POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Otra historia insólita del México bronco.
Tres hermanos mexicanos arrestados bajo sospecha de producir metanfetaminas en una fábrica de Malasia podrían ser condenados a la pena de muerte si fuesen condenados por narcotráfico.
Los tres sospechosos fueron arrestados junto con un malasio y un singapurense en marzo de 2008 en una fábrica en Johor, estado del sur de Malasia, donde la policía encontró más de 29 kilogramos (63 libras) de metanfetaminas con un valor de 15 millones de dólares (44 millones de ringgits) .
Los cinco acusados de tráfico de drogas, que conlleva un castigo obligatorio de pena de muerte en la horca. La Corte Suprema tiene prevista una audiencia para escuchar a los abogados de los acusados el 27 de abril, dijo el fiscal Umar Saifuddin Jaafar.
Los hermanos son: José Regino Gonzalez Villarreal, de 33 años, Simon Gonzalez Villarreal, 36, y Luis Alfonso Gonzalez Villarreal, de 43. Los otros dos acusados son Lim Hung Wang, de Singapur, y Lee Boon Siah, de Malasia.
Un hermano de los mexicanos detenidos, José Gonzalez Villarreal, ha solicitado desde México al gobierno de su país que les ayude en el caso, alegando que la familia sólo ha hablado con los tres acusados dos veces desde su arresto y que tienen muy poco conocimiento de los sucesos en el caso. "Mis padres están desesperados por la situación" , indicó, desde Culiacán, Sinaloa. "En realidad no hemos podido hacer muy nada por falta de recursos. Somos pobres", agregó.
Los tres hermanos no tienen antecedentes penales en México, afirmó Martin Gatelum, vocero de la Procuraduría General de Sinaloa.
Las autoridades mexicanas de extranjería no respondieron de inmediato para hacer declaraciones.
El fiscal Umar Saifuddin, dijo que la policía que estuvo en la fábrica creía que producía metanfetaminas debido a que además de esa droga había productos químicos y equipos para producir droga. Se cree que la fábrica llevaba operando seis meses.
El tribunal supremo falló el mes pasado que no era razonable concluir que era pura coincidencia que los hermanos mexicanos, que estaban en Malasia con visas de turistas, estuvieran en la fábrica durante la redada.
El planteamiento de la situación es peculiar, por no escribir dudoso. Al igual que el fiscal Saifuddin, cualquiera se pregunta qué diablos hacían tres mexicanos en una fábrica clandestina de drogas, si teóricamente poseían permisos de turista.
El recurso de la pobreza esgrimido por el familiar es endeble, pues entonces ¿cómo le hicieron los viajeros para trasladarse a Malasia y cubrir los gastos de los trámites burocráticos.
El caso, sujeto a condena, aun no levanta una tolvanera, ya que todavía ningún organismo o grillo ha calculado ganancias mediáticas. No obstante, esperemos, que la prudencia domine y no se caiga en desencuentros diplomáticos por causas que sólo deben apegarse a derecho.
lunes, 4 de abril de 2011
domingo, 3 de abril de 2011
APUNTES: DESAPARICIONES, EJÉRCITO, ONU
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Ni modo culpar a otro, o meter la basura debajo de los magueyes. La enloquecida cruzada de Felipe Calderón contra el crimen organizado no arroja más resultados que la violencia extrema, que padecemos los ciudadanos día a día.
El punto de quiebre es inminente y el responsable directo ya no escucha a nadie. El presidente, así en chiquito, se comparte igual que los monstruos que persigue y no dudaría en volar el país, si así lo considerara necesario.
Oponerse a su voluntad se paga caro. Aguardemos la declaración estrambótica y contraria hacia la Organización de las Naciones Unidas, por meterse donde no la llaman. Esto por lo siguiente:
La desaparición forzada de personas es un delito que ha crecido desde que inició el sexenio del presidente Felipe Calderón, y el Ejército es una de las instituciones señaladas de cometer este ilícito, aseguraron los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Por ese motivo, solicitaron al gobierno federal reconocer las dimensiones reales de esta problemática y en el corto plazo, retirar a los militares de las operaciones de seguridad pública a fin de prevenir las desapariciones forzadas.
"Las preocupaciones en materia de seguridad pública respecto al crimen son reales y el Grupo de Trabajo reconoce el derecho y el deber del Estado de perseguirlo. Sin embargo, no se puede enfrentar esta desafiante situación a expensas del respeto de los derechos humanos ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas. Tampoco pueden adjudicarse los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado", destacaron.
Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sólo en un caso de desaparición forzada se sentenció al personal responsable por la jurisdicción militar. Al respecto, insistieron en que todos los casos de violaciones a los derechos humanos deben ser investigados en el fuero civil aún y cuando estén involucrados militares.
Criticaron que el Estado carezca de una política integral para prevenir y sancionar este delito, así como para reparar el daño a las víctimas.
Lo que existe, insistieron es un "patrón crónico de impunidad", pues sólo hay dos sentencias condenatorias por dicho delito en contra de servidores públicos que apelaron a la sentencia. Ello, a pesar de que las organizaciones civiles de derechos humanos han reportado a la ONU alrededor de 3 mil casos de desapariciones forzadas y la CNDH ha reportado un aumento en las quejas contra este delito, al pasar de 4 en 2006, a 77 en 2010.
