POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL Y EL DODO DE LA MALA LECHE
Reaccionado a la preocupante realidad sísmica que vive Chile y que no tiene para cuando acabar con la consiguiente desgracia aparejada, los países fundados en zonas dominadas por esa peculiaridad natural han comenzado a revisar, en la destrucción ajena, la posibilidad de resolver eventos de este tipo, es decir, PREVIENEN ANTES DE LAMENTARSE Y SE OCUPAN ANTES DE PREOCUPARSE.
En México, el viernes 7 de marzo de 2010, comenzó en las redes sociales a circular el rumor de un inminente terremoto de magnitud superior a los ocho grados Richter, cuyo epicentro estaría en las costas de Guerrero y, por ende, pegaría de lleno a la Ciudad de México y una parte importante del Estado de México.
Como es habitual en la comunicación humana, cada usuario de Face y Twitter, principalmente, le fue quitando y poniendo de su cosecha al mensaje hasta que alguien difundió que en una hora el desastre estaría sucediendo.
La Secretaría de Gobernación, que para estas cosas del chisme y el lavadero le sabe bastante bien, redactó un comunicado con hartos sellos para que no hubiera duda de lo “oficial”, desmintiendo la información y, casi por decreto, aquietando a la naturaleza para que no desobedeciera las órdenes institucionales.
Sin embargo, grilla aparte, el incidente del viernes pasado no está del todo infundado. Desde 1985, cuando los mexicanos aprendimos por la mala el riesgo de residir en el centro de la República, los científicos que sí saben y que dedican la vida entera al estudio de la materia concluyeron que en un futuro INDEFINIDO, pero INEVITABLE, sucedería un movimiento sísmico fuerte efectivamente en las costas de Guerrero.
El sustento de esta certeza es que la Brecha de Guerrero, uno de tantos puntos de reacciones telúricas que inciden en el territorio nacional, no ha tenido una liberación de energía desde 1911, acumulando una tensión que tendrá que liberarse de algún modo. Por la proyección de la trayectoria de las ondas, la zona Oriente del Valle de México, antiguo asentamiento del Lago de Texcoco, tierra blanda por excelencia, se llevaría la peor parte. Esto es, el Primer Cuadro de la Capital y la zona conurbada del Estado de México, espacios urbanísticos endebles y sobrepoblados.
Asimismo, Acapulco sería otra de las ciudades más afectadas e, incluso, en una esquema de mayor daño, el puerto desaparecería. Sin embargo, insistimos, es humanamente imposible, en este momento, con la actual tecnología y los conocimientos especializados, saber exactamente el momento del sismo y el epicentro.
No obstante, es una posibilidad estudiada, evaluada y difundida por canales académicos serios y, en consecuencia, del conocimiento de cada administración que nos ha gobernado.
Estamos ciertos que no es asunto agradable de tocar, pero no ganamos nada volteando la cara o enterrándola en el suelo como los avestruces.
Existe el consenso de los especialistas que el Distrito Federal carece de una uniformidad en la seguridad de sus construcciones; que, en teoría, las edificaciones posteriores a 1985 tendrían que resistir un evento telúrico fuerte, precisamente por haberse apegado a las disposiciones de construcción vigentes; que las autoridades poseen planes de emergencia a fin de reducir muertes y heridos; que la infraestructura de salud es suficiente ante la desgracia; que los ciudadanos estamos entrenados para sortear de mejor manera el cataclismo, y que el sistema de alarma sísmica opera como reloj suizo.
Desgraciadamente son muchos supuestos y poquísimos hechos.
En entregas anteriores, EL ÚLTIMO DE LOS DODOS apuntaba la oportunidad que se le daba a México de aprender de los terremotos de Haití y Chile, de los aciertos y de los errores cometidos por los gobiernos, y de mejorar las expectativas de supervivencia de sus pobladores.
No obstante, mientras la tierra tiembla, los grillos están desgarrándose en alianzas y traiciones de poder, divorciadas de del interés humanitario. Un secretario de Estado decreta que la naturaleza se friegue y los ciudadanos quedamos en medio de la nada, precisamente, porque sabiendo el riesgo potencial de estar aquí tampoco hacemos mucho, que no sea asustar a los demás, extender bromas macabras y suponer que nada nos sucederá; en síntesis, confiamos estúpidamente en una suerte, que en las catástrofes siempre nos ha abandonado.
domingo, 7 de marzo de 2010
sábado, 6 de marzo de 2010
APUNTES: SEDENA Y "SUS" DERECHOS HUMANOS
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
La Secretaría de la Defensa Nacional tuvo a bien informar, de forma discreta y en una especia de acuerdo de cobertura mediática de bajo perfil, que de diciembre de 2006 a febrero de 2010, 59 militares fueron investigados o procesados por violación a los derechos humanos.
Cincuenta y nueve efectivos no son una cifra discreta, evidentemente, pero considerando el volumen de denuncias de la ciudadanía a las fuerzas armadas por propasarse en el cumplimiento del deber, el monto es ridículo. No pasa un día en que, a causa del celo profesional por cumplirle al presidente Felipe Calderón el capricho de acabar a la competencia delictiva, no haya denuncias de atropellos a civiles.
En el Caso Castaños, (Coahuila, 2006), donde 14 mujeres (camareras, bailarinas y prostitutas de centros de nocturnos) fueron golpeadas y violadas por militares, la SEDENA, en atención a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dictó sentencia en el fuero civil a cuatro soldados involucrados. Sí, 4.
En apego a la información emitida por la Defensa, de los 55 militares restantes, nueve (tres oficiales y seis de tropa) forman parte de una investigación previa en integración; 38, (un jefe, cinco oficiales y 32 de tropa) encaran un proceso militar; y ocho ( un jefe, dos oficiales y cinco de tropas) recibieron sentencia de un tribunal militar.
En el lapso de tiempo señalado, la CNDH recibió 3,430 quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos de civiles, y sólo cincuenta y una derivaron en recomendaciones (1.5% del total).
De las cincuenta y una recomendaciones, 27 apenas integran la averiguación, y seis tienen causas penales, es decir a juicio de la normatividad militar, la responsabilidad de los uniformados puede demostrarse.
En otras diez recomendaciones, no hay, en la óptica de la SEDENA, responsabilidad de su personal y pasaron al archivo de averiguaciones previas; y en cuatro de ellas no hubo indagación al empezarse procedimientos administrativos.
Tres recomendaciones fueron concluidas las averiguaciones previas sin acreditarse alguna conducta ilícita de militares, y una fue analizada sin que se descubriera algún indicio de presencia castrense.
En síntesis, la SEDENA "ratifica su compromiso ante la ciudadanía de no tolerar violación alguna al estado de derecho, ni actos que atenten contra las garantías fundamentales de las personas, reconociendo que los derechos humanos son indispensables para el desarrollo integral del individuo".
