POR.- LA REDACCIÓN DODO
El domingo 25 de septiembre de 2011, en la Plaza Monumental de Barcelona, se llevó a cabo la última corrida de toros en esa región, pues el primero de enero de 2012, legalmente, quedarán prohibidas, gracias a la movilización y el impacto político de activistas de los derechos de los animales.
La corrida en cuestión agotó las veinte mil localidades y simbolizó un tibio intento de los aficionados al arte de Cúchares por mantener en activo la fiesta brava, a pesar que desee hace varios años, su popularidad ha declinado, ganándose a lo sumo el calificativo de un festín bárbaro sin sentido.
El parlamento catalán prohibió el espectáculo en julio de 2010 tras una campaña de activistas de los derechos de los animales.
Empero, sus detractores sostienen que la prohibición tiene que ver menos con la protección de los animales y más con el empeño del sector nacionalista catalán por distanciarse de España, incluso en el terreno de la cultura popular.
"Prohibir las corridas de toros en Cataluña no más que un ataque contra la libertad", dijo Carlos Núñez, presidente de Mesa del Toro. "Es fruto de la política en Cataluña contra los toros y todo lo que parece representar a España", agregó.
Aunque es un gesto mayormente simbólico —la Monumental sólo organiza unas 15 corridas anuales_, la prohibición ha aunado a los partidarios de la fiesta nacional empeñados en derogar la decisión o por lo menor asegurar que no se extienda a otras regiones.
El conservador Partido popular —favorito para ganar las elecciones generales del 20 de noviembre— apeló la prohibición ante el Tribunal Constitucional, mientras que su representación en Cataluña intenta que se postergue la fecha de la prohibición.
Mientras tanto, Mesa del Toro busca 500 mil firmas con la esperanza de persuadir al parlamento nacional en Madrid para que otorgue a las corridas de toros la categoría de patrimonio cultural del país.
Cataluña es la segunda región que prohíbe las corridas de toros en España. Las Islas Canarias las prohibieron en 1991, aunque nunca fueron una tradición popular en el archipiélago.
Sin quitarle el carácter cultural antiguo, las corridas de toros se tambalean precisamente por la imposibilidad de adaptación del espectáculo en una era en que se cuestionan comportamientos donde los animales sean sacrificados lentamente.
Aunque la fiesta, que gira alrededor de las faenas taurinas, es un indiscutible ingrediente de la cultura ibérica, no está comprometida a la muerte del toro y sí a la victoria y el valor de la vida. Música, danza, comida, bebida y charla no van a desaparecer a causa de la prohibición, sino hallarán en un contexto de cordialidad la razón de ser y estimular el orgullo de los pueblos peninsulares.
Esperan, los simpatizantes mexicanos de esa causa, que las autoridades mexicanas, analizando lo sucedido en Barcelona, regulen efectivamente el ejercicio taurino y promuevan valores de respeto hacia los animales.
El reconocimiento y respeto de la bestias es, por supuesto, una obligación democrática.
domingo, 9 de octubre de 2011
sábado, 8 de octubre de 2011
MALA LECHE: SLIM'S DOWNTOWN
POR.- EL DODO DE LA MALA LECHE
Al ojo del amo, los negocios crecen.
El 29 de septiembre de 2011, el magnate mexicano Carlos Slim, la persona más rica del mundo según la revista Forbes, recibió la Presea Sor Juana Inés en reconocimiento a la labor que durante diez años ha realizado para la revitalización del Centro Histórico de Ciudad de México.
Se trata de la máxima distinción que otorga la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) "a las personas que han contribuido al desarrollo cultural, artístico o académico" de México.
Calidad aparte, el reconocimiento a Carlos Slim y la cobertura informativa que se hizo de ello, demuestran entre línea el peso completo que el multimillonario tiene dentro de la opinión pública.
Hace diez años el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal designaron a Carlos Slim presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo para el rescate del Centro Histórico de la capital.
En otras palabras, Slim fue llamado a hacer negocios con el corazón de la urbe en los términos que mejor le convinieron.
En estos últimos diez años el Grupo Carso, entidad empresarial que preside Slim, ha creado más de 8.400 empleos permanentes en el Centro Histórico, ha remodelado y adecuado 100.000 metros cuadrados para oficinas y despachos y cerca de 60.000 para uso habitacional.
Siempre, apunta el dodo, en concordancia a la lógica capitalista de generar plusvalía.
El magnate comentó durante la ceremonia que la revitalización del Centro Histórico parecía un problema imposible, pero que contó con un apoyo básico: el acuerdo entre el Gobierno federal y el de la capital de trabajar juntos en este reto.
"El problema se fue haciendo pequeño con esa unidad de trabajo, solidaridad e interés por resolver el problema en todos los niveles".
Slim explicó que el objetivo era revitalizar la zona y no sólo restaurar los edificios.
Se trataba de "levantar el nivel socio-económico de la población del Centro Histórico y dotarles de programas de salud, educación, seguridad y servicio público".
Había, vamos, que deshacerse de la gente fea, los negocitos de cuarta y la competencia desleal. El señor pactó un coto privado para incrementar fortuna, no la beneficencia.
En su opinión, la zona ha experimentado un salto fundamental, si bien consideró que queda todavía mucho por hacer, principalmente el problema del hundimiento que sufre la ciudad por la sobreexplotación de los acuíferos.
La rectora de la UCSJ, Carmen López-Portillo Romano describió que hace una década el Centro Histórico "aparecía despoblado, enfermo, gris, violento y degradado".
"Por eso muchos de nosotros festejamos la iniciativa convocada por las instancias del Gobierno de la Ciudad y el Federal y el entusiasmo de individuos y grupos para reanimar" la zona, agregó.
La máxima autoridad de la UCSJ festejó que Slim se comprometiera con el proyecto y diera su palabra, la cual "ha cumplido a cabalidad" y "ha honrado la confianza que en él depositaron personas e instituciones".
López-Portillo recalcó que son muchas las personas que entre 2001 y 2010 se han beneficiado con acciones de salud, programas de donación de lentes, consultas, talleres, pláticas y conferencias para el desarrollo comunitario y social a través de becas, microcréditos y talleres de capacitación en oficios.
Por supuesto que estas maravillas obedecen a un plan maestro de rentabilidad, el Centro Histórico, ahora supeditado a la fortuna de don Carlos, tiene que preciarse como cualquier primer cuadro de Primer Mundo; era indispensable arrancar a la pelusa un patrimonio que no supo aprovechar.
El Centro, que se presume “in”, “light”, “fashion”, aun no alcanza su tope de rentabilidad, pero cuando eso suceda y salgan a relucir los acuerdos siniestros entre la grilla y el capital, entonces sería pertinente que a los habitantes de la ciudad nos dieron una medalla por pendejos ante la subasta cínica de un espacio fundamental en la composición de la memoria colectiva.
No, no es culpa del empresario, sino de los tacuaritas que cambian el oro por la baratijas.