En cuanto a la llamada guerra sucia, los expertos de la ONU sugirieron al Estado mexicano dar a conocer los nombres de los responsables de las desapariciones forzadas ocurridas en la década de los setentas, pues hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha revelado las líneas de investigación, los avances de las indagatorias, ni ha puesto a disposición del público los expedientes en los que se fundamentan las denuncias.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, integrado por Jasminka Dzumhur (de Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulitzky (de Argentina), y Osman El Hajjé (de Líbano), realizó una visita a México del 18 al 31 de marzo. Durante su estancia se entrevistaron con funcionarios, legisladores, organizaciones civiles y familiares de víctimas en la ciudad de México; Chihuahua y Ciudad Juárez; Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo, en Guerrero; y Saltillo, Coahuila.
Es urgente que Calderón entienda que no tiene ninguna consigo y que analice objetivamente las consideraciones externas que le hacen periódicamente instituciones y representantes para enmendar la ruta incendiaria.
Ojalá y capte que un cambio en la lucha contra la delincuencia no es una debilidad, sino una oportunidad de revertir un proceso que, de no manejarlo, acabará hundiéndolo para siempre.
Ni modo culpar a otro, o meter la basura debajo de los magueyes. La enloquecida cruzada de Felipe Calderón contra el crimen organizado no arroja más resultados que la violencia extrema, que padecemos los ciudadanos día a día.
El punto de quiebre es inminente y el responsable directo ya no escucha a nadie. El presidente, así en chiquito, se comparte igual que los monstruos que persigue y no dudaría en volar el país, si así lo considerara necesario.
Oponerse a su voluntad se paga caro. Aguardemos la declaración estrambótica y contraria hacia la Organización de las Naciones Unidas, por meterse donde no la llaman. Esto por lo siguiente:
La desaparición forzada de personas es un delito que ha crecido desde que inició el sexenio del presidente Felipe Calderón, y el Ejército es una de las instituciones señaladas de cometer este ilícito, aseguraron los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Por ese motivo, solicitaron al gobierno federal reconocer las dimensiones reales de esta problemática y en el corto plazo, retirar a los militares de las operaciones de seguridad pública a fin de prevenir las desapariciones forzadas.
"Las preocupaciones en materia de seguridad pública respecto al crimen son reales y el Grupo de Trabajo reconoce el derecho y el deber del Estado de perseguirlo. Sin embargo, no se puede enfrentar esta desafiante situación a expensas del respeto de los derechos humanos ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas. Tampoco pueden adjudicarse los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado", destacaron.
Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sólo en un caso de desaparición forzada se sentenció al personal responsable por la jurisdicción militar. Al respecto, insistieron en que todos los casos de violaciones a los derechos humanos deben ser investigados en el fuero civil aún y cuando estén involucrados militares.
Criticaron que el Estado carezca de una política integral para prevenir y sancionar este delito, así como para reparar el daño a las víctimas.
Lo que existe, insistieron es un "patrón crónico de impunidad", pues sólo hay dos sentencias condenatorias por dicho delito en contra de servidores públicos que apelaron a la sentencia. Ello, a pesar de que las organizaciones civiles de derechos humanos han reportado a la ONU alrededor de 3 mil casos de desapariciones forzadas y la CNDH ha reportado un aumento en las quejas contra este delito, al pasar de 4 en 2006, a 77 en 2010.
En cuanto a la llamada guerra sucia, los expertos de la ONU sugirieron al Estado mexicano dar a conocer los nombres de los responsables de las desapariciones forzadas ocurridas en la década de los setentas, pues hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha revelado las líneas de investigación, los avances de las indagatorias, ni ha puesto a disposición del público los expedientes en los que se fundamentan las denuncias.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, integrado por Jasminka Dzumhur (de Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulitzky (de Argentina), y Osman El Hajjé (de Líbano), realizó una visita a México del 18 al 31 de marzo. Durante su estancia se entrevistaron con funcionarios, legisladores, organizaciones civiles y familiares de víctimas en la ciudad de México; Chihuahua y Ciudad Juárez; Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo, en Guerrero; y Saltillo, Coahuila.
Es urgente que Calderón entienda que no tiene ninguna consigo y que analice objetivamente las consideraciones externas que le hacen periódicamente instituciones y representantes para enmendar la ruta incendiaria.
Ojalá y capte que un cambio en la lucha contra la delincuencia no es una debilidad, sino una oportunidad de revertir un proceso que, de no manejarlo, acabará hundiéndolo para siempre.
AD: COSMÉTICOS LEGALES
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Entre la pachanga electorera, los grillos nacionales a veces dan campanazos de sentido común y, sin querer, contribuyen a la consolidación de acuerdos benéficos para la gente
En ese sentido, El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud, que define lo que son los “productos cosméticos”, con el fin de diferenciarlos de lo que coloquialmente se llaman productos milagro e incluso de los medicamentos.
Con 89 votos a favor, el pleno de la Cámara alta avaló la reforma que prohíbe atribuir a los productos cosméticos “acciones propias de los medicamentos, tales como curar o ser una solución definitiva de enfermedades, regular el peso o combatir la obesidad, ya sea en el nombre, indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad”.
Una vez votada, la reforma fue remitida al Presidente de la República para sus efectos constitucionales.
Los cambios a la ley establecen medidas de seguridad. Ahora la autoridad podrá asegurar o retener, cuando se comercialicen remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos cosméticos “que indebidamente hubieren sido publicitados o promovidos como medicamentos o a los cuales se les hubieran atribuido cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento preventivo o de rehabilitación de un determinado padecimiento, no siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con registro sanitario para ser considerados como tales”.
Los cambios fueron concebidos a partir de dos iniciativas distintas, centradas en adecuar el marco legal respecto a los productos cosméticos, con la intención de que la industria tanto nacional como internacional los fabrique apegados a los requisitos de calidad sanitaria y ajustando la legislación a los estándares internacionales.
