SINSEN: INSTITUCIONES PODRIDAS

POR: ROLANDO GARRIDO ROMO

Estos días pareciera que el calor está a punto de derretirlo todo, incluyendo a un conjunto de instituciones que supuestamente tienen una “función social” y “sirven” a los mexicanos -¿o se sirven de… ?-: Iglesia Católica en medio del escándalo de la pederastia; procuradurías de justicia que fabrican delitos y después los convierten en accidentes; medios de comunicación que informan al contentillo de los poderosos; partidos políticos que pactan alianzas en lo oscurito, a espaldas de ciudadanos y militantes, o que las rechazan a cambio de ensartar con más impuestos a la población; bancos que exprimen de lo lindo a sus clientes con “instrumentos” (de tortura) financieros que sólo los favorecen a ellos - más comisiones estratosféricas-; y que por si fuera poco, protegen a redes de defraudadores y ladrones de identidad, que vacían las cuentas de los incautos usuarios de la banca; y en este sentido, instituciones de “seguridad” infiltradas por el crimen organizado, que no pueden proteger los datos elementales y “confidenciales” de la ciudadanía, que se consiguen a precio de oferta en Tepito.

¿Estas son las instituciones que los mexicanos hemos construido? O son las que han construido las élites económicas y políticas del país a lo largo de décadas, con la complacencia, el valemadrismo y hasta la complicidad de todos nosotros, al permitir que hagan lo que se les dé la gana.

Una combinación entre los intereses creados, los factores reales de poder y la ignorancia, desidia y el miedo que se le ha inculcado a este pueblo durante dos siglos, han dado como resultado un conjunto de instituciones podridas que tenemos que estar reformando, o reinventando cada 5 o 6 años (y si no que lo diga el IFE, que termina más y más cuestionado después de cada elección presidencial), esperando que la última sea la definitiva.

¿El problema son las instituciones o quienes las crean? Por supuesto que quienes las proponen, diseñan y operan son los responsables de los resultados. Pero también, y en no poca medida, aquellos a quienes van dirigidas (sean los ciudadanos, el pueblo, o como se le quiera llamar), que no cuestiona, no exige, no protesta y finalmente acaba aceptando las imperfecciones, injusticias y abusos de esas instituciones que supuestamente están a su servicio.

El problema del diseño institucional en México es que responde a los intereses de los grupos con poder político y económico. Es decir, están creadas primordialmente para defender intereses específicos, no el interés general.

En este contexto, es el patrimonialismo el que prevalece, que se ve reforzado por la burocratización, llevando a las instituciones a convertirse en instrumentos de grupúsculos que buscan su beneficio, y que consideran cualquier propuesta de cambio o reforma como un “ataque a las instituciones” (más bien a su espacio de poder, privilegios y ganancias económicas).

Así, la lucha por reformar o crear nuevas instituciones se convierte en una competencia por colocarse en el lugar que permita afianzar una posición de poder político y económico en detrimento de los competidores; y si para lograrlo tiene que sufrir el interés de la población que mayoritariamente no forma parte, ni pertenece a estos grupos, partidos o empresas, pues entonces que así sea.

Desgraciadamente el panorama no pinta mejor para los próximos años, pues la economía sigue dominada por monopolios y subordinada en su sector externo en un 90% a los vaivenes de la economía estadounidense; los partidos políticos están dedicados exclusivamente a luchar por las posiciones de poder que se disputan en las elecciones, sin contar con una verdadera propuesta de fondo para salvar de la catástrofe a este país; los medios de comunicación mantienen un poder inmenso, y se han convertido en los árbitros de las contiendas políticas, en jueces implacables y en “orientadores” sobre los valores que la sociedad debe ponderar; y las autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas responden a esos factores reales de poder, y al crimen organizado que veta candidatos y funcionarios que no le convienen (eliminándolos físicamente) o comprándolos con su inagotable bolsa de dólares.
Lo único cierto es que el ciudadano común no va a poder enfrentar esta ola de injusticias, barbaridades, abusos y estupideces de las instituciones, si lo intenta hacer de manera aislada. Las redes sociales son insuficientes. Se necesita organización, acciones continuas, enfocadas a minar el poder de estos grupos y que al mismo tiempo vayan construyendo una verdadera alternativa ciudadana, que sustituya a la podredumbre en la que nos encontramos inmersos.