POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El 19 de septiembre de 2011, tomando una determinación única en los medios impresos, el presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, anunció que a partir de ese día se elimina de dicho periódico la publicidad que ofrezca servicios que puedan ser aprovechados por personas dedicadas a la trata de personas, y que cederá espacios a organismos de la sociedad civil para que impulsen programas de trabajo orientados a combatir el problema.
En un acto realizado en las instalaciones del diario y ante la presencia de la procuradora general de la República, Marisela Morales; la presidenta de la Asamblea Legislativa del DF, Alejandra Barrales; el procurador de Justicia capitalino, Miguel Ángel Mancera, y el senador Manlio Fabio Beltrones, entre otros, Juan Francisco Ealy Jr., explicó que la decisión de cancelar ese tipo de anuncios se dio tras meses de reflexión profunda sobre su participación en el mercado de publicidad para adultos e hizo un llamado a la industria periodística y a todos los medios de gran penetración a “cerrarle la puerta a estos criminales”, e instó a dejar de emplear esa temática en programas y series que “lucran con el deterioro moral de un sector de la sociedad".
De acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas afecta a millones en todo el mundo y genera ganancias estimadas en más de 7 mil millones de dólares anuales; a esta actividad se le considera la esclavitud del siglo XXI.
En el caso de México, según la Procuraduría General de la República (PGR) en datos citados en el estudio La Trata de Personas en el Sector Turístico, los estados con mayor índice de trata de personas son Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que están entre las 18 entidades del país que concentran 90% de dicho fenómeno delictivo.
El informe fue encargado por la Secretaría de Turismo (Sectur) al Observatorio de la Violencia de Género de la Universidad del Caribe (Unicaribe), con sede en Cancún, como parte de una estrategia nacional de atención al tema de trata en los principales centros turísticos de México.
El análisis abarcó Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Cancún y Riviera Maya, Quintana Roo. Lo dirigió Celina Izquierdo Sánchez, del Observatorio, y la consultora Redes Turismo, representada por Marisol Vanegas.
La explotación sexual dirigida al sector turístico es visible a través de ofertas de paquetes de viajes que incluyen servicios sexuales. Es un negocio clandestino, pero opera en establecimientos aprobados y regulados por la autoridad, como son las casas de masajes, centros que ofrecen servicios de escorts (acompañamiento) de hombres y mujeres de negocios; bares y table dance.
Las víctimas son mexicanas originarias de localidades rurales y urbanas pobres; también mujeres extranjeras, de Latinoamérica o Europa.
Es frecuente que las obliguen a ingerir alcohol y drogas como medio para facilitar su sometimiento y, en el caso de los servicios sexuales de menores, se ofrecen vía internet, a través de catálogos, pero también en periódicos locales, disfrazados de anuncios.
Los enganchadores —que son empleados de bares, trabajadores de hoteles, taxistas y “representantes”— se valen de diferentes vías para conectar a sus clientes, ya sea residentes y turistas nacionales o internacionales.
Los tratantes son personas con motivaciones vinculadas al ejercicio del poder, tanto económico, como de sometimiento a menores de edad y personas vulnerables, a quienes consideran una mercancía.
El reporte revela que una de las principales modalidades del delito de trata de personas en Cancún, es la de las redes de mendicidad, que aquí explotan a indígenas provenientes de Chiapas para pedir dinero en las calles de esta ciudad y en las playas de la zona turística.
Los tratantes aprovechan la vulnerabilidad, indefensión y carencia de redes de apoyo de los migrantes chiapanecos, quienes llegan aquí en busca de empleo y mejor calidad de vida.
De acuerdo con los investigadores que ubicaron toda una red de trabajo forzado o “trata de migrantes”, las víctimas son sumadas a las filas de la mendicidad. Existen tres grupos: indígenas, discapacitados y ancianos.
En esta actividad de explotación, equiparada con la antigua esclavitud, están involucrados grupos de la delincuencia organizada que utilizan a dichos grupos como “vendedores ambulantes” y narcomenudistas.
El estudio también sirvió como base de la campaña “Yo no estoy en venta”, lanzada meses atrás por el Centro de Atención Integral de la Mujer Maltratada, que dirige la activista en Derechos Humanos, Lydia Cacho Ribeiro. La campaña busca evitar que infantes, adolescentes y jóvenes que radican en Cancún, Riviera Maya y Chetumal caigan presas de las redes de trata, dotándoles de herramientas para blindarlos de ser “enganchados”, sobre todo a través de las redes sociales, fenómeno que cobra fuerza y al que se le conoce como growling.
Uno de los recursos para advertir a las y los menores sobre el riesgo en el uso inadecuado de las redes sociales es un video cuyo guión fue elaborado por jóvenes, en el que se explica cómo se trafica con mujeres provenientes de Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos o Croacia.
Descrito lo anterior, merece la pena resaltar la toma de postura de EL UNIVERSAL y aguardamos a que otros medios de información se unan a la reducción de vías de atracción que la trata de personas posee en nuestro territorio.
Lejos del gobierno, las empresas pueden (y deben) actuar a favor de la existencia digna y el trabajo honesto.
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