La reforma se impulsó para actualizar la legislación nacional con las normas internacionales —homologando el nombre utilizado por los socios comerciales de nuestro país en América Latina, Europa y EU, además de ser el concepto utilizado por los estándares internacionales de la ISO (International Organization for Standardization)— y garantizar el derecho a la salud de los mexicanos y a su comercio en México.
La reforma obliga a avisar de la publicidad para realizar bien los monitoreos.
De esta manera es factible reducir el engaño sistemático que, gracias a la complicidad de los consumidores que creen hasta lo imposible, tornaron ese nicho de mercado en un espacio de negocio rentable, sin legislación aparente.
Es fundamental insistir en la obligación ciudadana, independiente de la ley, a reflexionar críticamente sobre los impactos publicitarios que recibe, y saber distinguir entre el alcance real de un producto (sin avales serios) y la ilusión del merolico.
Mientras el consumo ocurra como un fenómeno de ignorancia, el problema del engaño será infinito. Es pertinente procurar información real para que la compra se establezca en un espectro de beneficio mutuo entre el que produce y el que compra.
Entre la pachanga electorera, los grillos nacionales a veces dan campanazos de sentido común y, sin querer, contribuyen a la consolidación de acuerdos benéficos para la gente
En ese sentido, El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud, que define lo que son los “productos cosméticos”, con el fin de diferenciarlos de lo que coloquialmente se llaman productos milagro e incluso de los medicamentos.
Con 89 votos a favor, el pleno de la Cámara alta avaló la reforma que prohíbe atribuir a los productos cosméticos “acciones propias de los medicamentos, tales como curar o ser una solución definitiva de enfermedades, regular el peso o combatir la obesidad, ya sea en el nombre, indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad”.
Una vez votada, la reforma fue remitida al Presidente de la República para sus efectos constitucionales.
Los cambios a la ley establecen medidas de seguridad. Ahora la autoridad podrá asegurar o retener, cuando se comercialicen remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos cosméticos “que indebidamente hubieren sido publicitados o promovidos como medicamentos o a los cuales se les hubieran atribuido cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento preventivo o de rehabilitación de un determinado padecimiento, no siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con registro sanitario para ser considerados como tales”.
Los cambios fueron concebidos a partir de dos iniciativas distintas, centradas en adecuar el marco legal respecto a los productos cosméticos, con la intención de que la industria tanto nacional como internacional los fabrique apegados a los requisitos de calidad sanitaria y ajustando la legislación a los estándares internacionales.
La reforma se impulsó para actualizar la legislación nacional con las normas internacionales —homologando el nombre utilizado por los socios comerciales de nuestro país en América Latina, Europa y EU, además de ser el concepto utilizado por los estándares internacionales de la ISO (International Organization for Standardization)— y garantizar el derecho a la salud de los mexicanos y a su comercio en México.
La reforma obliga a avisar de la publicidad para realizar bien los monitoreos.
De esta manera es factible reducir el engaño sistemático que, gracias a la complicidad de los consumidores que creen hasta lo imposible, tornaron ese nicho de mercado en un espacio de negocio rentable, sin legislación aparente.
Es fundamental insistir en la obligación ciudadana, independiente de la ley, a reflexionar críticamente sobre los impactos publicitarios que recibe, y saber distinguir entre el alcance real de un producto (sin avales serios) y la ilusión del merolico.
Mientras el consumo ocurra como un fenómeno de ignorancia, el problema del engaño será infinito. Es pertinente procurar información real para que la compra se establezca en un espectro de beneficio mutuo entre el que produce y el que compra.
sábado, 2 de abril de 2011
EL COCOTAZO: PROPAGANDA GARANTIZADA
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El cabildeo funcionó correctamente. La democracia, en México, es un ejercicio político organizado, activo y asegurado a favor de los partidos políticos, y no de la promoción abierta a cualquier ciudadano. Faltaba más.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo que promovió un grupo de intelectuales para impugnar la reforma constitucional de 2007 en materia electoral, la cual establece, entre otras cosas, la prohibición a que los particulares contraten propaganda en radio y televisión.
Por 7 votos contra 4, la mayoría avaló la enmienda y determinó que la Corte no puede revisar en un juicio de amparo, si una reforma constitucional se apega a las reglas previstas en el artículo 135 de la propia Carta Magna. El pasado 31 de enero, la votación sobre el tema había dado lugar a un empate de 5 votos contra 5, al faltar un ministro.
El nuevo ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, se declaró a favor de que la Corte revise las reformas constitucionales, por considerar que el poder del Congreso de la Unión —el reformador de la Constitución— no es un poder ilimitado, aunque afirmó que el amparo, por su estructura actual, no es la vía idónea para hacerlo, por lo que votó por la improcedencia del recurso.
La reforma electoral de 2007 tuvo como origen la elección para la presidencia de la República de 2006, derivada de la confrontación de las fuerzas políticas en la llamada “guerra sucia” que puso a prueba la capacidad del IFE para dirimir los conflictos entre candidatos, partidos y particulares.
El 27 de agosto de 2007, luego de consultadas realizadas desde principios del mismo año, el IFE entregó al Senado 3 mil 420 propuestas de reforma. El 12 de septiembre, la Cámara alta avaló el dictamen estableciendo el uso de los tiempos oficiales para difundir la propaganda de los partidos, vetando la contratación de espacios comerciales por parte de partidos y particulares, y facultando sólo al IFE para realizar la distribución de los espacios en medios de comunicación electrónicos. El 13 de septiembre la minuta fue aprobada en la Cámara de Diputados.
