viernes, 16 de marzo de 2012

EL COCOTAZO: DISCRIMINANDO A GAYS Y DISCAPACITADOS

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

Los trogloditas no entienden de sutilezas y buenas intenciones. Los diferentes les producen urticaria y sin miramientos los atacan. La ley puede regular en un contexto de tercer milenio, pero en el México real, la diferencia es un estigma que se paga caro.

En 2011 y en lo que va de este año, además de las mujeres, las personas homosexuales y con alguna discapacidad notoria son discriminadas, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Ante la ausencia evidente de una respuesta fuerte de la autoridad a la discriminación es posible que a fines de 2012, los 1093 expedientes existentes pasen a 2 mil.

El 28% de las quejas y reclamaciones son presentadas por personas homosexuales y con discapacidad por actos cotidianos que se cometen en contra de su dignidad y de sus derechos en el ámbito laboral, educativo y de salud.

Paradójicamente, mientras se legisla sobre sus derechos, ambos grupos minoritarios resienten el recrudecimiento de la persecución y la ofensa social.

En el caso de los homosexuales, la discriminación ocurre más en el estrato socioeconómico bajo y con menor nivel de escolaridad, donde, además de ser rechazados y estigmatizados, se les niega su derecho a oportunidades. No sucede así en el estrato medio alto o alto, donde son señalados y no son aceptados, pero no sufren falta de oportunidades.

De hecho, a menor nivel socioeconómico y educativo, más se justifica la discriminación. Sucede igual que con la violencia: quienes más la padecen, tienden más a reproducirla.

También ocurre que las personas homosexuales, y en general de la comunidad LGTB (lésbico, gay, transexual y bisexual) suelen sufrir una discriminación generacional, pues la exclusión la ejercen, en mayor parte, los mayores de 60 años.

Las estadísticas de quejas y reclamaciones indican que entre 2004 —cuando se creó el CONAPRED— y 2009 el número de expedientes no tuvo variaciones, pero a partir de 2010 comenzó un aumento.

En 2010 se presentaron 992 quejas y reclamaciones; en 2011, mil 093, y hasta el 29 de febrero pasado había 254 expedientes.

Las preferencias sexuales (152) ocupan el primer motivo de queja ante el Consejo, seguidas de la discapacidad (151), las condiciones de salud (142), el género (95), la apariencia física (84), el embarazo (77), la condición social (29), el ser extranjero (19), el ser indígena (18) y por emitir opiniones distintas (8).

Las denuncias por condiciones de salud se refieren a actos que niegan el acceso, ascenso y permanencia al empleo por tener Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) u otra enfermedad, o porque se les limita la atención médica.

Hace 10 años se incorporó el derecho a la no discriminación en el artículo 1 Constitucional, que establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Desgraciadamente en tanto no exista un seguimiento serio de las violaciones a la ley y la aplicación severa de las sanciones correspondientes, la discriminación seguirá ocurriendo por que en los sectores menos favorecidos de la población ese acto no se piensa como un delito, si no como una suerte de la existencia y de la mala suerte.

Pensemos en la discriminación de los indígenas que, desde la óptica de los “otros”, casi es natural.

No basta con colgar un letrero políticamente correcto que informe que “no discriminamos”, si a la vuelta de los afectados, murmuramos por lo bajo lo que realmente pensamos de ellos.

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