Al ojo del amo, los negocios crecen.
El 29 de septiembre de 2011, el magnate mexicano Carlos Slim, la persona más rica del mundo según la revista Forbes, recibió la Presea Sor Juana Inés en reconocimiento a la labor que durante diez años ha realizado para la revitalización del Centro Histórico de Ciudad de México.
Se trata de la máxima distinción que otorga la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) "a las personas que han contribuido al desarrollo cultural, artístico o académico" de México.
Calidad aparte, el reconocimiento a Carlos Slim y la cobertura informativa que se hizo de ello, demuestran entre línea el peso completo que el multimillonario tiene dentro de la opinión pública.
Hace diez años el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal designaron a Carlos Slim presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo para el rescate del Centro Histórico de la capital.
En otras palabras, Slim fue llamado a hacer negocios con el corazón de la urbe en los términos que mejor le convinieron.
En estos últimos diez años el Grupo Carso, entidad empresarial que preside Slim, ha creado más de 8.400 empleos permanentes en el Centro Histórico, ha remodelado y adecuado 100.000 metros cuadrados para oficinas y despachos y cerca de 60.000 para uso habitacional.
Siempre, apunta el dodo, en concordancia a la lógica capitalista de generar plusvalía.
El magnate comentó durante la ceremonia que la revitalización del Centro Histórico parecía un problema imposible, pero que contó con un apoyo básico: el acuerdo entre el Gobierno federal y el de la capital de trabajar juntos en este reto.
"El problema se fue haciendo pequeño con esa unidad de trabajo, solidaridad e interés por resolver el problema en todos los niveles".
Slim explicó que el objetivo era revitalizar la zona y no sólo restaurar los edificios.
Se trataba de "levantar el nivel socio-económico de la población del Centro Histórico y dotarles de programas de salud, educación, seguridad y servicio público".
Había, vamos, que deshacerse de la gente fea, los negocitos de cuarta y la competencia desleal. El señor pactó un coto privado para incrementar fortuna, no la beneficencia.
En su opinión, la zona ha experimentado un salto fundamental, si bien consideró que queda todavía mucho por hacer, principalmente el problema del hundimiento que sufre la ciudad por la sobreexplotación de los acuíferos.
La rectora de la UCSJ, Carmen López-Portillo Romano describió que hace una década el Centro Histórico "aparecía despoblado, enfermo, gris, violento y degradado".
"Por eso muchos de nosotros festejamos la iniciativa convocada por las instancias del Gobierno de la Ciudad y el Federal y el entusiasmo de individuos y grupos para reanimar" la zona, agregó.
La máxima autoridad de la UCSJ festejó que Slim se comprometiera con el proyecto y diera su palabra, la cual "ha cumplido a cabalidad" y "ha honrado la confianza que en él depositaron personas e instituciones".
López-Portillo recalcó que son muchas las personas que entre 2001 y 2010 se han beneficiado con acciones de salud, programas de donación de lentes, consultas, talleres, pláticas y conferencias para el desarrollo comunitario y social a través de becas, microcréditos y talleres de capacitación en oficios.
Por supuesto que estas maravillas obedecen a un plan maestro de rentabilidad, el Centro Histórico, ahora supeditado a la fortuna de don Carlos, tiene que preciarse como cualquier primer cuadro de Primer Mundo; era indispensable arrancar a la pelusa un patrimonio que no supo aprovechar.
El Centro, que se presume “in”, “light”, “fashion”, aun no alcanza su tope de rentabilidad, pero cuando eso suceda y salgan a relucir los acuerdos siniestros entre la grilla y el capital, entonces sería pertinente que a los habitantes de la ciudad nos dieron una medalla por pendejos ante la subasta cínica de un espacio fundamental en la composición de la memoria colectiva.
No, no es culpa del empresario, sino de los tacuaritas que cambian el oro por la baratijas.
viernes, 7 de octubre de 2011
APUNTES: FUEGO CONTRA FUEGO
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
No queda claro. Sin embargo, es un hecho comprobado que la guerra contra el crimen organizado iniciada por el Gobierno Federal empezó a engendrar monstruos difíciles de controlar.
Cobijados por la atmósfera de violencia incontrolable y la permisividad de las autoridades, han aparecidos grupos, supuestamente vengadores, que combaten a la delincuencia con la misma ferocidad y el mismo terror de lo que hacen gala.
Metidos en un esquema “paramilitar”, estos grupos, ya sea habilitados por particulares, funcionarios y la misma competencia delictiva, aparecieron en las redes sociales a modo de una reacción “popular” adversa al punto de quiebre en el que se encuentran varias entidades federativas.
El 27 de septiembre de 2011, el Gobierno mexicano inició el análisis de unos vídeos donde un supuesto grupo que se identifica como los "Mata Zetas", y que podría ser el autor del homicidio de 35 personas en Veracruz, revela una campaña para asesinar a miembros del grupo criminal Los Zetas..
La Secretaría de Gobernación indicó en un comunicado que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió ya una investigación a partir de unos vídeos que circulan en Internet.
En el último de esos vídeos, difundido el domingo 25 de septiembre de 2011 pero filmado supuestamente un día antes, aparecen cinco hombres encapuchados y vestidos de negro, uno de los cuales afirma que los "Mata Zetas" son el "brazo armado del pueblo" y que su "único objetivo es acabar con el cártel de Los Zetas".
"Solo peleando en igualdad de condiciones se podrá lograr erradicar de raíz al cártel de Los Zetas", indica el hombre, que pide "que los funcionarios y autoridades que apoyan a Los Zetas dejen de hacerlo".
Los Zetas, que concentran su área de influencia en los estados ubicados sobre el Golfo de México, es una de las organizaciones más poderosas y violentas del país, protagonista de las masacres de 72 inmigrantes indocumentados en agosto de 2010 en el norteño estado de Tamaulipas y de 52 personas en un casino el pasado 25 de agosto en Monterrey.
"Que la sociedad en general esté segura y confíe que nosotros los 'Mata Zetas' no extorsionamos, no secuestramos, y nunca afectaremos el patrimonio personal ni de la nación; que respetamos a los poderes Ejecutivos, federales, estatales y municipales en su lucha contra la delincuencia organizada", señala la agrupación en el vídeo de cinco minutos de duración.
"Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos; la intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no es invencible y que ya no se deje extorsionar", afirman los presuntos delincuentes.
El pasado 20 de septiembre dos camionetas fueron abandonadas a plena luz del día en una transitada vía de Veracruz, en el Golfo de México, con 35 cadáveres en sus compartimentos de carga.
Junto a los cuerpos se halló una manta en la que los autores del homicidio pedían a la población que no se deje extorsionar más por Los Zetas, y lanzaba amenazas contra esa agrupación.
En el vídeo, los "Mata Zetas" no se refieren directamente al asesinato de 35 personas, si bien el mensaje de la manta y el contenido del vídeo coincide en parte.