Apegándonos a la lógica de las matemáticas, resolver el 1,5% del total de denuncias civiles contra la violación de sus derechos humanos, transmite un dejo de burla, en especial, por la constante demanda en diferentes niveles de gobierno para sacar al ejército de las calles frente al, llamémosle, escaso éxito en el freno de las actividades ilícitas en el lugar donde está presente.
De hecho, y las cifras oficiales no nos dejan mentir, el crimen organizado se ha extendido y ha abierto espacios de ataque inéditos como una estrategia para vencer al adversario y poner en entre dicho las pretensiones irreales del calderonismo.
El respeto y la protección a los Derechos Humanos de la ciudadanía es obligación esencial del Estado y la administración que lo complementa, sin esa prioridad, la justicia siempre será parcial porque el buscar al culpable de un delito, se termina sacrificando al inocente y, a la larga, la presencia de las fuerzas de seguridad es percibida como una ocupación agravada y un pretexto desgraciado de los delincuentes para golpear sin misericordia.
1.5% jamás será equivalente a 100% de justicia.
La Secretaría de la Defensa Nacional tuvo a bien informar, de forma discreta y en una especia de acuerdo de cobertura mediática de bajo perfil, que de diciembre de 2006 a febrero de 2010, 59 militares fueron investigados o procesados por violación a los derechos humanos.
Cincuenta y nueve efectivos no son una cifra discreta, evidentemente, pero considerando el volumen de denuncias de la ciudadanía a las fuerzas armadas por propasarse en el cumplimiento del deber, el monto es ridículo. No pasa un día en que, a causa del celo profesional por cumplirle al presidente Felipe Calderón el capricho de acabar a la competencia delictiva, no haya denuncias de atropellos a civiles.
En el Caso Castaños, (Coahuila, 2006), donde 14 mujeres (camareras, bailarinas y prostitutas de centros de nocturnos) fueron golpeadas y violadas por militares, la SEDENA, en atención a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dictó sentencia en el fuero civil a cuatro soldados involucrados. Sí, 4.
En apego a la información emitida por la Defensa, de los 55 militares restantes, nueve (tres oficiales y seis de tropa) forman parte de una investigación previa en integración; 38, (un jefe, cinco oficiales y 32 de tropa) encaran un proceso militar; y ocho ( un jefe, dos oficiales y cinco de tropas) recibieron sentencia de un tribunal militar.
En el lapso de tiempo señalado, la CNDH recibió 3,430 quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos de civiles, y sólo cincuenta y una derivaron en recomendaciones (1.5% del total).
De las cincuenta y una recomendaciones, 27 apenas integran la averiguación, y seis tienen causas penales, es decir a juicio de la normatividad militar, la responsabilidad de los uniformados puede demostrarse.
En otras diez recomendaciones, no hay, en la óptica de la SEDENA, responsabilidad de su personal y pasaron al archivo de averiguaciones previas; y en cuatro de ellas no hubo indagación al empezarse procedimientos administrativos.
Tres recomendaciones fueron concluidas las averiguaciones previas sin acreditarse alguna conducta ilícita de militares, y una fue analizada sin que se descubriera algún indicio de presencia castrense.
En síntesis, la SEDENA "ratifica su compromiso ante la ciudadanía de no tolerar violación alguna al estado de derecho, ni actos que atenten contra las garantías fundamentales de las personas, reconociendo que los derechos humanos son indispensables para el desarrollo integral del individuo".
Apegándonos a la lógica de las matemáticas, resolver el 1,5% del total de denuncias civiles contra la violación de sus derechos humanos, transmite un dejo de burla, en especial, por la constante demanda en diferentes niveles de gobierno para sacar al ejército de las calles frente al, llamémosle, escaso éxito en el freno de las actividades ilícitas en el lugar donde está presente.
De hecho, y las cifras oficiales no nos dejan mentir, el crimen organizado se ha extendido y ha abierto espacios de ataque inéditos como una estrategia para vencer al adversario y poner en entre dicho las pretensiones irreales del calderonismo.
El respeto y la protección a los Derechos Humanos de la ciudadanía es obligación esencial del Estado y la administración que lo complementa, sin esa prioridad, la justicia siempre será parcial porque el buscar al culpable de un delito, se termina sacrificando al inocente y, a la larga, la presencia de las fuerzas de seguridad es percibida como una ocupación agravada y un pretexto desgraciado de los delincuentes para golpear sin misericordia.
1.5% jamás será equivalente a 100% de justicia.
viernes, 5 de marzo de 2010
DIVERSIDAD SEXUAL: UN CUATRO DE MARZO QUE NOS ACERCÓ A LA VERDADERA DEMOCRACIA
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
A las 00.00 horas del jueves 4 de marzo de 2010, dando cumplimiento a la disposición legislativa correspondiente, el gobierno capitalino hizo válidas las reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que permiten el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo.
Mariana Gómez del Campo, coordinadora del PAN en la Asamblea Legislativa y títere de la pareja presidencial, reculó, por orden de arriba, y definió a su bancada como respetuosa de la ley y, por ende, aguardan a la resolución definitiva que al respecto haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación; postura que da mala espina conociendo las traiciones peculiares de la ultra y la derecha y el fanatismo religioso.
Por el momento, dijo que su partido no presentará otro recurso ni emprenderá ninguna acción en contra de esta modificación a la ley. “Somos respetuosos de las instituciones y de los tiempos legales”, insistió.
Tal y como lo informó El ÚLTIMO DE LOS DODOS, en 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno del Distrito Federal (GDF), al día de hoy define al matrimonio “como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Pueden celebrarlo dos personas del mismo o diferente sexo, mayores de edad con capacidad jurídica plena, y en el caso de los menores de edad pueden contraer matrimonio siempre que hayan cumplido 16 años y cuenten con el consentimiento de los padres o tutores legales”.
Con respecto al tema de adopción, la Consejería Jurídica señala como derecho de los matrimonios este acto, sin presentar ninguna excepción.
Los requisitos legales para contraer matrimonio en la ciudad de México son, entre otros, acta de nacimiento original de ambos contrayentes, análisis y certificado médico prenupciales, con fotografía testada y firmada por el médico, y sello del laboratorio, incluyendo la prueba del SIDA, copia de la credencial de elector, hoja de solicitud de matrimonio firmada por ambos y el pago de derechos correspondientes.
A los ocho días siguientes a la presentación de la solicitud de matrimonio, se lleva a cabo la ceremonia correspondiente en la oficina asignada del Registro Civil; el costo del trámite va de los 797 pesos, si el matrimonio se realiza en el juzgado, a los mil 688 pesos, si la celebración es a domicilio.
El director del Registro Civil del Distrito Federal, Hegel Cortés, confirmó que en el primer día de vigencia de esta reforma al Código Civil más de catorce parejas homosexuales masculinas y femeninas han tramitado la solicitud de matrimonio y que se esperan en los días sucesivos que los números aumenten.
