POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Es una obligación constitucional informar a los ciudadanos las actividades realizadas por el Poderes de la Unión, en el tiempo y la forma correspondiente, amén que con ese fin se contraten los medios de difusión pertinentes.
Sin embargo, ese requisito de comunicación institucional no obliga a beneficiarse del deber para malgastar el dinero público en campañas de propaganda política estériles, nefastas y francamente deleznables.
Según las cuentas de los estudiosos de estos números, el gasto de las dependencias federales se incrementó 39% con respecto al 2009, para ubicarse en 5 mil 152 millones de pesos.
Hace tres años era 3 mil millones 425 millones de pesos; en 2008 facturó 4 mil 212 millones y doce meses después se contrajo a 3 mil 704 millones, para despacharse con la cuchara grande en este periodo de alardes grillos.
5 mil 152 millones de pesos equivalen a la cuarta parte de recursos que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México, con un estudiantado de 250 mil y generando la mitad de la investigación científica de la Nación.
Por ende, no estamos hablando de un cono de cacahuates; estamos tocando fuertes sumas de dinero que se van a la basura.
Con tal de “vender” el paquete económico de Felipe Calderón, se emitieron 246 mil spots de radio y televisión, sumando dos mil horas de transmisión, que hacen palidecer el presupuesto de cualquier campaña publicitaria privada.
Sin embargo, la diferencia abismal entre comprar una mercancía y creerle al gobierno es imposible de reducir mediante el recurso caro de inventarse una realidad de fantasía, al tiempo que a unas cuadras de la sala del televidente, la violencia y la muerte se dan hasta con el molcajete.
En “Calderonlandia” se emitieron 129 mil 410 mensajes por estaciones de radio y 29 mil 39 spots en televisión para describirle a los mexicanos las desgracias ocurridas por las inundaciones de Tabasco y Chiapas; de sumar el monto de los anuncios se hubieran tenido recursos decorosos para meter el hombro a los necesitados, no obstante, se dio prioridad a la imagen de un mandatario ocupado en levantar el barco.
Con este pensamiento ridículo, soberbio y mezquino, el Presidente y sus achichincles desperdician la riqueza en una comunicación social mal hecha, peor pensada, nacida de “creativos” de pacotilla que lejos de proteger el “producto”, como hacen los profesionales, exponen la investidura al escarnio popular. Nadie cree en el gobierno precisamente por la falsa identidad que adoptó y que imita de la administración de Vicente Fox, en la que nunca pasaba nada y el Estado hacía agua.
En un genuino referéndum público, estamos seguros que la mayoría (para no poner la abrumadora mayoría) se opondría el despilfarro estrafalario de billetes en propaganda, que pocos pelan y que no afectan el resultado electoral, previamente pactado en otra parte.
Sería coherente que esa suma se destinara, siguiendo en el ejemplo de la UNAM, a darle una cuarta parte adicional de recursos con lo que se aseguraría un conocimiento trascendental en los cuadros productivos mexicanos.
Pero se opta por una estrategia mediática, válida en otras sociedades, que den continuidad a las ansias de un tipejo enloquecido por ahogarse en sangre y repitiendo las bondades de un régimen que sólo existen en su cabezota y en el universo creado por los “propagandistas” a sueldo que obedecen órdenes y contribuyen a una contra propaganda instantánea de boca en boca en la que el ciudadano determina el comienzo de la verdad y la usurpación de la mentira.
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