La SEGOB manifestó que "si bien la organización criminal denominada Los Zetas, debe ser sometida, ello debe ocurrir por la vía legal y nunca con métodos fuera de la ley".
Además, insistió en que las autoridades deben combatir "a cualquier grupo u organización criminal" y que el "único camino" para alcanzar "una seguridad y tranquilidad duraderas" es el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento institucional.
"En el Estado mexicano no hay cabida para la manifestación o acción de persona, grupo u organización que atente o violente el Estado de Derecho, independientemente de su causa, motivación o finalidad", concluyó.
Tras la aparición del vídeo algunos analistas han señalado que se podría tratar de una agrupación paramilitar o un comando de exterminio independiente que podría gozar de algún apoyo de autoridades o de empresarios cansados de las extorsiones del crimen organizado.
No obstante, el riesgo de atacar al fuego con fuego, es que el grupo vencedor se sabrá más poderoso y, en consecuencia, menos fácil de controlar.
A pesar de la negación de las autoridades federales, la guerra contra el crimen organizado entró en una fase obediente a la inercia del conflicto y de consecuencias aun no valoradas. Si no, al tiempo, sólo al tiempo.
No queda claro. Sin embargo, es un hecho comprobado que la guerra contra el crimen organizado iniciada por el Gobierno Federal empezó a engendrar monstruos difíciles de controlar.
Cobijados por la atmósfera de violencia incontrolable y la permisividad de las autoridades, han aparecidos grupos, supuestamente vengadores, que combaten a la delincuencia con la misma ferocidad y el mismo terror de lo que hacen gala.
Metidos en un esquema “paramilitar”, estos grupos, ya sea habilitados por particulares, funcionarios y la misma competencia delictiva, aparecieron en las redes sociales a modo de una reacción “popular” adversa al punto de quiebre en el que se encuentran varias entidades federativas.
El 27 de septiembre de 2011, el Gobierno mexicano inició el análisis de unos vídeos donde un supuesto grupo que se identifica como los "Mata Zetas", y que podría ser el autor del homicidio de 35 personas en Veracruz, revela una campaña para asesinar a miembros del grupo criminal Los Zetas..
La Secretaría de Gobernación indicó en un comunicado que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió ya una investigación a partir de unos vídeos que circulan en Internet.
En el último de esos vídeos, difundido el domingo 25 de septiembre de 2011 pero filmado supuestamente un día antes, aparecen cinco hombres encapuchados y vestidos de negro, uno de los cuales afirma que los "Mata Zetas" son el "brazo armado del pueblo" y que su "único objetivo es acabar con el cártel de Los Zetas".
"Solo peleando en igualdad de condiciones se podrá lograr erradicar de raíz al cártel de Los Zetas", indica el hombre, que pide "que los funcionarios y autoridades que apoyan a Los Zetas dejen de hacerlo".
Los Zetas, que concentran su área de influencia en los estados ubicados sobre el Golfo de México, es una de las organizaciones más poderosas y violentas del país, protagonista de las masacres de 72 inmigrantes indocumentados en agosto de 2010 en el norteño estado de Tamaulipas y de 52 personas en un casino el pasado 25 de agosto en Monterrey.
"Que la sociedad en general esté segura y confíe que nosotros los 'Mata Zetas' no extorsionamos, no secuestramos, y nunca afectaremos el patrimonio personal ni de la nación; que respetamos a los poderes Ejecutivos, federales, estatales y municipales en su lucha contra la delincuencia organizada", señala la agrupación en el vídeo de cinco minutos de duración.
"Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos; la intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no es invencible y que ya no se deje extorsionar", afirman los presuntos delincuentes.
El pasado 20 de septiembre dos camionetas fueron abandonadas a plena luz del día en una transitada vía de Veracruz, en el Golfo de México, con 35 cadáveres en sus compartimentos de carga.
Junto a los cuerpos se halló una manta en la que los autores del homicidio pedían a la población que no se deje extorsionar más por Los Zetas, y lanzaba amenazas contra esa agrupación.
En el vídeo, los "Mata Zetas" no se refieren directamente al asesinato de 35 personas, si bien el mensaje de la manta y el contenido del vídeo coincide en parte.
La SEGOB manifestó que "si bien la organización criminal denominada Los Zetas, debe ser sometida, ello debe ocurrir por la vía legal y nunca con métodos fuera de la ley".
Además, insistió en que las autoridades deben combatir "a cualquier grupo u organización criminal" y que el "único camino" para alcanzar "una seguridad y tranquilidad duraderas" es el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento institucional.
"En el Estado mexicano no hay cabida para la manifestación o acción de persona, grupo u organización que atente o violente el Estado de Derecho, independientemente de su causa, motivación o finalidad", concluyó.
Tras la aparición del vídeo algunos analistas han señalado que se podría tratar de una agrupación paramilitar o un comando de exterminio independiente que podría gozar de algún apoyo de autoridades o de empresarios cansados de las extorsiones del crimen organizado.
No obstante, el riesgo de atacar al fuego con fuego, es que el grupo vencedor se sabrá más poderoso y, en consecuencia, menos fácil de controlar.
A pesar de la negación de las autoridades federales, la guerra contra el crimen organizado entró en una fase obediente a la inercia del conflicto y de consecuencias aun no valoradas. Si no, al tiempo, sólo al tiempo.
jueves, 6 de octubre de 2011
DESDE EL PANTANO: UN LINCHAMIENTO REPRESENTATIVO
POR.- EL OGRO
Explíquese como se desee, el linchamiento ocurrido en días pasados en una población del Estado de México sólo es un botón de muestra del cansancio ciudadano ante la incompatibilidad de las autoridades para preservar el orden y la integridad de las personas. No se trató de un hecho aislado o una terrible anécdota de los usos y costumbres del “bronco pueblo”, sino de una reacción lógica violenta de una comunidad enfurecida por la constante agresión de una delincuencia que, pese a las denuncias, lejos de ser sometida, comete sus atropellos en plena luz del día sin que existe una fuerza pública de seguridad que lo impida, impulsando a la gente común a hacerse justicia con sus propias manos.
El 25 de septiembre de 2011, cientos de pobladores de Nexquipayac, comunidad del municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, lincharon a un presunto delincuente que habría sido sorprendido junto con tres cómplices cuando asaltaban a transeúntes.
La policía municipal informó que a las 15:30 horas cuatro sujetos, entre ellos una mujer, fueron interceptados cuando viajaban en una camioneta de pasajeros que usaban para asaltar.
Ese grupo ya había asaltado a varios transeúntes y conductores de bicitaxis. Varios vecinos cerraron el paso a la combi de la línea Valle de México, número económico 115-C, en la cual se transportaban los presuntos delincuentes, a quienes capturaron a un costado de una cancha de futbol rápido en la avenida Los Gallos, principal acceso de Nexquipayac a la carretera Texcoco-Lechería.
La turba golpeó a los sujetos y los llevó a la explanada principal de la comunidad, donde se reunieron unas 700 personas.
