miércoles, 6 de abril de 2011

ASUNTOS EXTRANJEROS: AFGANISTÁN Y LOS DESVARÍOS DE UN REVERENDO ESTADOUNIDENSE

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

Simplemente por que así se las gastan los ministros de culto de cualquier parte del mundo. Si algo no les parece, toman caminos sin retorno que cobran víctimas en otra parte.

Todo empezó cuando una iglesia pequeña, Dove Outreach Center, del reverendo Terry Jones, amenazó con destruir un ejemplar del libro sagrado. El pastor canceló el acto en 2010, pero finalmente lo llevó a cabo el 20 de marzo pasado en su iglesia de Gainesville, Florida.

El diario Los Angeles Times reportó que aunque la noticia de la quema del Corán pasó desapercibida en EU, enardeció a la gente en Afganistán, donde líderes religiosos repudiaron las acciones del pastor estadounidense. Tras el ataque, Jones pidió que se “exijan cuentas al Islam”. El pastor dijo que los países dominados por los musulmanes deben “cambiar sus leyes” y permitir “el derecho al culto, libertad de expresión y de movimiento” para que cristianos y otras minorías los ejerzan “sin miedo de ser atacados o asesinados”.

Con esa sencillez asesina, el reverendo atizó una hoguera estimulada por la ira de millones de musulmanes en todo el mundo, que desde el año pasado manifestaron una oposición franca, al desvarío propagandístico de un tipo que anhelaba sus quince minutos de fama.

El primero de abril de 2011, manifestantes afganos enfurecidos por la quema del Corán por parte del predicador en Estados Unidos invadieron un complejo de la ONU y mataron al menos a siete empleados extranjeros, en el ataque más mortal contra el organismo en el país.

Miles de manifestantes tomaron las calles tras las oraciones del viernes y se encaminaron hacia la sede de la Misión de Asistencia a Afganistán de las Naciones Unidas (UNAMA, por sus siglas en inglés) en la usualmente pacífica Mazar-i-Sharif, una ciudad considerada lo suficientemente segura para estar en la vanguardia de la transición de seguridad. Los manifestantes incendiaron la oficina y lanzaron piedras contra miembros de las fuerzas de seguridad que vigilaban el recinto.

El gobernador de la provincia de Balj dijo que insurgentes habían usado la marcha como cobertura para atacar el complejo de la ONU, en una batalla que se extendió durante varias horas y plantea serias dudas sobre los planes de convertir la ciudad en un modelo para la transferencia de la seguridad a las fuerzas afganas.

Los fallecidos confirmados son tres empleados extranjeros de la ONU y cuatro guardias internacionales de Nepal. La policía afgana anunció el arresto de más de 20 personas, incluido un miliciano, quien a juicio de las autoridades fue quien encabezó el asalto en Mazar-i-Sharif, la capital de la provincia de Balj. El sospechoso era un insurgente de la provincia de Kapisa, bastión de los milicianos a 400 kilómetros al sureste de la ciudad, dijo la policía.

Cuatro manifestantes perecieron también por la violencia en Mazar-i-Sharif, que figura en una lista de las siete zonas del país en que las fuerzas de seguridad afganas deben tomar el mando, de manos de una coalición encabezada por Estados Unidos, a partir de julio. Otras protestas, que fueron pacíficas, se realizaron en Kabul y Herat, en el oeste de Afganistán, ilustrando un resentimiento mayor contra Occidente en un momento crítico de la guerra en el país.

El jefe de la fuerza de paz de la ONU, Alain LeRoy, dijo que el principal enviado del organismo en Afganistán, Staffan De Miostura, quien está en Mazar-i-Sharif, considera que “Naciones Unidas no era el blanco” del ataque.

“Ellos querían encontrar un blanco internacional y la ONU era el que estaba ahí, en Mazar-i-Sharif”, dijo LeRoy a la prensa en las oficinas del organismo mundial en Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó “en los términos más enérgicos” el asalto a la ONU, al igual que Ban Ki-moon, secretario general del organismo mundial, quien dijo que había sido una acción “cobarde y sin justificación alguna”.

