ESPECIAL: TERRORISMO

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

El 25 de agosto de 2011, el periodismo nacional e internacional dio cuenta de unos de los peores atentados de la delincuencia organizada contra la población civil de México.

En Monterrey, Nuevo León, (con los datos sabidos a ese momento) al menos 53 personas murieron y 10 fueron atendidas por quemaduras e intoxicación tras el ataque de un grupo armado contra el casino Royale, ubicado en las avenidas San Jerónimo y Gonzalitos, en el poniente de la ciudad.

Según versiones de testigos, los agresores entraron al casino y de inmediato dispararon ráfagas de armas largas, luego rociaron gasolina dentro del inmueble y arrojaron granadas, lo que provocó un incendio que duró más de tres horas y arrasó con el establecimiento.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo, señala que aún no hay indicios de granadazos ni de disparos de armas de fuego.

Decenas de personas quedaron atrapadas porque las puertas de emergencia estaban cerradas con candados. En su desesperación, huyeron hacia un estacionamiento subterráneo y los sanitarios, sitios que, debido a la acumulación de humo, se convirtieron en trampas mortales, declaró el director estatal de Protección Civil, Jorge Camacho Rincón.

Más de 100 clientes salieron ilesos por la azotea del edificio. Algunos, en su mayoría mujeres, lograron escapar por una ventana que da al área de un estacionamiento externo, con el apoyo de un empleado que se colocó en posición inclinada para que pisaran sobre su espalda, mientras otros salieron por boquetes que abrieron brigadistas de instituciones de auxilio, con el uso de maquinaria pesada.

El ataque ocurrió alrededor de las 15:45 horas, cuando seis sujetos que arribaron en dos vehículos, provistos de armas largas y recipientes con gasolina, bajaron de las unidades e ingresaron en el establecimiento, y tras ordenar a los presentes que se tiraran al piso, rociaron combustible sobre el mobiliario y máquinas de juego, mientras con sus armas amagaban a los clientes y empleados para impedir que abandonaran el lugar por la puerta principal.

Minutos después de la conflagración las informaciones oficiales daban cuenta del deceso de cuatro personas; para las 19:30 horas, el director de Protección Civil ya hablaba de 18 cadáveres recuperados, y admitía que aún había más cuerpos en el inmueble, del que todavía salían columnas de humo.

A las nueve de la noche el gobernador Rodrigo Medina confirmó 40 víctimas fatales, y a las 23:30 horas habló de 53 fallecidos, y admitió que aún podría haber entre 15 y 20 cuerpos en el edificio.

Después del incendio, algunas personas atrapadas se comunicaron por medio de teléfonos celulares con sus parientes y los puestos de auxilio, pero cerca de dos horas después se perdió el contacto.

Testigos de las maniobras de rescate criticaron la falta de coordinación entre las instituciones, las cuales decidieron abrir boquetes con maquinaria pesada en las paredes del edificio para que saliera el humo aproximadamente una hora después de que comenzó el incendio.

El gobernador Medina expresó que no es momento de querer lavarse las manos, sino de apoyar a las víctimas.

Anunció que solicitará la intervención de la Secretaría de Gobernación, responsable de otorgar los permisos, que luego deben ser avalados por los ayuntamientos sin injerencia del gobierno estatal, para que se resuelva de una vez y a fondo la situación irregular de los centros de apuestas.

Por tratarse de un establecimiento con permiso de la autoridad federal, dijo Medina, la Procuraduría General de la República se hará cargo de las investigaciones, en coadyuvancia con la procuraduría estatal.

El 17 de enero pasado el casino Royale sufrió un ataque de hombres armados que presuntamente buscaban a alguien que levantaron del estacionamiento. En la incursión murió una persona y otra resultó lesionada.

El 4 de abril fue cometido un atentado con lanzagranadas el casino Revolución, donde no hubo lesionados, y la madrugada del 25 de mayo fueron atacados con ráfagas cuatro centros de apuestas, que además fueron objeto de robo, entre ellos el Royale.

El 8 de julio pasado, en el bar Sabino Gordo, un grupo de la delincuencia organizada asesinó a 21 personas.

Para el 26 de agosto de 2011, el Presidente de la República, Felipe Calderón, responsable directo de la política agresiva adversa a la criminalidad, decretó tres días de luto nacional y las consabidas promesas de llevar a la justicia a los responsables del atentado.

No obstante, aunque los principales actores de la mal llamada democracia condenaron el hecho, continuaron pugnando entre ellos por los habituales cotos de poder.

Es incuestionable que el crimen organizado decidió subir a otra fase de violencia, en la cual el terrorismo como detonante social va a implementarse a fondo.

Más nos vale que los estrategas gubernamentales sepan cómo frenar este movimiento, o de lo contrario estaremos padeciendo una crisis de legitimidad insólita en la Historia de este país.