POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Sin ignorar el sentido proselitista político de la medida, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Atención y Protección a las Víctimas de Secuestro, con la que se garantizará la restitución del pago del rescate y la indemnización por daños psicológicos y físicos de los afectados directos e indirectos.
De acuerdo con el dictamen avalado por el voto de 31 legisladores, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del DF, los jueces que conozcan de este tipo de casos podrán incautar bienes y dinero de los delincuentes de manera precautoria, durante el proceso.
La votación fue económica, por lo que bastó con una mayoría simple de los legisladores para que el dictamen se aprobara; esto a pesar de que 12 legisladores panistas emitieron su voto en contra, pues en el pleno había 43 de los 66 diputados locales.
Esta iniciativa fue presentada por el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Julio César Moreno, quien aseguró que esta es una ley de vanguardia y que con ello el DF es la primera entidad que contará con este tipo de normas.
En su posicionamiento, el perredista indicó que el proyecto tiene la intención de que con el dinero y propiedades de los presuntos culpables se restituya el daño ocasionado.
“Anteriormente las autoridades podían detener a los secuestradores en el momento del cobro del rescate y ni así se les regresaba el dinero a la familia de los afectados”, dijo.
Explicó que actualmente estos recursos y bienes inmuebles son enviados al Fondo de Protección a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, en donde se redistribuyen para diversos casos, “lo cual ya no sucederá”.
Respecto a los supuestos de esta nueva ley, establece que quienes sean detenidos al momento del cobro de un rescate se les retendrá el dinero y, en caso contrario, se procederá conforme a la Ley de Extinción de Dominio, pero a favor de la víctima.
Según el dictamen, en caso de que el enjuiciado resulte culpable, el juez hará una evaluación de los daños físicos y psicológicos de los secuestrados y sus familiares para que se les garantice la restitución del daño.
En caso de que con el dinero incautado no alcance para devolver el pago del rescate y las demás afectaciones, las autoridades tomaran el resto de las propiedades de los secuestradores.
Conforme al proyecto legislativo, la nueva ley también busca obligar a que las instituciones de seguridad social hagan valer una incapacidad equivalente a lo que dure el cautiverio.
Para ello, mediante un artículo transitorio se obliga al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, a celebrar convenios con el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Quienes por desgracia sean víctimas de un secuestro, pretendemos hacer que su seguro social cubra su ausencia con una incapacidad no profesional”.
Además, durante el tiempo que dure el cautiverio se suspenderán las obligaciones de carácter fiscal, contractual, mercantil, administrativo, laboral, familiar y civil.
“Otra de las medidas consiste en buscar convenios con instituciones educativas para otorgar becas a las víctimas indirectas del secuestro, a fin de que puedan continuar con sus estudios, hasta el momento en que sea liberada la persona secuestrada”, indicó.
No obstante, para el catedrático de la UNAM, Raúl Carrancá este proyecto “es de buena fe, pero se corre el riesgo de incurrir en una inconstitucionalidad”.
Afirmó que según el artículo 14 de la Constitución Política nadie puede ser privado de sus derechos mientras no exista un fallo judicial de por medio.
“Considero que además, hay un riesgo grande en incautar los bienes del secuestrador antes de que se decrete su culpabilidad, ya que rebasa los límites de la prevención”, añadió.
Reiteró que incautar bienes en esas condiciones podría ser abuso de autoridad.
A modo de justificar la negativa de Acción Nacional para votar a favor, Carlo Pizano argumentó que su voto en contra es porque la ley antisecuestro aprobada por la Cámara de Diputados ya contempla estas disposiciones. “Todo lo relacionado con secuestro es competencia federal”.
Cabe recordarle al señor, que una cosa es la ley antisecuestro federal (que para maldita la cosa ha servido) y otra, una legislación de asistencia y apoyo a las víctimas.con carácter local.
Ya sabemos que hay instrucción entre el panismo de no apoyar ninguna causa que ponga en riesgo la “blancura” de Felipe Calderón y compinches, sin embargo, por elemental supervivencia, debería de meditar si vale la pena suicidarse con esa mediocridad.
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