El Consejo de Seguridad de la ONU también condenó el ataque a UNAMA y exigió al presidente afgano Hamid Karzai esclarecer los hechos y castigar a los autores.

Por supuesto que la condena internacional al atentado es unánime, no obstante, en honor a la verdad, el verdadero responsable sigue, en su mente torcida, alabando al Señor incitando a la intolerancia, encubierto en una supuesta convocatoria a la libertad. Siendo justos, mínimo, el Reverendo Jones merece una sanción por parte del gobierno de Estados Unidos, pues nada justifica la ofensa religiosa que hizo al quemar una copia del libro sagrado de un importante porcentaje de creyentes en el orbe.

martes, 5 de abril de 2011

ASUNTOS EXTRANJEROS: PRESUNTOS CULPABLES EN EL EXTERIOR

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

La ignorancia se paga. Aun en el delito es esencial conocer la ley. Por esa peculiar actitud de los mexicanos a ignorar datos básicos, al viajar al extranjero y cometer o caer bajo sospecha de ilícitos, el problema es insalvable por la rigurosidad de las leyes y el exacto funcionamiento del sistema penal.

En una década casi 20 mil mexicanos han sido detenidos en el extranjero, acusados de delitos de narcotráfico, 90% de ellos, en Estados Unidos.

De 2010 a la fecha ya suman más de 2 mil hombres y mujeres que están bajo proceso en diversos países por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, y en los últimos años se han incrementado los casos en naciones asiáticas.

Daniel Hernández Joseph, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a conocer la estadística de connacionales detenidos por delitos contra la salud en otros países —de 2001 a la fecha—, de los cuales 10.7% son mujeres.

En entrevista con Silvia Otero de EL UNIVERSAL, dijo que más allá de las cifras, cada caso es un desafío para el sistema de protección consular mexicano cuando un connacional solicita esta intervención, ya que sin prejuzgar su inocencia o culpabilidad, el reto es garantizar que sea procesado conforme a derecho, que no existan anomalías o tratos diferenciados por su condición de extranjero, que tenga un juicio apegado al sistema legal del país en el que enfrenta cargos.

El embajador detalló que de los mexicanos detenidos en el exterior “el ilícito más común en todo el mundo es el delito contra la salud”, por actividades ligadas con el narcotráfico.

“Las cifras no dejan de ser preocupantes”, reconoció. En la última década la Cancillería —a través de sus embajadas y consulados— ha documentado 19 mil 636 casos de compatriotas detenidos por estos cargos, entre los que están 2 mil 113 mujeres; aunque de la cifra global la mayoría se registraron en Estados Unidos con 17 mil 756 casos.

La tendencia va en aumento, al considerar que sólo de 2010 a la fecha, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha contabilizado 2 mil 335 aprehensiones de mexicanos, mil 814 en la Unión Americana. Todos estos inculpados están hoy sujetos a proceso penal, y entre ellos hay 245 mujeres.

Existe una importante incidencia de mexicanos detenidos por narcotráfico en países como España, Alemania, Italia, Colombia, Panamá o Perú.

Sin embargo, el embajador refirió que “estamos viendo algún incremento en países asiáticos”, pues de 22 reportados en Japón nueve fueron aprehendidos en 2010; otro caso se registró en China, uno más en Tailandia y tres vigentes en Malasia.

Hernández Joseph detalló que “los casos son complicados porque tenemos que entrar a una diversidad de países, sistemas jurídicos distintos y eso nos obliga a dar una atención diferenciada en cada caso”, además de los desafíos que representan el idioma, las diferencias culturales, y en ocasiones como ocurre en Estados Unidos “hay una gran cantidad de prejuicios hacia nuestra gente y debemos garantizar que éstos no sean utilizados o incidan en los procesos judiciales”.

