarias, ni situaciones excepcionales, ni suspensiones o cancelaciones de derechos que, aunque están previstas en la Constitución, no se ha recurrido a esa figura porque tenemos la convicción de que este esfuerzo tiene que darse en el marco de plena vigencia de las garantías de las personas”.
Desgraciadamente para los caídos y las víctimas “colaterales” de esta masacre, esas palabras poco consuelan.
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