En cumplimiento de la disposición legal, próximo jueves 11 de marzo de 2010, se llevará a cabo el primer matrimonio gay, en apego a derecho, al mediodía.
El ÚLTIMO DE LOS DODOS felicita a los contrayentes y hace un momento de respetuoso silencio para los miles de mexicanos que a lo largo de los siglos sufrieron persecución y muerte por una preferencia sexual distinta a la de supuesta mayoría, y que desde donde estén se regocijen al saber que lo que creía imposible ha ocurrido.
Con este reconocimiento legal a la diversidad sexual, por los menos la Ciudad de México da un paso firme hacia la verdadera democracia y a su objetivo último que es la realización de los ciudadanos por encima de las diferencias.
EL ÚLTIMO DE LOS DODOS, de pipa y guante, con las patas tiesas y el pico tirante aletea ante el brillo honesto del arcoíris y la constatación que existen buenas noticias.
A las 00.00 horas del jueves 4 de marzo de 2010, dando cumplimiento a la disposición legislativa correspondiente, el gobierno capitalino hizo válidas las reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que permiten el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo.
Mariana Gómez del Campo, coordinadora del PAN en la Asamblea Legislativa y títere de la pareja presidencial, reculó, por orden de arriba, y definió a su bancada como respetuosa de la ley y, por ende, aguardan a la resolución definitiva que al respecto haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación; postura que da mala espina conociendo las traiciones peculiares de la ultra y la derecha y el fanatismo religioso.
Por el momento, dijo que su partido no presentará otro recurso ni emprenderá ninguna acción en contra de esta modificación a la ley. “Somos respetuosos de las instituciones y de los tiempos legales”, insistió.
Tal y como lo informó El ÚLTIMO DE LOS DODOS, en 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno del Distrito Federal (GDF), al día de hoy define al matrimonio “como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Pueden celebrarlo dos personas del mismo o diferente sexo, mayores de edad con capacidad jurídica plena, y en el caso de los menores de edad pueden contraer matrimonio siempre que hayan cumplido 16 años y cuenten con el consentimiento de los padres o tutores legales”.
Con respecto al tema de adopción, la Consejería Jurídica señala como derecho de los matrimonios este acto, sin presentar ninguna excepción.
Los requisitos legales para contraer matrimonio en la ciudad de México son, entre otros, acta de nacimiento original de ambos contrayentes, análisis y certificado médico prenupciales, con fotografía testada y firmada por el médico, y sello del laboratorio, incluyendo la prueba del SIDA, copia de la credencial de elector, hoja de solicitud de matrimonio firmada por ambos y el pago de derechos correspondientes.
A los ocho días siguientes a la presentación de la solicitud de matrimonio, se lleva a cabo la ceremonia correspondiente en la oficina asignada del Registro Civil; el costo del trámite va de los 797 pesos, si el matrimonio se realiza en el juzgado, a los mil 688 pesos, si la celebración es a domicilio.
El director del Registro Civil del Distrito Federal, Hegel Cortés, confirmó que en el primer día de vigencia de esta reforma al Código Civil más de catorce parejas homosexuales masculinas y femeninas han tramitado la solicitud de matrimonio y que se esperan en los días sucesivos que los números aumenten.
En cumplimiento de la disposición legal, próximo jueves 11 de marzo de 2010, se llevará a cabo el primer matrimonio gay, en apego a derecho, al mediodía.
El ÚLTIMO DE LOS DODOS felicita a los contrayentes y hace un momento de respetuoso silencio para los miles de mexicanos que a lo largo de los siglos sufrieron persecución y muerte por una preferencia sexual distinta a la de supuesta mayoría, y que desde donde estén se regocijen al saber que lo que creía imposible ha ocurrido.
Con este reconocimiento legal a la diversidad sexual, por los menos la Ciudad de México da un paso firme hacia la verdadera democracia y a su objetivo último que es la realización de los ciudadanos por encima de las diferencias.
EL ÚLTIMO DE LOS DODOS, de pipa y guante, con las patas tiesas y el pico tirante aletea ante el brillo honesto del arcoíris y la constatación que existen buenas noticias.
jueves, 4 de marzo de 2010
EDITORIAL: CASO ABC, LOS IMPLICADOS OFICIALES
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Después de leer el documento íntegro de la resolución preliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de la guardería ABC, en Hermosiilo, Sonora, que costará la vida de 49 infantes, no se encuentran calificativos para expresar el coraje, la impotencia y la furia contra los funcionarios y los gobiernos Federal y Estatal capaces de permitir estas atrocidades.
No se trata de hacer leña del árbol o alborotar a la gente por deporte; se trata de propiciar la conciencia de saber qué tipo de criminales elegimos para cargos públicos.
No consideramos que la tragedia de la guardería ABC, sea un “accidente”, porque no fue producto de la casualidad, sino de la causalidad que documenta el tribunal superior de la Federación.
Durante tres décadas el Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho negocios ilícitos en contratos de subrogación en los que no tenía facultad pero, eso no impidió que muchos hombres y mujeres famosos en el mundo retorcido de la grilla, obtuvieran dinero para completar sus movidas.
En la actualidad, sólo el 0.3% de las prestadoras de este tipo de servicio cumple con los requisitos indispensables para su funcionamiento. El resto, se la juega con las clásicas mordidas y la bendición de las “palancas” que tengan en el IMSS.
Durante 2008, la Auditoría Superior de la Federación difundió que el entonces Director General del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas, había formado 155 de los 165 contratos vigentes del servicio de guarderías a particulares.
Hoy, Secretario de Comunicaciones y Transportes, Molinar Horcasitas ha declarado que no renuncia y que no tiene responsabilidad directa en el asunto. Veremos cuánto puede aguantar la protección del Partido Acción Nacional y del presidente Felipe Calderón ante la resolución definitiva que dicte la Suprema Corte de Justicia en pleno.
A juicio de los magistrados estos son los nombres y los cargos públicos que están implicados en el caso de la Guardería ABC:
Instituto Mexicano del Seguro Social
a) Director general, Juan Francisco Molinar Horcasitas.
b) Director jurídico, Fernando Gutiérrez Domínguez.
c) Director de Prestaciones Económicas y Sociales, Jesús Ignacio Navarro Zermeño.
d) Coordinadora de Guarderías, Dora García Kobe.
e) Delegado estatal en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga.
f) Jefe Delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales, Emigdio Martínez García.
g) Titular del Departamento de Guarderías, Noemí López Sánchez.
h) Coordinadoras Zonales, Thelma Salado Islas, Yadira Barreras, Delia Irene Botello Amante, Irma C. Díaz Gómez.
2. Gobierno del Estado de Sonora
a) Gobernador del Estado de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
b) Secretaría de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez.
c) Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Bienes y Concesiones del gobierno del estado, Eliseo Morales Rodríguez.
d) Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani.