El 21 de diciembre de 2007, un grupo de intelectuales, entre escritores, politólogos y comunicadores, interpuso un amparo ante la Corte, bajo el argumento de que el artículo 41 de la ley viola la libertad de expresión.
El amparo fue desechado sin entrar en la discusión de procedimiento legislativo ni del contenido.
Tras la decisión del ministro Pardo Rebolledo, en el sentido de rechazar la procedencia del amparo contra una reforma constitucional, el ministro ponente Guillermo Ortiz Mayagotia decidió adicionalmente modificar su proyecto de resolución.
En la sesión del 31 de enero, en la que se dio el empate de 5 votos a favor contra 5 en contra, Ortiz presentó un proyecto que proponía estudiar si el procedimiento de reforma se había ajustado al artículo 135 constitucional, pero negaba el amparo. Ese día, Ortiz Mayagoitia votó por la procedencia del amparo y, al final de la sesión de ayer, propuso confirmar el sobreseimiento dictado por la juez de distrito que conoció del caso en primera instancia.
La votación se resolvió en menos de 15 minutos, tras la intervención del ministro Pardo Rebolledo, el único integrante del alto tribunal que no se había pronunciado sobre el tema.
Pardo precisó que el juicio de amparo es un medio limitado constitucionalmente a tener efectos particulares y no generales, debido al principio de relatividad de las sentencias que rige a este medio de defensa.
Por ello, de concederse el amparo respecto del procedimiento, se otorgaría la protección a los quejosos para que no se les aplicara el régimen constitucional vigente, rigiendo sólo para ellos el artículo 41 anterior a las reformas.
“Se crearían tantos regímenes constitucionales como amparos se hayan concedido en relación con muy diversas reformas... existiría una pluralidad de constituciones vigentes, dependiendo del número de personas que acudieran al amparo”, explicó.
Nueve ministros ratificaron su votación previa, mientras Ortiz Mayagotia modificó su postura para votar por el sobreseimiento de la demanda.
En contra del proyecto y por la procedencia del juicio de amparo votaron Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y el ministro presidente Juan Silva Meza.
A favor del proyecto y por el sobreseimiento votaron Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos, Salvador Aguirre, Sergio Valls, Fernando Franco y Jorge Mario Pardo y Luis María Aguilar.
Fabián Aguinaco, representante legal de los quejosos, y Federico Reyes Heroles, uno de los demandantes, anunciaron que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otra vez el “argumento” de la forma, que no del contenido, pone quisquilloso al Poder Judicial de la Federación y por preservar una fidelidad casi dogmática a la “LEY”, cual fuera divina, toma una determinación que, de lejos, coquetea con otros fines.
La materialización democrática requiere de riesgos, sin embargo, para los magistrados, el camino de la apariencia es fundamental cuando, de origen, no desean mayores problemas, volviéndose cómplice de lo mismo que critica.
En resumen, la resolución dice no al acceso ciudadano a los medios electrónicos y los obliga a recibir la información que quieran proporcionarles, exclusivamente los partidos políticos, sin que exista ningún instrumento de regulación que aminore la vulnerabilidad.
El cabildeo funcionó correctamente. La democracia, en México, es un ejercicio político organizado, activo y asegurado a favor de los partidos políticos, y no de la promoción abierta a cualquier ciudadano. Faltaba más.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo que promovió un grupo de intelectuales para impugnar la reforma constitucional de 2007 en materia electoral, la cual establece, entre otras cosas, la prohibición a que los particulares contraten propaganda en radio y televisión.
Por 7 votos contra 4, la mayoría avaló la enmienda y determinó que la Corte no puede revisar en un juicio de amparo, si una reforma constitucional se apega a las reglas previstas en el artículo 135 de la propia Carta Magna. El pasado 31 de enero, la votación sobre el tema había dado lugar a un empate de 5 votos contra 5, al faltar un ministro.
El nuevo ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, se declaró a favor de que la Corte revise las reformas constitucionales, por considerar que el poder del Congreso de la Unión —el reformador de la Constitución— no es un poder ilimitado, aunque afirmó que el amparo, por su estructura actual, no es la vía idónea para hacerlo, por lo que votó por la improcedencia del recurso.
La reforma electoral de 2007 tuvo como origen la elección para la presidencia de la República de 2006, derivada de la confrontación de las fuerzas políticas en la llamada “guerra sucia” que puso a prueba la capacidad del IFE para dirimir los conflictos entre candidatos, partidos y particulares.
El 27 de agosto de 2007, luego de consultadas realizadas desde principios del mismo año, el IFE entregó al Senado 3 mil 420 propuestas de reforma. El 12 de septiembre, la Cámara alta avaló el dictamen estableciendo el uso de los tiempos oficiales para difundir la propaganda de los partidos, vetando la contratación de espacios comerciales por parte de partidos y particulares, y facultando sólo al IFE para realizar la distribución de los espacios en medios de comunicación electrónicos. El 13 de septiembre la minuta fue aprobada en la Cámara de Diputados.
El 21 de diciembre de 2007, un grupo de intelectuales, entre escritores, politólogos y comunicadores, interpuso un amparo ante la Corte, bajo el argumento de que el artículo 41 de la ley viola la libertad de expresión.
El amparo fue desechado sin entrar en la discusión de procedimiento legislativo ni del contenido.
Tras la decisión del ministro Pardo Rebolledo, en el sentido de rechazar la procedencia del amparo contra una reforma constitucional, el ministro ponente Guillermo Ortiz Mayagotia decidió adicionalmente modificar su proyecto de resolución.
