ESPECIAL: ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN DEMOCRACIA

POR.- LA REDACCIÓN DODO

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) presentaron el lunes 8 de agosto de 2011, los Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia, donde se propone firmar un pacto político y social que permita reorientar a las instituciones de seguridad y justicia "para hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país".

Al presentar su propuesta para la construcción de una política de Estado en materia de seguridad y justicia, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en voz del rector José Narro Robles, pidió rescatar los valores éticos laicos como la mejor alternativa ante el crimen organizado.

La tolerancia, el patriotismo, el comportamiento cívico, la solidaridad, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos son algunos de los ingredientes que la máxima casa de estudios prevé como plataforma para el cambio que requiere el país.

En la propuesta de 36 puntos, también se resaltó que hay que "contemplar la prisión preventiva para los delitos graves y revisar a fondo las disposiciones y prácticas en materia de medidas cautelares en el procedimiento penal, entre ellas el llamado "arraigo", a la luz de las garantías que otorga, en lo general, el sistema legal mexicano".

La UNAM demandó al gobierno federal dar un giro de fondo e inmediato en las estrategias de seguridad centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad y la reducción de muertos y lesionados.
Sobre todo en la preservación de la integridad de las personas y la defensa de sus derechos humanos con especial énfasis en los niños y jóvenes.

Como representante de jóvenes universitarios, la UNAM insistió en la necesidad de que el gobierno diseñe programas de política social encaminados a la atención de jóvenes, al fomento de empleos y modelos de ayuda a los consumidores de sustancias adictivas.

Las propuestas advierten que los jóvenes deben tener espacios y foros para su expresión, además de tener a su alcance oportunidades laborales y becas para la enseñanza media superior y superior.

“Se deben generar programas específicos para propiciar la permanencia o reinserción de los jóvenes en el sistema educativo, así como proporcionarles insumos que los preparen para su vida laboral.

“Se deberían de fortalecer los programas de becas y seguimiento estudiantil que actuaría en caso concreto de abandono de estudios para logran la reinserción del alumno”; rediseñar políticas de empleo para enfatizar la importancia del nexo escuela-trabajo; estabilidad en el empleo y capacitación real y efectiva de los trabajadores.

“Establecer una Defensoría de la Juventud sin gran aparato administrativo en coordinación con una red institucional donde interactúen todas las dependencias del gobierno”.

La UNAM advirtió que el consenso general es que el país requiere de un “cambio de paradigma en las políticas públicas de seguridad y justicia con auténtico fundamento democrático”.

De esta manera se pronunció a favor de que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles y se deje de ver a la prisión como la medida más adecuada para la solución y castigo en la comisión de delitos.

Es pertinente, según la Universidad, que se persiga en su máxima intensidad el delito de lavado de dinero porque se ha comprobado que este dinero queda en bancos, aseguradoras, constructoras, inmobiliarias, notarios y empresas.

“Es necesario que exista un registro mercantil detallado con datos completos de accionistas, en particular de las personas físicas que controla y que se benefician de cualquier persona jurídica, deben incluirse los fideicomisos y las entidades sin fines de lucro”.

Para regresar la confianza a las instituciones se requiere de seguimientos urgentes en sus acciones y programas, en la rendición de cuentas y en la fiscalización, de ahí que la Auditoría Superior de la Federación y sus similares en los estados tengan autonomía plena.

La propuesta universitaria agrega que el Consejo de la Judicatura Federal y los consejos estatales también deben someterse a una evaluación para abatir la corrupción, fomentar la independencia y la profesionalización de sus funcionarios.

Otro de los puntos es despenalizar delitos no graves, transformar a los ministerios públicos en órganos constitucionales autónomos y hacer un diagnóstico del sistema carcelario para adoptar medidas que reestablezcan el orden en todos los reclusorios.

La UNAM hará una primera evaluación en seis meses para informar el avance de estas propuestas que se entregaran en los diferentes niveles de gobierno.

El diagnóstico que sirvió de base para la propuesta universitaria, resalta que en los últimos años aumentaron los delitos federales, los homicidios dolosos y se presentó un proceso de crecimiento y dispersión de la violencia asociada a la delincuencia organizada.

Según las estadísticas entre 1997 y 2010, el promedio diario de delitos federales denunciados pasó de 200 a más de 350, mientras que los del fuero común pasaron de 4 mil a 4 mil 500.

Los homicidios dolosos que se presumen vinculados al crimen organizado pasaron de 3 mil en el 2007 a más de 15 mil en 2010.

Las organizaciones delictivas del narcotráfico están diversificando sus operaciones incursionando en extorsión, secuestro, robo a bancos y robo de vehículos con violencia, cuatro delitos con crecimiento pronunciado de 2004 a 2010.

Sólo se denuncian uno de cada cinco delitos y del total de averiguaciones previas iniciadas se consigan el 5 por ciento de los detenidos.

En la última década, el porcentaje de personas que percibieron aumentó de la inseguridad osciló entre el 40 y el 60 por ciento, pero las más recientes encuestas elevan la cifra a 80 por ciento.

En este año, 6 de cada 10 mexicanos creen que la delincuencia organizada está ganando la lucha al gobierno.

La distribución policial es altamente irregular en el país, ya que 20 entidades reportan déficit y 20 superávit.

Hay un grave rezago en la certificación policial en estados y municipios.

Del total de la población penitenciaria, cuatro de cada diez no han sido sentenciados; 48 prisiones tienen sobre población; los homicidios y motines en las cárceles son cotidianos.

Los recursos para la seguridad pública crecieron entre 1998 y 2011 a casi un 350 por ciento.

Las encuestas del Banco de México validan la percepción de que uno de los principales frenos a la economía es la inseguridad, mientras las estimaciones sobre ganancias de la delincuencia se acercan a los 29 mil millones de dólares al año.

Esperemos que el esfuerzo académico tiente la magra inteligencia de los Poderes de la Unión y que, en una alianza insólita, el conocimiento facilite a la brutalidad institucional rescatar a México de esta maldita orgía sangrienta.