POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Y tal como lo expusimos los Dodos, en su momento, la Ley SB 1070 entró en vigor en Arizona con restricciones polémicas habituales.
Variando la tónica de la media de los análisis periodísticos, pongamos énfasis en una serie de cuestionamientos directos al Gobierno Federal de México.
Desde la administración de Ernesto Zedillo hasta hoy 30 de julio de 2010, la política exterior mexicana paulatinamente se ha ido desmantelando, pasando de un punto de referencia internacional de acción a una pantomima, donde el Servicio Exterior sirve exactamente para cobrar y rascarse la panza. Muchas declaraciones encendidas en tantas discrepancias estratégicas que finalmente los Estados Unidos aplica, valiéndole lo que el hermano menor alegue.
Además de rasgarse las banderas, qué ha hecho el gobierno de Felipe Calderón realmente en pro de evitar que los mexicanos abandonen el país, buscando un horizonte menos terrible de existencia. Lejos de preocuparse, Calderón y compañía, siguieron la pauta de Vicente Fox de alentar la emigración para enriquecer las remesas de los trabajadores en el extranjero, y convertir el renglón en uno de los primeros cuatro generadores de riqueza. Cuanto les pasará a los paisanos era, es y seguirá siendo “su” bronca, los burócratas sólo toman el asunto si le van a ganar algo. O sea no vengan con indignaciones cuando son los primeros en ofender los derechos humanos de los connacionales.
Que el 9% de la población de Arizona sea mexicana, y que de ese número más del 8% sea indocumentada, no le quita el sueño al gobierno estatal, por el contrario, le ha dado, gracias al mitote “patriotero” de México, la oportunidad de meter un fuerte golpe a la Casa Blanca demócrata.
En cuestión de ilegales, del Río Bravo hacia abajo, el 21 de julio 2010 México, Uruguay, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Cuba, Chile, Turquía, Senegal y Micronesia (estos tres últimos para curarse en salud) firmaron en Ginebra, Suiza, una condena al espíritu racista y xenófobo de la Ley Arizona, un acto que elevó la disputa a la diplomacia habitual y que, como se ve, nomás quedó como anécdota.
En apoyo al ejemplo de Arizona, 14 estados de la Unión Americana han buscado promover iniciativas antiinmigrantes parecidas: Missouri, Pennsylvania, Carolina del Sur, Minnesota, Colorado, Georgia, Maryland, Mississippi, Utah y Texas.
Arizona sola no está y la percepción de los gobernadores en Estados Unidos se acomodó en una preocupante dirección.
No obstante, al seno de Arizona, la población está divida y el fenómeno puede extenderse de no encontrar los bandos argumentos devastadores para derrotar al partido opositor.
Según, el Instituto Nacional de Migración (INM) por Sonora cada año son repatriados poco más de 200 mil migrantes y la cifra podría incrementarse un 50% más debido a la nueva norma.
Más de 500 mexicanos son repatriados a diario desde Estados Unidos por las ciudades fronterizas de Sonora. Durante 2009, hubo 215 mil 709 repatriaciones, de ellas 158 mil fueron por Nogales, 32 mil por Agua Prieta, 18 mil por Naco y el resto por San Luis Río Colorado.
En lo que va de 2010 se han reportado 42 mil deportaciones de mexicanos, por las aduanas de esas ciudades fronterizas de la entidad. Incluso la Ciudad de México recibió a los primeros 17 habitantes repatriados de Arizona.
Por supuesto, mientras esto ocurre, ninguno de los poderes de la Federación de México ha tomado medidas indispensables en una repatriación masiva ni tampoco han olvidado la “grilla” diaria a fin de promover un plan de contingencia; lo único que sí les quita el sueño es de dónde sacarán la diferencia de la merma de los dólares que mensualmente este ejército laboral irregular envía a la República, fuera de eso, la Ley Arizona sería otro trago amargo de corta efectividad.
Como es usual, pudimos adelantar acontecimientos, pero prevaleció el “al ratito” y he aquí las complicaciones.
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