Explicó que “nuestra labor de protección es asegurarnos que haya un debido proceso legal, que el mexicano acusado de un delito en el extranjero, sin prejuicio de su inocencia o culpabilidad, tenga acceso al mismo sistema de justicia al que tienen acceso los nacionales, y no por ser extranjero esté en desventaja ante un sistema legal que le es completamente ajeno”, por lo que se le brinda asistencia jurídica y en caso de requerirlo por su condición económica se le facilita un abogado.

Aunque algunos creen que es obligación del gobierno obtener la libertad de un mexicano preso en el exterior, el embajador dejó en claro: “Nuestra responsabilidad es asegurarnos que tengan el mismo acceso a la justicia que un ciudadano local, y si al final son sentenciados y hay un debido proceso se cumplió el objetivo, no es nuestra responsabilidad ayudar a la gente a evadir a la ley”.

Reconoció que el número de connacionales detenidos en el extranjero puede ser incluso mayor que los documentados por la SRE, ya que “la protección se da a petición del interesado, y la Convención de Viena no obliga a ningún país a informarle a México cuando detienen a un connacional, a lo que están obligados es a decirle que tienen derecho a comunicarse con su cónsul y facilitarle esa comunicación”.

Países como Canadá, por sus leyes de protección de datos y privacidad, se niegan a informar si tienen a un mexicano detenido en sus prisiones, sólo hasta que éste autorice por escrito que se entregue la información al consulado o la embajada.

No obstante, el planteamiento omite aclarar el origen del problema que es precisamente, el ejercicio del delito de los mexicanos en tierras ajenas y la ingenuidad irresponsable de, una vez metidos en problemas, invocar a la Patria auxilio y protección.

En consecuencia, antes de tentar al diablo, sería inteligente de nuestra parte estudiar las normas y evitar, como lo hacen los delincuentes “profesionales”, naciones que no se andan con fregaderas y la dejan caer a diestra y siniestra.

El desconocimiento de la ley, no minimiza nada: ahonda la gravedad del destino.

lunes, 4 de abril de 2011

ASUNTOS EXTRANJEROS: TRES MEXICANOS EN MALASIA

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

Otra historia insólita del México bronco.

Tres hermanos mexicanos arrestados bajo sospecha de producir metanfetaminas en una fábrica de Malasia podrían ser condenados a la pena de muerte si fuesen condenados por narcotráfico.

Los tres sospechosos fueron arrestados junto con un malasio y un singapurense en marzo de 2008 en una fábrica en Johor, estado del sur de Malasia, donde la policía encontró más de 29 kilogramos (63 libras) de metanfetaminas con un valor de 15 millones de dólares (44 millones de ringgits) .

Los cinco acusados de tráfico de drogas, que conlleva un castigo obligatorio de pena de muerte en la horca. La Corte Suprema tiene prevista una audiencia para escuchar a los abogados de los acusados el 27 de abril, dijo el fiscal Umar Saifuddin Jaafar.

Los hermanos son: José Regino Gonzalez Villarreal, de 33 años, Simon Gonzalez Villarreal, 36, y Luis Alfonso Gonzalez Villarreal, de 43. Los otros dos acusados son Lim Hung Wang, de Singapur, y Lee Boon Siah, de Malasia.

Un hermano de los mexicanos detenidos, José Gonzalez Villarreal, ha solicitado desde México al gobierno de su país que les ayude en el caso, alegando que la familia sólo ha hablado con los tres acusados dos veces desde su arresto y que tienen muy poco conocimiento de los sucesos en el caso. "Mis padres están desesperados por la situación" , indicó, desde Culiacán, Sinaloa. "En realidad no hemos podido hacer muy nada por falta de recursos. Somos pobres", agregó.

Los tres hermanos no tienen antecedentes penales en México, afirmó Martin Gatelum, vocero de la Procuraduría General de Sinaloa.