El presunto asaltante linchado fue identificado como Víctor González, de 26 años de edad.
Cerca de 30 policías municipales y estatales se abrieron paso entre la multitud a empujones y golpes para rescatar a los otros tres implicados: Juan Ernesto Nava Pineda, de 36 años; Evelyn Nieto Esquivel, de 25, y Julio César “N”, de acuerdo con la Agencia de Seguridad Estatal.
Los dos primeros fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público de Texcoco, y el tercero fue hospitalizado en la clínica Guadalupe Victoria en Texcoco.
En la explanada principal de Nexquipayac quedó el cadáver de Víctor González y casi dos horas después el Servicio Médico Forense lo retiró.
Algunos pobladores aseguraron que ya están cansados de los constantes asaltos tanto a bordo de unidades de pasajeros como en sus viviendas. Además, señalaron que en la zona operan varias bandas de delincuentes.
En el relato de los hechos se sostiene que aproximadamente a las 15:30 horas los cuatros delincuentes tenían amagados a pasajeros que viajaban en la camioneta Urvan número 115C de la Línea Valle de México.
Los asaltantes despojaban de sus pertenecías a los usuarios, cuando llegaron a la entrada del pueblo de Nexquipayac y al bajarse sobre la Avenida Gallos, unos bicitaxistas dieron la voz de alarma, de que en la camioneta de servicio colectivo se registraba un robo.
En ese momento, en la plaza había unas 50 personas que fueron contra la mujer y los tres hombres. Ellos intentaron correr y esconderse en alguna casa, pero fueron alcanzados.
Varios vecinos corrieron la voz de alarma y en breves momento se concentraron unas 500 personas que castigaron severamente a los delincuentes.
Los sujetos fueron golpeados con los puños y pies, jaloneados, arrastrados por las calles hasta la plaza principal de Nexquipayac.
A las 16:00 horas llegó el grupo antimotín de la ASE -unos 100 elementos- con sede en Texcoco y logró rescatar a otros tres sospechosos.
La mujer y el tercer sujeto corrieron con más suerte, ya que sus lesiones no eran de consideración y fueron llevados al Centro de Justicia de Texcoco, para protegerlos y presentarlos al agente del ministerio público.
De acuerdo a los pobladores de Nexquipayac ya se tenía conocimiento de que una banda de sujetos, entre ellos una mujer, se dedicaban a asaltar a camionetas de servicio colectivo sobre la carretera Texcoco-Lechería.
Por ello, los bicitaxistas al ver el asalto en la Urvan 115 C de la línea Valle de México, dieron la voz de alerta y rodearon a la banda para que no escapara.
Al lugar se presentaron policías ministeriales para llevarse en una camioneta forense al presunto delincuente muerto; los vecinos se mantuvieron en alertas y lanzando cohetes para convocar a más pobladores, debido a que no querían que la policía se llevaran a algunos de los habitantes que participaron en la agresión.
Explíquese como se desee, el linchamiento ocurrido en días pasados en una población del Estado de México sólo es un botón de muestra del cansancio ciudadano ante la incompatibilidad de las autoridades para preservar el orden y la integridad de las personas. No se trató de un hecho aislado o una terrible anécdota de los usos y costumbres del “bronco pueblo”, sino de una reacción lógica violenta de una comunidad enfurecida por la constante agresión de una delincuencia que, pese a las denuncias, lejos de ser sometida, comete sus atropellos en plena luz del día sin que existe una fuerza pública de seguridad que lo impida, impulsando a la gente común a hacerse justicia con sus propias manos.
El 25 de septiembre de 2011, cientos de pobladores de Nexquipayac, comunidad del municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, lincharon a un presunto delincuente que habría sido sorprendido junto con tres cómplices cuando asaltaban a transeúntes.
La policía municipal informó que a las 15:30 horas cuatro sujetos, entre ellos una mujer, fueron interceptados cuando viajaban en una camioneta de pasajeros que usaban para asaltar.
Ese grupo ya había asaltado a varios transeúntes y conductores de bicitaxis. Varios vecinos cerraron el paso a la combi de la línea Valle de México, número económico 115-C, en la cual se transportaban los presuntos delincuentes, a quienes capturaron a un costado de una cancha de futbol rápido en la avenida Los Gallos, principal acceso de Nexquipayac a la carretera Texcoco-Lechería.
La turba golpeó a los sujetos y los llevó a la explanada principal de la comunidad, donde se reunieron unas 700 personas.
El presunto asaltante linchado fue identificado como Víctor González, de 26 años de edad.
Cerca de 30 policías municipales y estatales se abrieron paso entre la multitud a empujones y golpes para rescatar a los otros tres implicados: Juan Ernesto Nava Pineda, de 36 años; Evelyn Nieto Esquivel, de 25, y Julio César “N”, de acuerdo con la Agencia de Seguridad Estatal.
Los dos primeros fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público de Texcoco, y el tercero fue hospitalizado en la clínica Guadalupe Victoria en Texcoco.
En la explanada principal de Nexquipayac quedó el cadáver de Víctor González y casi dos horas después el Servicio Médico Forense lo retiró.
Algunos pobladores aseguraron que ya están cansados de los constantes asaltos tanto a bordo de unidades de pasajeros como en sus viviendas. Además, señalaron que en la zona operan varias bandas de delincuentes.
En el relato de los hechos se sostiene que aproximadamente a las 15:30 horas los cuatros delincuentes tenían amagados a pasajeros que viajaban en la camioneta Urvan número 115C de la Línea Valle de México.
Los asaltantes despojaban de sus pertenecías a los usuarios, cuando llegaron a la entrada del pueblo de Nexquipayac y al bajarse sobre la Avenida Gallos, unos bicitaxistas dieron la voz de alarma, de que en la camioneta de servicio colectivo se registraba un robo.
En ese momento, en la plaza había unas 50 personas que fueron contra la mujer y los tres hombres. Ellos intentaron correr y esconderse en alguna casa, pero fueron alcanzados.
Varios vecinos corrieron la voz de alarma y en breves momento se concentraron unas 500 personas que castigaron severamente a los delincuentes.
Los sujetos fueron golpeados con los puños y pies, jaloneados, arrastrados por las calles hasta la plaza principal de Nexquipayac.
A las 16:00 horas llegó el grupo antimotín de la ASE -unos 100 elementos- con sede en Texcoco y logró rescatar a otros tres sospechosos.
La mujer y el tercer sujeto corrieron con más suerte, ya que sus lesiones no eran de consideración y fueron llevados al Centro de Justicia de Texcoco, para protegerlos y presentarlos al agente del ministerio público.
De acuerdo a los pobladores de Nexquipayac ya se tenía conocimiento de que una banda de sujetos, entre ellos una mujer, se dedicaban a asaltar a camionetas de servicio colectivo sobre la carretera Texcoco-Lechería.