3. Ayuntamiento de Hermosillo
a) Presidente Municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.
b) Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Javier Hernández Armenta.
c) Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, Alejandro Sugich Prandini.
d) Dirección de la Unidad de Protección Civil Municipal, Roberto Copado Gutiérrez.
Independiente a la sentencia y la sanción en el Caso ABC, la sociedad demanda un castigo ejemplar por encima de filiaciones de partido simplemente porque la muerte de 49 niños no puede quedar impune, pues no existe cantidad monetaria suficiente para compensar la pérdida de un hijo y soportar la soberbia de los culpables directos manchando aun el rumbo de las instituciones.
La memoria de esas víctimas inocentes, como otras tantas derivadas de causas diversas, esperan que el brazo implacable de la ley les haga justicia y que sus muertes no sean en vano para la construcción de un México a la altura de sus ciudadanos reales.
Después de leer el documento íntegro de la resolución preliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de la guardería ABC, en Hermosiilo, Sonora, que costará la vida de 49 infantes, no se encuentran calificativos para expresar el coraje, la impotencia y la furia contra los funcionarios y los gobiernos Federal y Estatal capaces de permitir estas atrocidades.
No se trata de hacer leña del árbol o alborotar a la gente por deporte; se trata de propiciar la conciencia de saber qué tipo de criminales elegimos para cargos públicos.
No consideramos que la tragedia de la guardería ABC, sea un “accidente”, porque no fue producto de la casualidad, sino de la causalidad que documenta el tribunal superior de la Federación.
Durante tres décadas el Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho negocios ilícitos en contratos de subrogación en los que no tenía facultad pero, eso no impidió que muchos hombres y mujeres famosos en el mundo retorcido de la grilla, obtuvieran dinero para completar sus movidas.
En la actualidad, sólo el 0.3% de las prestadoras de este tipo de servicio cumple con los requisitos indispensables para su funcionamiento. El resto, se la juega con las clásicas mordidas y la bendición de las “palancas” que tengan en el IMSS.
Durante 2008, la Auditoría Superior de la Federación difundió que el entonces Director General del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas, había formado 155 de los 165 contratos vigentes del servicio de guarderías a particulares.
Hoy, Secretario de Comunicaciones y Transportes, Molinar Horcasitas ha declarado que no renuncia y que no tiene responsabilidad directa en el asunto. Veremos cuánto puede aguantar la protección del Partido Acción Nacional y del presidente Felipe Calderón ante la resolución definitiva que dicte la Suprema Corte de Justicia en pleno.
A juicio de los magistrados estos son los nombres y los cargos públicos que están implicados en el caso de la Guardería ABC:
Instituto Mexicano del Seguro Social
a) Director general, Juan Francisco Molinar Horcasitas.
b) Director jurídico, Fernando Gutiérrez Domínguez.
c) Director de Prestaciones Económicas y Sociales, Jesús Ignacio Navarro Zermeño.
d) Coordinadora de Guarderías, Dora García Kobe.
e) Delegado estatal en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga.
f) Jefe Delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales, Emigdio Martínez García.
g) Titular del Departamento de Guarderías, Noemí López Sánchez.
h) Coordinadoras Zonales, Thelma Salado Islas, Yadira Barreras, Delia Irene Botello Amante, Irma C. Díaz Gómez.
2. Gobierno del Estado de Sonora
a) Gobernador del Estado de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
b) Secretaría de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez.
c) Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Bienes y Concesiones del gobierno del estado, Eliseo Morales Rodríguez.
d) Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani.
3. Ayuntamiento de Hermosillo
a) Presidente Municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.
b) Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Javier Hernández Armenta.
c) Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, Alejandro Sugich Prandini.
d) Dirección de la Unidad de Protección Civil Municipal, Roberto Copado Gutiérrez.
Independiente a la sentencia y la sanción en el Caso ABC, la sociedad demanda un castigo ejemplar por encima de filiaciones de partido simplemente porque la muerte de 49 niños no puede quedar impune, pues no existe cantidad monetaria suficiente para compensar la pérdida de un hijo y soportar la soberbia de los culpables directos manchando aun el rumbo de las instituciones.
La memoria de esas víctimas inocentes, como otras tantas derivadas de causas diversas, esperan que el brazo implacable de la ley les haga justicia y que sus muertes no sean en vano para la construcción de un México a la altura de sus ciudadanos reales.
miércoles, 3 de marzo de 2010
EXTRA: REPRODUCCIÓN DEL TEXTO ORIGINAL DE LA RESOLUCIÓN PREMILINAR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE EL CASO DE LA GUARDERÍA ABC
Por considerar de trascendencia social, la resolución preliminar de la Suprema de Corte de Justicia sobre el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vista 49 infantes, EL ÚLTIMO DE LOS DODOS decidió publicarlo en su totalidad a fin que sus lectores tengan una referencia oficial de primera mano. En una posterior entrega, se hará un análisis de su contenido y de las implicaciones políticas, económica y sociales, además de la jurídicas que de ella emanan.
Las "negritas" fueron puesta por la redacción.
La Comisión Investigadora de los sucesos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, determinó que en las guarderías que dan servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia; y destacó que esa institución carece de fundamento legal para otorgar a terceros el servicio que actualmente otorgan esos centros a miles de niños.
Al presentar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un resumen de su informe preliminar -entregado al Alto Tribunal el viernes pasado y que será turnado al ministro José Fernando Franco González Salas, para la preparación del dictamen que será discutido por todos los ministros-, los magistrados comisionados, María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, señalaron que en sus trabajos quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC.
Estimaron, además, que en la eventual violación de garantías por los sucesos en esa guardería pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, Gobierno del Estado de Sonora y municipio de Hermosillo.
Los comisionados indicaron que el incendio que quitó la vida a 49 niños y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
Aseguraron que no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería, para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil.
Los comisionados informaron que durante los seis meses de investigación se analizaron los casi mil 500 expedientes que contienen los contratos de prestación de servicios, con sus anexos, que a la fecha del siniestro tenían celebrados el IMSS con particulares.
También recordaron que a petición de los padres de familia, se contrató una empresa extranjera, propuesta por ellos, para la realización de un peritaje en la Guardería ABC.
Asimismo, se visitaron guarderías, conforme a una muestra preparada por peritos del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se tuvieron reuniones con padres de familia, autoridades de todos los niveles, bomberos, socorristas, policías, maestras de la Guardería ABC y quienes tuvieran alguna información para la investigación.
Los comisionados expusieron al Pleno de ministros su informe de trabajos:
PRIMERA. Conforme a lo previsto por los artículos 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 203 y 213 de la Ley del Seguro Social y 171 de la Ley Federal del Trabajo, los servicios de guardería únicamente pueden ser proporcionados por el IMSS y, excepcionalmente, por los patrones que celebren convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios. El hecho de que el Consejo Técnico haya expedido disposiciones que permitan la posibilidad de que terceros ajenos a la relación laboral otorguen el servicio de guardería a hijos de derechohabientes, es una interpretación distinta a dichas normas que puede obedecer a la carencia de recursos económicos del IMSS para instalar y operar sus propias guarderías y a la urgente necesidad de proporcionar el servicio a cientos de miles de niños anualmente. Los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el instituto para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su Consejo Técnico; sin embargo, el instituto carece de facultad legal para otorgarlos.