Las autoridades mexicanas de extranjería no respondieron de inmediato para hacer declaraciones.

El fiscal Umar Saifuddin, dijo que la policía que estuvo en la fábrica creía que producía metanfetaminas debido a que además de esa droga había productos químicos y equipos para producir droga. Se cree que la fábrica llevaba operando seis meses.

El tribunal supremo falló el mes pasado que no era razonable concluir que era pura coincidencia que los hermanos mexicanos, que estaban en Malasia con visas de turistas, estuvieran en la fábrica durante la redada.

El planteamiento de la situación es peculiar, por no escribir dudoso. Al igual que el fiscal Saifuddin, cualquiera se pregunta qué diablos hacían tres mexicanos en una fábrica clandestina de drogas, si teóricamente poseían permisos de turista.

El recurso de la pobreza esgrimido por el familiar es endeble, pues entonces ¿cómo le hicieron los viajeros para trasladarse a Malasia y cubrir los gastos de los trámites burocráticos.

El caso, sujeto a condena, aun no levanta una tolvanera, ya que todavía ningún organismo o grillo ha calculado ganancias mediáticas. No obstante, esperemos, que la prudencia domine y no se caiga en desencuentros diplomáticos por causas que sólo deben apegarse a derecho.


domingo, 3 de abril de 2011

APUNTES: DESAPARICIONES, EJÉRCITO, ONU

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

Ni modo culpar a otro, o meter la basura debajo de los magueyes. La enloquecida cruzada de Felipe Calderón contra el crimen organizado no arroja más resultados que la violencia extrema, que padecemos los ciudadanos día a día.

El punto de quiebre es inminente y el responsable directo ya no escucha a nadie. El presidente, así en chiquito, se comparte igual que los monstruos que persigue y no dudaría en volar el país, si así lo considerara necesario.

Oponerse a su voluntad se paga caro. Aguardemos la declaración estrambótica y contraria hacia la Organización de las Naciones Unidas, por meterse donde no la llaman. Esto por lo siguiente:

La desaparición forzada de personas es un delito que ha crecido desde que inició el sexenio del presidente Felipe Calderón, y el Ejército es una de las instituciones señaladas de cometer este ilícito, aseguraron los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Por ese motivo, solicitaron al gobierno federal reconocer las dimensiones reales de esta problemática y en el corto plazo, retirar a los militares de las operaciones de seguridad pública a fin de prevenir las desapariciones forzadas.

"Las preocupaciones en materia de seguridad pública respecto al crimen son reales y el Grupo de Trabajo reconoce el derecho y el deber del Estado de perseguirlo. Sin embargo, no se puede enfrentar esta desafiante situación a expensas del respeto de los derechos humanos ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas. Tampoco pueden adjudicarse los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado", destacaron.

Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sólo en un caso de desaparición forzada se sentenció al personal responsable por la jurisdicción militar. Al respecto, insistieron en que todos los casos de violaciones a los derechos humanos deben ser investigados en el fuero civil aún y cuando estén involucrados militares.

Criticaron que el Estado carezca de una política integral para prevenir y sancionar este delito, así como para reparar el daño a las víctimas.

Lo que existe, insistieron es un "patrón crónico de impunidad", pues sólo hay dos sentencias condenatorias por dicho delito en contra de servidores públicos que apelaron a la sentencia. Ello, a pesar de que las organizaciones civiles de derechos humanos han reportado a la ONU alrededor de 3 mil casos de desapariciones forzadas y la CNDH ha reportado un aumento en las quejas contra este delito, al pasar de 4 en 2006, a 77 en 2010.

