POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El abaratamiento y la ampliación de presentaciones de los refrescos, incluyendo los denominados “light”, permitieron que la industria registrará un crecimiento del 60% con respecto a las ventas de otras épocas precisamente por la crisis económica del país y por la necesidad popular de encontrar fuentes de energía alterna, aunque el consumo de los azúcares usados en estas bebidas disparen la obesidad y sus problemas directos de salud.
Las 230 plantas embotelladoras, trabajando en México, producen y comercializan 300 millones de cajas al año con doce unidades promedio en diferentes capacidades, obteniendo ingresos superiores a los 193 mil millones de pesos.
Acorde a este monto, en 2008 los mexicanos gastaron 186 mil millones de pesos en dichos productos, de no cambiar la tendencia, en 2013 el gasto se ubicará en 238 mil millones.
A principios de este siglo, México se convirtió en el país líder en el consumo per capita de refrescos y el segundo en importancia de ventas, después de los Estados Unidos.
Por ende, para la Coca Cola y la Pepsi, el mercado mexicano es de vital importancia y lo defenderán hasta a corcholatazos si es necesario, de originarse un ataque legal frontal contra los refrescos.
Sin embargo, el costo social de la afición nacional por las gaseosas se ha convertido en prioridad, precisamente por la pérdida de ingresos que cuesta para el sector salud tratar, desde temprana edad, a pacientes obesos, diabéticos e hipertensos.
El 25 de enero de 2010, en el contexto de la propaganda política, el Gobierno Federal se lució firmando El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia para el Sobrepeso y la Obesidad, donde se comprometió a la letra a proveer a las escuelas de agua potable, aplicar campañas mediáticas informativas y de supervisión de la alimentación de los escolares, y la obligatoriedad en la práctica de ejercicio físico; medidas que, por supuesto, una vez redactadas pasaron al baúl de las anécdotas.
El Poder Legislativo reconoce que el acceso al agua potable es limitado, eso sin contar, claro está, la calidad del líquido, el servicio y el precio. Por ende, en ciertas localidades el gusto por el refresco es casi obligado.
La pobreza que va capturando a más víctimas, impone en las productoras de refresco estrategias de flexibilidad de precios, poniendo “bombas” líquidas de enorme tamaño casi a costo de recuperación.
Si la ingesta de refrescos no se acompaña con una alimentación balanceada y el ejercicio constante, el individuo ganará peso. El 21% de los adolescentes mexicanos tiene como primera fuente energética a este tipo de productos, que conoció desde niño y probablemente no deje hasta que tenga una complicación grave de salud.
A pesar de la negritud del cuadro, la Secretaría de Educación Pública puso distancia al conflicto de intereses y se escudó en una incapacidad extraña para vigilar lo que se vende en las cooperativas escolares a su cargo, alentando en las compañías refresqueras una idea de excepcionalidad estratégica gubernamental.
Además del dinero que las respalda, las conexiones políticas y las oportunidades reales de inversión y empleo que sustentan, las productoras de refresco que se reparten el gran mercado son fundamentales en los esquemas de las corporaciones estadounidenses con las cuales el calderonismo no quiere meterse.
Efectivamente, para millones de compatriotas, los refrescos son la chispa de la vida hasta que les explote el cuete.
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