SEGUNDA. El hecho de que actualmente estén operando once guarderías de patrones, es decir, de las verdaderamente subrogadas, es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable. Esta afirmación se corrobora si se tiene en cuenta que desde 1983, año en que empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios, hasta junio del 2009. Esto es, en el plazo de 26 años, había en el país alrededor de un mil cuatrocientas ochenta con ese esquema, cuando en el plazo de 36 años, teniendo presente que desde la Ley del Seguro Social de 1973 se previó esa posibilidad, hasta el día de hoy, sólo operan las 11 guarderías de patrones mencionadas.
TERCERA. Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado. Los datos que arrojó la auditoría jurídica practicada al número total de guarderías que funcionan conforme a un contrato de prestación de servicios, sumados a los que se obtuvieron mediante la inspección ocular que se verificó en un número representativo, son evidencia fehaciente de las siguientes cifras en los aspectos señalados: Sólo 14 contratos de prestación de servicios del número total de un mil cuatrocientos ochenta se otorgaron habiendo quedado satisfechos todos los requisitos previos que la normatividad aplicable exige. Once contratos se regularizaron después de su suscripción. En los demás existe ausencia de por lo menos un requisito documental. La operación de las prestadoras de servicios es también irregular en su inmensa mayoría, pues solamente el punto tres por ciento de las guarderías cumple cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento. La supervisión que ejerce el IMSS como mero control administrativo se cumple en el ochenta y ocho punto siete por ciento del universo, porcentaje que equivale a 1298 guarderías. La participación del instituto en la supervisión que trasciende al ámbito de la protección civil es escasa. Aun cuando por virtud de su propia normatividad está obligado a verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que abordan esa materia y además remiten a la legislación estatal y municipal del mismo tópico, las autoridades competentes del instituto han omitido vigilar que las prestadoras del servicio cumplan los estándares mínimos de protección civil previstos en dichas legislaciones federales, estatales y municipales. El muestreo arroja que en todas las entidades federativas existe competencia, bien sea concurrente de autoridades estatales y municipales, o bien, de unas u otras, para otorgar el visto bueno de bomberos o de protección civil. Los datos estadísticos también acreditan que en el 65.6 por ciento de las entidades federativas la legislación prescribe que las autoridades, ya sean estatales o municipales, tienen obligación de hacer visitas periódicas a este tipo de establecimientos y que la falta de visto bueno de bomberos o de protección civil acarrea sanciones no sólo pecuniarias, sino también operativas. Ahora bien, partiendo del supuesto de que las leyes exigen la satisfacción de por lo menos uno de los dos requisitos, esto es del visto bueno de bomberos o de la constancia de protección civil, las pruebas acreditan que un alto porcentaje de guarderías no lo cumple. El 49.9 por ciento de prestadoras del servicio carece de la constancia de protección civil vigente y sólo cuatrocientas siete tienen visto bueno de bomberos vigente. Lo anterior revela la existencia de un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación. Existe en la actualidad una clara tendencia hacia la regularización en la operación y vigilancia de las guarderías. Así lo demuestra el cumplimiento de diversos requisitos después del incendio. Esta afirmación se corrobora, además, con los informes del instituto en el sentido de que en el año 2010 rescindió o dio por terminados 120 contratos, fundamentalmente por no cubrir aspectos de protección civil y que a partir de este año sólo suscribió 1240 contratos cuya vigencia va de seis meses a tres años.
CUARTA. Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC. Si se toma en cuenta que las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato, operación y supervisión o vigilancia de dicha guardería son análogas a las que adolecen la casi totalidad de las guarderías de su tipo, se llega a la unívoca conclusión de que ésta no es más que el reflejo del desorden que prevalece en aquéllas. La existencia de ese vínculo se robustece si se tiene presente que a partir del accidente que ocurrió en la Guardería ABC, las demás del universo han mostrado la clara tendencia a regularizar los tres aspectos trascendentales: otorgamiento de los contratos, operación y supervisión o vigilancia, con marcado énfasis en la materia de protección civil que queda comprendida en el segundo. Las pruebas estadísticas dan noticia de que ochocientas noventa y cuatro guarderías han tomado acciones directamente encaminadas a regularizar y/o a mejorar por lo menos uno de los tres aspectos.
QUINTA. El incendio que quitó la vida a 49 y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos. Todas las pruebas periciales que se practicaron en diversas investigaciones, así como la que desahogó la comisión investigadora a cargo de peritos extranjeros, son coincidentes en afirmar que la evidencia revela que la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler. Debido a las altas temperaturas generadas por la corriente eléctrica diversas partes del motor se fundieron generando la ignición del papel que estaba cerca, propagándose las llamas hacia las cajas de cartón que contenían documentos y, algunas, placas de vehículos. La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería. Cuando el cielo raso ya no resistió el calor cayó, permitiendo que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños.
SEXTA. En virtud de que en la bodega alquilada por el Estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral. Consecuentemente, el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba. No existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil. Tampoco existe prueba demostrativa de que las autoridades competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica de inmueble donde se alojaría la guardería para cerciorarse de la existencia de muros retardantes al fuego.
SÉPTIMA. En la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del Gobierno del Estado de Sonora y del Municipio de Hermosillo.
OCTAVA. Existe referencia de un solo caso de negligencia médica. En los demás casos reportados no existe prueba demostrativa de que hubiera habido negligencia médica en la atención que se proporcionó a los niños y adultos que sufrieron lesiones a consecuencia del incendio ocurrido en la Guardería ABC
TOMADO DE LA SECCIÓN DE MEDIOS Y PUBLICACIONES DEL SITIO DE INTERNET DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, el primero de marzo de 2010
Las "negritas" fueron puesta por la redacción.
La Comisión Investigadora de los sucesos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, determinó que en las guarderías que dan servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia; y destacó que esa institución carece de fundamento legal para otorgar a terceros el servicio que actualmente otorgan esos centros a miles de niños.
Al presentar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un resumen de su informe preliminar -entregado al Alto Tribunal el viernes pasado y que será turnado al ministro José Fernando Franco González Salas, para la preparación del dictamen que será discutido por todos los ministros-, los magistrados comisionados, María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, señalaron que en sus trabajos quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC.
Estimaron, además, que en la eventual violación de garantías por los sucesos en esa guardería pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, Gobierno del Estado de Sonora y municipio de Hermosillo.
Los comisionados indicaron que el incendio que quitó la vida a 49 niños y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
Aseguraron que no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería, para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil.