En la sesión del 31 de enero, en la que se dio el empate de 5 votos a favor contra 5 en contra, Ortiz presentó un proyecto que proponía estudiar si el procedimiento de reforma se había ajustado al artículo 135 constitucional, pero negaba el amparo. Ese día, Ortiz Mayagoitia votó por la procedencia del amparo y, al final de la sesión de ayer, propuso confirmar el sobreseimiento dictado por la juez de distrito que conoció del caso en primera instancia.
La votación se resolvió en menos de 15 minutos, tras la intervención del ministro Pardo Rebolledo, el único integrante del alto tribunal que no se había pronunciado sobre el tema.
Pardo precisó que el juicio de amparo es un medio limitado constitucionalmente a tener efectos particulares y no generales, debido al principio de relatividad de las sentencias que rige a este medio de defensa.
Por ello, de concederse el amparo respecto del procedimiento, se otorgaría la protección a los quejosos para que no se les aplicara el régimen constitucional vigente, rigiendo sólo para ellos el artículo 41 anterior a las reformas.
“Se crearían tantos regímenes constitucionales como amparos se hayan concedido en relación con muy diversas reformas... existiría una pluralidad de constituciones vigentes, dependiendo del número de personas que acudieran al amparo”, explicó.
Nueve ministros ratificaron su votación previa, mientras Ortiz Mayagotia modificó su postura para votar por el sobreseimiento de la demanda.
En contra del proyecto y por la procedencia del juicio de amparo votaron Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y el ministro presidente Juan Silva Meza.
A favor del proyecto y por el sobreseimiento votaron Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos, Salvador Aguirre, Sergio Valls, Fernando Franco y Jorge Mario Pardo y Luis María Aguilar.
Fabián Aguinaco, representante legal de los quejosos, y Federico Reyes Heroles, uno de los demandantes, anunciaron que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otra vez el “argumento” de la forma, que no del contenido, pone quisquilloso al Poder Judicial de la Federación y por preservar una fidelidad casi dogmática a la “LEY”, cual fuera divina, toma una determinación que, de lejos, coquetea con otros fines.
La materialización democrática requiere de riesgos, sin embargo, para los magistrados, el camino de la apariencia es fundamental cuando, de origen, no desean mayores problemas, volviéndose cómplice de lo mismo que critica.
En resumen, la resolución dice no al acceso ciudadano a los medios electrónicos y los obliga a recibir la información que quieran proporcionarles, exclusivamente los partidos políticos, sin que exista ningún instrumento de regulación que aminore la vulnerabilidad.
viernes, 1 de abril de 2011
REFLEXIONES PERIODÍSTICAS: UNA PRIMERA PLANA EN BLANCO
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El derecho a la información y la libertad de expresión en una sociedad democrática tienen que garantizarse por encima de intereses cortos, obvios y mezquinos. En especial cuando los reveses recibidos obedecen al eterno conflicto del dominio entre política y civilidad.
El diario argentino Clarín publicó, en su edición del lunes 28 de marzo de 2011, una portada en blanco, en protesta por el bloqueo sindical que la víspera impidió su salida y la del periódico La Nación, ambos opositores al gobierno.
El periódico de mayor circulación en este país sudamericano presentó una portada en la que sólo estaba escrito el cabezal, pero en una doble edición abundó en notas sobre el repudio que generó la medida de fuerza.
“La primera página de esta edición está en blanco. Es un símbolo del silencio forzado, de la censura impuesta por otros caminos, y una metáfora sobre en que se puede convertir el periodismo si se siguen restringiendo los espacios de libertad”, dijo Clarín en su editorial.
Agregó que la portada “es también una protesta directa contra el autoritarismo de quienes han decidido, por convicción o ingenuidad, minar una de las principales condiciones de una sociedad libre que es expresar con libertad cualquier opinión”.
La víspera, unos 50 sindicalistas bloquearon las plantas impresoras de Clarín y La Nación durante 12 horas, lo que impidió que ambos diarios, los más influyentes de Argentina, pudieran circular con normalidad en domingo, que es el día en que más venden.
Directivos de los dos medios de comunicación argentinos explicaron que solicitaron apoyo policial para desactivar la protesta, pero no obtuvieron ningún respaldo de las fuerzas de seguridad.
Por ello, líderes de la oposición advirtieron que iniciarán un juicio político contra la ministra de Seguridad, Nilda Garré, mientras que los periódicos afectados denunciaron que ningún miembro del gabinete repudió la protesta sindical y sus consecuencias.
Sin embargo, el diario oficialista Página 12 publicó declaraciones del ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien dijo que el gobierno no avala “ninguna situación que atente contra la libertad de prensa” e indicó que se trató de “un conflicto de índole laboral”.
El bloqueo a Clarín y La Nación no es el primero, pero intensifica el enfrentamiento que ambos diarios protagonizan desde hace tres años con el gobierno y que se ha traducido incluso en peleas judiciales.
Es significativo que, en cualquier parte del mundo, cuando el establishment se siente amenazado, recurra a medidas de choque para evitar la libre circulación de las ideas. La postura, lejos de evitar males mayores, precipita la atención de la gente y es un incentivo a la toma de partido, precisamente por impedir la discusión de posibilidades analíticas.
El periodismo mundial atraviesa por una temporada difícil, ya sea por la despiadada competencia tecnológica de otros vehículos de información, como por la negativa del poder establecido a reconocer errores y revertir consecuencias desastrosas.
En una visión minimalista pareciera que el periodismo es sólo palabra escrita, destinada a la nada, no obstante, defiende una de las causas esenciales de la civilización: estimular la inteligencia para, en conjunto, tomar la mejor decisión del porvenir.