Por ello, los bicitaxistas al ver el asalto en la Urvan 115 C de la línea Valle de México, dieron la voz de alerta y rodearon a la banda para que no escapara.
Al lugar se presentaron policías ministeriales para llevarse en una camioneta forense al presunto delincuente muerto; los vecinos se mantuvieron en alertas y lanzando cohetes para convocar a más pobladores, debido a que no querían que la policía se llevaran a algunos de los habitantes que participaron en la agresión.
miércoles, 5 de octubre de 2011
EDITORIAL: ¿CASTIGO A LA MEXICANA?
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Directamente: fue una chingadera. No hay más. Sanciones aparte, lo ocurrido en una escuela de instrucción básica del estado de Michoacán es un triste ejemplo de las arbitrariedades que ocurren a lo largo y ancho del territorio, donde el retorcido dogma troglodita de la letra con sangre entra, impera.
La historia fue esta:
Padres de alumnos de sexto grado de la primaria Club de Leones del municipio La Piedad, Michoacán, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, luego de que fueron desnudados, como medida de presión, al perderse 180 pesos.
El ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, reprobó estos actos que consideró violatorios de la integridad física de los alumnos y señaló que se actuará conforme a derecho para que se castigue a los culpables de estos atropellos.
Detalló que en la denuncia se dijo que “por instrucciones de la directora del plantel, María Dolores Reyes Estrada, despojaron de sus ropas a los alumnos” de sexto grado porque se perdieron 180 pesos dentro del salón y los maestros les comentaron que tenían aparecer.
Personal de la Visitaduría Regional de Zamora, a cargo de Alejandro Negrete Espinoza, se constituyó en el lugar para corroborar los hechos y levantar las actuaciones correspondientes.
En el lugar, madres manifestaron su molestia porque sus hijos les dijeron que la maestra de grupo, a quien identificaron como Mary Domínguez, los intimidó diciéndoles que si el dinero no aparecía llamarían “a la Policía Judicial, a una bruja y a perros rastreadores”.
Según las versiones de los menores, empezaron a sacar a las niñas de cinco en cinco y las llevaron a la dirección, en donde la directora las empezó a revisar, les alzó la falda y les metió la mano en los senos.
A los niños los trasladaron al salón de computación en donde el maestro de esa materia los obligó a quitarse el pantalón, suéter y camisa; incluso a varios los dejaron en puros calzoncillos, y fueron objeto de burla de parte de los profesores que presenciaron la escena, según la denuncia.
La queja se captó por los conceptos de intimidación, violación a la dignidad humana y a los derechos del menor.
Aguardemos que la justicia ocurra. En tanto, es menester que la sociedad en su conjunto modifique ideas y costumbres. La enseñanza no es una condición de fuerza, dominio y autoridad. Requiere de una comprensión cabal de la trascendencia que tienen los docentes y los administrativos en la formación de la niñez y la juventud.
Como en toda relación humana, las discrepancias y el castigo están presentes dentro de las aulas, pero esto no faculta a excederse en una llamada de atención.
En nuestro caso, el robo de 180 pesos ameritaba un reclamo, una inspección y un deslinde de culpabilidades, desgraciadamente la tergiversación adulta de la “pena ejemplar”, lejos de resolver el asunto lo complicó y los niños experimentaron una violenta lección de arbitrariedad real que les dice mucho sobre la mentalidad imperante en ciertas instancias de poder.
Sinceramente, nuestro futuro no merece ese maltrato.
Directamente: fue una chingadera. No hay más. Sanciones aparte, lo ocurrido en una escuela de instrucción básica del estado de Michoacán es un triste ejemplo de las arbitrariedades que ocurren a lo largo y ancho del territorio, donde el retorcido dogma troglodita de la letra con sangre entra, impera.
La historia fue esta:
Padres de alumnos de sexto grado de la primaria Club de Leones del municipio La Piedad, Michoacán, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, luego de que fueron desnudados, como medida de presión, al perderse 180 pesos.
El ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, reprobó estos actos que consideró violatorios de la integridad física de los alumnos y señaló que se actuará conforme a derecho para que se castigue a los culpables de estos atropellos.
Detalló que en la denuncia se dijo que “por instrucciones de la directora del plantel, María Dolores Reyes Estrada, despojaron de sus ropas a los alumnos” de sexto grado porque se perdieron 180 pesos dentro del salón y los maestros les comentaron que tenían aparecer.
Personal de la Visitaduría Regional de Zamora, a cargo de Alejandro Negrete Espinoza, se constituyó en el lugar para corroborar los hechos y levantar las actuaciones correspondientes.
En el lugar, madres manifestaron su molestia porque sus hijos les dijeron que la maestra de grupo, a quien identificaron como Mary Domínguez, los intimidó diciéndoles que si el dinero no aparecía llamarían “a la Policía Judicial, a una bruja y a perros rastreadores”.
Según las versiones de los menores, empezaron a sacar a las niñas de cinco en cinco y las llevaron a la dirección, en donde la directora las empezó a revisar, les alzó la falda y les metió la mano en los senos.
A los niños los trasladaron al salón de computación en donde el maestro de esa materia los obligó a quitarse el pantalón, suéter y camisa; incluso a varios los dejaron en puros calzoncillos, y fueron objeto de burla de parte de los profesores que presenciaron la escena, según la denuncia.
La queja se captó por los conceptos de intimidación, violación a la dignidad humana y a los derechos del menor.
Aguardemos que la justicia ocurra. En tanto, es menester que la sociedad en su conjunto modifique ideas y costumbres. La enseñanza no es una condición de fuerza, dominio y autoridad. Requiere de una comprensión cabal de la trascendencia que tienen los docentes y los administrativos en la formación de la niñez y la juventud.
Como en toda relación humana, las discrepancias y el castigo están presentes dentro de las aulas, pero esto no faculta a excederse en una llamada de atención.
En nuestro caso, el robo de 180 pesos ameritaba un reclamo, una inspección y un deslinde de culpabilidades, desgraciadamente la tergiversación adulta de la “pena ejemplar”, lejos de resolver el asunto lo complicó y los niños experimentaron una violenta lección de arbitrariedad real que les dice mucho sobre la mentalidad imperante en ciertas instancias de poder.
Sinceramente, nuestro futuro no merece ese maltrato.
martes, 4 de octubre de 2011
EL COCOTAZO: A RETRACTARSE...DE PALABRA
POR.- EL DODO DE HUMOR NEGRO
Después que sintieran, no lo duro, si no lo tupido, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron una serie de movimientos para capotear el temporal suscitado por votar a favor del conservadurismo retrograda de las leyes antiaborto en Baja California y San Luis Potosí.
La ministra Olga Sánchez Cordero, en una entrevista radiofónica, apuntó que la Suprema Corte no emitió ningún fallo sobre la constitucionalidad de esas leyes y que no triunfó ninguna postura, debido a que sólo se desestimó la acción, lo que permitirá a las mujeres que sientan vulnerados sus derechos recurrir al amparo.
