EL COCOTAZO: ¡HASTA LA HAYA!

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

El viernes 26 de noviembre de 2011, un grupo de ciudadanos mexicanos, encabezados por el abogado Netzai Sandoval, presentó el pasado viernes una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el presidente de la República y su gabinete de seguridad, así como contra el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, por crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos durante la llamada guerra contra el crimen organizado.

En esta ocasión, al margen de posturas políticas, el hecho transpira el ánimo generalizado de la mayoría ciudadana nacional ante el terrible costo en vidas humanas que la cruzada calderonista ha traído.

No obstante, las primeras reacciones oficiales establecieron la negación absoluta de la realidad adversa que propició la irresponsabilidad operativa del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Apegada al libro de plomería suicida para justificar al mandatario, la Presidencia de la República rechazó categóricamente “las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional”.

Reconoció que en la llamada guerra contra el crimen organizado se han registrado casos aislados de violaciones a los derechos humanos, pero “no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional”.

En un comunicado de prensa fechado el gobierno federal sostuvo que México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.

Por ello, “ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley”.

El gobierno de Felipe Calderón argumentó que, en dichas acciones, las fuerzas federales cumplen sus deberes constitucionales y legales, “señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la seguridad interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la seguridad pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos”.

Subrayó que tanto las instituciones militares como las corporaciones policíacas del orden federal se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.

“En los casos en que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes”, agregó.

“Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas”, puntualizó.

Ése no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo, remató.

Por su cuenta y riesgo, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que negó que en México exista un conflicto armado de carácter permanente, por lo que no se actualizan los supuestos establecidos en el Estatuto de Roma “para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre la situación en México”.

Planteó que “la política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y a proteger a todas y todos sus ciudadanos”.

La dependencia que encabeza Alejandro Poiré señaló que “para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional, se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el país.

“Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra, y por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido”.

La postura del gobierno señala que las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública de manera temporal sin sustituir a las autoridades locales y que “como nunca antes, se ha implementado, de manera sistemática y creciente, una política pública tendiente a fortalecer el Estado de derecho y a promover y respetar los derechos humanos”.

Al afirmar que existe una política de apertura al escrutinio internacional, la SEGOB sostuvo que las instancias de procuración de justicia realizan las acciones necesarias para sancionar a los responsables de cualquier delito o violación de los derechos humanos.

“La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las nacionales y por ende, actúa única y exclusivamente cuando un Estado no cuenta con la capacidad o con la disposición para actuar respecto de hechos que podrían llegar a constituir crímenes internacionales. En México no existe una falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole”.

¿Cómo explicarles, desde un contexto jurídico, tanto a la Presidencia como a la Secretaria de Gobernación que no se trata de un “ataque” de esos a los que poco faltó calificar de “traidores a la Patria”, sino de un ejercicio sano de mover las instancias al alcance de los mexicanos para frenar la guerra interna, de las que todos hablan y nadie reconoce?.

¿No les llama la atención que la postura internacional y la del electorado local sea el llamado a la paz y el regreso de las fuerzas de seguridad pública a un manejo menos idiota de la violencia?.

La preocupación no es ya la ceguera, sino la locura manifiesta de Felipe Calderón por respaldar los intereses nauseabundos que se benefician de esta masacre.