POR.- EL ÚLTIMO DODO
Como si hiciera falta en un país destrozado, un gobierno estatal y un movimiento estudiantil chocan, dejando una estela de muertos, heridos y desaparecidos.
El 12 de diciembre de 2011, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, murieron al ser impactados por disparos de policías federales y estatales, así como agentes ministeriales, durante el violento desalojo de un grupo de alumnos de ese plantel que bloqueaba la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal, a la altura de Chilpancingo.
Alrededor de las 11:45 horas de ese lunes, unos 500 normalistas llegaron al sitio en camiones, apoyados por 26 indígenas de la Organización Campesina del Municipio de Tecoanapa, y otros 20 de la organización Xanii Tsavvi (Sueño Mixteco), y cerraron los carriles de dichas vialidades.
Su demanda principal era una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien acusan de haberlos dejado plantados en cuatro ocasiones. Pedían también el reinicio de clases en la normal, suspendidas desde el 2 de noviembre, debido a que los maestros “pretenden imponer” como director a Eugenio Hernández García, a quien los alumnos señalan de represor.
Otras peticiones son el aumento de la matrícula escolar de 140 a 170 plazas para el ciclo 2011-2012 y que los aspirantes que tengan promedio de siete de calificación puedan realizar el examen de admisión.
En suma, las demandas casi ancestrales de las escuelas estatales de educación superior; poco complicadas de satisfacer, pero difíciles de aceptar en situaciones verticales de mando.
Apenas había comenzado el bloqueo cuando llegaron al menos 300 efectivos de las policías federal y estatal, estos últimos encabezados por el general Ramón Arreola Ibarría, subsecretario de Seguridad en Guerrero; más tarde arribaron agentes ministeriales.
Trabajadores de la gasolinera Servicio Centro Comercial narraron que minutos antes del mediodía, los agentes federales intentaron desalojar a los normalistas, quienes repelieron a los policías lanzando piedras, cohetones y bombas molotov.
En esos momentos, en la misma gasolinera, uno de los estudiantes de Ayotzinapa prendió fuego a una bomba despachadora de combustible; fue entonces cuando los federales realizaron disparos al aire.
A unos 50 metros de distancia, en el puente del río Huacapa, cerca de la tienda Liverpool, estaban apostados decenas de policías estatales, encabezados por el general Arreola.
Varios elementos policiacos vestían de civil. “Órale cabrones”, los arengó el subsecretario de Seguridad para que enfrentaran a los normalistas. Varios agentes accionaron sus armas.
Los estudiantes fueron atacados por dos flancos, de norte a sur, por ambos carriles de la Autopista del Sol, y por el puente del río Huacapa.
Un grupo de alumnos intentó resguardarse en uno de los camiones, y otro trató de repeler a los policías con cohetones y piedras, pero no lo logró.
Por el contrario, los balazos se intensificaron. Los cristales de los autobuses quedaron destrozados y las carrocerías con impactos de bala.
Atónitos y nerviosos, choferes de automóviles particulares, autobuses y tráileres, que atestiguaban los hechos en ambos carriles, huían para protegerse de los disparos.
Ahí, el chofer del tráiler con placas 249-DC-5 del servicio público recibió un rozón de bala en la cara, y un anciano que se protegía en el tráiler fue detenido por los elementos policiacos; hasta ahora se desconoce su paradero.
Los uniformados también detuvieron al reportero Éric Escobar, del semanario Trinchera, que se publica en Chilpancingo, a quien propinaron golpes en cara y cuerpo. Luego lo dejaron libre.
A las 12:10 horas las detonaciones de armas de fuego se incrementaron y fue cuando cayó muerto el estudiante Gabriel Echeverría de Jesús.
Casi al mismo tiempo fue abatido Jorge Alexis Herrera. Sus compañeros, pensando que sólo estaban heridos, trataron de subirlos a los camiones para resguardarlos, pero al percatarse de que habían muerto optaron por dejarlos en el suelo.
La balacera continuó durante unos 20 minutos más en ambos carriles; los policías correteaban pistola en mano a los normalistas, quienes lanzaban piedras a los agentes.