Los comisionados informaron que durante los seis meses de investigación se analizaron los casi mil 500 expedientes que contienen los contratos de prestación de servicios, con sus anexos, que a la fecha del siniestro tenían celebrados el IMSS con particulares.
También recordaron que a petición de los padres de familia, se contrató una empresa extranjera, propuesta por ellos, para la realización de un peritaje en la Guardería ABC.
Asimismo, se visitaron guarderías, conforme a una muestra preparada por peritos del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se tuvieron reuniones con padres de familia, autoridades de todos los niveles, bomberos, socorristas, policías, maestras de la Guardería ABC y quienes tuvieran alguna información para la investigación.
Los comisionados expusieron al Pleno de ministros su informe de trabajos:
PRIMERA. Conforme a lo previsto por los artículos 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 203 y 213 de la Ley del Seguro Social y 171 de la Ley Federal del Trabajo, los servicios de guardería únicamente pueden ser proporcionados por el IMSS y, excepcionalmente, por los patrones que celebren convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios. El hecho de que el Consejo Técnico haya expedido disposiciones que permitan la posibilidad de que terceros ajenos a la relación laboral otorguen el servicio de guardería a hijos de derechohabientes, es una interpretación distinta a dichas normas que puede obedecer a la carencia de recursos económicos del IMSS para instalar y operar sus propias guarderías y a la urgente necesidad de proporcionar el servicio a cientos de miles de niños anualmente. Los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el instituto para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su Consejo Técnico; sin embargo, el instituto carece de facultad legal para otorgarlos.
SEGUNDA. El hecho de que actualmente estén operando once guarderías de patrones, es decir, de las verdaderamente subrogadas, es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable. Esta afirmación se corrobora si se tiene en cuenta que desde 1983, año en que empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios, hasta junio del 2009. Esto es, en el plazo de 26 años, había en el país alrededor de un mil cuatrocientas ochenta con ese esquema, cuando en el plazo de 36 años, teniendo presente que desde la Ley del Seguro Social de 1973 se previó esa posibilidad, hasta el día de hoy, sólo operan las 11 guarderías de patrones mencionadas.
TERCERA. Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado. Los datos que arrojó la auditoría jurídica practicada al número total de guarderías que funcionan conforme a un contrato de prestación de servicios, sumados a los que se obtuvieron mediante la inspección ocular que se verificó en un número representativo, son evidencia fehaciente de las siguientes cifras en los aspectos señalados: Sólo 14 contratos de prestación de servicios del número total de un mil cuatrocientos ochenta se otorgaron habiendo quedado satisfechos todos los requisitos previos que la normatividad aplicable exige. Once contratos se regularizaron después de su suscripción. En los demás existe ausencia de por lo menos un requisito documental. La operación de las prestadoras de servicios es también irregular en su inmensa mayoría, pues solamente el punto tres por ciento de las guarderías cumple cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento. La supervisión que ejerce el IMSS como mero control administrativo se cumple en el ochenta y ocho punto siete por ciento del universo, porcentaje que equivale a 1298 guarderías. La participación del instituto en la supervisión que trasciende al ámbito de la protección civil es escasa. Aun cuando por virtud de su propia normatividad está obligado a verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que abordan esa materia y además remiten a la legislación estatal y municipal del mismo tópico, las autoridades competentes del instituto han omitido vigilar que las prestadoras del servicio cumplan los estándares mínimos de protección civil previstos en dichas legislaciones federales, estatales y municipales. El muestreo arroja que en todas las entidades federativas existe competencia, bien sea concurrente de autoridades estatales y municipales, o bien, de unas u otras, para otorgar el visto bueno de bomberos o de protección civil. Los datos estadísticos también acreditan que en el 65.6 por ciento de las entidades federativas la legislación prescribe que las autoridades, ya sean estatales o municipales, tienen obligación de hacer visitas periódicas a este tipo de establecimientos y que la falta de visto bueno de bomberos o de protección civil acarrea sanciones no sólo pecuniarias, sino también operativas. Ahora bien, partiendo del supuesto de que las leyes exigen la satisfacción de por lo menos uno de los dos requisitos, esto es del visto bueno de bomberos o de la constancia de protección civil, las pruebas acreditan que un alto porcentaje de guarderías no lo cumple. El 49.9 por ciento de prestadoras del servicio carece de la constancia de protección civil vigente y sólo cuatrocientas siete tienen visto bueno de bomberos vigente. Lo anterior revela la existencia de un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación. Existe en la actualidad una clara tendencia hacia la regularización en la operación y vigilancia de las guarderías. Así lo demuestra el cumplimiento de diversos requisitos después del incendio. Esta afirmación se corrobora, además, con los informes del instituto en el sentido de que en el año 2010 rescindió o dio por terminados 120 contratos, fundamentalmente por no cubrir aspectos de protección civil y que a partir de este año sólo suscribió 1240 contratos cuya vigencia va de seis meses a tres años.
CUARTA. Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC. Si se toma en cuenta que las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato, operación y supervisión o vigilancia de dicha guardería son análogas a las que adolecen la casi totalidad de las guarderías de su tipo, se llega a la unívoca conclusión de que ésta no es más que el reflejo del desorden que prevalece en aquéllas. La existencia de ese vínculo se robustece si se tiene presente que a partir del accidente que ocurrió en la Guardería ABC, las demás del universo han mostrado la clara tendencia a regularizar los tres aspectos trascendentales: otorgamiento de los contratos, operación y supervisión o vigilancia, con marcado énfasis en la materia de protección civil que queda comprendida en el segundo. Las pruebas estadísticas dan noticia de que ochocientas noventa y cuatro guarderías han tomado acciones directamente encaminadas a regularizar y/o a mejorar por lo menos uno de los tres aspectos.
QUINTA. El incendio que quitó la vida a 49 y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos. Todas las pruebas periciales que se practicaron en diversas investigaciones, así como la que desahogó la comisión investigadora a cargo de peritos extranjeros, son coincidentes en afirmar que la evidencia revela que la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler. Debido a las altas temperaturas generadas por la corriente eléctrica diversas partes del motor se fundieron generando la ignición del papel que estaba cerca, propagándose las llamas hacia las cajas de cartón que contenían documentos y, algunas, placas de vehículos. La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería. Cuando el cielo raso ya no resistió el calor cayó, permitiendo que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños.
SEXTA. En virtud de que en la bodega alquilada por el Estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral. Consecuentemente, el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba. No existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil. Tampoco existe prueba demostrativa de que las autoridades competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica de inmueble donde se alojaría la guardería para cerciorarse de la existencia de muros retardantes al fuego.
SÉPTIMA. En la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del Gobierno del Estado de Sonora y del Municipio de Hermosillo.
