POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Ni modo culpar a otro, o meter la basura debajo de los magueyes. La enloquecida cruzada de Felipe Calderón contra el crimen organizado no arroja más resultados que la violencia extrema, que padecemos los ciudadanos día a día.
El punto de quiebre es inminente y el responsable directo ya no escucha a nadie. El presidente, así en chiquito, se comparte igual que los monstruos que persigue y no dudaría en volar el país, si así lo considerara necesario.
Oponerse a su voluntad se paga caro. Aguardemos la declaración estrambótica y contraria hacia la Organización de las Naciones Unidas, por meterse donde no la llaman. Esto por lo siguiente:
La desaparición forzada de personas es un delito que ha crecido desde que inició el sexenio del presidente Felipe Calderón, y el Ejército es una de las instituciones señaladas de cometer este ilícito, aseguraron los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Por ese motivo, solicitaron al gobierno federal reconocer las dimensiones reales de esta problemática y en el corto plazo, retirar a los militares de las operaciones de seguridad pública a fin de prevenir las desapariciones forzadas.
"Las preocupaciones en materia de seguridad pública respecto al crimen son reales y el Grupo de Trabajo reconoce el derecho y el deber del Estado de perseguirlo. Sin embargo, no se puede enfrentar esta desafiante situación a expensas del respeto de los derechos humanos ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas. Tampoco pueden adjudicarse los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado", destacaron.
Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sólo en un caso de desaparición forzada se sentenció al personal responsable por la jurisdicción militar. Al respecto, insistieron en que todos los casos de violaciones a los derechos humanos deben ser investigados en el fuero civil aún y cuando estén involucrados militares.
Criticaron que el Estado carezca de una política integral para prevenir y sancionar este delito, así como para reparar el daño a las víctimas.
Lo que existe, insistieron es un "patrón crónico de impunidad", pues sólo hay dos sentencias condenatorias por dicho delito en contra de servidores públicos que apelaron a la sentencia. Ello, a pesar de que las organizaciones civiles de derechos humanos han reportado a la ONU alrededor de 3 mil casos de desapariciones forzadas y la CNDH ha reportado un aumento en las quejas contra este delito, al pasar de 4 en 2006, a 77 en 2010.
En cuanto a la llamada guerra sucia, los expertos de la ONU sugirieron al Estado mexicano dar a conocer los nombres de los responsables de las desapariciones forzadas ocurridas en la década de los setentas, pues hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha revelado las líneas de investigación, los avances de las indagatorias, ni ha puesto a disposición del público los expedientes en los que se fundamentan las denuncias.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, integrado por Jasminka Dzumhur (de Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulitzky (de Argentina), y Osman El Hajjé (de Líbano), realizó una visita a México del 18 al 31 de marzo. Durante su estancia se entrevistaron con funcionarios, legisladores, organizaciones civiles y familiares de víctimas en la ciudad de México; Chihuahua y Ciudad Juárez; Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo, en Guerrero; y Saltillo, Coahuila.
Es urgente que Calderón entienda que no tiene ninguna consigo y que analice objetivamente las consideraciones externas que le hacen periódicamente instituciones y representantes para enmendar la ruta incendiaria.
Ojalá y capte que un cambio en la lucha contra la delincuencia no es una debilidad, sino una oportunidad de revertir un proceso que, de no manejarlo, acabará hundiéndolo para siempre.
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