Como expusiera Voltaire, es posible disentir de pensamientos, pero la defensa del ejercicio de la libre circulación de las ideas es una causa no negociable.
El derecho a la información y la libertad de expresión en una sociedad democrática tienen que garantizarse por encima de intereses cortos, obvios y mezquinos. En especial cuando los reveses recibidos obedecen al eterno conflicto del dominio entre política y civilidad.
El diario argentino Clarín publicó, en su edición del lunes 28 de marzo de 2011, una portada en blanco, en protesta por el bloqueo sindical que la víspera impidió su salida y la del periódico La Nación, ambos opositores al gobierno.
El periódico de mayor circulación en este país sudamericano presentó una portada en la que sólo estaba escrito el cabezal, pero en una doble edición abundó en notas sobre el repudio que generó la medida de fuerza.
“La primera página de esta edición está en blanco. Es un símbolo del silencio forzado, de la censura impuesta por otros caminos, y una metáfora sobre en que se puede convertir el periodismo si se siguen restringiendo los espacios de libertad”, dijo Clarín en su editorial.
Agregó que la portada “es también una protesta directa contra el autoritarismo de quienes han decidido, por convicción o ingenuidad, minar una de las principales condiciones de una sociedad libre que es expresar con libertad cualquier opinión”.
La víspera, unos 50 sindicalistas bloquearon las plantas impresoras de Clarín y La Nación durante 12 horas, lo que impidió que ambos diarios, los más influyentes de Argentina, pudieran circular con normalidad en domingo, que es el día en que más venden.
Directivos de los dos medios de comunicación argentinos explicaron que solicitaron apoyo policial para desactivar la protesta, pero no obtuvieron ningún respaldo de las fuerzas de seguridad.
Por ello, líderes de la oposición advirtieron que iniciarán un juicio político contra la ministra de Seguridad, Nilda Garré, mientras que los periódicos afectados denunciaron que ningún miembro del gabinete repudió la protesta sindical y sus consecuencias.
Sin embargo, el diario oficialista Página 12 publicó declaraciones del ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien dijo que el gobierno no avala “ninguna situación que atente contra la libertad de prensa” e indicó que se trató de “un conflicto de índole laboral”.
El bloqueo a Clarín y La Nación no es el primero, pero intensifica el enfrentamiento que ambos diarios protagonizan desde hace tres años con el gobierno y que se ha traducido incluso en peleas judiciales.
Es significativo que, en cualquier parte del mundo, cuando el establishment se siente amenazado, recurra a medidas de choque para evitar la libre circulación de las ideas. La postura, lejos de evitar males mayores, precipita la atención de la gente y es un incentivo a la toma de partido, precisamente por impedir la discusión de posibilidades analíticas.
El periodismo mundial atraviesa por una temporada difícil, ya sea por la despiadada competencia tecnológica de otros vehículos de información, como por la negativa del poder establecido a reconocer errores y revertir consecuencias desastrosas.
En una visión minimalista pareciera que el periodismo es sólo palabra escrita, destinada a la nada, no obstante, defiende una de las causas esenciales de la civilización: estimular la inteligencia para, en conjunto, tomar la mejor decisión del porvenir.
Como expusiera Voltaire, es posible disentir de pensamientos, pero la defensa del ejercicio de la libre circulación de las ideas es una causa no negociable.
jueves, 31 de marzo de 2011
EL COCOTAZO: ADULTERIO
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El 24 marzo de 2011, el Senado de la República aprobó por unanimidad derogar el Capítulo IV del Título Decimoquinto del Código Penal Federal, con lo cual se suprime el delito de adulterio.
Según el dictamen avalado, el adulterio, como lo marca la ley, es muy difícil de comprobar pues se necesita la autentificación del delito infraganti y con escándalo, o en la casa conyugal, lo cual lo hace casi imposible.
El capítulo suprimido imponía hasta dos años de prisión y la privación de derechos civiles hasta por seis años a los responsables de adulterio, siempre y cuando se produzca en el domicilio conyugal, y los responsables sorprendidos infraganti, o sea con las manos en sus masas en vivo y a todo color.
Al hablar a favor del dictamen, el senador del Partido de Revolución Democrática, Pablo Gómez indicó que el delito de adulterio era meramente simbólico, pues es prácticamente imposible que en materia federal pueda haber una acusación penal por este ilícito.
"Se trata de un delito construido contra las mujeres, creado para mantener la propiedad de las mujeres de parte de los hombres, para llevar el grado de supeditación a extremos de propiedad", subrayó el legislador capitalino.
Gómez destacó el valor del dictamen al señalar que "es un planteamiento que reivindica la libertad de las mujeres, y por ello es necesario derogar este oprobio delito".
A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer comentó que es obsoleto y contrario al derecho de igualdad de la mujer que permaneciera en el Código Penal ese ordenamiento, ya suprimido en la mayoría de los códigos estatales.
Los senadores destacaron que el delito de adulterio es contrario a la igualdad de género, toda vez que en el caso de que un marido encontrara a su mujer en el lecho conyugal con su amante, podría matarlos en ese momento sin que hubiera repercusiones.
Sin embargo, cuando el adulterio es cometido por los hombres, prácticamente no había acciones legales en su contra, subrayaron los legisladores en el dictamen.
La derogación del delito de adulterio, presentada por el diputado Jorge Kahwagi en mayo del 2008, fue enviada por el Senado al Ejecutivo federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Y uno creyendo que los Senadores no se ocupan de problemas graves. De ahora en adelante, gracias a la agudeza intelectual del diputado Jorge Kahwagi, los mexicanos y las mexicanas seguirán dándole vuelo a la hilacha sin la engorrosa figura jurídica del “adulterio”.
