Por.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Édgar Enrique Bayardo del Villar, ex alto mando de la Policía Federal mexicana y durante veinte años colaborador activo de narcotraficantes, por esos pasajes oscuros de la legalidad nacional logró colarse a la lista de “Testigos Protegidos” de la Procuraduría General de la República a cambio de una ayuda económica de cincuenta mil volovanes mensuales, la devolución de sus propiedades y el perdón de las acusaciones en su contra. Una de esas extrañas negociaciones tan en boga en el poder.
Suponiéndose intocable, el señor tuvo a bien tomarse un cafecito en un local defeño de una famosa franquicia internacional y dos sicarios simplemente abrieron fuego matándolo, hiriendo a la escolta y a una mujer.
El asesinato de Enrique Bayardo se sumó al “suicidio” de Jesús Zambada Reyes, hijo del narcotraficante Reyes Reinaldo Zambada García, apodado “El rey”, ocurrido en una casa de seguridad incautada a Amado Carrillo Fuentes, uno de los zares de las drogas.
Con esas bajas, la mentada “Operación Limpieza” impulsada en el año pasado por las autoridades del país, muestra que una cosa es la copia de modelos de intercambio peculiares de información, válido en más de 120 naciones, y otra la capacidad real de proteger la integridad física de los exdelincuentes.
En la guerra contra el crimen organizado, el presidente Calderón entró a un punto de no retorno, precisamente, por el costo gigantesco en vidas y materiales de operaciones fracasadas que vuelven imposible la aceptación de la derrota.
Confiar en un blindaje total de las instituciones vinculadas a esta guerra es una falacia. El crimen organizado está presente en TODAS las estructuras del Estado y no cejará en moverse a favor de permanecer en la hegemonía violenta de sus acciones.
Asegurar la eficacia de un programa de testigos protegidos, conociendo la corrupción de los mandos judiciales y los descuidos propios de una implementación segura, es ganar un tiempo extra de vida hasta que los largos brazos vengadores de los carteles silencien la traición.
Por otra parte, la inocencia del gobierno federal es imperdonable al suponer que con extorsión, dinero y otros estímulos dañinos va a conseguir la verdad y la lealtad del protegido; el que traiciona la mano que le da de comer, traiciona todo, y eso hace todavía menos fiable la información clasificada que pueda aportar.
Desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en este sexenio diversos medios, organizaciones no gubernamentales, centros formales de investigaciones y, hasta la gente de a pie, han puesto en duda que se esté atacando a los cárteles en pleno; al contrario, es palpable la tendencia de no tocar a unos.
Esperemos que las razones las sepa el presidente.
La soberbia de Felipe Calderón al no entender que sólo le queda el camino de la derrota, lo ha llevado a exigir más recursos, más sangre, más violaciones de los derechos ciudadanos en la población civil a cambio de cenizas y una cantaleta que nadie cree.
No se lamenta el asesinato de los delincuentes, sino la confiabilidad de un sistema en teoría experto en la eliminación de plagas pero que sale lastimado en su primera asignación de gran envergadura.
Es indispensable replantearse qué sobrevivirá al entusiasmo destructivo de estos dos poderes enfrentados: el de Los Pinos o el del narcotráfico, y ojalá quede algo para felicitarnos.
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