“Para la validez de una norma, para su declaratoria de constitucionalidad, se requieren únicamente seis votos, es una mayoría simple en la cual se declara la validez de la norma, pero para la invalidez se requieren, como acaban ustedes de precisar, los ocho votos; sin embargo, cuando no se alcanzan estos ocho votos la votación queda como ha quedado en estos días.
En el tema la Corte no resolvió, no hay resolución, simplemente hay una desestimación de la acción, pero la SCJN no se pronunció sobre la validez o sobre la invalidez, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Creo que esto los medios no lo han manejado, porque no conocen este mecanismo tan jurídico y tan técnico...
El término desestimar significa que no hay pronunciamiento de la Corte sobre su validez, ni tampoco sobre su invalidez, es decir no hay triunfo, para decirlo en términos muy llanos, ninguna de las dos posiciones, simplemente la Corte archiva el asunto. Esto no cancela que algunas gobernadas en Baja California o en San Luis Potosí pudieran tener acceso a otros medios de control constitucional, como pudiera ser el amparo”
En el caso de Baja California, cuando una persona impugne, “dependiendo de cuál ha sido su derecho que ha sido vulnerado, por supuesto se lleva a la Corte y con los argumentos que llegue, obviamente impugnará la inconstitucionalidad de la norma, que eso sería por lo cual nosotros seríamos competentes para revisar nuevamente su constitucionalidad”.
La ministra resaltó que el caso puede revisarse de nueva cuenta, “podría la Corte volver a revisar la constitucionalidad de este precepto y pronunciarse en relación con el caso concreto, que ahí sí no se requiere de una mayoría calificada, sólo una mayoría simple para poder conceder el amparo. En este caso no quedan canceladas otras vías de control constitucional”.
La ministra recalcó que la Corte no decide por cuestiones morales o religiosas, sino por convicciones jurídicas, y que no sería válido interponer una decisión constitucional a un prejuicio moral ni una premisa religiosa.
Sin embargo, a partir de lo dicho por el obispo de Mexicali, Baja California, José Isidro Guerrero Macías, quien afirmó que una llamada telefónica del Papa cambió el voto en la SCJN, unas horas después de conocerse públicamente el veredicto, movió los engranajes del poder que rápidamente se pronunció en contra de la existencia de una línea.
La presión generada hizo necesario que el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, desmintiera la existencia de una llamada del Papa Benedicto XVI a México para incidir en el debate sobre el derecho a la vida, y asegurara que esa versión “carece de fundamento”.
“La versión no tiene fundamento, se debería preguntar al obispo de dónde obtuvo esa información. De todas maneras es muy raro que el Papa haya presionado por teléfono”.
En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó la postura dada a conocer por el Vaticano, en el sentido de que Benedicto XVI influyó en los debates de la Corte.
Señaló que el Papa, “siempre respetuoso de la vida interna de las naciones” no acostumbra interferir en la vida interna de las naciones, y no lo hizo en este caso.
Por consiguiente, en un comunicado, el obispado de Mexicali se retractó de la llamada que el Papa realizó a México para favorecer la ley antiaborto.
Por lo que asume las declaraciones de la Santa Sede y del Episcopado al negar la intervención de Benedicto XVI en las decisiones de la SCJN.
No obstante, queda una interrogante: si era una mentira porqué el obispo de Mexicali se aventó la “puntada” de enrarecer más el ambiente.
Aunque digan misa queda en el aire la posibilidad que desde la Presidencia de la República hubo mano negra en la votación de la SCJN, sin excluir la fijación de la Iglesia Católica por reducir las maniobras civiles en contra de sus intereses.
Después que sintieran, no lo duro, si no lo tupido, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron una serie de movimientos para capotear el temporal suscitado por votar a favor del conservadurismo retrograda de las leyes antiaborto en Baja California y San Luis Potosí.
La ministra Olga Sánchez Cordero, en una entrevista radiofónica, apuntó que la Suprema Corte no emitió ningún fallo sobre la constitucionalidad de esas leyes y que no triunfó ninguna postura, debido a que sólo se desestimó la acción, lo que permitirá a las mujeres que sientan vulnerados sus derechos recurrir al amparo.
“Para la validez de una norma, para su declaratoria de constitucionalidad, se requieren únicamente seis votos, es una mayoría simple en la cual se declara la validez de la norma, pero para la invalidez se requieren, como acaban ustedes de precisar, los ocho votos; sin embargo, cuando no se alcanzan estos ocho votos la votación queda como ha quedado en estos días.
En el tema la Corte no resolvió, no hay resolución, simplemente hay una desestimación de la acción, pero la SCJN no se pronunció sobre la validez o sobre la invalidez, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Creo que esto los medios no lo han manejado, porque no conocen este mecanismo tan jurídico y tan técnico...
El término desestimar significa que no hay pronunciamiento de la Corte sobre su validez, ni tampoco sobre su invalidez, es decir no hay triunfo, para decirlo en términos muy llanos, ninguna de las dos posiciones, simplemente la Corte archiva el asunto. Esto no cancela que algunas gobernadas en Baja California o en San Luis Potosí pudieran tener acceso a otros medios de control constitucional, como pudiera ser el amparo”
En el caso de Baja California, cuando una persona impugne, “dependiendo de cuál ha sido su derecho que ha sido vulnerado, por supuesto se lleva a la Corte y con los argumentos que llegue, obviamente impugnará la inconstitucionalidad de la norma, que eso sería por lo cual nosotros seríamos competentes para revisar nuevamente su constitucionalidad”.
La ministra resaltó que el caso puede revisarse de nueva cuenta, “podría la Corte volver a revisar la constitucionalidad de este precepto y pronunciarse en relación con el caso concreto, que ahí sí no se requiere de una mayoría calificada, sólo una mayoría simple para poder conceder el amparo. En este caso no quedan canceladas otras vías de control constitucional”.
La ministra recalcó que la Corte no decide por cuestiones morales o religiosas, sino por convicciones jurídicas, y que no sería válido interponer una decisión constitucional a un prejuicio moral ni una premisa religiosa.
Sin embargo, a partir de lo dicho por el obispo de Mexicali, Baja California, José Isidro Guerrero Macías, quien afirmó que una llamada telefónica del Papa cambió el voto en la SCJN, unas horas después de conocerse públicamente el veredicto, movió los engranajes del poder que rápidamente se pronunció en contra de la existencia de una línea.
La presión generada hizo necesario que el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, desmintiera la existencia de una llamada del Papa Benedicto XVI a México para incidir en el debate sobre el derecho a la vida, y asegurara que esa versión “carece de fundamento”.
“La versión no tiene fundamento, se debería preguntar al obispo de dónde obtuvo esa información. De todas maneras es muy raro que el Papa haya presionado por teléfono”.
En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó la postura dada a conocer por el Vaticano, en el sentido de que Benedicto XVI influyó en los debates de la Corte.
