APUNTES: LA LEY DÖRING

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

Como es costumbre en los grillos trepadores emplumados, en México el pasado 15 de diciembre de 2011, el senador panista Federico Döring presentó ante el Senado dos iniciativas conocidas como “Ley Döring” que pretenden que los cibernautas no descarguen ni compartan archivos registrados como propiedad privada por empresas mercantiles. Tal medida abarca sanciones para quien transmita o difunda sin permiso música, videos, películas o libros electrónicos por los cuales no haya pagado previamente para su consumo”.

Sin un atisbo de originalidad y mucho menos de una preparación técnica adecuada, la improbable Ley Döring una norma similar a la Ley SOPA (Stop Online Piracy Act) o “Ley Antipiratería Online” que desde octubre de 2011 promueve en la cámara de representantes de Estados Unidos el político texano Lamar S. Smith. Dicha propuesta sería analizada para su aprobación este 24 de enero, pero ante el embrollo universal desatado la discusión fue “congelada”.

Cabe señalar que la Ley SOPA a grandes rasgos criminaliza la distribución por parte de los usuarios de Internet de contenidos que son protegidos por la propiedad intelectual, como serían marcas, películas, videos musicales, conciertos, canciones, poemas, etcétera. La propuesta legislativa da facultades al Departamento de Justicia de EU para actuar contra portales acusados de almacenar o permitir la transmisión de archivos propiedad de las firmas comerciales. Las órdenes judiciales incluyen el cierre de las páginas web que infrinjan la ley, la eliminación de enlaces en motores de búsqueda. La Ley contempla máximas penas contra sitios que permitan la descarga de contenidos protegidos, venta de medicamentos, bienes de consumo falsificados y material militar. La sanción por descargas ilegales puede alcanzar los cinco años de cárcel.

En el caso de México, el senador Federico Döring, presentó ante las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos del Senado, una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Propiedad Industrial. La iniciativa puede descargarse en forma completa desde la plataforma de Scrib sin violar ningún derecho de autor, ni siquiera del propio Döring al tratarse de un documento público.

La Ley Döring busca “inhibir las conductas” que con un “ánimo de lucro directo o indirecto, o una ganancia comercial, afectan la norma de explotación de la obra en el entorno digital”, por lo que su objetivo es “disuadir” que los usuarios de contenidos digitales compartan archivos musicales, películas o libros por los cuales no se haya pagado previamente una respectiva cuota. En la argumentación, el senador establece que es necesario reglamentar la reproducción que hacen los cibernautas a través de las nuevas tecnologías porque tal práctica afecta a las industrias culturales.

Los puntos fundamentales de la Ley Döring se pueden resumir a partir de la protección de los derechos de autor, las limitaciones de los mismos derechos, las infracciones en materia de comercio, y las sanciones por el uso ilegal de obras propiedad por la industria. Las modificaciones que propone la iniciativa establecen:

Los titulares de los derechos patrimoniales de las obras podrán prohibir su reproducción a través de Internet cuando se reproduzca por la red copias o ejemplares sin la autorización correspondiente.

Los derechos patrimoniales no sólo abarcan la transmisión de los contenidos (libros, música, videos, etcétera), sino también el ofrecimiento abierto de archivos que pueden descargarse por terceros.

Constituye una infracción “producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar, comercializar o poner a disposición copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, por cualquier medio y en cualquier soporte material, sin la autorización de los respectivos titulares”.

Las infracciones cometidas en contra de la explotación normal de la obra serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con multas que van desde los 30 hasta los 20 mil días de salario mínimo.

El proceso parte de oficio o a petición de la industria afectada, incluye la notificación del IMPI al proveedor de servicios de la red para que otorgue en un plazo de tres días hábiles, la dirección IP de la computadora desde la cual se realizó el acto ilegal.

Las autoridades darán audiencia al denunciado para que presente sus alegatos y si se trata de un delito cometido fuera del territorio mexicano, se solicitará el apoyo de las autoridades internacionales.

La llamada Ley Döring es una iniciativa que por un lado intenta proteger la propiedad privada del Estado capitalista y por otro lado coloca un freno a la distribución y reproducción de contenidos que realizan los usuarios de la red.

En caso de que se apruebe en estos términos, todo video que una persona ubicada dentro del territorio mexicano, coloque, transmita o descargue de YouTube y no cuente con el permiso correspondiente, sería un motivo para ser demandada. Lo mismo ocurrirá al compartir libros electrónicos, revistas, películas y todo tipo de material que soporta actualmente la red.

Arrastrado como tantos “representantes” del pueblo, la propuesta de Döring sólo beneficia a las empresas, pues los creadores, a quien dice proteger, son el último eslabón de la cadena alimenticia del “consumo cultural”.

Este tipo de leyes proteccionistas y gandallas pretende convertir a Internet en un mercado. El conocimiento no puede limitarse, ni la libertad del actor de la red, pues el valor más importante de la red, es precisamente, la libertad del usuario.

La acción conjunta del 18 de enero de 2012 en la cual más de 10 mil sitios de Internet se “apagaron” como medida de protesta, entre los que se encontraban Reddit y Archive Internet, y las represalias judiciales del FBI contra Magaupload.com del día siguiente, que movieron al colectivo de hackers “Anonymous” a atacar sitios del gobierno y corporaciones estadounidenses, muestran que la regulación de la Red no será sencilla. Se esperan nuevas protestas, incluidos apagones en Internet, que contarían con compañías como Yahoo, Google, Facebook, Twitter y Mozilla, entre otras.

En un mensaje difundido simultáneamente a sus acciones del 19 de enero, los hackers concretaron su postura anti legislación. "Nosotros, Anónimos, lanzamos nuestro ataque más grande hasta ahora contra sitios del gobierno y la industria de la música. ¿El FBI se creyó que no iba a haber consecuencias por lo que hicieron? Deberían haber esperado nuestra respuesta".

Cuatro de los ejecutivos de Megaupload.com, incluida su fundador Kim Schmitz, fueron detenidos en Nueva Zelanda.

Horas después del anuncio de los arrestos algunos de los usuarios más entusiastas de Megaupload respondieron con solicitudes de acceso que dejaron fuera de servicio los sitios de Internet del FBI y el Departamento de Justicia.

Anonymous afirmó que los ataques apuntaron a una decena de sitios. La mañana del 20 de enero se restauró el servicio en el sitio de la firma de publicación y licencias musicales BMI, pero el de Universal Music seguía bloqueado.

En su mensaje "Anonymous" también distribuyó información personal sobre el exsenador demócrata de Connecticut, Chris Dodd, quien ahora preside la Asociación Cinematográfica de EU, uno de los sitios atacados.

La lucha va para largo.