En cuanto a la llamada guerra sucia, los expertos de la ONU sugirieron al Estado mexicano dar a conocer los nombres de los responsables de las desapariciones forzadas ocurridas en la década de los setentas, pues hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha revelado las líneas de investigación, los avances de las indagatorias, ni ha puesto a disposición del público los expedientes en los que se fundamentan las denuncias.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, integrado por Jasminka Dzumhur (de Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulitzky (de Argentina), y Osman El Hajjé (de Líbano), realizó una visita a México del 18 al 31 de marzo. Durante su estancia se entrevistaron con funcionarios, legisladores, organizaciones civiles y familiares de víctimas en la ciudad de México; Chihuahua y Ciudad Juárez; Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo, en Guerrero; y Saltillo, Coahuila.

Es urgente que Calderón entienda que no tiene ninguna consigo y que analice objetivamente las consideraciones externas que le hacen periódicamente instituciones y representantes para enmendar la ruta incendiaria.

Ojalá y capte que un cambio en la lucha contra la delincuencia no es una debilidad, sino una oportunidad de revertir un proceso que, de no manejarlo, acabará hundiéndolo para siempre.

AD: COSMÉTICOS LEGALES

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

Entre la pachanga electorera, los grillos nacionales a veces dan campanazos de sentido común y, sin querer, contribuyen a la consolidación de acuerdos benéficos para la gente

En ese sentido, El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud, que define lo que son los “productos cosméticos”, con el fin de diferenciarlos de lo que coloquialmente se llaman productos milagro e incluso de los medicamentos.

Con 89 votos a favor, el pleno de la Cámara alta avaló la reforma que prohíbe atribuir a los productos cosméticos “acciones propias de los medicamentos, tales como curar o ser una solución definitiva de enfermedades, regular el peso o combatir la obesidad, ya sea en el nombre, indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad”.

Una vez votada, la reforma fue remitida al Presidente de la República para sus efectos constitucionales.

Los cambios a la ley establecen medidas de seguridad. Ahora la autoridad podrá asegurar o retener, cuando se comercialicen remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos cosméticos “que indebidamente hubieren sido publicitados o promovidos como medicamentos o a los cuales se les hubieran atribuido cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento preventivo o de rehabilitación de un determinado padecimiento, no siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con registro sanitario para ser considerados como tales”.

Los cambios fueron concebidos a partir de dos iniciativas distintas, centradas en adecuar el marco legal respecto a los productos cosméticos, con la intención de que la industria tanto nacional como internacional los fabrique apegados a los requisitos de calidad sanitaria y ajustando la legislación a los estándares internacionales.

La reforma se impulsó para actualizar la legislación nacional con las normas internacionales —homologando el nombre utilizado por los socios comerciales de nuestro país en América Latina, Europa y EU, además de ser el concepto utilizado por los estándares internacionales de la ISO (International Organization for Standardization)— y garantizar el derecho a la salud de los mexicanos y a su comercio en México.

La reforma obliga a avisar de la publicidad para realizar bien los monitoreos.

De esta manera es factible reducir el engaño sistemático que, gracias a la complicidad de los consumidores que creen hasta lo imposible, tornaron ese nicho de mercado en un espacio de negocio rentable, sin legislación aparente.

Es fundamental insistir en la obligación ciudadana, independiente de la ley, a reflexionar críticamente sobre los impactos publicitarios que recibe, y saber distinguir entre el alcance real de un producto (sin avales serios) y la ilusión del merolico.

Mientras el consumo ocurra como un fenómeno de ignorancia, el problema del engaño será infinito. Es pertinente procurar información real para que la compra se establezca en un espectro de beneficio mutuo entre el que produce y el que compra.

sábado, 2 de abril de 2011

EL COCOTAZO: PROPAGANDA GARANTIZADA

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

El cabildeo funcionó correctamente. La democracia, en México, es un ejercicio político organizado, activo y asegurado a favor de los partidos políticos, y no de la promoción abierta a cualquier ciudadano. Faltaba más.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo que promovió un grupo de intelectuales para impugnar la reforma constitucional de 2007 en materia electoral, la cual establece, entre otras cosas, la prohibición a que los particulares contraten propaganda en radio y televisión.

