POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El 17 de noviembre de 2009, el Congreso de Veracruz modificó el artículo cuarto de su Constitución, con 39 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, estableciendo la obligatoriedad del Estado a la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural de sus habitantes.
La decisión que pone en la ilegalidad al aborto, se ha convertido en una propuesta a enviarse a la Cámara de Diputados Federal para que se discuta la posibilidad de incluir esa reforma en el cuerpo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, a juicio de los legisladores veracruzanos “Resulta contradictorio desde el plano jurídico que el Código Civil le otorgue derechos y obligaciones al no nacido y que el máximo ordenamiento como es la Constitución no garantice el derecho a la vida de las personas desde su concepción, cuando otras leyes otorgan derechos cuyo objeto es reconocer y proteger la vida de los seres humanos”.
Hilando fino, las leyes “provida” se han aprobado en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán, en cuyos casos prevaleció el voto mayoritario del PAN y el PRI, aunque también del PRD en el caso de Chiapas.
De esta manera, las mujeres están en condiciones de inferioridad frente a la determinación y a la libertad de tomar decisiones sobre su cuerpo, a menos que acepten convertirse en delincuentes por un acto de libre albedrío que contradice el espíritu de justicia de las garantías individuales modernas.
En un espectro más amplio, el uso y abuso de las facultades constitucionales otorgadas a los Poderes de la Unión están sujetas a consignas ideológicas que no corresponden al sentido laico que fundamenta al México del Bicentenario.
La derecha, integrada por la Iglesia Católica, los empresarios mochos y los sectores más retardatarios de la República, se ha infiltrado en la intimidad ciudadana con la venia del oportunismo del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, que por ser el bloque fuerte de la actividad “política” del país no han tenido remordimientos a la hora de firmar documentos que ensucian las conquistas liberales del siglo XIX, la transformación revolucionaria del siglo XX, e insisten en alentar la oscuridad conservadora en pleno tercer milenio.
En el momento que están leyendo estas líneas, en Veracruz, al menos, 8 mujeres están encarceladas por abortar; en Guanajuato, 20; y en Puebla 30.
Los casos no han alcanzando una gran cobertura mediática, o bien, se han disfrazado jurídicamente para no hacer demasiadas olas. El punto es que el cuestionamiento ciudadano a la objetividad institucional del Estado mexicano está plenamente fundamentado.
Es increíble que sea el Distrito Federal, la única entidad, por las razones que sean y no tan limpias como las venden las autoridades, que esté abriendo brecha hacia una genuina apertura a solucionar los problemas sociales candentes y no sólo los que dan votos.
Que las mujeres, por el simple acto de determinar su destino, sean puestas en el mismo nivel que un homicida es un acto criminal en sí mismo que ni Dios siquiera puede solapar. Las leyes de la Ciudad de México la han convertido en una isla de esperanza, en un asilo desafiante contra la intolerancia y en una oportunidad para rehacer vidas, cuyos residentes tenemos que defender a costa de todo.
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