Por.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Acompañado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el consejero jurídico de la Presidencia Miguel Alessio, principales autores de la propuesta, el presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso al Congreso, el 15 de diciembre de 2009, un paquete de reformas políticas que sustentan, una serie de medidas difíciles de implementar en una sociedad predemocrática como la de México y que, si nos descuidamos los ciudadanos, pueden llevar a un rompimiento definitivo entre el pueblo y sus representantes.
En diez puntos, el Poder Ejecutivo cumplió, como ya lo habían explicado los DODOS el acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional para asegurar una convivencia benéfica para la mayoría del Poder Legislativo y el residente incómodo de Los Pinos, manipulando las demandas populares de las elecciones intermedias.
A continuación nuestras observaciones:
1.-Permitir la elección consecutiva de alcaldes y demás miembros de ayuntamientos, así como de los Jefes Delegacionales en los estados de la República y en los municipios hasta por un periodo de 12 años.
¿Ignora el Ejecutivo cual fue el origen del levantamiento popular de 1910 y el tamaño de la cadena legal que amarraría a los seudos representantes electos para hacer y deshacer con mayor tiempo, sin contra pesos posibles? ¿Así piensa acabar con la partidocracia?
2.- Permitir la reelección consecutiva de legisladores federales con periodos límite de 12 años.
¿El objetivo es terminar con la escasa libertad del ciudadano para no tener que cargar con tanto bicho siniestro perjudicial al progreso nacional? ¿Es la legalización de la permanencia automática antidemocrática y absolutista del dedazo con grandísimos premios?
3.- Reducir el número de integrantes del Congreso. En la Cámara de Senadores se eliminarían los 32 escaños electos de una lista nacional para un total de 96 senadores. La Cámara de Diputados se reduciría de 500 a 400 legisladores, 240 por mayoría relativa y 160 por representación proporcional.
Aun con la reducción de las Cámaras el costo político para la Patria sería altísimo, considerando que muchos de los votantes de leyes perjudiciales a la gente se mantendrían en el cargo por los procedimientos electorales dudosos y dirigidos a beneficiar a los partidos, y no a la justicia.
4.- Aumentar el mínimo de votos para que un partido político conserve su registro. El porcentaje necesario pasaría de 2% a 4%.
Con la triquiñuela del voto dividido y las peculiaridades centralistas de los partidos grandes, lejos de facilitar la diversidad de opciones, se reducirían significativamente a cambio de entidades suficientemente apoyadas por sus simpatizantes o la casta en el poder.
5.- Agregar la figura de "iniciativa ciudadana" para que las personas puedan proponer iniciativas de ley sobre temas de su interés que no se encuentren en la agenda legislativa.
El clásico recurso de dejar hablar a las masas para terminar olvidándose de ellas como en cada uno de los supuestos logros cacareados por el Congreso. ¿Quién determinaría el acceso de las causas a la tribuna máxima de la Nación?
6.- Incorporar la figura de las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular.
Desde amedrentar hasta el asesinato ha sido el precio a pagar por candidatos independientes, genuinos líderes de gente real; darles rango constitucional sólo flexibiliza otro escenario al alcance de quienes lo puedan cubrir, no al ciudadano común.
7.- Implementar la segunda vuelta electoral para la elección de presidente de la República. Se elegirá como presidente a quien obtenga más de la mitad de los votos emitidos, en caso contrario pasarían a segunda vuelta los dos que hayan obtenido el mayor número de votos. Ésta se realizaría en la misma fecha de la elección legislativa.
Y nos podemos aventar todas las vueltas que sean necesarias hasta que quede el que debe quedar; ¿no ha sido así desde los días de la dictablanda priísta?
8.- Reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia.
Únicamente se estaría abriendo otro foco de discusión y de lucha política, pues, por el tipo de funcionamiento institucional vigente, las propuestas de ley tienen que aprobarse entre las cúpulas de la grilla en pleno.
9.- Facultar al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al Congreso dos iniciativas preferentes que deberán votarse antes de que concluya el periodo. En caso contrario éstas se considerarían aprobadas.
Un tibio intento por recobrar fuerza, asumiendo que a los congresistas se les va a agarrar dormidos y se les tirará el hueso. Con un deterioro del Ejecutivo de nueve años, el punto suena a una especie de pedir prestado un poco del poder arrebatado.
10.- Establecer la facultad del Ejecutivo para presentar observaciones parciales o totales a los proyectos aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación. Establece la figura de la "reconstrucción presupuestal".
El Presidente asumiría un papel de corrector de estilo más que de una diferencia en la toma de decisiones.
En suma, el decálogo de Felipe Calderón es una afrenta a la necesidad de una transformación radical del Estado, el Gobierno y los Poderes de la Federación; es una lista de peticiones concretas exigidas por un sector de la clase dirigente que está aprovechando la debilidad intrínseca del que propone para fortalecer posiciones y aumentar el regreso a las riendas de México.
Por qué no se incluyeron propuestas para quitar del mandato a autoridades, aprobar el gabinete y las vacantes que se vayan presentando, la consulta directa a la población, la obligación al rendimiento de cuentas, el derecho constitucional de rebelarse a la ineficiencia de los burócratas, o la exigencia de mínimos educativos para los cargos públicos de elección directa; por lo menos, que sepan leer y escribir.
Que no nos vendan la típica bufonada del bienestar general, porque el único beneficiario directo de aprobarse este paquete será el bando tricolor y los entusiastas diseñadores de un híbrido panista con la filiación que se los permita.
Un regalo de Navidad ofensivo a México y a los mexicanos.
Se avecinan temporadas de resistencia por el poder ciudadano.
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