Aunque cabe preguntarse si en verdad el “adulterio” impidió durante décadas el goce de lo prohibido o simplemente fue uno de esos recursos que se dan por sentados y que nadie pela.
El caso es que la ley llegó tarde, y los “usos y costumbres” dieron un atajo para que la población en edad de dar y merecer, saltarán ese “detalle” legal y no se apagaran las llamas del deseo.
El 24 marzo de 2011, el Senado de la República aprobó por unanimidad derogar el Capítulo IV del Título Decimoquinto del Código Penal Federal, con lo cual se suprime el delito de adulterio.
Según el dictamen avalado, el adulterio, como lo marca la ley, es muy difícil de comprobar pues se necesita la autentificación del delito infraganti y con escándalo, o en la casa conyugal, lo cual lo hace casi imposible.
El capítulo suprimido imponía hasta dos años de prisión y la privación de derechos civiles hasta por seis años a los responsables de adulterio, siempre y cuando se produzca en el domicilio conyugal, y los responsables sorprendidos infraganti, o sea con las manos en sus masas en vivo y a todo color.
Al hablar a favor del dictamen, el senador del Partido de Revolución Democrática, Pablo Gómez indicó que el delito de adulterio era meramente simbólico, pues es prácticamente imposible que en materia federal pueda haber una acusación penal por este ilícito.
"Se trata de un delito construido contra las mujeres, creado para mantener la propiedad de las mujeres de parte de los hombres, para llevar el grado de supeditación a extremos de propiedad", subrayó el legislador capitalino.
Gómez destacó el valor del dictamen al señalar que "es un planteamiento que reivindica la libertad de las mujeres, y por ello es necesario derogar este oprobio delito".
A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer comentó que es obsoleto y contrario al derecho de igualdad de la mujer que permaneciera en el Código Penal ese ordenamiento, ya suprimido en la mayoría de los códigos estatales.
Los senadores destacaron que el delito de adulterio es contrario a la igualdad de género, toda vez que en el caso de que un marido encontrara a su mujer en el lecho conyugal con su amante, podría matarlos en ese momento sin que hubiera repercusiones.
Sin embargo, cuando el adulterio es cometido por los hombres, prácticamente no había acciones legales en su contra, subrayaron los legisladores en el dictamen.
La derogación del delito de adulterio, presentada por el diputado Jorge Kahwagi en mayo del 2008, fue enviada por el Senado al Ejecutivo federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Y uno creyendo que los Senadores no se ocupan de problemas graves. De ahora en adelante, gracias a la agudeza intelectual del diputado Jorge Kahwagi, los mexicanos y las mexicanas seguirán dándole vuelo a la hilacha sin la engorrosa figura jurídica del “adulterio”.
Aunque cabe preguntarse si en verdad el “adulterio” impidió durante décadas el goce de lo prohibido o simplemente fue uno de esos recursos que se dan por sentados y que nadie pela.
El caso es que la ley llegó tarde, y los “usos y costumbres” dieron un atajo para que la población en edad de dar y merecer, saltarán ese “detalle” legal y no se apagaran las llamas del deseo.
miércoles, 30 de marzo de 2011
APUNTES: EL BUENO DEL ESTADO DE MÉXICO
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Los madrazos, literalmente, estuvieron duros. El grupo Atlacomulco no soltaba. En los últimos 54 años sólo políticos nacidos en Toluca o Atlacomulco habían sido elegidos como candidatos, primero, y luego gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, que se ha mantenido en el poder desde hace más de 80 años en el Estado de México.
Los operadores grillos estaban cansados. La negociación, en punto muerto. Y apareció Carlos Salinas de Gortari, quien partiendo de los hechos y del interés personal, fundamentado en el calibre de su conocimiento del Sistema, fue contundente: Eruviel Ávila Villegas, alcalde de Ecatepec, era el único suspirante que podía ofrecer resultados.
El innombrable no estaba errado. Ávila ha ganado cuatro elecciones como candidato del PRI, en dos de ellas obtuvo la alcaldía de Ecatepec, tras ganar al PAN, en 2003, y al PRD, en el 2009. Dos veces ha sido diputado local: de 1997 a 2000 y 2006-2009.
Esto sin contar, la infraestructura de fuerzas que lo sostienen, como la de Salinas, que calló bocas y levantó manos.
Los otros cuatro aspirantes a la candidatura: Ernesto Némer, coordinador de la bancada priísta en el Congreso local; Luis Videgaray Casso, diputado federal; Ricardo Aguilar Castillo, presidente del PRI mexiquense y el alcalde de Huixquilucan Alfredo del Mazo, leales a la institucionalidad acordaron que el iluminado de Salinas fuera el único precandidato. El gobernador Enrique Peña Nieto simplemente avaló.
El Doctor en Derecho por la UNAM, así, se convirtió en el primer aspirante del tricolor a la gubernatura de la entidad más poblada del país desde 1957 cuando Gustavo Baz Prada, originario de Tlalnepantla, tomó protesta como gobernador. Eruviel Ávila Villegas quien ha gobernado dos veces Ecatepec, (de 2003-2006) y de 2009 hasta el 26 marzo 2011, rompió la tradición de que el candidato priísta emergiera de Toluca-Atlacomulco. El autodenominado “peñista” vio en el mandatario mexiquense, Enrique Peña, un modelo a seguir e imitó parte de su estrategia para transcender más allá de su municipio natal.
El grillo ungido desarrolló una táctica mediática que le permitió estar en los medios de difusión desde antes que asumiera el cargo por segunda ocasión, el 18 de agosto del 2009.