Señaló que el Papa, “siempre respetuoso de la vida interna de las naciones” no acostumbra interferir en la vida interna de las naciones, y no lo hizo en este caso.
Por consiguiente, en un comunicado, el obispado de Mexicali se retractó de la llamada que el Papa realizó a México para favorecer la ley antiaborto.
Por lo que asume las declaraciones de la Santa Sede y del Episcopado al negar la intervención de Benedicto XVI en las decisiones de la SCJN.
No obstante, queda una interrogante: si era una mentira porqué el obispo de Mexicali se aventó la “puntada” de enrarecer más el ambiente.
Aunque digan misa queda en el aire la posibilidad que desde la Presidencia de la República hubo mano negra en la votación de la SCJN, sin excluir la fijación de la Iglesia Católica por reducir las maniobras civiles en contra de sus intereses.
lunes, 3 de octubre de 2011
DIVERSIDAD SEXUAL: BAJA CALIFORNIA, UN MAL PRECEDENTE JURÍDICO
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Mostrando el cobre y, desgraciadamente, la enorme distancia existente entre la aspiración jurídica y la realidad vigente, el artículo 7 de la Constitución de Baja California, que protege la vida desde la concepción, seguirá vigente al no reunirse el 28 de septiembre los votos necesarios para invalidarla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Siete ministros argumentaron que la reforma viola los derechos fundamentales de las mujeres y es contrario a la Constitución Federal, pero se requerían ocho votos para declarar su invalidez, por lo que la acción de inconstitucionalidad fue desestimada sin pronunciamiento de la Corte.
El voto clave lo emitió el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo: sostuvo que las entidades federativas pueden establecer, en uso de su libertad de configuración legislativa, el momento en que inicia la protección del derecho a la vida, en este caso desde la concepción.
Aseguró, además, que la Constitución federal sí reconoce como titular de derechos al producto de la concepción, con independencia de los derechos de la madre, y que el derecho a la vida también está tutelado en diversos tratados internacionales de los que México es parte, entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Desde esta perspectiva, la simple posibilidad de ampliar el ámbito protector de los derechos reconocidos en la Constitución, de entrada, desde mi punto de vista, no puede ser catalogado como inconstitucional”.
Pardo, quien al comienzo de su exposición afirmó que el tema a debate no era la despenalización del aborto, sino el análisis de la reforma a una constitución local, rechazó que el ampliar los derechos a los no nacidos restrinja los de las mujeres.
“En todo caso —planteó—, ese no es un argumento suficiente para sostener la inconstitucionalidad del derecho que se está ampliando o que se está previendo de manera expresa, y tampoco el que no prevea excepciones o excluyentes para algunas modalidades de aborto”.
No por el hecho de que el artículo 7 que analizamos no prevea, al menos en su texto la posibilidad de excepciones, podríamos llegar a la afirmación de que, en el caso concreto, las causas que se señalan como no punible el aborto sean contrarias a la Constitución”.
El voto de Pardo se sumó así a los de Salvador Aguirre y Guillermo Ortiz, que en las sesiones previas argumentaron a favor del derecho a la vida, y al de Margarita Luna, quien insistió en la libertad de configuración legislativa que tienen las entidades federativas para fundamentar su postura.
Rechazó que el incluir la protección al no nacido en las constituciones locales se traduzca en la penalización del aborto en las 18 entidades que han aprobado reformas similares, citando como ejemplo el caso de Chiapas, donde la sanción para la mujer que aborte voluntariamente es “tratamiento médico integral si así lo solicita”.
Arturo Zaldívar, quien integró la mayoría que se pronunció por invalidar la reforma, dijo que es un falso debate plantear quién está a favor de la vida y quién está a favor del aborto.
“Todos estamos a favor de la vida y nadie está a favor del aborto; el aborto no es un deporte o un hobby para las mujeres, es un drama humano al cual llega la mujer en situaciones que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar”.
Explicó que el sentido de su voto respondía a su obligación de defender la Constitución “como juez constitucional en un Estado laico y democrático de derecho”. Y como lo hicieron previamente otros ministros, se pronunció por la despenalización del aborto.
“¿Por qué no nos quitamos de problemas y derogan los tipos de aborto? Sería mucho más fácil… criminalizar a la mujer, sobre todo a la mujer más pobre, no es la solución; condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud, su vida, me parece profundamente injusto, profundamente inmoral y profundamente inconstitucional”.
En su exposición, detalló los derechos de las mujeres que vulnera la reforma impugnada, como el de evitar un embarazo mediante el uso de métodos anticonceptivos; el no ser penalizadas por el delito de aborto y el de interrumpir el embarazo dentro de un determinado periodo.
“La dignidad de la mujer nos lleva a concluir que hay ciertos casos en los cuales exigirle a la mujer a que termine el embarazo implica una carga desproporcionada, exagerada y consecuentemente violatoria de sus derechos humanos. Implica que hay decisiones que no son del ámbito del derecho penal, que son del ámbito de la conciencia de cada mujer”.
El ministro presidente, Juan Silva Meza, se manifestó por la invalidez del artículo impugnado, aunque dijo no compartir las premisas del proyecto elaborado por Fernando Franco.
Silva argumentó, como lo hizo Luis María Aguilar, en la sesión del lunes, que los congresos locales no tienen facultades para generar nuevos derechos fundamentales en sus constituciones, ya que ésta es una competencia exclusiva de la Federación, y resaltó también la violación a los derechos de las mujeres que trae aparejada la reforma.
“La medida adoptada por el legislador local, desplaza en automático diversos derechos consagrados a favor de las mujeres y se torna imposible la ponderación del grado de protección del producto de la gestación, en correlación con los derechos fundamentales de las madres”.
Al final de la sesión, Fernando Franco González Salas salió nuevamente al paso de las críticas y descalificaciones que tanto dentro como fuera la Corte, dijo, generó su proyecto.
“Aquí todos estamos por la vida, eso no está puesto a discusión… el aborto es un tema que se toca tangencialmente, nadie ha estado por el aborto en ninguna de las veces que hemos tocado este tema”.
Rechazó también que su proyecto califique a los no nacidos como cosas, pues lo que incorpora es la definición de la propia Carta Magna, que les otorga el carácter de bienes jurídicamente tutelados, y negó haber planteado que la vida comienza con el nacimiento.
“El proyecto en ningún momento señala que el principio de la vida es con el nacimiento. El proyecto señala que a partir de ahí nacen ciertos derechos constitucionales que es el eje vertebral sobre el cual se concibió el proyecto”.
En suma, la decisión de la Corte puede leerse como el respaldo al derecho que los Estados de la República tienen para legislar, omitiendo tristemente el interés ciudadano que no siempre coincide con las determinaciones y las aspiraciones de los grupos en el poder.
La discusión teórica jurídica del marco legal de Baja California desestimó una observación fundamental de Arturo Zaldívar, si “hay decisiones que no son del ámbito del derecho penal, que son del ámbito de la conciencia de cada mujer”, por qué insistir en amparar el supuesto derecho de vida sobre el derecho de las mujeres a la libertad de su cuerpo.
