POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
En la edición dominical del 7 de agosto de 2011, The New York Times, uno de los rotativos insignia del periodismo profesional de los Estados Unidos, detalló que el gobierno federal ha expandido su papel en el combate al narcotráfico en México y que recibió autorización del gobierno mexicano para abrir un “centro de inteligencia” en una base de las fuerzas armadas mexicanas en el norte del país el centro de inteligencia, cuya ubicación se reservó por razones de seguridad, es dirigido por dos docenas de elementos de esa agencia, DEA y militares retirados del Comando Norte.
El centro fue modelado con base en los centros de inteligencia que Estados Unidos tiene en Irak y Afganistán para monitorear grupos insurgentes.
En la glosa de testimonios que soportan el artículo, los funcionarios estadounidenses —a los que no cita por su nombre— recalcaron que el centro fue abierto tras una petición de asistencia del presidente Felipe Calderón ante la crisis de seguridad en Monterrey. Sin embargo, aclararon que es dirigido en su totalidad por el gobierno mexicano, pues los norteamericanos sólo ofrecen “apoyo técnico”.
A través de este proyecto, los intercambios de inteligencia entre ambos países ayudaron a la captura o eliminación de unos 30 líderes narcotraficantes, siendo que en los últimos tres años México recibió más asistencia antinarcóticos que Afganistán y Colombia juntas.
The New York Times sostuvo que funcionarios estadounidenses y mexicanos admitieron que el centro fue diseñado para dar la vuelta a la prohibición de la Iniciativa Mérida que impide a policías y militares extranjeros operar en territorio mexicano, y para prevenir que tecnología avanzada norteamericana caiga en manos de agencias mexicanas de seguridad con largos antecedentes de corrupción.
México se convirtió en la zona cero de la lucha antinarcóticos de Estados Unidos desde que los cárteles se adueñaron del mercado de drogas, al que transportan hasta 80 por ciento de los narcóticos que ingresan a través del territorio mexicano.
Estos pasos vienen tres años después de que Estados Unidos comenzó a incrementar su asistencia de seguridad a México con la Iniciativa Mérida y sus 1.4 mil millones de dólares del Departamento de Defensa.
Simultáneo a la publicación del reportaje periodístico, el gobierno de México suspendió la entrega de la segunda partida del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUNSEMUN) a 156 ayuntamientos y las 16 delegaciones del Distrito Federal por incumplir las disposiciones legales de este esquema.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicó que se trata de 78 por ciento de los 220 beneficiarios registrados en el programa en 2011, que en esta etapa tiene disponibles mil 607 millones de pesos para labores anticrimen.
La reactivación de los recursos está condicionada al cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y las reglas de operación del propio subsidio, informó el secretariado.
En esta segunda partida presupuestal se otorgaron 376 millones 860 mil 236 pesos a 48 de 220 municipios y delegaciones del DF inscritos en el SUBSEMUN.
Autoridades del SESNSP dijeron que las fechas para que los ayuntamientos y delegaciones cumplan con las disposiciones legales dependen del día en que hayan sido notificados del riesgo de suspensión de los recursos.
Cuentan con un plazo de 10 días hábiles para ponerse al corriente y presentar la documentación que consideren pertinente, mientras que el secretariado tiene cinco días hábiles para determinar si se levanta la suspensión de la segunda ministración para seguridad pública a los municipios.
Entre los ayuntamientos cumplidos están Tijuana, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco, y Querétaro, que recibieron 28.5 millones de pesos cada uno.
Asimismo, San Luis Potosí, con 25.3 millones de pesos; Aguascalientes, con 18.9 millones de pesos; Cancún, 18.7 millones, y Matamoros, con 13.7 millones.
Es evidente que de confirmarse oficialmente la información de The New York Times, algunas decisiones federales, que parecieran absurdas, coincidirían con la lógica de eficiencia burocrática de los Estados Unidos.
Un conflicto de intereses es previsible: ¿qué pasara cuando el crecimiento de la lucha contra el narcotráfico involucre pegar las esferas altas del poder? ¿Cuál de los dos países se hará el distraído?.
El hilo apenas se desenreda.
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