POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Los problemas elementales de la ciudadanía: seguridad, salud y empleo están ajenos en los cónclaves de los partidos políticos para elegir a los candidatos presidenciales de 2012.
Concentrados en las cuotas de poderío, los grillos no reparan en los crujidos estructurales de una sociedad que les es ajena.
Pongamos un ejemplo triste: de acuerdo con la medición por ingresos, que fue la metodología oficial hasta hace dos años, el número de pobres patrimoniales creció en 7.1 millones de personas, ya que pasó de 50.6 millones (47.7 por ciento) en 2008 a 57.7 millones (51.3 por ciento) en 2010.
Lo anterior indica que a esta condición de pobreza se sumaron 13 millones de mexicanos durante los primeros cuatro años de este gobierno, ya que en 2006 eran 44.7 millones. Esto sin contabilizar los movimientos ocurridos en los meses avanzados de 2011.
Esta medición –a diferencia de la multidimensional, que incluye los derechos sociales y la cohesión social– únicamente considera las percepciones económicas y también se basa en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares.
En otras palabras, es un dato duro que marca directamente la relación del ingreso y las expectativas de bienestar que cubre.
En pobreza patrimonial está la población que no puede cubrir sus requerimientos básicos de vivienda, calzado, salud, transporte público, alimentación y educación, aunque destinaran todos sus ingresos para ello.
De acuerdo con los datos históricos que se reportan con esta medición de la pobreza que se comenzó a hacer en 1992, hace una década no se registraba a más de 50 por ciento de la población en pobreza patrimonial.
El porcentaje más alto de mexicanos en este nivel se registró después de la crisis de 1994, cuando fue de 69 puntos.
Después fue en caída hasta llegar en 2000 a 53.6 por ciento, y en 2002 a 50.4. El porcentaje más bajo fue en 2006, con 42.6.
A partir de ese año se registró un incremento, y en 2008 la pobreza patrimonial ya afectaba a 47.4 por ciento de la población, es decir, 50.6 millones de personas, ya que a esa condición se sumaron 5.9 millones.
Siguiendo los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) entre 2008 y 2010 la pobreza alimentaria –que es cuando las familias no tienen recursos para adquirir la canasta básica– se incrementó, ya que pasó de 18.4 por ciento (20.2 millones de mexicanos) a 18.8 por ciento (21.2 millones). En cuatro años, esta pobreza se elevó en 6.1 millones de personas.
La pobreza de capacidades, que incluye a la gente que no puede acceder a alimentación, salud y educación suficientes aunque utilizara todos sus ingresos para estos bienes, también aumentó, al pasar de 25.3 por ciento (27.8 millones de personas) a 26.7 (30 millones).
En total, en este sexenio, 7.3 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza de capacidades.
“Misteriosamente”, el indicador de pobreza por ingresos únicamente da cuenta de uno de los ocho factores que la Ley General de Desarrollo Social ha identificado para medir la pobreza, y ha dejado de ser utilizado como medida oficial.
Sin embargo, para fines electorales esos trece millones de “nuevos pobres” materializan la eficiencia de las plataformas seudo políticas que cientos de incautos apoyaron.
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