POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El celo de lo “políticamente correcto” se convirtió en amenaza cuando el Instituto Federal Electoral, dentro de un dogmatismo de dudosa procedencia, armó una tolvanera al denunciar que, a excepción del Partido de la Revolución Democrática, los partidos políticos mexicanos registrados no cumplieron con la cuota de género de postular al menos 40% de mujeres como candidatas a la Cámara de Diputados y el Senado.
En términos generales, los partidos señalados registraron menos de 30% de candidatas mujeres.
La obligación de cumplir con la cuota de género derivó de diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“El mínimo de 120 candidatos propietarios para diputados y 26 para senadores es una obligación que, con base en las disposiciones emitidas por el TEPJF, no tiene excepciones”, afirmó el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.
Más obligados que otra cosa, los partidos tuvieron que hacer circo, maroma y teatro para hacer coincidir los acuerdos internos de la grilla y los mínimos de género legales.
La decisión del IFE puso en el centro de la discusión la eterna incongruencia entre el deber y la realidad. Nadie discute las habilidades políticas de los hombres y las mujeres. Sin embargo, en el caso de los procesos electorales, la obediencia a una norma compromete un razonamiento de comprensión ciudadana. Un puesto de elección no se gana por pertenecer a un sexo determinado, sino por cubrir los requisitos indispensables para él.
Nos guste o no, las cuotas de poder al seno de los partidos políticos son asuntos propios, de donde salen las propuestas que se le ofrecen a la ciudadanía. Cada entidad posee mecanismos particulares a fin de acreditar una lista con las mejores opciones a su alcance.
La imposición a la presencia de las mujeres en las candidaturas, suena a demagogia. Insistimos, no por dudar de las cualidades del género, pero el IFE está anteponiendo la forma sobre el contenido. No se trata, creemos, de votar por que son mujeres y tampoco de bajar de la contienda a los hombres, precisamente por su condición genérica. La democracia va más allá de la diferencia natural.
Algunos candidatos ganaron convenciones en distritos electorales o entidades federativas, al margen de las tácticas empleadas, y tienen el derecho de estar en una lista, sin embargo, en virtud de la determinación del IFE tuvieron que ser sustituido por una mujer, no para darle mayor proyección al género, si no para cumplir una apariencia que poco favor le hace al afán democrático.
Según cálculos del IFE, el PAN sólo registró 26.5% de candidatas al Senado por mayoría relativa y la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), 20%. En las candidaturas de mayoría relativa a Diputados, el PAN registró 28.62%; el PRI, 18.8%; la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), 26.1% y la coalición del PRD-PT-PMC 30%, aunque el IFE determinó que el PRD por sí cumplió con la normatividad.
Otra arista que guarda la cuota de género es que los resultados prácticos de las elecciones no forzosamente darán una mayor participación a las mujeres, pues el electorado determinará quiénes llegarán a los puestos reales.
Ahora, si el IFE está preocupadísimo por la representatividad del género, entonces por qué no subir el porcentaje a cincuenta o a la proporción real del crecimiento demográfico, donde la mujer es mayoría.
Caso aparte es la titularidad del Poder Ejecutivo, en la cual la presencia de la mujer esta más que debilitada.
Por esto planteamos que detrás de los arranques “igualitarios” del IFE brilla la apariencia, no la pluralidad tangible del caso.
Mayor participación no quiere decir mayor aceptación. Al imponer patrones de conducta interna a los partidos, solo se oscurece el desempeño, se incrementa el fuego amigo y se reduce el mérito político a una diferencia natural que no es precisamente el argumento más inteligente para un candidato.
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