Por 7 votos contra 4, la mayoría avaló la enmienda y determinó que la Corte no puede revisar en un juicio de amparo, si una reforma constitucional se apega a las reglas previstas en el artículo 135 de la propia Carta Magna. El pasado 31 de enero, la votación sobre el tema había dado lugar a un empate de 5 votos contra 5, al faltar un ministro.

El nuevo ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, se declaró a favor de que la Corte revise las reformas constitucionales, por considerar que el poder del Congreso de la Unión —el reformador de la Constitución— no es un poder ilimitado, aunque afirmó que el amparo, por su estructura actual, no es la vía idónea para hacerlo, por lo que votó por la improcedencia del recurso.

La reforma electoral de 2007 tuvo como origen la elección para la presidencia de la República de 2006, derivada de la confrontación de las fuerzas políticas en la llamada “guerra sucia” que puso a prueba la capacidad del IFE para dirimir los conflictos entre candidatos, partidos y particulares.

El 27 de agosto de 2007, luego de consultadas realizadas desde principios del mismo año, el IFE entregó al Senado 3 mil 420 propuestas de reforma. El 12 de septiembre, la Cámara alta avaló el dictamen estableciendo el uso de los tiempos oficiales para difundir la propaganda de los partidos, vetando la contratación de espacios comerciales por parte de partidos y particulares, y facultando sólo al IFE para realizar la distribución de los espacios en medios de comunicación electrónicos. El 13 de septiembre la minuta fue aprobada en la Cámara de Diputados.

El 21 de diciembre de 2007, un grupo de intelectuales, entre escritores, politólogos y comunicadores, interpuso un amparo ante la Corte, bajo el argumento de que el artículo 41 de la ley viola la libertad de expresión.

El amparo fue desechado sin entrar en la discusión de procedimiento legislativo ni del contenido.

Tras la decisión del ministro Pardo Rebolledo, en el sentido de rechazar la procedencia del amparo contra una reforma constitucional, el ministro ponente Guillermo Ortiz Mayagotia decidió adicionalmente modificar su proyecto de resolución.

En la sesión del 31 de enero, en la que se dio el empate de 5 votos a favor contra 5 en contra, Ortiz presentó un proyecto que proponía estudiar si el procedimiento de reforma se había ajustado al artículo 135 constitucional, pero negaba el amparo. Ese día, Ortiz Mayagoitia votó por la procedencia del amparo y, al final de la sesión de ayer, propuso confirmar el sobreseimiento dictado por la juez de distrito que conoció del caso en primera instancia.

La votación se resolvió en menos de 15 minutos, tras la intervención del ministro Pardo Rebolledo, el único integrante del alto tribunal que no se había pronunciado sobre el tema.
Pardo precisó que el juicio de amparo es un medio limitado constitucionalmente a tener efectos particulares y no generales, debido al principio de relatividad de las sentencias que rige a este medio de defensa.

Por ello, de concederse el amparo respecto del procedimiento, se otorgaría la protección a los quejosos para que no se les aplicara el régimen constitucional vigente, rigiendo sólo para ellos el artículo 41 anterior a las reformas.

“Se crearían tantos regímenes constitucionales como amparos se hayan concedido en relación con muy diversas reformas... existiría una pluralidad de constituciones vigentes, dependiendo del número de personas que acudieran al amparo”, explicó.

Nueve ministros ratificaron su votación previa, mientras Ortiz Mayagotia modificó su postura para votar por el sobreseimiento de la demanda.

En contra del proyecto y por la procedencia del juicio de amparo votaron Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y el ministro presidente Juan Silva Meza.

A favor del proyecto y por el sobreseimiento votaron Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos, Salvador Aguirre, Sergio Valls, Fernando Franco y Jorge Mario Pardo y Luis María Aguilar.

Fabián Aguinaco, representante legal de los quejosos, y Federico Reyes Heroles, uno de los demandantes, anunciaron que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otra vez el “argumento” de la forma, que no del contenido, pone quisquilloso al Poder Judicial de la Federación y por preservar una fidelidad casi dogmática a la “LEY”, cual fuera divina, toma una determinación que, de lejos, coquetea con otros fines.