OCTAVA. Existe referencia de un solo caso de negligencia médica. En los demás casos reportados no existe prueba demostrativa de que hubiera habido negligencia médica en la atención que se proporcionó a los niños y adultos que sufrieron lesiones a consecuencia del incendio ocurrido en la Guardería ABC
TOMADO DE LA SECCIÓN DE MEDIOS Y PUBLICACIONES DEL SITIO DE INTERNET DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, el primero de marzo de 2010
martes, 2 de marzo de 2010
MALA LECHE: NOTICIAS PARA MENEAR LA CABEZA
POR.- EL DODO DE LA MALA LECHE Y EL DODO DE HUMOR NEGRO
No se necesita gastar una millonada en encuestas para saber que 60% (los Dodos pensamos que el porcentaje es más alto) de los mexicanos no está de acuerdo con la forma en que el gobierno de Felipe Calderón ha destrozado el país. Sin tantas marañas metodológicas y sin la verborrea de quienes venden las estadísticas, la percepción del ciudadano promedio es muy sencilla: no importa lo que digan los números, la administración persiste en no hacer nada que indique haber recibido las señales del pueblo. Así que aun sacando el 0% de popularidad, el presidente seguirá desbarrancando a la nación con la complicidad de todos los invitados al poder institucional que prefieren la muerte antes que perder el hueso. De este calibre son los sinvergüenzas que nos ¿mandan?.
Como consecuencia de que un comando armado penetrara en las instalaciones de la Cruz Roja de Culiacán, Sinaloa, con el propósito de rematar a un paciente e hiriendo a Genoveva Roguer, operadora de radio, que murió horas después, José Vidal González Zamora anunció el cierre de esta clínica y la de Navolato, al menos por 72 horas, a fin de comprometer al gobernador a garantizar seguridad en el desempeño de sus labores. Por supuesto, aún no se recibe respuesta de esta petición justa.
Un grupo de expertos del Laboratorio de Neurobiología del Apetito del Departamento de Farmacología del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV), en Zacatenco, comenzó un estudio para tratar de resolver la hipótesis de que el sobrepeso es resultado de una combinación funesta de las funciones cerebrales y la genética. El objetivo es demostrar con esa premisa posibles tratamientos que frenen la masificación de la gordura entre los mexicanos.
Tapándole el ojo al macho, el drama de la obesidad infantil en las escuelas de educación básica de México preocupa tanto a los grillos que darán a conocer en breve un reglamento al respecto, lo que no sabemos es qué pasara cuando se les anuncie a los monstruos de la industria del alimento chatarra que uno de sus nichos de mercado favorito les quedará vedado. El cabildeo será fuerte y las sanciones duras, pues conociendo la servidumbre de los burócratas ya encontrarán la solución a la molestia de los consorcios. Puro jarabe de pico.
Los estragos del terremoto en Chile superaron los cálculos de la Presidencia, que se ha visto obligada a establecer el estado de sitio a causa del saqueo y aceptar la ayuda internacional indispensable. En números redondos se estima que la factura del sismo fue de 30 mil millones de dólares y que la reconstrucción será un proceso largo. Por lo menos 30 estudiantes mexicanos que se hallaban en Concepción, no han podido ser contactados por la embajada en Santiago.
La Expo Sexo y Entretenimiento 2010, celebrada en la Ciudad de México el fin de semana pasado, fue una verdadera fiesta al hedonismo de los asistentes y una muestra directa de la influencia que la genitalidad humana ejerce en la multitud. Como una auténtica Disneylandia para adultos, el evento atrajo una cobertura mediática que reveló, mocherías aparte, que en el inicio del mes de la primavera es una excelente oportunidad para el goce de la vida, el placer y el renacimiento.
A una horas que entre en vigor la ley que permitirá en el Distrito Federal los matrimonios y la adopción por personas del mismo sexo, las expectativas de todas las fuerzas sociales y legales involucradas aguardan un avance en el devenir histórico de los mexicanos. Los DODOS reiteramos nuestra convicción a esta causa de elemental humanidad y votamos porque la inteligencia prive sobre la intolerancia.
No se necesita gastar una millonada en encuestas para saber que 60% (los Dodos pensamos que el porcentaje es más alto) de los mexicanos no está de acuerdo con la forma en que el gobierno de Felipe Calderón ha destrozado el país. Sin tantas marañas metodológicas y sin la verborrea de quienes venden las estadísticas, la percepción del ciudadano promedio es muy sencilla: no importa lo que digan los números, la administración persiste en no hacer nada que indique haber recibido las señales del pueblo. Así que aun sacando el 0% de popularidad, el presidente seguirá desbarrancando a la nación con la complicidad de todos los invitados al poder institucional que prefieren la muerte antes que perder el hueso. De este calibre son los sinvergüenzas que nos ¿mandan?.
Como consecuencia de que un comando armado penetrara en las instalaciones de la Cruz Roja de Culiacán, Sinaloa, con el propósito de rematar a un paciente e hiriendo a Genoveva Roguer, operadora de radio, que murió horas después, José Vidal González Zamora anunció el cierre de esta clínica y la de Navolato, al menos por 72 horas, a fin de comprometer al gobernador a garantizar seguridad en el desempeño de sus labores. Por supuesto, aún no se recibe respuesta de esta petición justa.
Un grupo de expertos del Laboratorio de Neurobiología del Apetito del Departamento de Farmacología del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV), en Zacatenco, comenzó un estudio para tratar de resolver la hipótesis de que el sobrepeso es resultado de una combinación funesta de las funciones cerebrales y la genética. El objetivo es demostrar con esa premisa posibles tratamientos que frenen la masificación de la gordura entre los mexicanos.
Tapándole el ojo al macho, el drama de la obesidad infantil en las escuelas de educación básica de México preocupa tanto a los grillos que darán a conocer en breve un reglamento al respecto, lo que no sabemos es qué pasara cuando se les anuncie a los monstruos de la industria del alimento chatarra que uno de sus nichos de mercado favorito les quedará vedado. El cabildeo será fuerte y las sanciones duras, pues conociendo la servidumbre de los burócratas ya encontrarán la solución a la molestia de los consorcios. Puro jarabe de pico.
Los estragos del terremoto en Chile superaron los cálculos de la Presidencia, que se ha visto obligada a establecer el estado de sitio a causa del saqueo y aceptar la ayuda internacional indispensable. En números redondos se estima que la factura del sismo fue de 30 mil millones de dólares y que la reconstrucción será un proceso largo. Por lo menos 30 estudiantes mexicanos que se hallaban en Concepción, no han podido ser contactados por la embajada en Santiago.
La Expo Sexo y Entretenimiento 2010, celebrada en la Ciudad de México el fin de semana pasado, fue una verdadera fiesta al hedonismo de los asistentes y una muestra directa de la influencia que la genitalidad humana ejerce en la multitud. Como una auténtica Disneylandia para adultos, el evento atrajo una cobertura mediática que reveló, mocherías aparte, que en el inicio del mes de la primavera es una excelente oportunidad para el goce de la vida, el placer y el renacimiento.