Al oriundo de San Pedro Xalostoc, uno de los nueve pueblos de Ecatepec, le tocará una labor que ninguno de sus antecesores ha logrado, unificar a los priístas del Valle de Toluca con los del Valle de México, que aunque han mantenido la institucionalidad al partido, siempre han expresado su malestar de que no eran tomados en cuenta para la designación a la gubernatura.
Trayendo el melodrama, Eruviel Ávila Villegas, ecatepense de 41 años, divorciado, hijo de un conductor de un chimeco, quien en la adolescencia fue vidriero y cobrador en el camión de su padre, se convirtió apenas en el tercer candidato, en 80 años, que impulsa el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Valle de México. Solo falta que un emporio televisivo le consiga esposa y sea, en apariencia feliz.
“Soy un hombre que no olvida sus orígenes, al contario me siento orgulloso de donde provengo, ya que me ha permitido entender y escuchar a la gente, entenderla y apoyarla”.
El proceso, ejemplo de la transa de los dinosaurios, puede leerse como una lección de unidad, en comparación al sainete organizado por el afán aliancista de la oposición. Sin embargo, preocupa que el PRI no haya optado por una combinación de mayor efecto, pues, aunque el grueso del monstruo se moverá para ganar esa vital elección en su camino a la elección de Presidente en 2012, es factible que los electores vean las siglas y no al candidato.
En sus propias palabras: “El factor principal para que obtuviera la precandidatura de unidad fue que los otros contendientes priístas decidieran no participar”.
Ante esa convicción, resta ponerse las pilas y mantener el poder, caiga quien caiga.
Los madrazos, literalmente, estuvieron duros. El grupo Atlacomulco no soltaba. En los últimos 54 años sólo políticos nacidos en Toluca o Atlacomulco habían sido elegidos como candidatos, primero, y luego gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, que se ha mantenido en el poder desde hace más de 80 años en el Estado de México.
Los operadores grillos estaban cansados. La negociación, en punto muerto. Y apareció Carlos Salinas de Gortari, quien partiendo de los hechos y del interés personal, fundamentado en el calibre de su conocimiento del Sistema, fue contundente: Eruviel Ávila Villegas, alcalde de Ecatepec, era el único suspirante que podía ofrecer resultados.
El innombrable no estaba errado. Ávila ha ganado cuatro elecciones como candidato del PRI, en dos de ellas obtuvo la alcaldía de Ecatepec, tras ganar al PAN, en 2003, y al PRD, en el 2009. Dos veces ha sido diputado local: de 1997 a 2000 y 2006-2009.
Esto sin contar, la infraestructura de fuerzas que lo sostienen, como la de Salinas, que calló bocas y levantó manos.
Los otros cuatro aspirantes a la candidatura: Ernesto Némer, coordinador de la bancada priísta en el Congreso local; Luis Videgaray Casso, diputado federal; Ricardo Aguilar Castillo, presidente del PRI mexiquense y el alcalde de Huixquilucan Alfredo del Mazo, leales a la institucionalidad acordaron que el iluminado de Salinas fuera el único precandidato. El gobernador Enrique Peña Nieto simplemente avaló.
El Doctor en Derecho por la UNAM, así, se convirtió en el primer aspirante del tricolor a la gubernatura de la entidad más poblada del país desde 1957 cuando Gustavo Baz Prada, originario de Tlalnepantla, tomó protesta como gobernador. Eruviel Ávila Villegas quien ha gobernado dos veces Ecatepec, (de 2003-2006) y de 2009 hasta el 26 marzo 2011, rompió la tradición de que el candidato priísta emergiera de Toluca-Atlacomulco. El autodenominado “peñista” vio en el mandatario mexiquense, Enrique Peña, un modelo a seguir e imitó parte de su estrategia para transcender más allá de su municipio natal.
El grillo ungido desarrolló una táctica mediática que le permitió estar en los medios de difusión desde antes que asumiera el cargo por segunda ocasión, el 18 de agosto del 2009.
Al oriundo de San Pedro Xalostoc, uno de los nueve pueblos de Ecatepec, le tocará una labor que ninguno de sus antecesores ha logrado, unificar a los priístas del Valle de Toluca con los del Valle de México, que aunque han mantenido la institucionalidad al partido, siempre han expresado su malestar de que no eran tomados en cuenta para la designación a la gubernatura.
Trayendo el melodrama, Eruviel Ávila Villegas, ecatepense de 41 años, divorciado, hijo de un conductor de un chimeco, quien en la adolescencia fue vidriero y cobrador en el camión de su padre, se convirtió apenas en el tercer candidato, en 80 años, que impulsa el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Valle de México. Solo falta que un emporio televisivo le consiga esposa y sea, en apariencia feliz.
“Soy un hombre que no olvida sus orígenes, al contario me siento orgulloso de donde provengo, ya que me ha permitido entender y escuchar a la gente, entenderla y apoyarla”.
El proceso, ejemplo de la transa de los dinosaurios, puede leerse como una lección de unidad, en comparación al sainete organizado por el afán aliancista de la oposición. Sin embargo, preocupa que el PRI no haya optado por una combinación de mayor efecto, pues, aunque el grueso del monstruo se moverá para ganar esa vital elección en su camino a la elección de Presidente en 2012, es factible que los electores vean las siglas y no al candidato.
En sus propias palabras: “El factor principal para que obtuviera la precandidatura de unidad fue que los otros contendientes priístas decidieran no participar”.
Ante esa convicción, resta ponerse las pilas y mantener el poder, caiga quien caiga.
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