La materialización democrática requiere de riesgos, sin embargo, para los magistrados, el camino de la apariencia es fundamental cuando, de origen, no desean mayores problemas, volviéndose cómplice de lo mismo que critica.

En resumen, la resolución dice no al acceso ciudadano a los medios electrónicos y los obliga a recibir la información que quieran proporcionarles, exclusivamente los partidos políticos, sin que exista ningún instrumento de regulación que aminore la vulnerabilidad.

viernes, 1 de abril de 2011

REFLEXIONES PERIODÍSTICAS: UNA PRIMERA PLANA EN BLANCO

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

El derecho a la información y la libertad de expresión en una sociedad democrática tienen que garantizarse por encima de intereses cortos, obvios y mezquinos. En especial cuando los reveses recibidos obedecen al eterno conflicto del dominio entre política y civilidad.

El diario argentino Clarín publicó, en su edición del lunes 28 de marzo de 2011, una portada en blanco, en protesta por el bloqueo sindical que la víspera impidió su salida y la del periódico La Nación, ambos opositores al gobierno.

El periódico de mayor circulación en este país sudamericano presentó una portada en la que sólo estaba escrito el cabezal, pero en una doble edición abundó en notas sobre el repudio que generó la medida de fuerza.

“La primera página de esta edición está en blanco. Es un símbolo del silencio forzado, de la censura impuesta por otros caminos, y una metáfora sobre en que se puede convertir el periodismo si se siguen restringiendo los espacios de libertad”, dijo Clarín en su editorial.

Agregó que la portada “es también una protesta directa contra el autoritarismo de quienes han decidido, por convicción o ingenuidad, minar una de las principales condiciones de una sociedad libre que es expresar con libertad cualquier opinión”.
La víspera, unos 50 sindicalistas bloquearon las plantas impresoras de Clarín y La Nación durante 12 horas, lo que impidió que ambos diarios, los más influyentes de Argentina, pudieran circular con normalidad en domingo, que es el día en que más venden.

Directivos de los dos medios de comunicación argentinos explicaron que solicitaron apoyo policial para desactivar la protesta, pero no obtuvieron ningún respaldo de las fuerzas de seguridad.

Por ello, líderes de la oposición advirtieron que iniciarán un juicio político contra la ministra de Seguridad, Nilda Garré, mientras que los periódicos afectados denunciaron que ningún miembro del gabinete repudió la protesta sindical y sus consecuencias.

Sin embargo, el diario oficialista Página 12 publicó declaraciones del ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien dijo que el gobierno no avala “ninguna situación que atente contra la libertad de prensa” e indicó que se trató de “un conflicto de índole laboral”.

El bloqueo a Clarín y La Nación no es el primero, pero intensifica el enfrentamiento que ambos diarios protagonizan desde hace tres años con el gobierno y que se ha traducido incluso en peleas judiciales.

Es significativo que, en cualquier parte del mundo, cuando el establishment se siente amenazado, recurra a medidas de choque para evitar la libre circulación de las ideas. La postura, lejos de evitar males mayores, precipita la atención de la gente y es un incentivo a la toma de partido, precisamente por impedir la discusión de posibilidades analíticas.

El periodismo mundial atraviesa por una temporada difícil, ya sea por la despiadada competencia tecnológica de otros vehículos de información, como por la negativa del poder establecido a reconocer errores y revertir consecuencias desastrosas.

En una visión minimalista pareciera que el periodismo es sólo palabra escrita, destinada a la nada, no obstante, defiende una de las causas esenciales de la civilización: estimular la inteligencia para, en conjunto, tomar la mejor decisión del porvenir.

Como expusiera Voltaire, es posible disentir de pensamientos, pero la defensa del ejercicio de la libre circulación de las ideas es una causa no negociable.