A una horas que entre en vigor la ley que permitirá en el Distrito Federal los matrimonios y la adopción por personas del mismo sexo, las expectativas de todas las fuerzas sociales y legales involucradas aguardan un avance en el devenir histórico de los mexicanos. Los DODOS reiteramos nuestra convicción a esta causa de elemental humanidad y votamos porque la inteligencia prive sobre la intolerancia.
lunes, 1 de marzo de 2010
A TÍTULO PERSONAL: LECCIONES PÚBLICAS
POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Las tragedias naturales ocurridas en Haití y Chile tienen que bajar a los grillos mexicanos de su burbuja de porquería.
En Haití el número de pérdidas de vidas humanas rebasó dos mil; Chile, en el transcurso de los días, posiblemente se acercará a tal cifra.
Los dos países están severamente golpeados y expuestos a que otros fenómenos similares los ataquen.
El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México fue golpeada por un sismo, cuya repetición al día siguiente, desmoronó momentáneamente la voluntad de ayuda de la sociedad civil.
En horas fundamentales, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado no pudo y no quiso encarar la emergencia y aceptar que el país estaba crujiendo por todos lados.
Por edad, yo pertenecí a esa generación de jóvenes capitalinos que nos salimos a las calles destruidas a tratar de socorrer a las víctimas más lastimadas que nosotros. Encaramos la ineptitud de las autoridades, la prepotencia del ejército y la policía, el maltrato y la voracidad de los empresarios, y seguimos literalmente con las manos quitando piedras para salvar a quienes el señor de Los Pinos sacrificó en aras de no dar una imagen errónea al mundo de la precariedad de México.
Cuando el mastodonte burocrático empezó a moverse ya era muy tarde. Si los residentes del Distrito Federal no se hubieran movido al instante, el número de decesos sería mayor, y cuyo total fidedigno nunca sabremos.
En la reconstrucción los funcionarios prometieron tantas cosas que sólo alcanzaron para terminar el sexenio. Después, los nuevos déspotas sexenales olvidaron el espanto y la palabra empeñada.
Veinticinco años después, la vulnerabilidad del Distrito Federal ha empeorado, precisamente por ignorar las normas básicas de seguridad que implica vivir en una zona de alta actividad sísmica. Se han construido cuantas obras públicas y privadas se han querido, valiendo las estimaciones científicas para hacerlas. La población sigue en aumento y los focos rojos de alto riesgo decoran un mapa gigantesco sin causar demasiada reflexión.
Las lluvias “atípicas” y las inundaciones, en las últimas semanas, pusieron de cabeza a la megalópolis, señalando que en eso de la prevención y la reacción inmediata, los burócratas no entienden la “o” por lo redondo.
Una prueba simple de ello es que cada año, a la fecha y a la hora señalada, la autoridad capitalina hace una ceremonia luctuosa y esgrime el trillado discurso de “no volverá a pasar”.
En la Delegación Benito Juárez, donde habito con mi familia, el 30% de los nuevos edificios erigidos, gracias a las tranzas del delegado y compañía, muestra deficiencias estructurales que ponen en riesgo la integridad de sus inquilinos y de las construcciones alrededor. Vea al rumbo que vea, los condominios recién acabados lucen el “progreso” de una urbe.
Y no mencionemos el día a día de las alarmas y accidentes que se pudieron evitar, pero que no pasaron de la ventanilla de quejas, de unos mal nacidos indolentes.
Por el bien de todos, espero que Haití y Chile despierten a México porque el trancazo le va a llegar y no entenderá de partidos, corrupción y dedazos vergonzosos.
La naturaleza no es traicionera, avisa puntual, sólo es cosa que el hombre sea humilde y entienda lo que tiene qué hacer.
Las tragedias naturales ocurridas en Haití y Chile tienen que bajar a los grillos mexicanos de su burbuja de porquería.
En Haití el número de pérdidas de vidas humanas rebasó dos mil; Chile, en el transcurso de los días, posiblemente se acercará a tal cifra.
Los dos países están severamente golpeados y expuestos a que otros fenómenos similares los ataquen.
El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México fue golpeada por un sismo, cuya repetición al día siguiente, desmoronó momentáneamente la voluntad de ayuda de la sociedad civil.
En horas fundamentales, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado no pudo y no quiso encarar la emergencia y aceptar que el país estaba crujiendo por todos lados.
Por edad, yo pertenecí a esa generación de jóvenes capitalinos que nos salimos a las calles destruidas a tratar de socorrer a las víctimas más lastimadas que nosotros. Encaramos la ineptitud de las autoridades, la prepotencia del ejército y la policía, el maltrato y la voracidad de los empresarios, y seguimos literalmente con las manos quitando piedras para salvar a quienes el señor de Los Pinos sacrificó en aras de no dar una imagen errónea al mundo de la precariedad de México.
Cuando el mastodonte burocrático empezó a moverse ya era muy tarde. Si los residentes del Distrito Federal no se hubieran movido al instante, el número de decesos sería mayor, y cuyo total fidedigno nunca sabremos.
En la reconstrucción los funcionarios prometieron tantas cosas que sólo alcanzaron para terminar el sexenio. Después, los nuevos déspotas sexenales olvidaron el espanto y la palabra empeñada.
Veinticinco años después, la vulnerabilidad del Distrito Federal ha empeorado, precisamente por ignorar las normas básicas de seguridad que implica vivir en una zona de alta actividad sísmica. Se han construido cuantas obras públicas y privadas se han querido, valiendo las estimaciones científicas para hacerlas. La población sigue en aumento y los focos rojos de alto riesgo decoran un mapa gigantesco sin causar demasiada reflexión.
Las lluvias “atípicas” y las inundaciones, en las últimas semanas, pusieron de cabeza a la megalópolis, señalando que en eso de la prevención y la reacción inmediata, los burócratas no entienden la “o” por lo redondo.
Una prueba simple de ello es que cada año, a la fecha y a la hora señalada, la autoridad capitalina hace una ceremonia luctuosa y esgrime el trillado discurso de “no volverá a pasar”.
En la Delegación Benito Juárez, donde habito con mi familia, el 30% de los nuevos edificios erigidos, gracias a las tranzas del delegado y compañía, muestra deficiencias estructurales que ponen en riesgo la integridad de sus inquilinos y de las construcciones alrededor. Vea al rumbo que vea, los condominios recién acabados lucen el “progreso” de una urbe.
Y no mencionemos el día a día de las alarmas y accidentes que se pudieron evitar, pero que no pasaron de la ventanilla de quejas, de unos mal nacidos indolentes.
Por el bien de todos, espero que Haití y Chile despierten a México porque el trancazo le va a llegar y no entenderá de partidos, corrupción y dedazos vergonzosos.
La naturaleza no es traicionera, avisa puntual, sólo es cosa que el hombre sea humilde y entienda lo que tiene qué hacer.
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