El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, responsable de investigar el caso de la tragedia de la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños, el cinco de junio de 2009, determinó que “el desorden generalizado que se vive en las guarderías subrogadas de todo el país —que toleraron los dos últimos directores del IMSS—, sumado a las deficientes medidas de seguridad y de protección civil —fomentadas por las autoridades de Sonora y de Hermosillo—, generaron las condiciones propicias” para la generación del siniestro y su fatídico resultado.
En otra lectura, que si hubieran tomado las prevenciones adecuadas y cada autoridad hubiera hecho el trabajo correcto, hoy esos niños estarían vivos y sus familias no estarían sumidas en la desesperanza y el dolor de una perdida humana invaluable.
La lista de funcionarios a quienes pidió responsabilizar, Arturo Zaldívar, está integrada por el ex director del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular de ese instituto, Daniel Karam; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, entre otros burócratas
Después de conocerse el dictamen, el plano de la Suprema Corte Justicia de la Nación canceló las sesiones de la próxima semana para dar tiempo a cada uno de los once ministros, por separado, estudié el documento y establezca lo que habrá de proceder.
Se piensa que la votación del dictamen sea discutida el 14 de junio próximo, sin embargo, para que llegue formalmente al pleno necesita seis votos, de once, y esa ventana propicia el juego de intereses particulares de los magistrados.
Respetando el marco jurídico constitucional, la Suprema Corte, según el artículo 97, no tiene facultades para ejercer sanciones directas a los implicados, pero aporta elementos de trascendente consideración a modo que el Congreso de la Unión, al Presidente de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública, así como a las autoridades estatales y municipales de Sonora, a quienes corresponde, en su caso, promover cualquier tipo de sanción penal, política, civil o administrativa consecuente.
A pesar de las lágrimas de cocodrilo ya reseñadas por los DODOS, Felipe Calderón instruyó a sus negociadores de cabecera, primero para frenar el conocimiento público de la investigación, y después buscar que la iniciativa no prospere por perjudicar la supuesta blancura de su gabinete y de un Secretario de Estado plenamente asociado al calderonismo.
No obstante, el simple hecho de que un Ministro se haya atrevido a documentar la situación y los nombres de los funcionarios metidos en la porquería, coloca un precedente inédito en la Historia del México contemporáneo.
Esperemos que a la larga, mundial de fondo, la imposición de privilegios gane y los mencionados no se refugien detrás del manto protector de un gobierno que, desde que nació, ha pisoteado la ley y los derechos fundamentales de los mexicanos.
No se trata de tomar venganza sino de una elección de ejemplar honestidad y JUSTICIA, como hace mucho no conocemos aquí.
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