Varios estudiantes se refugiaron en los cerros ubicados en ambos lados de la carretera y de ahí se trasladaron a la normal. Otros se dirigieron rumbo al poblado de Petaquillas, a unos cinco kilómetros de distancia del lugar del desalojo.
Algunos huyeron hacia el municipio de Tierra Colorada, a unos 45 kilómetros de distancia.
Según versiones de los propios estudiantes, dos de sus compañeros iban heridos.
En el suelo quedaron piedras, tubos, bombas molotov y decenas de casquillos de bala percutidos de armas de distintos calibres utilizadas por los policías.
Alrededor de las 12:35 cesaron los disparos. Minutos después llegaron tres vehículos del Ejército, los que permanecieron allí media hora y luego se retiraron rumbo al poblado de Petaquillas.
Más tarde llegó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, y decenas de dirigentes sociales, así como de organizaciones no gubernamentales. También arribaron los padres de varios normalistas.
Por más de dos horas privó la confusión. Los choferes de los vehículos varados bajaban de las unidades pero regresaban a ellas temerosos.
A las 14:35 horas se reanudó la circulación en ambas vialidades. La persecución de estudiantes no cesó, pues los policías buscaron en los cerros a los normalistas hasta después de las 16 horas.
Herrera Pino era originario de Atoyac de Álvarez, y Echeverría de Jesús era oriundo del municipio de Tixtla. Alrededor de sus cuerpos quedaron casquillos de balas calibre 7.62 para rifle G-3.
El procurador general de Justicia del estado, Alberto López Rosas, afirmó que “podrían ser (agentes) ministeriales” los hombres vestidos de civil que –de acuerdo con videos difundidos tras el asesinato de dos estudiantes– dispararon durante el desalojo de normalistas que bloqueaban la Autopista del Sol y la carretera federal.
Aunque en fotografías y videos difundidos se aprecia la embestida de los elementos policiacos, el funcionario aseguró que “no fue una acción de desalojo. Había la necesidad de estar en el lugar, categóricamente puedo decir que nuestros elementos fueron desarmados.
“Podemos determinar de antemano que las armas o el arma empleada (para abatir a los dos normalistas) no es de las que rutinariamente se utilizan por parte de la autoridad”, agregó.
López Rosas incurrió en contradicciones, pues después de haber dicho que “nuestros elementos fueron desarmados”, declaró: “vamos a someter a investigación pericial las armas de los elementos usadas en el lugar de los hechos.
“No quiero que nos enjuicien, sino que den la oportunidad de profundizar en las investigaciones. Fue una manifestación atípica en un día inhábil y hubo gente ajena a los estudiantes.”
El procurador informó que luego del desalojo, 24 personas fueron detenidas, entre ellas Gerardo Santiago Peña, de 19 años, quien tenía un cargador y posteriormente llevó a los agentes ministeriales a un lugar donde tenía oculto un rifle AK 47.
“No tenemos elementos para considerar que sea estudiante de la Normal de Ayotzinapa; tenemos en custodia del Ejército ocho granadas recogidas en ese momento y el cargador del detenido”, señaló. Además de los dos normalistas muertos, López Rosas reportó dos heridos, entre ellos Nicolás Rodríguez Salgado, empleado de una gasolinera, con quemaduras graves.
La primera reacción del gobierno de Guerrero tras el asesinato de los estudiantes fue emitir un comunicado en el que nunca se refiere al desalojo como tal, y señala que “en lo que va del gobierno nunca se ha impedido la manifestación pública de las ideas que consagra la Constitución federal, mucho menos se han limitado las expresiones públicas de protesta”.
Agrega que con la base estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa se ha propiciado por parte del gobierno estatal una total voluntad de diálogo para la solución de los problemas que plantean.
Estos fueron los primeros hechos, que cada cual haga la lectura correspondiente, y lo más importante, que calcule hasta dónde Guerrero muestra que la forma de resolver controversias al estilo “mexicano” sirve para un carajo.
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