Con ese precedente, la reforma de San Luis Potosí y las que vengan sobre el tema tendrán una postura semejante, fomentando desde las alturas del Derecho Mexicano, el dogmatismo conservador que dentro de una falsa moral aboga por la existencia, reforzando los candados indispensables para la cabal realización individual de un proyecto de vida.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó la estocada en la esperanza.
Mostrando el cobre y, desgraciadamente, la enorme distancia existente entre la aspiración jurídica y la realidad vigente, el artículo 7 de la Constitución de Baja California, que protege la vida desde la concepción, seguirá vigente al no reunirse el 28 de septiembre los votos necesarios para invalidarla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Siete ministros argumentaron que la reforma viola los derechos fundamentales de las mujeres y es contrario a la Constitución Federal, pero se requerían ocho votos para declarar su invalidez, por lo que la acción de inconstitucionalidad fue desestimada sin pronunciamiento de la Corte.
El voto clave lo emitió el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo: sostuvo que las entidades federativas pueden establecer, en uso de su libertad de configuración legislativa, el momento en que inicia la protección del derecho a la vida, en este caso desde la concepción.
Aseguró, además, que la Constitución federal sí reconoce como titular de derechos al producto de la concepción, con independencia de los derechos de la madre, y que el derecho a la vida también está tutelado en diversos tratados internacionales de los que México es parte, entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Desde esta perspectiva, la simple posibilidad de ampliar el ámbito protector de los derechos reconocidos en la Constitución, de entrada, desde mi punto de vista, no puede ser catalogado como inconstitucional”.
Pardo, quien al comienzo de su exposición afirmó que el tema a debate no era la despenalización del aborto, sino el análisis de la reforma a una constitución local, rechazó que el ampliar los derechos a los no nacidos restrinja los de las mujeres.
“En todo caso —planteó—, ese no es un argumento suficiente para sostener la inconstitucionalidad del derecho que se está ampliando o que se está previendo de manera expresa, y tampoco el que no prevea excepciones o excluyentes para algunas modalidades de aborto”.
No por el hecho de que el artículo 7 que analizamos no prevea, al menos en su texto la posibilidad de excepciones, podríamos llegar a la afirmación de que, en el caso concreto, las causas que se señalan como no punible el aborto sean contrarias a la Constitución”.
El voto de Pardo se sumó así a los de Salvador Aguirre y Guillermo Ortiz, que en las sesiones previas argumentaron a favor del derecho a la vida, y al de Margarita Luna, quien insistió en la libertad de configuración legislativa que tienen las entidades federativas para fundamentar su postura.
Rechazó que el incluir la protección al no nacido en las constituciones locales se traduzca en la penalización del aborto en las 18 entidades que han aprobado reformas similares, citando como ejemplo el caso de Chiapas, donde la sanción para la mujer que aborte voluntariamente es “tratamiento médico integral si así lo solicita”.
Arturo Zaldívar, quien integró la mayoría que se pronunció por invalidar la reforma, dijo que es un falso debate plantear quién está a favor de la vida y quién está a favor del aborto.
“Todos estamos a favor de la vida y nadie está a favor del aborto; el aborto no es un deporte o un hobby para las mujeres, es un drama humano al cual llega la mujer en situaciones que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar”.
Explicó que el sentido de su voto respondía a su obligación de defender la Constitución “como juez constitucional en un Estado laico y democrático de derecho”. Y como lo hicieron previamente otros ministros, se pronunció por la despenalización del aborto.
“¿Por qué no nos quitamos de problemas y derogan los tipos de aborto? Sería mucho más fácil… criminalizar a la mujer, sobre todo a la mujer más pobre, no es la solución; condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud, su vida, me parece profundamente injusto, profundamente inmoral y profundamente inconstitucional”.
En su exposición, detalló los derechos de las mujeres que vulnera la reforma impugnada, como el de evitar un embarazo mediante el uso de métodos anticonceptivos; el no ser penalizadas por el delito de aborto y el de interrumpir el embarazo dentro de un determinado periodo.
“La dignidad de la mujer nos lleva a concluir que hay ciertos casos en los cuales exigirle a la mujer a que termine el embarazo implica una carga desproporcionada, exagerada y consecuentemente violatoria de sus derechos humanos. Implica que hay decisiones que no son del ámbito del derecho penal, que son del ámbito de la conciencia de cada mujer”.
El ministro presidente, Juan Silva Meza, se manifestó por la invalidez del artículo impugnado, aunque dijo no compartir las premisas del proyecto elaborado por Fernando Franco.
Silva argumentó, como lo hizo Luis María Aguilar, en la sesión del lunes, que los congresos locales no tienen facultades para generar nuevos derechos fundamentales en sus constituciones, ya que ésta es una competencia exclusiva de la Federación, y resaltó también la violación a los derechos de las mujeres que trae aparejada la reforma.
“La medida adoptada por el legislador local, desplaza en automático diversos derechos consagrados a favor de las mujeres y se torna imposible la ponderación del grado de protección del producto de la gestación, en correlación con los derechos fundamentales de las madres”.
Al final de la sesión, Fernando Franco González Salas salió nuevamente al paso de las críticas y descalificaciones que tanto dentro como fuera la Corte, dijo, generó su proyecto.
“Aquí todos estamos por la vida, eso no está puesto a discusión… el aborto es un tema que se toca tangencialmente, nadie ha estado por el aborto en ninguna de las veces que hemos tocado este tema”.
Rechazó también que su proyecto califique a los no nacidos como cosas, pues lo que incorpora es la definición de la propia Carta Magna, que les otorga el carácter de bienes jurídicamente tutelados, y negó haber planteado que la vida comienza con el nacimiento.
“El proyecto en ningún momento señala que el principio de la vida es con el nacimiento. El proyecto señala que a partir de ahí nacen ciertos derechos constitucionales que es el eje vertebral sobre el cual se concibió el proyecto”.
En suma, la decisión de la Corte puede leerse como el respaldo al derecho que los Estados de la República tienen para legislar, omitiendo tristemente el interés ciudadano que no siempre coincide con las determinaciones y las aspiraciones de los grupos en el poder.
La discusión teórica jurídica del marco legal de Baja California desestimó una observación fundamental de Arturo Zaldívar, si “hay decisiones que no son del ámbito del derecho penal, que son del ámbito de la conciencia de cada mujer”, por qué insistir en amparar el supuesto derecho de vida sobre el derecho de las mujeres a la libertad de su cuerpo.
Con ese precedente, la reforma de San Luis Potosí y las que vengan sobre el tema tendrán una postura semejante, fomentando desde las alturas del Derecho Mexicano, el dogmatismo conservador que dentro de una falsa moral aboga por la existencia, reforzando los candados indispensables para la cabal realización individual de un proyecto de vida.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó la estocada en la esperanza.
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